Mario Cesar Rendon Mayares
Expediente 1238/2011 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2011
- Año
- 2011
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2018
Partes del expediente
- Mario Cesar Rendon Mayares
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, trece de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante oficio presentado en este órgano jurisdiccional el treinta y uno de mayo del presente año, se tuvo por recibido en calidad de préstamo, el expediente original en un tomo relativo al juicio de amparo 1238/2011 en que se actúa. Asimismo, el Coordinador de Organización de la Extensión del Centro Archivístico Judicial de la Noria, en Lerma, Estado de México, señaló en el oficio que adjuntó al expediente en cita, que en caso de requerir el expediente por un lapso mayor de tres meses, se solicitara vía correo electrónico la renovación del vale de préstamo correspondiente. En ese orden de ideas, y toda vez que aún no obra en autos constancia de la que se advierta que la parte quejosa haya acudido al local de este órgano jurisdiccional a recoger las copias certificadas que peticionó en el escrito antes mencionado, solicítese a la Extensión del Centro Archivístico Judicial de La Noria, en Lerma, Estado de México, para que, de no existir inconveniente alguno tenga a bien renovar el préstamo del expediente 1238/2011. En tal virtud, de conformidad con el Decreto de veintiséis de enero del año en curso, por el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese escaneado a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal a través de la dirección de correo electrónico solicitudescat@correo.cjf.gob.mx, el formato único de préstamo (renovación de vale), así como copia del presente proveído, para su pronto conocimiento y eficaz trámite. Finalmente, una vez que ya no sea de utilidad el presente expediente devuélvase al Centro Archivístico Judicial para su debida custodia, de conformidad con lo establecido en el Manual para la Organización de Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, mediante la cual el fedatario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente el contenido del proveído de veintiséis de junio del presente año a la parte quejosa, por las razones que en la misma expresa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada y en obvio de mayores dilaciones en este asunto, notifíquese a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, el presente proveído, así como el mencionado en el párrafo que antecede y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. NOTIFÍQUESE Y POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE PROVEÍDO, ASÍ COMO EL DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, CUYO TEXTO Y CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: "Ciudad de México, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, glósese el cuadernillo que se ordenó formar mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, hasta en tanto este órgano jurisdiccional recibiera los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de la citada ley, agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador de Organización de la Extensión del Centro Archivístico Judicial de La Noria, a través del cual remite en calidad de préstamo en un tomo los autos originales relativos al juicio de amparo 1238/2011, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo correspondiente a través del correo electrónico solicitudescat@correo.cjf.gob.mx, como lo solicita el servidor público oficiante. Bajo este contexto, se advierte que mediante el referido auto de veinticinco de abril del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito signado por Mario César Rendón Mayares, quejoso en el presente juicio de amparo, hasta en tanto este órgano constitucional recibiera los autos originales del mismo; y toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, se provee respecto del citado escrito, lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del código adjetivo en cita, agréguese el ocurso signado por Mario César Rendón Mayares. En su escrito solicita la devolución de los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda 97, toda vez que señala que ha dejado de existir la imposibilidad jurídica y material argumentada en su momento por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así también, el peticionario autoriza para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos a las personas que indica en su escrito y solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario. No puede acordarse de conformidad la pretensión de la parte quejosa, por los motivos que enseguida se expondrán. El amparista solicita a este órgano jurisdiccional que se dé vista al Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), a efecto de que le sean devueltos los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda '97. Al respecto, manifiesta que ya no existe la imposibilidad material y jurídica que hizo valer el IMSS en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En este sentido, señala que a la fecha ya se encuentra pensionado por invalidez definitiva y no temporal, y al efecto acompaña copia simple del laudo definitivo de 17 de noviembre de 2016, emitido por la Junta Especial número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, dentro del juicio laboral 679/2012 de su índice. Para explicar por qué esto no es posible, es necesario tener en cuenta los antecedentes del asunto. En septiembre de 2011, la parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de los actos reclamados consistentes en: La resolución contenida en el oficio número SGAJ-GSL-3578-011, de dieciséis de agosto de dos mil once, signado por el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitido en contestación a la solicitud de entrega de aportaciones patronales efectuadas en la subcuenta de vivienda del quejoso posteriores al tercer bimestre de 1997. Las consecuencias jurídicas derivadas de la citada resolución, traducidas en la negativa de devolución de los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha en que se obtuvo la pensión relativa. El 6 de junio de 2011 se dictó sentencia en el expediente en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección constitucional al aquí quejoso en contra de los actos reclamados consistentes en: "a) La resolución contenida en el oficio número SGAJ-GSL-3578-011, de dieciséis de agosto de dos mil once, signado por el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitido en contestación a la solicitud de entrega de aportaciones patronales efectuadas en la subcuenta de vivienda del quejoso posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete. b) Las consecuencias jurídicas derivadas de la citada resolución, traducidas en la negativa de devolución de los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha en que se obtuvo la pensión relativa". La parte relevante de la resolución de amparo señala: Bajo esas consideraciones, del texto integral de la resolución reclamada, se advierte, en forma clara y patente, que se viola en su perjuicio, la garantía de legalidad consagrada en el precepto 16 constitucional (fojas 20 y 21). Lo anterior es así, porque al declararse, dicha responsable, en imposibilidad jurídica y material para ordenar la devolución y entrega de las aportaciones de la subcuenta de vivienda de la quejosa, a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, bajo la consideración toral de que tiene la obligación de transferir al Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación, las aportaciones correspondientes a dicha subcuenta de vivienda para que se cubra la pensión del peticionario de amparo, se fundamentó, entre otros, en el Artículo Octavo Transitorio del decreto de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que fue declarado inconstitucional, por la citada jurisprudencia 2a./J. 32/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido, son: [.] "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado artículo transitorio dispone las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para un fin diverso para el cual fueron instituidas, en cuanto prevé que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de esta Ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores; lo anterior transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión". Lo anterior responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrarios a aquélla; y si bien es cierto, como se dijo, que a la referida autoridad responsable no le obliga la jurisprudencia de mérito, por no estar comprendida en el artículo 192 de la Ley de Amparo, al emitir la resolución de cumplimiento no está acatando propiamente la jurisprudencia, ni se le está obligando a someterse a ella, sino a esta sentencia. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 89/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido, son: "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE, CON BASE EN AQUÉLLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD. (.)" [.] En las apuntadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deje insubsistente la resolución contenida en el oficio SGAJ-GSL-3578-011, de dieciséis de agosto de dos mil once, y, en su lugar, dicte otra, en el que atienda a la referida jurisprudencia 2a./J. 32/2006; y para el caso de no existir impedimento legal que no haya sido materia de esta sentencia, el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá devolver al quejoso, en una sola exhibición, las aportaciones acumuladas en su subcuenta de vivienda con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete. Posteriormente, en auto de 26 de octubre de 2011 causó ejecutoria la sentencia en comento, por lo que se requirió a las autoridades vinculadas al cumplimiento para que acataran el fallo protector, remitiendo las constancias que así lo acreditaran, apercibidos que en caso de resultar omisos, se requeriría su cumplimiento por conducto de sus superiores jerárquicos. Atento a lo anterior, previos requerimientos tanto a las autoridades obligadas al cumplimiento como a sus superiores jerárquicos, y la apertura y resolución de un diverso incidente de inejecución, ante la conducta contumaz de dichas autoridades, se determinó el incumplimiento de la ejecutoria de amparo. En auto de 12 de noviembre de 2012, nuevamente se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, a efecto de que se estableciera si procedía su envío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el cese de las funciones de la autoridad renuente al cumplimiento. Por razón de turno correspondió conocer del referido incidente al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registrándolo con el número Inc. Inej. Sent. T. 424/2012 de su índice, mismo que se declaró fundado y en consecuencia, se ordenó su remisión al Máximo Tribunal de la Nación. Seguido el trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acuerdo de 22 de marzo de 2013, su Presidente ordenó la devolución de los autos a este juzgado federal a efecto de que se continuara el procedimiento sobre la existencia o no del impedimento para cumplir la ejecutoria de amparo planteado por la autoridad responsable. Lo anterior obedeció a que la autoridad manifestó encontrarse imposibilitada jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la sentencia. En tal virtud, en acatamiento de dicha resolución, en auto de 8 de abril siguiente, este órgano jurisdiccional ordenó la apertura a trámite el incidente innominado, con la finalidad de determinar si en el presente asunto existía o no la aludida imposibilidad para el cumplimiento. Así, previos los trámites de ley, el 6 de junio de 2013, este juzgado declaró fundado el incidente innominado de mérito, en los siguientes términos: En este contexto, en el caso existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y ante dicha circunstancia, se determina que queda sin materia el cumplimiento de mérito. Por tanto, si bien es cierto que el cumplimiento de una sentencia firme es de orden público, además de que la sociedad se encuentra interesada en que tales actos se realicen, lo cierto es que hay excepciones, como la que acontece en el presente caso, que dejan sin posibilidad jurídica y material de cumplir a la autoridad responsable, lo que impide continuar requiriendo la ejecución de la sentencia de amparo, en términos de los artículos 105 y 107 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo aquí resuelto, lo manifestado por el quejoso, en el escrito presentado el cuatro de abril de dos mil trece, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, al desahogar la vista ordenada el pasado veintidós de marzo, respecto del oficio signado por el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el cual manifestó la existencia de una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida en el presente asunto. En efecto, carece de razón el accionante del amparo, cuando argumenta que resulta extemporáneo lo aducido por la autoridad responsable Gerente de Servicios Legales, respecto de la aludida imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que, por una parte, tal circunstancia, debió hacerla valer al rendir su informe justificado; además, no corresponde a un motivo de imposibilidad jurídica y material, debido a que prescribió su derecho de hacerlo valer en el momento procedimental oportuno; que la ley no precisa como requisito que la pensión por invalidez, sea temporal o definitiva para la procedencia de la devolución de los recursos, relativos al fondo de vivienda 97; pues como ya quedó precisado en párrafos precedentes, el artículo 141, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que los depósitos constituidos de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sólo se entregarán cuando se determine una invalidez definitiva, en términos de la Ley del Seguro Social, lo que en la especie como ya se dijo, no acontece, pues al momento de promover la demanda de garantías, éste contaba con una pensión por incapacidad temporal, no así definitiva, como lo dispone el precepto y ley antes mencionados. Más aún, debe decirse, que efectivamente este órgano de control constitucional, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, pero, con la salvedad, de que "para el caso de no existir impedimento legal que no haya sido materia de esta sentencia, el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, deberá devolver al quejoso, en una sola exhibición, las aportaciones acumuladas en su subcuenta de vivienda con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete"; de ahí que, resulta patente que, el impedimento jurídico y material a que se ha hecho referencia en la presente resolución, encuadra perfectamente en la salvedad apuntada. Sin que esta resolución signifique que se deja a las partes en completo estado de indefensión ni que se atente contra la figura de la cosa juzgada, ya que tienen a su alcance los medios legales que estimen convenientes para hacer valer sus derechos. En ese sentido, una vez transcurrido el término establecido en el artículo 97, fracción II, en relación con el numeral 95, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sin que ninguna de las partes interpusiera recurso de queja en contra de la resolución de mérito, en acuerdo de 1 de julio de 2013 se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Una vez reseñados los antecedentes relevantes del asunto, deben retomarse las manifestaciones de la parte quejosa. A su decir, mediante laudo de 17 de noviembre de 2016, emitido por la Junta Especial Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se decretó que éste se encuentra en estado de invalidez. Como consecuencia, se condenó al IMSS al pago de una pensión de invalidez a partir del mes de abril de 2012, por lo que considera que ya no existe la imposibilidad jurídica y material argumentada en su momento por el aludido Instituto, en relación con el cumplimiento del amparo. De lo antes relacionado se observa que, si bien es cierto que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, también lo es que a través del incidente innominado resuelto el 6 de junio de 2013, se determinó que existió imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria. Esto fue así, porque el peticionario de amparo al momento de promover su demanda, se encontraba pensionado por incapacidad temporal, no así definitiva, como lo dispone el artículo 141, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; máxime que el fallo protector amparó al quejoso con la salvedad y para el caso de no existir impedimento legal que no hubiera sido materia de la citada sentencia. En tales circunstancias, aun suponiendo que existe un laudo firme emitido por una junta laboral en la que se condenó al IMSS al pago de una pensión por invalidez definitiva a favor del promovente, lo relevante en el presente asunto es que la protección constitucional en el presente juicio se concedió en contra del acto consistente en la resolución contenida en el oficio SGAJ-GSL-3578-011, emitido por el Gerente de Servicios Legales del citado instituto. Es decir, la parte quejosa solicitó al Infonavit en 2011 la entrega de las aportaciones patronales en su subcuenta de vivienda y la mencionada autoridad negó esa solicitud. Así pues, se declaró la inconstitucionalidad del oficio de negativa, pero en relación con ese acto concreto, hay una determinación firme y no combatida en el sentido de que era imposible dar cumplimiento al amparo concedido. Si ahora la amparista considera que ya cumple con los requisitos para que le sean devueltas las mencionadas aportaciones, ello no es materia del presente juicio de amparo ni de su cumplimiento. Dicho de otra forma, la nueva circunstancia del promovente no modifica el acto reclamado, la concesión de amparo en su contra ni la imposibilidad de cumplimiento decretada en los autos de este juicio de amparo. Cabe señalar que este órgano jurisdiccional se pronunció con base en las circunstancias del caso vigentes en ese momento, por lo que, en caso de solicitar a la institución para la vivienda la devolución de sus recursos acumulados en su subcuenta de vivienda, y éste se negare, ello sería materia de un reclamo ante la autoridad correspondiente. En síntesis, no procede acordar de conformidad las solicitudes de la parte quejosa, en el sentido de dar vista al Infonavit pues, en su opinión, a la fecha es inexistente al imposibilidad jurídica y material argumentada por el Instituto y de ordenar al Instituto la devolución de los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda. Esto es así, debido a que ya hay una determinación firme en el sentido de que la sentencia en el presente juicio de amparo era de imposible cumplimiento. Se reitera que esta determinación no se ve modificada por hechos supervenientes como los alegados por la quejosa, ya que el amparo concretamente se concedió en contra de un oficio mediante el cual el Infonavit negó la devolución de recursos y, en contra de ese acto, ya concluyó en definitiva el juicio de amparo. Así pues, como ya se había dicho en auto de 24 de junio de 2013, las partes deben estarse a lo acordado en la resolución del 6 de junio de 2013, dictada en el presente juicio de amparo, en la que se declaró fundado el incidente innominado y, por ende, sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 278 y 279 del código adjetivo aplicable, como lo solicita el promovente, expídanse a su costa las copias certificadas que requiere, en el entendido de que quien se presente a recogerlas deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal, y ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones del quejoso a las personas que señala en su escrito de cuenta, sin perjuicio de las autorizadas con anterioridad. Finalmente, de conformidad con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que ya no sea de utilidad el tomo que conforma el expediente en que se actúa, devuélvase al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA." NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, glósese el cuadernillo que se ordenó formar mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, hasta en tanto este órgano jurisdiccional recibiera los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de la citada ley, agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador de Organización de la Extensión del Centro Archivístico Judicial de La Noria, a través del cual remite en calidad de préstamo en un tomo los autos originales relativos al juicio de amparo 1238/2011, del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo correspondiente a través del correo electrónico solicitudescat@correo.cjf.gob.mx, como lo solicita el servidor público oficiante. Bajo este contexto, se advierte que mediante el referido auto de veinticinco de abril del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del escrito signado por Mario César Rendón Mayares, quejoso en el presente juicio de amparo, hasta en tanto este órgano constitucional recibiera los autos originales del mismo; y toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, se provee respecto del citado escrito, lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del código adjetivo en cita, agréguese el ocurso signado por Mario César Rendón Mayares. En su escrito solicita la devolución de los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda 97, toda vez que señala que ha dejado de existir la imposibilidad jurídica y material argumentada en su momento por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así también, el peticionario autoriza para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos a las personas que indica en su escrito y solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario. No puede acordarse de conformidad la pretensión de la parte quejosa, por los motivos que enseguida se expondrán. El amparista solicita a este órgano jurisdiccional que se dé vista al Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), a efecto de que le sean devueltos los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda '97. Al respecto, manifiesta que ya no existe la imposibilidad material y jurídica que hizo valer el IMSS en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En este sentido, señala que a la fecha ya se encuentra pensionado por invalidez definitiva y no temporal, y al efecto acompaña copia simple del laudo definitivo de 17 de noviembre de 2016, emitido por la Junta Especial número Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, dentro del juicio laboral 679/2012 de su índice. Para explicar por qué esto no es posible, es necesario tener en cuenta los antecedentes del asunto. En septiembre de 2011, la parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de los actos reclamados consistentes en: La resolución contenida en el oficio número SGAJ-GSL-3578-011, de dieciséis de agosto de dos mil once, signado por el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitido en contestación a la solicitud de entrega de aportaciones patronales efectuadas en la subcuenta de vivienda del quejoso posteriores al tercer bimestre de 1997. Las consecuencias jurídicas derivadas de la citada resolución, traducidas en la negativa de devolución de los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha en que se obtuvo la pensión relativa. El 6 de junio de 2011 se dictó sentencia en el expediente en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección constitucional al aquí quejoso en contra de los actos reclamados consistentes en: "a) La resolución contenida en el oficio número SGAJ-GSL-3578-011, de dieciséis de agosto de dos mil once, signado por el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, emitido en contestación a la solicitud de entrega de aportaciones patronales efectuadas en la subcuenta de vivienda del quejoso posteriores al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete. b) Las consecuencias jurídicas derivadas de la citada resolución, traducidas en la negativa de devolución de los fondos acumulados en su subcuenta de vivienda, del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha en que se obtuvo la pensión relativa". La parte relevante de la resolución de amparo señala: Bajo esas consideraciones, del texto integral de la resolución reclamada, se advierte, en forma clara y patente, que se viola en su perjuicio, la garantía de legalidad consagrada en el precepto 16 constitucional (fojas 20 y 21). Lo anterior es así, porque al declararse, dicha responsable, en imposibilidad jurídica y material para ordenar la devolución y entrega de las aportaciones de la subcuenta de vivienda de la quejosa, a partir del cuarto bimestre de mil novecientos noventa y siete, bajo la consideración toral de que tiene la obligación de transferir al Gobierno Federal, a través de la Tesorería de la Federación, las aportaciones correspondientes a dicha subcuenta de vivienda para que se cubra la pensión del peticionario de amparo, se fundamentó, entre otros, en el Artículo Octavo Transitorio del decreto de reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que fue declarado inconstitucional, por la citada jurisprudencia 2a./J. 32/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido, son: [.] "INFONAVIT. EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citado artículo transitorio dispone las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para un fin diverso para el cual fueron instituidas, en cuanto prevé que los trabajadores que se beneficien bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, además de disfrutar de la pensión que en los términos de esta Ley les corresponda, deberán recibir en una sola exhibición los fondos acumulados en la subcuenta de vivienda correspondientes hasta el tercer bimestre de 1997 y los rendimientos que se hubieran generado, en tanto que las subsecuentes aportaciones se abonarán para cubrir las pensiones de los trabajadores; lo anterior transgrede el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que el derecho de los trabajadores a obtener créditos accesibles y baratos para la adquisición de vivienda, constituye una garantía social, al igual que la del seguro de invalidez o vejez, ambas tienen constitucionalmente finalidades totalmente diferentes y sus respectivas aportaciones patronales no deben confundirse entre sí ni debe dárseles el mismo destino, salvo que haya consentimiento expreso del propio trabajador para que los fondos de la subcuenta de vivienda se destinen al pago de su pensión". Lo anterior responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrarios a aquélla; y si bien es cierto, como se dijo, que a la referida autoridad responsable no le obliga la jurisprudencia de mérito, por no estar comprendida en el artículo 192 de la Ley de Amparo, al emitir la resolución de cumplimiento no está acatando propiamente la jurisprudencia, ni se le está obligando a someterse a ella, sino a esta sentencia. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 89/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido, son: "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE, CON BASE EN AQUÉLLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD. (.)" [.] En las apuntadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deje insubsistente la resolución contenida en el oficio SGAJ-GSL-3578-011, de dieciséis de agosto de dos mil once, y, en su lugar, dicte otra, en el que atienda a la referida jurisprudencia 2a./J. 32/2006; y para el caso de no existir impedimento legal que no haya sido materia de esta sentencia, el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá devolver al quejoso, en una sola exhibición, las aportaciones acumuladas en su subcuenta de vivienda con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete. Posteriormente, en auto de 26 de octubre de 2011 causó ejecutoria la sentencia en comento, por lo que se requirió a las autoridades vinculadas al cumplimiento para que acataran el fallo protector, remitiendo las constancias que así lo acreditaran, apercibidos que en caso de resultar omisos, se requeriría su cumplimiento por conducto de sus superiores jerárquicos. Atento a lo anterior, previos requerimientos tanto a las autoridades obligadas al cumplimiento como a sus superiores jerárquicos, y la apertura y resolución de un diverso incidente de inejecución, ante la conducta contumaz de dichas autoridades, se determinó el incumplimiento de la ejecutoria de amparo. En auto de 12 de noviembre de 2012, nuevamente se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, a efecto de que se estableciera si procedía su envío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el cese de las funciones de la autoridad renuente al cumplimiento. Por razón de turno correspondió conocer del referido incidente al Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registrándolo con el número Inc. Inej. Sent. T. 424/2012 de su índice, mismo que se declaró fundado y en consecuencia, se ordenó su remisión al Máximo Tribunal de la Nación. Seguido el trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en acuerdo de 22 de marzo de 2013, su Presidente ordenó la devolución de los autos a este juzgado federal a efecto de que se continuara el procedimiento sobre la existencia o no del impedimento para cumplir la ejecutoria de amparo planteado por la autoridad responsable. Lo anterior obedeció a que la autoridad manifestó encontrarse imposibilitada jurídica y materialmente para dar cumplimiento a la sentencia. En tal virtud, en acatamiento de dicha resolución, en auto de 8 de abril siguiente, este órgano jurisdiccional ordenó la apertura a trámite el incidente innominado, con la finalidad de determinar si en el presente asunto existía o no la aludida imposibilidad para el cumplimiento. Así, previos los trámites de ley, el 6 de junio de 2013, este juzgado declaró fundado el incidente innominado de mérito, en los siguientes términos: En este contexto, en el caso existe imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y ante dicha circunstancia, se determina que queda sin materia el cumplimiento de mérito. Por tanto, si bien es cierto que el cumplimiento de una sentencia firme es de orden público, además de que la sociedad se encuentra interesada en que tales actos se realicen, lo cierto es que hay excepciones, como la que acontece en el presente caso, que dejan sin posibilidad jurídica y material de cumplir a la autoridad responsable, lo que impide continuar requiriendo la ejecución de la sentencia de amparo, en términos de los artículos 105 y 107 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo aquí resuelto, lo manifestado por el quejoso, en el escrito presentado el cuatro de abril de dos mil trece, en la oficialía de partes de este Juzgado Federal, al desahogar la vista ordenada el pasado veintidós de marzo, respecto del oficio signado por el Gerente de Servicios Legales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el cual manifestó la existencia de una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida en el presente asunto. En efecto, carece de razón el accionante del amparo, cuando argumenta que resulta extemporáneo lo aducido por la autoridad responsable Gerente de Servicios Legales, respecto de la aludida imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que, por una parte, tal circunstancia, debió hacerla valer al rendir su informe justificado; además, no corresponde a un motivo de imposibilidad jurídica y material, debido a que prescribió su derecho de hacerlo valer en el momento procedimental oportuno; que la ley no precisa como requisito que la pensión por invalidez, sea temporal o definitiva para la procedencia de la devolución de los recursos, relativos al fondo de vivienda 97; pues como ya quedó precisado en párrafos precedentes, el artículo 141, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, dispone que los depósitos constituidos de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sólo se entregarán cuando se determine una invalidez definitiva, en términos de la Ley del Seguro Social, lo que en la especie como ya se dijo, no acontece, pues al momento de promover la demanda de garantías, éste contaba con una pensión por incapacidad temporal, no así definitiva, como lo dispone el precepto y ley antes mencionados. Más aún, debe decirse, que efectivamente este órgano de control constitucional, concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, pero, con la salvedad, de que "para el caso de no existir impedimento legal que no haya sido materia de esta sentencia, el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, deberá devolver al quejoso, en una sola exhibición, las aportaciones acumuladas en su subcuenta de vivienda con posterioridad al treinta de junio de mil novecientos noventa y siete"; de ahí que, resulta patente que, el impedimento jurídico y material a que se ha hecho referencia en la presente resolución, encuadra perfectamente en la salvedad apuntada. Sin que esta resolución signifique que se deja a las partes en completo estado de indefensión ni que se atente contra la figura de la cosa juzgada, ya que tienen a su alcance los medios legales que estimen convenientes para hacer valer sus derechos. En ese sentido, una vez transcurrido el término establecido en el artículo 97, fracción II, en relación con el numeral 95, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sin que ninguna de las partes interpusiera recurso de queja en contra de la resolución de mérito, en acuerdo de 1 de julio de 2013 se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Una vez reseñados los antecedentes relevantes del asunto, deben retomarse las manifestaciones de la parte quejosa. A su decir, mediante laudo de 17 de noviembre de 2016, emitido por la Junta Especial Ocho Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se decretó que éste se encuentra en estado de invalidez. Como consecuencia, se condenó al IMSS al pago de una pensión de invalidez a partir del mes de abril de 2012, por lo que considera que ya no existe la imposibilidad jurídica y material argumentada en su momento por el aludido Instituto, en relación con el cumplimiento del amparo. De lo antes relacionado se observa que, si bien es cierto que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente asunto, también lo es que a través del incidente innominado resuelto el 6 de junio de 2013, se determinó que existió imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria. Esto fue así, porque el peticionario de amparo al momento de promover su demanda, se encontraba pensionado por incapacidad temporal, no así definitiva, como lo dispone el artículo 141, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; máxime que el fallo protector amparó al quejoso con la salvedad y para el caso de no existir impedimento legal que no hubiera sido materia de la citada sentencia. En tales circunstancias, aun suponiendo que existe un laudo firme emitido por una junta laboral en la que se condenó al IMSS al pago de una pensión por invalidez definitiva a favor del promovente, lo relevante en el presente asunto es que la protección constitucional en el presente juicio se concedió en contra del acto consistente en la resolución contenida en el oficio SGAJ-GSL-3578-011, emitido por el Gerente de Servicios Legales del citado instituto. Es decir, la parte quejosa solicitó al Infonavit en 2011 la entrega de las aportaciones patronales en su subcuenta de vivienda y la mencionada autoridad negó esa solicitud. Así pues, se declaró la inconstitucionalidad del oficio de negativa, pero en relación con ese acto concreto, hay una determinación firme y no combatida en el sentido de que era imposible dar cumplimiento al amparo concedido. Si ahora la amparista considera que ya cumple con los requisitos para que le sean devueltas las mencionadas aportaciones, ello no es materia del presente juicio de amparo ni de su cumplimiento. Dicho de otra forma, la nueva circunstancia del promovente no modifica el acto reclamado, la concesión de amparo en su contra ni la imposibilidad de cumplimiento decretada en los autos de este juicio de amparo. Cabe señalar que este órgano jurisdiccional se pronunció con base en las circunstancias del caso vigentes en ese momento, por lo que, en caso de solicitar a la institución para la vivienda la devolución de sus recursos acumulados en su subcuenta de vivienda, y éste se negare, ello sería materia de un reclamo ante la autoridad correspondiente. En síntesis, no procede acordar de conformidad las solicitudes de la parte quejosa, en el sentido de dar vista al Infonavit pues, en su opinión, a la fecha es inexistente al imposibilidad jurídica y material argumentada por el Instituto y de ordenar al Instituto la devolución de los recursos acumulados en su subcuenta de vivienda. Esto es así, debido a que ya hay una determinación firme en el sentido de que la sentencia en el presente juicio de amparo era de imposible cumplimiento. Se reitera que esta determinación no se ve modificada por hechos supervenientes como los alegados por la quejosa, ya que el amparo concretamente se concedió en contra de un oficio mediante el cual el Infonavit negó la devolución de recursos y, en contra de ese acto, ya concluyó en definitiva el juicio de amparo. Así pues, como ya se había dicho en auto de 24 de junio de 2013, las partes deben estarse a lo acordado en la resolución del 6 de junio de 2013, dictada en el presente juicio de amparo, en la que se declaró fundado el incidente innominado y, por ende, sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 278 y 279 del código adjetivo aplicable, como lo solicita el promovente, expídanse a su costa las copias certificadas que requiere, en el entendido de que quien se presente a recogerlas deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal, y ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones del quejoso a las personas que señala en su escrito de cuenta, sin perjuicio de las autorizadas con anterioridad. Finalmente, de conformidad con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que ya no sea de utilidad el tomo que conforma el expediente en que se actúa, devuélvase al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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