Mario Cesar Latigo Bravo

Expediente 672/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
672/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • Mario Cesar Latigo Bravo
  • Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación 05 Sin Detenido de la Coordinación de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en Iztapalapa 05 (IZP-5)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 672/2017, promovido por Mario Cesar Latigo Bravo, por conducto de su asesora jurídica, contra la omisión reclamada de la agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación 5 Sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP-5 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso, por conducto de su asesora jurídica, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de tal omisión y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día siguiente de su recepción, se registró el asunto con el orden 672/2017 y se previno a la parte quejosa; una vez que desahogó el requerimiento relativo, por auto de quince del mes y año referidos se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en atención a la naturaleza jurídica de la omisión reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias, se precisa que la omisión reclamada de la agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación 5 Sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP-5 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es la siguiente: - La abstención de ejercer acción penal en la carpeta de investigación FIZP/IZP-6/UI-1C/D/00753/02-2017. TERCERO. Al rendir informe justificado, la autoridad responsable refirió que no es cierta la omisión reclamada; sin embargo, del contenido de dicho informe y de la copia certificada que adjuntó, se aprecia que no ha determinado la indagatoria indicada; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, atendiendo a que lo que se controvierte es la violación al derecho fundamental de acceso efectivo a la procuración de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, es inconcuso que debe realizarse el estudio de fondo del asunto, esto es, que la omisión reclamada debe analizarse con base en las pruebas aportadas por las partes, a fin de verificar si existió o no violación a ese derecho fundamental. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis del único concepto de violación, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara, al no ser necesaria su reproducción. Esto último tiene sustento en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Es infundado el concepto de violación relativo a que ha transcurrido un plazo razonable para que la autoridad responsable resuelva la indagatoria precisada, sin que se advierta materia para la suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. Previamente a exponer las razones por las que se resuelve en este sentido, es necesario destacar que el artículo 17 de la Carta Magna prevé el derecho de todo individuo a tener acceso a la impartición de justicia, por lo que obliga a las autoridades encargadas, en el caso, de procurarla, a respetar los principios de justicia pronta, que implica que los órganos del Estado deben resolver las controversias ante ellos planteadas, dentro de los plazos y términos que para tal efecto establezcan las leyes; de justicia completa, que se traduce en que la autoridad que conozca del asunto se pronuncie sobre todos y cada uno de los aspectos debatidos; de justicia imparcial, consistente en que debe emitirse una resolución apegada a derecho y sin favoritismo por alguna de las partes; así como, el principio de justicia gratuita, cuyo alcance es que los órganos del Estado y servidores públicos encargados de su impartición, no generen erogación alguna a las partes en conflicto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Materia Constitucional, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Asimismo, es menester precisar que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otro supuesto, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Dispositivo constitucional que regula la naturaleza y funciones del Ministerio Público como un órgano administrativo al que se encomienda la investigación y persecución de los delitos, que acorde con el proceso penal acusatorio y oral, dicha función la realiza en la etapa de investigación, en el caso la inicial, de manera tal que le está conferida la facultad de recabar datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión, como base del ejercicio de la acción penal. De igual manera, de los numerales 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene que la investigación penal no puede suspenderse, interrumpir o cesar su curso, salvo en los casos autorizados; además, que la misma debe ser de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Establecido lo anterior, es necesario aclarar que a criterio de este órgano de control constitucional no toda abstención es constitutiva de una omisión y consecuentemente la falta de pronunciamiento por parte de una autoridad sólo puede adquirir dicho carácter si se acredita que existe un deber de emitir una determinación al respecto, ya sea a instancia de parte interesada o por disposición de la ley; en el caso, solamente al constatar que para cuando se presentó la demanda de amparo había transcurrido un tiempo prudente para perfeccionar la investigación inicial, se estaría en aptitud de sostener que la agente del Ministerio Público responsable habría incurrido en omisión por no emitir determinación en la carpeta de investigación de origen. En ese sentido, aun cuando ni la Constitución General de la República, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen un plazo determinado para que se concluya la investigación inicial, es jurídicamente inadmisible que en esa etapa se prolongue indefinidamente, por lo que debe ponderarse el delicado ministerio que se encomienda constitucionalmente a la autoridad investigadora, que exige de esta la mayor diligencia y celeridad posibles en la investigación del delito. En ese contexto, en el caso, la autoridad ministerial responsable al rendir informe justificado estableció que la carpeta de investigación se encontraba en "etapa de integración", pues faltaban diligencias por practicar, dado que el imputado Efrén Sierra Fuentes se "inconformó" con el contenido del dictamen en materia de tránsito terrestre, de ocho de mayo del año en curso, que se agregó a la carpeta de investigación, por lo que solicitó se diera intervención al perito "supervisor" para que "entrara al estudio de los hechos", razón por la que el veintitrés de junio del año en curso, esto es, antes de la presentación de la demanda, la agente del Ministerio Público responsable remitió la indagatoria a la Dirección General de Servicios Periciales en Coyoacán, sin que a la fecha en que la autoridad ministerial responsable rindió dicho informe le hubiera sido devuelto el expediente relativo. Con base en lo anterior, contrario a lo expuesto en el concepto de violación, la circunstancia de que hasta la fecha de la presentación de la demanda no se hubiera determinado la indagatoria de origen no es violatoria del derecho fundamental del quejoso, previsto en el artículo 17 constitucional. Así se considera, pues la autoridad investigadora responsable no contaba con la carpeta de investigación, ya que a petición del imputado la remitió a la Dirección General de Servicios Periciales en Coyoacán, a fin de que un perito "supervisor" emitiera una opinión en relación con el dictamen de tránsito terrestre con motivo de la "inconformidad" que aquél expresó, de lo que se obtiene que material y legalmente no tenía las condiciones para determinar la indagatoria, por tanto, se concluye que al momento de la presentación de la demanda de amparo, no había transcurrido tiempo necesario para que la indagatoria se hubiera determinado. Esto último tiene apoyo, por el principio que le rige, en la jurisprudencia 24/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 142 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, de rubro: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA". Consecuentemente, lo procedente es negar al quejoso la protección constitucional solicitada. No se soslaya que durante la sustanciación del juicio se informó que la carpeta de investigación fue devuelta a la autoridad ministerial responsable; sin embargo, como se indicó, la omisión reclamada debe analizarse acorde con la temporalidad en que se presentó la demanda de amparo; por ende, si a la fecha en que se emite esta sentencia la parte quejosa considera que existe dilación en la integración y resolución de la indagatoria, tiene a salvo su derecho para controvertirla por la vía que considere procedente. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Cesar Latigo Bravo, contra la omisión que reclamó de la agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación 5 Sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia IZP-5 de la Fiscalía Desconcentrada en Iztapalapa de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, consistente en: - La abstención de ejercer acción penal en la carpeta de investigación FIZP/IZP-6/UI-1C/D/00753/02-2017.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, deberá estar a lo acordado el veintitrés de agosto pasado, en que se estableció que las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado son suficientes para resolver el juicio.

  4. Principal

    Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo concedido a la promovente de amparo, por auto de veintinueve de septiembre pasado, para que aclarara su pretensión realizada en el escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de septiembre del presente año, transcurrió del cuatro al seis del mes en curso, sin que desahogara tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, en ese sentido, se tiene por no presentado el ocurso de referencia.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano