Mario César Corona Saenz

Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
64/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Mario César Corona Saenz

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Archivo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se desechó la demanda. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con el artículo 36, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Al no atender el citatorio de fecha ocho de febrero de dos mil veintiuno, notifico por lista al quejoso Mario César Corona Sáenz, el auto dictado el tres de febrero de dos mil veintiuno, que dispone: Recepción de la demanda y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda promovida por Mario César Corona Saenz; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 64/2021 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, reclama la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el juicio agrario 1019/2015, mediante la cual, según se advierte de las constancias anexas al escrito inicial, se resolvió dejar sin efecto el acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en cita, en el que se ordenó turnar el expediente de origen a proyecto de resolución, al considerar no contar con los elementos mínimos para resolver en definitiva, ordenando recabar lo necesario para llevar a cabo la prueba pericial en materia de topografía. Al respecto, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales en su orden disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" La norma transcrita en primer orden estatuye que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los numerales reproducidos dispone, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto importa destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición, estableció que el legislador secundario precisó que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, puntualizó que dicha interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron expuestas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de donde derivó la jurisprudencia 37/2014, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Décima Época, Registro: 2006589, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Página: 39, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común). Del contexto de la demanda se advierte que el acto que el peticionario de amparo reclama en este juicio constitucional, consiste en la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio agrario 1019/2015, mediante la cual, según se advierte de las constancias anexas al escrito inicial, se resolvió dejar sin efectos el acuerdo de veinticuatro de noviembre de ese año, en el que se ordenó turnar el expediente de origen a proyecto de resolución, al considerar no contar con los elementos mínimos para resolver en definitiva, ordenando recabar lo necesario para llevar a cabo la prueba pericial en materia de topografía, esto es, la autoridad responsable dictó las medidas para mejor proveer a fin de dictar la resolución correspondiente, en acatamiento al amparo directo 119/2020, radicado en el Primer Tribunal Unitario en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, de esta ciudad. Por tanto, dicha resolución no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, por el contrario, se trata de una cuestión meramente procesal, en la medida que la interlocutoria reclamada atañe a recabar la prueba pericial en materia de topografía dentro el juicio natural, lo cual, únicamente trae como consecuencia que se desahogue la referida probanza, a fin de estar en condiciones de dictar la resolución correspondiente en cumplimiento al amparo directo de referencia. Circunstancia que puede repararse si el accionante obtiene sentencia favorable, pues será hasta entonces cuando se podrá saber si tal cuestión, le ocasionó agravio, y en su defecto, podrá reclamarla como violación procesal en amparo directo contra la sentencia definitiva, en términos de lo establecido en el artículo 172, fracción III, y 174 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que dicha sentencia le fuere adversa; pero no es reclamable a través del amparo biinstancial. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Octava Época, Registro: 205651, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/92, Página: 11) "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." (Novena Época. Registro 175081. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, mayo de 2006, materia común. Tesis: I.11o.C. J/7, página 1536). En las relatadas condiciones, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Domicilio procesal y autorizados. Téngase se tiene como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Josafath Roberto Angulo Moreno, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Yuridia de Jesús Moreno Felipe, Sergio Armando Angulo Palomares y Miguel Ángel Ulin Angulo, por así haberlo solicitado expresamente. Comunicación no procesal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene a la parte quejosa señalando como tal, el número telefónico 3891028551, para tales efectos. No ha lugar correo electrónico. Ahora bien, en cuanto al correo electrónico señalado por la parte quejosa para establecer comunicación no procesal, no ha lugar a tenerlo por señalado, toda vez que como se advierte de la demanda de cuenta, el mismo no se encuentra legible. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicio en línea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Habilitación de notificaciones por correo electrónico. Mientras las autoridades responsables no atiendan la sugerencia de tramitación en línea, con fundamento en el artículo 23 del citado Acuerdo General 21/2020 y en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus sars-cov2 (covid-19), aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico, dadas las medidas sanitarias que prevalecen en el país, se ordena notificar a la autoridades responsables las determinaciones que sean necesarias durante la contingencia, mediante los correos electrónicos oficiales que obtenga la actuaria de la adscripción, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de dichas dependencias, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Autorización uso de correo electrónico a autoridades responsables. En la misma línea, se autoriza a las autoridades responsables para que remitan las promociones relativas por correo electrónico oficial 10jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID- 19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de febrero de dos mil veintiuno. Se revoca y nombra autorizado. Se tiene por recibido el escrito firmado por el quejoso Juan Francisco Zamora Rodríguez, mediante el cual solicita se tenga por autorizado a José de Jesús Rangel, revocando todo nombramiento hecho con anterioridad. En atención a lo anterior, como lo peticiona, se le tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús Rangel, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta. II. Solicita copias simples. Asimismo, solicita copia simple de diversas constancias relativas al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los numerales 61, 62, 221 y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa las copias simples que solicita, haciendo de su conocimiento que deberá generar una cita para obtener y recoger las copias de referencia, lo que será en el horario de nueve a doce horas, únicamente los días martes y jueves, previa razón de recibo para constancias que se deje en autos, autorizando para que en su nombre y representación las reciba el licenciado José de Jesús Rangel. Lo anterior se justifica en razón de que, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus causante del COVID-19, el cual entró en vigor el tres de agosto siguiente, dispuso que a partir de esa fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, el procedimiento a seguir para agendar una cita en el sistema "Agenda OJ", para lo cual deberá generar un Código QR y cumplir con los requisitos descritos en dicho numeral. Por ello el promovente tendrá que agendar una cita y ésta tendrá una duración de hasta veinticinco minutos, además que la reproducción de las copias que solicita quedará sujeta a que se pueda contar con los medios necesarios para llevarse a cabo, es decir, su entrega dependerá del volumen de estas, por lo que en caso de no ser suficiente el tiempo indicado, deberá agendar nueva cita a fin de recibir las constancias solicitadas. Asimismo, deberá de enviar un correo electrónico a la cuenta: jdodecimocopias@gmail.com, en el que informará que ha generado una cita con el objeto de recibir copias, además indicará número de expediente, cantidad de copias, si son simples o certificadas, proporcionará un número de teléfono, e indicará fecha y hora de la cita; lo anterior a fin de eficientar los tiempos de expedición y entrega. Notifíquese.

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