Mario Cervantes Espinoza
Expediente 428/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Mario Cervantes Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de treinta de julio del presente año, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Mario Cervantes Espinoza; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada a la quejosa del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de treinta de julio del actual, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Quejoso cumple prevención. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda presentado por Mario Cervantes Espinoza, a través del cual, desahoga la prevención ordenada en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se acuerda: Se deja de tener por señaladas autoridades responsables. En atención a lo solicitado por el quejoso en los escritos aclaratorios presentados el veinte y veintisiete de julio de este año, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgado de Distrito en esta ciudad, se deja de tener como autoridades responsables al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa y al Delegado Federal del Registro Agrario Nacional; por lo que en el presente asunto únicamente se resolverá respecto a las actos atribuidos al citado tribunal agrario. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. El citado numeral, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El anterior precepto faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VIII, página 262, Materia Común, Quinta Época, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que el accionante del amparo reclama, en esencia, la falta de llamamiento al juicio agrario número 122/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete; y como consecuencia de ello todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia emitida con fecha siete de julio de dos mil veinte, y su ejecución. Por cuanto hace a los antecedentes del acto reclamado, en el apartado respectivo, en lo que interesa, el promovente manifestó: VI. ANTECEDENTES: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los conceptos de violación que se expresan en esta demanda, son ciertos y son los siguientes: 1. El suscrito quejoso MARIO CERVANTES ESPINOZA, manifiesto que los aquí terceros interesados; MARIA NOLBERTA CASTRO AGOSTA, MARCELINO ANGULO BACASEGUA, JUANA MOROYOQUI LUQUE, ALFONSO HIGUERA VERDUZCO, GUADALUPE CASTRO ACOSTA, MARIA TRINIDAD CASTRO MENDIVIL, APOLINAR COTA CAPUSEGUA Y ROSARIO CASTRO MENDIVIL promovió Juicio ante el H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, en la que demandaron al ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa, por conducto de su comisariado ejidal representado actualmente por a los CC. LEONARDO GASTELUM VALENZUELA, TRINIDAD BACASEGUA COTA Y MARIA MAGDALENA GASTELUM VALENZUELA, quienes vienen ocupando los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero del comisariado ejidal del citado poblado, en ese orden, reclamándole las siguientes prestaciones: A. Que por sentencia firme y definitiva, se condene al ejido Carrizo Grande, del municipio de Ahome estado de Sinaloa, a que nos entregue los alances que nos pertenecen, por el pago obtenido de cuatro años de renta, que ha recibido el ejido Carrizo Grande municipio de Ahome de la Granja Acuícola denominada "EL APARECIDO", de nuestra propiedad a razón de la cantidad de; $ 944,000 (Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 MN), anuales sumados da una totalidad de; 3'776,000 (Tres Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Pesos 00/100 MN), de los cuales nos corresponden una cantidad de; $130,206.88 (Ciento Treinta Mil Doscientos Seis 88/100 MN), a cada uno de los proventos, o sea su totalidad de $ 1'041,654.40 ( Un Millón Cuarenta y un Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100MN), que se repartirá entre los actores de este juicio, para todos y cada uno de los suscritos promoventes. 2. Le informo a Usted C. Juez de Amparo, que los actos que vengo reclamando afectan de manera real y actual la esfera jurídica del suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA, puesto que tengo una parte alícuota o porción de la superficie de 118-00-00.00 hectáreas, que me da derecho a recibir un beneficio de pago del alquiler o de renta derivadas del contrato de arrendamiento que celebrara el ejido en fecha 20 del mes de diciembre del año 2013, con el C. MARCO VINICIO HERNANDEZ ALVAREZ, al momento de que el ejido pague las cantidades o numerario, antes precisada que fue materia de la condena en los autos del juicio agrario número 122/2017, terreno que forma parte de la finca rustica identificada R-5,668 que se encuentra amparada con una superficie total de 363-03-75.80 Hectáreas con la Escritura Publica número 13,602 Volumen XXX, de fecha 22 del mes de mayo de 1999, que es propiedad del ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa, fue adquirida mediante contrato de compraventa formalizada con la Sociedad denominada CONTRATISTAS EN CAMARÓN S.A DE C.V., y que mediante asamblea general de ejidatarios del 01 del mes de abril del año 2001, se efectuara la asignación de un derecho de la parte proporcional alícuota de cosa común, para cada uno de ellos, es decir se acordó sobre el destino que se le daría a la finca Rustica. 3. Cabe mencionar que derivado de dicho procedimiento, se pronunciaron autos y acuerdos culminando con la emisión de la sentencia de fecha siete de Julio del año 2020 la cual me encuentro impedido legalmente para impugnarla y lo actuado en los autos del juicio número 122/2017, toda vez de que SOY TERCERO EXTRAÑO a dicho juicio es decir, no figure como parte procesal en el cual se dictó el fallo lo que jurídicamente me impide promover algún recurso o medio de defensa tendiente a nulificar o, revocar lo ordenado en dicha resolución judicial, y por dicha circunstancia, me encuentro impedido igualmente en anexar a la presente demanda copias certificadas de las actuaciones procesales para el acreditamiento de lo antes expuesto. (.)." (sic) Asimismo, en el escrito aclaratorio presentado el veinte de julio del año en curso, el promovente indicó lo siguiente: "(.) En primer término: me permito expresar que la calidad mediante la cual debió ser llamado el suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA, en lo individual al juicio agrario número 122/2017, del índice de la autoridad responsable, C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27 en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, lo es como reitero en calidad de TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, tal y como así lo señale en mi escrito inicial de demanda, por ser evidente que los actos de autoridad me causan serios perjuicios de manera personal y directa con la emisión de la sentencia dictada y la ejecución de la misma por contar con interés jurídico y legitimo para acudir a la presente vía Constitucional. Por otra parte; en cuanto a la razón del por qué, debo de ser llamado en la individual al citado juicio, 122/2017, lo es fundamentalmente, que en atención, de que la Rustica identificada como R-5 668, que aparece con una superficie de 366-03-75.80 hectáreas, que ampara la escritura número 13,602 Volumen XXX de fecha 22 del mes de mayo de 1999. Propiedad del ejido Carrizo Grande, del Municipio de Ahome, estado de Sinaloa, que adquiriera de la Sociedad denominada CONTRATISTAS EN CAMARON, S.A. DE C.V. la referida finca fue dividida en treinta partes iguales a cada uno de los ejidatarios, aclarando que el suscrito no soy ejidatario, única y exclusivamente soy derechoso, toda vez que por acuerdo de asamblea, 01 del mes de abril del año 2001, se efectuó por acuerdo de asamblea, la donación pura y simple o cualquier otra figura prevista por la Ley, la parte que al suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA me corresponde, dado de que como reitero, se me asigno un derecho a la parte alícuota o porción de la cosa común, en copropiedad a cada uno de los 30 cuyos nombres se precisan y se detallan en la escritura pública, 6,601 de fecha 28 del mes de abril del año 2001, que contiene el acta de asamblea de ejidatarios, donde se aprobó el destino que se le daría a la referida Rustica. En efecto al resultar evidente que soy derechoso a la Rustica con una superficie de 366-03-75.80 hectáreas, que ampara la escritura número 13,602 Volumen XXX de fecha 22 del mes de mayo de 1999. Propiedad del ejido Carrizo Grande, del Municipio de Ahome, estado de Sinaloa, que adquiriera de la Sociedad denominada CONTRATISTAS EN CAMARON, S.A. DE C.V., de las cuales se están dadas en arrendamiento mediante el acuerdo de voluntades de fecha 20 del mes de diciembre del año 2013, 118-00-00.00 hectáreas, y al momento de que se efectué la exhibición de los cinco cheques certificados o billetes de depósito, por la cantidad de $ 46,426.23 (Cuarenta y Seis Mil cuatrocientos veintiséis pesos 23/100 MN), en favor de; MARIA NOLBERTA ASTRO ACOSTA, MARCELINO ANGULO BACASEGUA, JUANA MOROYOQUI LUQYUE, ALFONSO HIGUERA VERDUZCO Y ROSARIO CASTRO MENDIVIL, que suman la cantidad de $ 232,131.15 ( Doscientos Treinta y Dos Mil Pesos 15/100 MN), el suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA, recibiría una lesión de manera directa y personal, puesto que disminuiría la proporción económica que me correspondería, sobre el arrendamiento de las 118-00-0.00 hectáreas, como reitero, por ser derechoso de la parte alícuota o porción de la cosa común en copropiedad de la superficie de 366-03-75.80 hectáreas, y con ello se me estaría privando de manera ilegal violentando mis derechos humanos y garantías fundamentales del beneficio de pagarme del alquiler o de la renta antes mencionada, todo ello derivado del procedimiento de la emisión de la sentencia de fecha siete de julio del año dos mil veinte, y el cumplimiento de la ejecución de la misma. (.)." Así, de lo manifestado en la demanda y en el escrito aclaratorio, se concluye que el quejoso en esencia se duele de no haber sido llamado al juicio agrario número 122/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual los actores María Nolberta Castro Acosta, Marcelino Angulo Bacasegua, Juana Moroyoqui Luque, Alfonso Higuera Verduzco, Guadalupe Castro Acosta, María Trinidad Castro Mendivil, Apolinar Cota Capusegua y Rosario Castro Mendivil, demandaron del Ejido Carrizo Grande, Ahorne, Sinaloa, por conducto de su comisariado ejidal, entre otras cosas, el pago obtenido por cuatro años de renta que ha recibido el Ejido Carrizo Grande municipio de Ahome, de la Granja Acuícola denominada "El Aparecido". Lo anterior, en razón de que el quejoso alega que se afecta su esfera jurídica por tener carácter de derechoso, al corresponderle una parte alícuota de la superficie de 118-00-00.00 hectáreas, como se acordó en la asamblea de ejidatarios de uno de abril de dos mil uno, que le da derecho a recibir un beneficio de pago del alquiler o renta derivadas del contrato de arrendamiento que celebrara el ejido en mención con Marco Vinicio Hernández Álvarez, terreno que forma parte de la finca rustica identificada R-5,668 y que es propiedad del mismo ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa; por lo que tal circunstancia, aduce el promovente de amparo, lo faculta para instar la acción constitucional. De lo anterior se desprende que el peticionario estima estar legitimado para instar la presente vía constitucional contra la falta de llamamiento al juicio agrario 122/2017, al afectarse directamente los derechos sobre su propiedad; sin embargo, en el caso particular, no demuestra que el acto reclamado produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, ya que la legitimación en ese sentido deviene de un derecho subjetivo para combatir una ley o acto autoritario que es susceptible de causar un perjuicio al justiciable, derivado de su situación particular frente al orden jurídico. Establecido lo anterior, debe decirse que del análisis respectivo, el suscrito estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Como se vio, el acto aquí reclamado se hace consistir medularmente en la falta de llamamiento al juicio agrario número 122/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, así como sus consecuencias. Ahora bien, existen dos tipos de legitimación, ad causam y ad procesum. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. En tanto que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". De lo antes señalado, se advierte que la legitimación ad procesum sí es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Sentado lo anterior, como se dijo, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º, del mismo ordenamiento legal, porque Mario Cervantes Espinoza, carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, entendida ésta como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Lo anterior es así, en atención a que se duele de la falta de llamamiento al juicio agrario 122/2017, por el solo hecho de corresponderle una parte alícuota de la superficie de 118-00-00.00 hectáreas, que le da derecho a recibir un beneficio de pago del alquiler o renta derivadas del contrato de arrendamiento; sin embargo, es claro que la materia del juicio agrario de origen lo es la porción de la renta correspondiente a los actores en ese juicio y no la que dice el quejoso le corresponde, y el hecho de que pueda impactar en su porción -como en la del resto de los beneficiarios del producto del arrendamiento- no le otorga el carácter de parte en el juicio agrario, sino que es al Ejido, por conducto de su comisariado ejidal, a quien le compete la defensa de la decisión de la asamblea, con lo que se hizo efectivo el derecho de audiencia de cada uno de sus integrantes, aun del quejoso, no obstante que tenga el carácter de derechoso y no de ejidatario. De ahí la conclusión a que se llega de que carece de legitimación para promover la demanda de amparo; y atento a que, en realidad, no afectan directamente sus esfera de derechos las actuaciones del referido juicio agrario, por lo que no tiene que ser llamado al mismo. Es decir, no le deparan perjuicio alguno al aquí quejoso esas actuaciones, quien carece por tanto de legitimación ad causam, para promover este juicio de derechos fundamentales. Además, el impetrante de amparo tiene expedito para hacer valer sus derechos en la vía y forma correspondiente ante la autoridad responsable de manera independiente; por ello, no existe obligación para que sea llamado al juicio agrario en mención, pues como el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, en dicho juicio los actores reclamaron para cada uno de ellos la parte que consideraron les correspondía del total del monto recibido por concepto de arrendamiento celebrado sobre los bienes del ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa, es decir, que dicho juicio es independiente a las pretensiones del quejoso, las cuales, se reitera, puede hacerlas valer en el juicio correspondiente, en razón que no está imposibilitado para hacerlo. En este orden de ideas, al materializarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia estatuida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la propia codificación legal. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO: MARIO CERCANTES ESPINOZA, EL ACUERDO DE TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Quejoso cumple prevención. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda presentado por Mario Cervantes Espinoza, a través del cual, desahoga la prevención ordenada en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se acuerda: Se deja de tener por señaladas autoridades responsables. En atención a lo solicitado por el quejoso en los escritos aclaratorios presentados el veinte y veintisiete de julio de este año, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgado de Distrito en esta ciudad, se deja de tener como autoridades responsables al Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa y al Delegado Federal del Registro Agrario Nacional; por lo que en el presente asunto únicamente se resolverá respecto a las actos atribuidos al citado tribunal agrario. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. El citado numeral, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El anterior precepto faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VIII, página 262, Materia Común, Quinta Época, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Asimismo, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que el accionante del amparo reclama, en esencia, la falta de llamamiento al juicio agrario número 122/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete; y como consecuencia de ello todo lo actuado en el mismo, incluyendo la sentencia emitida con fecha siete de julio de dos mil veinte, y su ejecución. Por cuanto hace a los antecedentes del acto reclamado, en el apartado respectivo, en lo que interesa, el promovente manifestó: VI. ANTECEDENTES: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los conceptos de violación que se expresan en esta demanda, son ciertos y son los siguientes: 1. El suscrito quejoso MARIO CERVANTES ESPINOZA, manifiesto que los aquí terceros interesados; MARIA NOLBERTA CASTRO AGOSTA, MARCELINO ANGULO BACASEGUA, JUANA MOROYOQUI LUQUE, ALFONSO HIGUERA VERDUZCO, GUADALUPE CASTRO ACOSTA, MARIA TRINIDAD CASTRO MENDIVIL, APOLINAR COTA CAPUSEGUA Y ROSARIO CASTRO MENDIVIL promovió Juicio ante el H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 27, con residencia en la ciudad de Guasave, Sinaloa, en la que demandaron al ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa, por conducto de su comisariado ejidal representado actualmente por a los CC. LEONARDO GASTELUM VALENZUELA, TRINIDAD BACASEGUA COTA Y MARIA MAGDALENA GASTELUM VALENZUELA, quienes vienen ocupando los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero del comisariado ejidal del citado poblado, en ese orden, reclamándole las siguientes prestaciones: A. Que por sentencia firme y definitiva, se condene al ejido Carrizo Grande, del municipio de Ahome estado de Sinaloa, a que nos entregue los alances que nos pertenecen, por el pago obtenido de cuatro años de renta, que ha recibido el ejido Carrizo Grande municipio de Ahome de la Granja Acuícola denominada "EL APARECIDO", de nuestra propiedad a razón de la cantidad de; $ 944,000 (Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 MN), anuales sumados da una totalidad de; 3'776,000 (Tres Millones Setecientos Setenta y Seis Mil Pesos 00/100 MN), de los cuales nos corresponden una cantidad de; $130,206.88 (Ciento Treinta Mil Doscientos Seis 88/100 MN), a cada uno de los proventos, o sea su totalidad de $ 1'041,654.40 ( Un Millón Cuarenta y un Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 40/100MN), que se repartirá entre los actores de este juicio, para todos y cada uno de los suscritos promoventes. 2. Le informo a Usted C. Juez de Amparo, que los actos que vengo reclamando afectan de manera real y actual la esfera jurídica del suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA, puesto que tengo una parte alícuota o porción de la superficie de 118-00-00.00 hectáreas, que me da derecho a recibir un beneficio de pago del alquiler o de renta derivadas del contrato de arrendamiento que celebrara el ejido en fecha 20 del mes de diciembre del año 2013, con el C. MARCO VINICIO HERNANDEZ ALVAREZ, al momento de que el ejido pague las cantidades o numerario, antes precisada que fue materia de la condena en los autos del juicio agrario número 122/2017, terreno que forma parte de la finca rustica identificada R- 5,668 que se encuentra amparada con una superficie total de 363-03-75.80 Hectáreas con la Escritura Publica número 13,602 Volumen XXX, de fecha 22 del mes de mayo de 1999, que es propiedad del ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa, fue adquirida mediante contrato de compraventa formalizada con la Sociedad denominada CONTRATISTAS EN CAMARÓN S.A DE C.V., y que mediante asamblea general de ejidatarios del 01 del mes de abril del año 2001, se efectuara la asignación de un derecho de la parte proporcional alícuota de cosa común, para cada uno de ellos, es decir se acordó sobre el destino que se le daría a la finca Rustica. 3. Cabe mencionar que derivado de dicho procedimiento, se pronunciaron autos y acuerdos culminando con la emisión de la sentencia de fecha siete de Julio del año 2020 la cual me encuentro impedido legalmente para impugnarla y lo actuado en los autos del juicio número 122/2017, toda vez de que SOY TERCERO EXTRAÑO a dicho juicio es decir, no figure como parte procesal en el cual se dictó el fallo lo que jurídicamente me impide promover algún recurso o medio de defensa tendiente a nulificar o, revocar lo ordenado en dicha resolución judicial, y por dicha circunstancia, me encuentro impedido igualmente en anexar a la presente demanda copias certificadas de las actuaciones procesales para el acreditamiento de lo antes expuesto. (sic) Asimismo, en el escrito aclaratorio presentado el veinte de julio del año en curso, el promovente indicó lo siguiente: En primer término: me permito expresar que la calidad mediante la cual debió ser llamado el suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA, en lo individual al juicio agrario número 122/2017, del índice de la autoridad responsable, C. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 27 en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, lo es como reitero en calidad de TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, tal y como así lo señale en mi escrito inicial de demanda, por ser evidente que los actos de autoridad me causan serios perjuicios de manera personal y directa con la emisión de la sentencia dictada y la ejecución de la misma por contar con interés jurídico y legitimo para acudir a la presente vía Constitucional. Por otra parte; en cuanto a la razón del por qué, debo de ser llamado en la individual al citado juicio, 122/2017, lo es fundamentalmente, que en atención, de que la Rustica identificada como R-5 668, que aparece con una superficie de 366-03-75.80 hectáreas, que ampara la escritura número 13,602 Volumen XXX de fecha 22 del mes de mayo de 1999. Propiedad del ejido Carrizo Grande, del Municipio de Ahome, estado de Sinaloa, que adquiriera de la Sociedad denominada CONTRATISTAS EN CAMARON, S.A. DE C.V. la referida finca fue dividida en treinta partes iguales a cada uno de los ejidatarios, aclarando que el suscrito no soy ejidatario, única y exclusivamente soy derechoso, toda vez que por acuerdo de asamblea, 01 del mes de abril del año 2001, se efectuó por acuerdo de asamblea, la donación pura y simple o cualquier otra figura prevista por la Ley, la parte que al suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA me corresponde, dado de que como reitero, se me asigno un derecho a la parte alícuota o porción de la cosa común, en copropiedad a cada uno de los 30 cuyos nombres se precisan y se detallan en la escritura pública, 6,601 de fecha 28 del mes de abril del año 2001, que contiene el acta de asamblea de ejidatarios, donde se aprobó el destino que se le daría a la referida Rustica. En efecto al resultar evidente que soy derechoso a la Rustica con una superficie de 366-03-75.80 hectáreas, que ampara la escritura número 13,602 Volumen XXX de fecha 22 del mes de mayo de 1999. Propiedad del ejido Carrizo Grande, del Municipio de Ahome, estado de Sinaloa, que adquiriera de la Sociedad denominada CONTRATISTAS EN CAMARON, S.A. DE C.V., de las cuales se están dadas en arrendamiento mediante el acuerdo de voluntades de fecha 20 del mes de diciembre del año 2013, 118-00-00.00 hectáreas, y al momento de que se efectué la exhibición de los cinco cheques certificados o billetes de depósito, por la cantidad de $ 46,426.23 (Cuarenta y Seis Mil cuatrocientos veintiséis pesos 23/100 MN), en favor de; MARIA NOLBERTA ASTRO ACOSTA, MARCELINO ANGULO BACASEGUA, JUANA MOROYOQUI LUQYUE, ALFONSO HIGUERA VERDUZCO Y ROSARIO CASTRO MENDIVIL, que suman la cantidad de $ 232,131.15 ( Doscientos Treinta y Dos Mil Pesos 15/100 MN), el suscrito MARIO CERVANTES ESPINOZA, recibiría una lesión de manera directa y personal, puesto que disminuiría la proporción económica que me correspondería, sobre el arrendamiento de las 118-00-0.00 hectáreas, como reitero, por ser derechoso de la parte alícuota o porción de la cosa común en copropiedad de la superficie de 366-03-75.80 hectáreas, y con ello se me estaría privando de manera ilegal violentando mis derechos humanos y garantías fundamentales del beneficio de pagarme del alquiler o de la renta antes mencionada, todo ello derivado del procedimiento de la emisión de la sentencia de fecha siete de julio del año dos mil veinte, y el cumplimiento de la ejecución de la misma. Así, de lo manifestado en la demanda y en el escrito aclaratorio, se concluye que el quejoso en esencia se duele de no haber sido llamado al juicio agrario número 122/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual los actores María Nolberta Castro Acosta, Marcelino Angulo Bacasegua, Juana Moroyoqui Luque, Alfonso Higuera Verduzco, Guadalupe Castro Acosta, María Trinidad Castro Mendivil, Apolinar Cota Capusegua y Rosario Castro Mendivil, demandaron del Ejido Carrizo Grande, Ahorne, Sinaloa, por conducto de su comisariado ejidal, entre otras cosas, el pago obtenido por cuatro años de renta que ha recibido el Ejido Carrizo Grande municipio de Ahome, de la Granja Acuícola denominada "El Aparecido". Lo anterior, en razón de que el quejoso alega que se afecta su esfera jurídica por tener carácter de derechoso, al corresponderle una parte alícuota de la superficie de 118-00-00.00 hectáreas, como se acordó en la asamblea de ejidatarios de uno de abril de dos mil uno, que le da derecho a recibir un beneficio de pago del alquiler o renta derivadas del contrato de arrendamiento que celebrara el ejido en mención con Marco Vinicio Hernández Álvarez, terreno que forma parte de la finca rustica identificada R-5,668 y que es propiedad del mismo ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa; por lo que tal circunstancia, aduce el promovente de amparo, lo faculta para instar la acción constitucional. De lo anterior se desprende que el peticionario estima estar legitimado para instar la presente vía constitucional contra la falta de llamamiento al juicio agrario 122/2017, al afectarse directamente los derechos sobre su propiedad; sin embargo, en el caso particular, no demuestra que el acto reclamado produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es así, ya que la legitimación en ese sentido deviene de un derecho subjetivo para combatir una ley o acto autoritario que es susceptible de causar un perjuicio al justiciable, derivado de su situación particular frente al orden jurídico. Establecido lo anterior, debe decirse que del análisis respectivo, el suscrito estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Como se vio, el acto aquí reclamado se hace consistir medularmente en la falta de llamamiento al juicio agrario número 122/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, así como sus consecuencias. Ahora bien, existen dos tipos de legitimación, ad causam y ad procesum. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud para hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquéllos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho controvertido. En tanto que la legitimación ad causam se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hacen los actores, los quejosos, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 75/97, publicada en la página 351, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable.". De lo antes señalado, se advierte que la legitimación ad procesum sí es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Sentado lo anterior, como se dijo, este juzgador estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º, del mismo ordenamiento legal, porque Mario Cervantes Espinoza, carece de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, entendida ésta como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. Lo anterior es así, en atención a que se duele de la falta de llamamiento al juicio agrario 122/2017, por el solo hecho de corresponderle una parte alícuota de la superficie de 118-00-00.00 hectáreas, que le da derecho a recibir un beneficio de pago del alquiler o renta derivadas del contrato de arrendamiento; sin embargo, es claro que la materia del juicio agrario de origen lo es la porción de la renta correspondiente a los actores en ese juicio y no la que dice el quejoso le corresponde, y el hecho de que pueda impactar en su porción -como en la del resto de los beneficiarios del producto del arrendamiento- no le otorga el carácter de parte en el juicio agrario, sino que es al Ejido, por conducto de su comisariado ejidal, a quien le compete la defensa de la decisión de la asamblea, con lo que se hizo efectivo el derecho de audiencia de cada uno de sus integrantes, aun del quejoso, no obstante que tenga el carácter de derechoso y no de ejidatario. De ahí la conclusión a que se llega de que carece de legitimación para promover la demanda de amparo; y atento a que, en realidad, no afectan directamente sus esfera de derechos las actuaciones del referido juicio agrario, por lo que no tiene que ser llamado al mismo. Es decir, no le deparan perjuicio alguno al aquí quejoso esas actuaciones, quien carece por tanto de legitimación ad causam, para promover este juicio de derechos fundamentales. Además, el impetrante de amparo tiene expedito para hacer valer sus derechos en la vía y forma correspondiente ante la autoridad responsable de manera independiente; por ello, no existe obligación para que sea llamado al juicio agrario en mención, pues como el propio quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, en dicho juicio los actores reclamaron para cada uno de ellos la parte que consideraron les correspondía del total del monto recibido por concepto de arrendamiento celebrado sobre los bienes del ejido Carrizo Grande, Ahome, Sinaloa, es decir, que dicho juicio es independiente a las pretensiones del quejoso, las cuales, se reitera, puede hacerlas valer en el juicio correspondiente, en razón que no está imposibilitado para hacerlo. En este orden de ideas, al materializarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia estatuida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 6º, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la propia codificación legal. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Mario Cervantes Espinoza, a través del cual pretende desahogar la prevención ordenada en auto de nueve de julio de dos mil veintiuno; sin embargo, del contenido del mismo se desprende que el promovente no cumple con lo solicitado en la prevención de mérito, con base en lo siguiente: En el citado auto de nueve de julio del año en curso, se previno al citado quejoso a efecto de que realizara lo siguiente: Esclareciera con qué calidad o porqué razón debió ser llamado en lo individual, al juicio agrario 122/2017 .de origen, seguido ante el Tribunal Agrario Disitrito Número 37, con sede en Guasave Sinaloa, seguido por los aquí terceros interesados MARIA NOLBERTA CASTRO ACOSTA, MARCELINO ANGULO BACASEGUA, JUANA MOROYOQUI LUQUE (sic), ALFONSO HIGUERA VERDUZCO Y ROSARIO CASTRO MENDIVIL contra el Ejido "Carrizo Grande", Ahome, Sinaloa, de quien demandaron parte que les correspondía de la renta del inmueble donde se ubica la Granja Acuícola "El Aparecido", propiedad del mismo núcleo agrario y que este dio en arrendamiento a MARCO VINICIO HERNANDEZ ALVAREZ. - Asimismo, se le previno para que precisara los actos que reclama de las autoridades Actuario del Tribunal Agrario Distrito 27 y Delegado Federal del Registro Agra4rio Nacional, por no ser posible identificar esos actos en los términos que expuso en el escrito inicial. Ahora bien, en su escrito aclaratorio, se observa que, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que en lo que respecta a la calidad con la que debió ser llamado al juicio agrario, es como tercero extraño (con interés, se entiende), para luego hacer referencia, como razón de ese llamamiento, la de tener derecho a la parte alícuota del importe de la renta del inmueble, por lo que -de no llamársele a dicho juicio- se le afectaría en esa proporción e, igualmente, por lo que hace al otro aspecto de la prevención, expresó primeramente que se desiste en relación con el reclamo planteado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa y, asimismo, en cuanto a los actos atribuidos al Actuario adscrito al Tribunal Agrario, refirió reclamarle cualquier acto que esté realizando o pretenda realizar en acatamiento a la orden del referido Tribunal Agrario. En ese sentido, se concluye que el promovente no cumplió a completitud la prevención, al no haber precisado puntualmente los actos que reclama de esa última autoridad responsable, esto es, del Actuario adscrito al mencionado tribunal, pues lo hace en términos genéricos o abstractos y no de forma que permita conocer exactamente cuáles son las actuaciones o conductas de esa autoridad efectuadas en el juicio de origen que concretamente reclama. Cuestión que debe esclarecerse debidamente, a fin de que las responsables se encuentren en aptitud de rendir sus respectivos informes y poder fijarse adecuadamente la litis constitucional; además, constituye una obligación para la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por lo que, a efecto de que el aquí inconforme esté en aptitud de desahogar de manera completa lo solicitado por este órgano jurisdiccional, se hace de su conocimiento que el plazo concedido se interrumpió con la presentación del escrito de cuenta, y se reanudará hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informándole que cuenta con dos días del plazo otorgado para tal efecto, en virtud de que el aludido acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, se le notificó personalmente a su autorizado el trece del mismo mes y año, el cual surtió efectos el catorce siguiente, y presentó su escrito aclaratorio el veinte de julio del año en curso; en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado. Hágasele del conocimiento del quejoso que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio con el que desahogue la presente prevención, para emplazar a juicio a las partes y formar los cuadernillos del incidente de suspensión. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia P./J. 35/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, Abril 2001, página 79, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Mario Alfredo Guerrero Baca33/2021
- Mario Alonso Rodriguez Morales150/2022
- Mario Alonzo Carmona Gastelum599/2021
- MARIO ANTONIO CRUZ BOJORQUEZ y Otros.5/2023
- Mario Antonio Cruz Bojorquez565/2019
- Mario Armenta Ochoa299/2020
- Mario Cristhian Fabian Acevedo556/2020
- Mario Eduardo Garcia Vazquez401/2022
- Mario Enrique Fierro Orduño186/2020
- Mario Humberto Vargas Landeros437/2018
- Mario Ivan Montiel Villegas353/2021
- Mario Jaquez Chavez385/2020