Mario Cruz Álvarez

Expediente 768/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
768/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Mario Cruz Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados del Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, turnado en esa propia fecha a este Juzgado Tercero,********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- Acto reclamado: La omisión de asignar al quejoso Plazas Vacantes Definitivas de Maestros de Primaria no obstante de que mi resultado fue IDONEO para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019". Actos que el promovente estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 3, 5, 14, 16, 17 y 21 de la citada legislación. SEGUNDO. Mediante proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, la que se registró bajo el número 768/2019-XIII; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas; es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; así como el artículo 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, dado que se reclama un acto que carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción reclamarse, además, que las autoridades responsables a quien se atribuye el acto reclamado se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado de distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste aquél, atendiendo a la integridad de la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro electrónico 192097, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese orden, de una interpretación de la demanda, se colige que el quejoso ********reclama, por esta vía constitucional lo siguiente: I. La omisión de asignación de plaza docente de educación primaria, que le corresponde al haber obtenido un resultado idóneo en el concurso de oposición ordinario, convocada el doce de marzo de dos mil diecinueve, del ciclo escolar 2018-2019. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se atribuye a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, no obstante que en su informe justificado, en primer término, negó su existencia, pues del resto de su contenido se advierte que realiza diversas manifestaciones en torno a sostener la legalidad del por qué no se ha otorgado plaza como docente al quejoso (fojas 43-44) Lo que se corrobora con las documentales públicas que acompaño la responsable anexa a su informe con justificación, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de dicho ordenamiento legal, por ende, se tiene probada la existencia del acto atribuido a la referida responsable. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la contienen, la tesis de la Octava época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en su Tomo: XIV, en Julio de 1994, página 391, la cual es del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así también, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo 91-96, tercera parte, página 7, número de registro 238215, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Lo anterior con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIII, enero de 2006, página 319, registro electrónico 176291, que expresa lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". Ahora, al no invocar las partes causal de improcedencia y este juzgador no advertir alguna de oficio, lo procedente es abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. EXAMEN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario, pues no es la falta de transcripción de tales argumentos lo que podría ocasionar perjuicio a la parte quejosa sino la ausencia del análisis de la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y que conlleva a la falta de la resolución efectivamente planteada en el juicio de amparo. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, la parte quejosa sostiene en su único concepto de violación que la autoridad responsable lo dejó en un estado de indefensión al no asignarle la plaza definitiva de maestro de primaria que le corresponde, por resultar idóneo en la participación de la Convocatoria Pública y Abierta para Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019, emitida el doce de marzo de dos mil diecinueve, pues considera que con la aprobación del examen en cuestión, ya no cuenta con una expectativa de derecho, sino de forma contraria, que adquirió un derecho sustantivo en su esfera jurídica patrimonial a ocupar la referida plaza de docente. Es infundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa por las razones de la índole jurídico que a continuación se expondrán. En primer término atendiendo a las alegaciones vertidas por el quejoso en su demanda de amparo y a fin de dar una respuesta apegada a derecho, atendiendo a que en los juicios de amparo se revisa que el actuar de las autoridades responsables no sea contrario a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es dable precisar cuándo es aplicable la Teoría de los derechos adquiridos. Así, tenemos que la teoría de los derechos adquiridos resulta aplicable cuando el caso concreto implica la afectación de derechos patrimoniales, lo que se genera en algunas materias, principalmente civil, fiscal y administrativa. Distingue entre dos conceptos: a) Derecho adquirido. Se ha definido como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico; corresponde a una realidad. b) Expectativa de derecho. Ha sido entendido como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar, con posterioridad, un derecho; corresponde a algo no materializado. Lo anterior, encuentra sustento en lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 145-150. Primera parte, materia común, página 53, con registro electrónico 232511, del epígrafe siguiente: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado". Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del acto que aquí se reclama, debe establecerse los lineamientos de un derecho adquirido en correlación a la figura de la convocatoria. Para ese efecto conviene indicar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 79/2009, estimó que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, página quinientos sesenta y cuatro, la convocatoria es el "anuncio con que se convoca"; a su vez convocar significa: "Citar, llamar a varias personas para que concurran a un lugar o acto determinado" y que por su parte, el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, tomo I, página trescientos ochenta y ocho, señala que convocatoria es el "escrito o anuncio en que se convoca a un lugar, en día y hora señalados"; a su vez convocar significa: "Llamar, citar a varias personas para que concurran a un lugar o acto determinado". Indicó que con base en esos textos la locución "convocatoria" consiste en un llamado, una invitación para que quienes así lo deseen acudan a participar en algún acto; lo que permite concluir que únicamente hace un llamado para que las personas interesadas que cumplan con los requisitos acudan al proceso de selección respectivo y, como consecuencia de ello, dicha convocatoria no crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho de los gobernados, es decir, no modifica o afecta alguna situación en concreto, máxime que no está dirigida a una persona en particular, sino se dirige a la colectividad interesada. Precisó que los aspirantes a participar en una convocatoria únicamente tienen la expectativa de desarrollar un proyecto, sin que ello implique que tengan un derecho adquirido, ya que tal prerrogativa se actualiza cuando han cumplido con los requisitos exigidos. Por tanto, a través de una convocatoria, no se modifica o extingue algún derecho de los gobernados, pues éstos, antes y después de la convocatoria, no han incorporado a su esfera jurídica un derecho. En esa tesitura, se puede advertir que la Segunda Sala del Máximo Tribunal concluyó: -Que los aspirantes a participar en una convocatoria únicamente tienen una expectativa de derecho sin que implique uno ya adquirido. -Que la aspiración a una convocatoria no crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, algún derecho del gobernado, ni alguna situación en concreto, dado que no está dirigida a una persona en particular, sino por el contrario se dirige a la colectividad interesada. De expuesto se robustece que, se tiene presente que los interesados en participar en una convocatoria únicamente tienen la expectativa de conseguir aquello que los motivó a acudir al llamado, sin que ello implique que tengan el derecho adquirido de obtener lo que originó la invitación, ya que tal prerrogativa se actualiza cuando los participantes han cumplido con los requisitos exigidos. Una vez expuesto el preámbulo de este estudio, a efecto de realizar el estudio correspondiente en este considerando, conviene indicar que de las constancias que integran el expediente de origen, a las cuales ya les fue otorgado valor probatorio pleno en esta resolución, se advierte que: 1. El doce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 12 a 34), la Secretaria de Educación en el Estado de Chiapas, convocó a los Egresados de las Escuelas Normales y demás instituciones formadoras de docentes de Educación Básica del País públicas y particulares con autorización, a los egresados de las Instituciones Educativas del país públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial, formadoras de los profesionales que se requieren para los diferentes tipos de evaluación: por nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o taller, a participar en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019; al efecto, en su numeral XIV destinado para los Criterios para la asignación de plazas, establecía: "XIV. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS La asignación de plazas se realizará únicamente a los aspirantes cuyos resultados hayan sido idóneos en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica. Asimismo, la ocupación de las plazas se deberá realizar con estricto apego a las listas de prelación, que resulten del Concurso de Oposición, según lo dispuesto en el artículo 23, fracción 1, de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las listas de prelación que se deriven de este Concurso tendrán vigencia hasta el 31 de mayo de 2019. Las listas de prelación incluirán a los aspirantes con puntuación igual o mayor a la que establezca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como resultado idóneo por: nivel educativo, tipo de servicio, modalidad, asignatura o taller. En el caso de Educación Indígena, se integrará una lista de prelación por lengua con los resultados obtenidos por los sustentantes en la evaluación complementaria o adicional. Las plazas se ocuparán con los aspirantes al servicio público educativo, de conformidad con las necesidades en los niveles y modalidades de la Educación Básica, a la naturaleza de las plazas vacantes disponibles, definitivas y temporales, y en función de los resultados obtenidos por los participantes en el concurso de ingreso a funciones docentes y técnico docentes. En esta Convocatoria se señala, para algunas funciones docentes y técnico docentes, la inexistencia de vacantes ab la fecha de su publicación; sin embargo, la vigencia de los resultados obtenidos en el presente concurso es del 16 de Agosto de 2018 al 31 de mayo de 2019. Por lo tanto la incorporación al servicio de la Educación Básica dependerá totalmente de las vacantes existentes y que se generen durante ese periodo. En el caso de que no se presenten las condiciones para su ingreso al Servicio Profesional Docente, se les invita a participar en el siguiente Concurso de Oposición." 2. Mediante ficha ********, de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el quejoso ********, efectuó su inscripción para participar en la convocatoria aludida, declarando bajo protesta de decir verdad que cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria estatal del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019 y aceptando hacer públicos los resultados y recomendaciones individuales que se deriven de su evaluación (fojas 9 y 10). 3. A través del informe individual de resultados que se dio a conocer el veinte de agosto de dos mil dieciocho, se informó al quejoso que su resultado de evaluación fue "idóneo" y su posición en la lista de prelación era la de número setecientos veintiséis (foja 11). 4. Mediante reporte de asignaciones correspondientes al concurso de Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019 de la convocatoria "Publica y abierta" el encargado de la dirección de ingreso y reconocimiento dio a conocer que hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve se habían otorgado trecientas setenta y dos plazas en orden de prelación, por ser esas todas las vacantes que se generaron durante el ciclo escolar, conforme a lo establecido en el numeral XIV de la citada Convocatoria (fojas 45 a 78). Ahora bien, en el caso, el quejoso comparece a este juicio de amparo aduciendo que la autoridad responsable lo dejó en un estado de indefensión al no asignarle la plaza definitiva de maestro de primaria que le corresponde, por resultar idóneo en la participación de la Convocatoria Pública y Abierta para Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019, emitida el doce de marzo de dos mil diecinueve, pues considera que con la aprobación del examen en cuestión, ya no cuenta con una expectativa de derecho, sino de forma contraria, que adquirió un derecho sustantivo en su esfera jurídica patrimonial a ocupar la referida plaza de docente. Bajo la premisa expuesta, se advierte que en el caso que nos ocupa, no le asiste razón al amparista al señalar que disfruta de un derecho adquirido sobre una plaza de maestro de educación primaria que obtuvo al participar en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019. Efectivamente, como lo argumenta el quejoso, la convocatoria en la que participó tiene una vigencia hasta el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, y conforme al numeral XIV de la Convocatoria Pública y Abierta para Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019, a las autoridades educativas les corresponde asignar nombramiento para ocupar todas las vacantes que se generen durante el ciclo escolar, sin embargo, es dable indicar, que ese suceso, es decir, su participación dentro de la convocatoria, no le crea un derecho adquirido al quejoso para la designación de una plaza. Como se expuso en la reseña anterior, al momento de inscribirse en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica, ciclo escolar 2018-2019, el quejoso tuvo conocimiento de que su participación era para ocupar una de las vacantes que se desocuparan durante ese ciclo escolar, las cuales en esa data eran inciertas y éste aceptó los términos en los que concursó. Luego, si su resultado fue "idóneo" con una posición de prelación con el número setecientos veintiséis, para poder obtener una de las plazas por las que concursó, estaba condicionado a que en ese ciclo escolar se desocuparan precisamente, setecientas veintiséis y no menos. Al respecto, del reporte de asignaciones correspondientes al de la convocatoria "publica y abierta", del tipo de evaluación primaria que obran en la dirección de ingreso y reconocimiento de esa coordinación al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se advierte que la asignación de plazas para educación primaria, fue solo para trecientos setenta y dos plazas, pues fueron las que se desocuparon durante ese ciclo escolar, las cuales fueron debidamente asignadas en orden de prelación conforme a lo establecido en el numeral XIV de la Convocatoria Pública y Abierta para Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019, emitida el doce de marzo de dos mil diecinueve, tal y como lo acreditaron las responsables con la copia certificada del aludido reporte (fojas 45 a 54). Entonces, es factible concluir que a la fecha en que se emite esta resolución constitucional no puede asegurarse que el promovente acreditó tener un derecho adquirido, por su sola participación en la convocatoria, en la que obtuvo un resultado "idóneo" con el número de prelación setecientos veintiséis, para reclamar una asignación de plaza como docente en educación primaria si de acuerdo al reporte de asignaciones correspondientes al concurso de oposición para el ingreso a la educación básica, ciclo escolar 2018-2019, de la convocatoria "publica y abierta", del tipo de evaluación primaria que obran en la dirección de ingreso y reconocimiento de esa coordinación al treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, solo se desocuparon trecientas setenta y dos. En esas circunstancias, si dichas plazas deben de ser otorgadas en orden de posición de acuerdo a las listas de prelación, es evidente que el quejoso al tener el número setecientos veintiséis, no acredita haber adquirido el derecho que patenta para la designación de una plaza como docente en educación primaria, pues en todo caso todos los participantes de la convocatoria lo tendrían y se debería verificar la situación de cada una de las personas del listado de prelación de la convocatoria ordinaria que tuvieran la posición de trecientas setenta y tres a la novecientos cuarenta y cinco, sobrepasando los lineamientos en que fue emitido el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019. Lo expuesto se robustece, si se tiene presente que los interesados en participar en una convocatoria únicamente tienen la expectativa de conseguir aquello que los motivó a acudir al llamado, sin que ello implique que tengan el derecho adquirido de obtener lo que originó la invitación, ya que tal prerrogativa se actualiza cuando los participantes han cumplido con los requisitos exigidos. Por tanto, a través de la convocatoria en la que participó el quejoso resultando como idóneo y en la lista de prelación con el número setecientos veintiséis, no modifica o extingue algún derecho adquirido que tenga a que se le designe una plaza como docente, pues este derecho, antes y después de la convocatoria, no ha incorporado a su esfera jurídica derecho alguno, sino que tal circunstancia acontece cuando se satisface con las exigencias correspondientes, como lo es, que se aperturen las plazas para su designación es decir trescientas cincuenta y cuatro plazas para que el quejoso tuviera derecho a ocupar la próxima vacante; de ahí que el quejoso solo cuenta con una expectativa de derecho. Por tanto, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso consistente en la falta de asignación de plaza docente de educación primaria al obtener resultado idóneo en la Convocatoria Pública y Abierta para Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2018-2019, emitida el doce de marzo de dos mil diecinueve, debe NEGARSE el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso********. SEXTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en este juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación esta sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A********, contra el acto reclamado a la responsable Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por los argumentos y consideraciones vertidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución constitucional. Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa el oficio y anexo de la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, por conducto del Director de Asuntos Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, por medio del cual remite copia certificada de la Lista de Prelación del Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, ciclo escolar 2018-2019; sin emitir mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de tres de julio de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidas dichas constancias. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que aún no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Directora de Asuntos Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, con domicilio en esta ciudad, agregados en autos mediante proveído de tres de julio mil diecinueve (fojas 100-101); en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Tiene aplicación la jurisprudencia 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVII, marzo de 2008, página 151, del texto y rubro siguente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil diecinueve. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa el oficio y anexo de la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, por conducto de la Directora de Asuntos Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, con domicilio en esta ciudad, por medio del cual informa la imposibilidad de dar cumplimiento a lo requerido mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 79-80), en el que se solicitó remitiera copia certificada de la lista de prelación del Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, ciclo escolar 2018-2019, toda vez que, no cuentan con dicho documento en los archivos de la mencionada Secretaría. Sin embargo, vista la certificación que antecede de la cual se advierte que las constancias remitidas en copias simples por la autoridad responsable Secretaría de Educación Pública, por conducto del Director de Asuntos Estatales, con residencia en esta ciudad, son consistentes con la Lista de Prelación del Concurso de Oposición para el Ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica, ciclo escolar 2018-2019, contenida en la página de internet www.servicioprofesionaldocente.ep.gop.mx, de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente dependiente de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, con fundamento en lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con su contenido a las partes para su conocimiento. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza las documentales, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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