Mario Cebada Domingo
Expediente 726/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Cebada Domingo
- Juan Carlos Rodríguez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, en funciones de administrador, por el cual acusa de recibo el diverso oficio 17489/2020, por el que se le notificó la sentencia pronunciada dentro del presente juicio; lo anterior se hace del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 726/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez, con un oficio registrado con el número 11415 y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, adjuntó a su informe justificado, consistentes en un disco que contiene la videograbación de la audiencia de vinculación a proceso reclamada y las constancias digitalizadas que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal 488/2020. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen rendidos los alegatos de la Representante Social adscrita y se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veinte, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, comparecieron Mario Cebada Domingo, Juan Carlos Rodríguez Romero y Pedro Gómez Martínez, por su propio derecho, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo quinto, 20 apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 8, numeral 2, inciso d), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14 numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 726/2020 y se admitió mediante proveído de cinco de octubre dos mil veinte; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; por último, este juzgado señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se reconoció el carácter de tercero interesado a Lauro Pallares Mora, en cuanto agente del Ministerio Público de la Federación que intervino en la causa penal de que se trata, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve conforme a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado es: El auto de vinculación a proceso dictado contra los quejosos el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 488/2020, por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de psicotrópico identificado como metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el diverso 193 del Código Penal Federal, así como los numerales 244, 245 y 247 de la Ley General de Salud. Acto que atribuyeron al Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en un disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó a los hoy quejosos al proceso de origen y las constancias digitalizadas que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal 488/2020. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque los quejosos no acreditan encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestran la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal federal, relativo a que los peticionarios de amparo no acreditan el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye el auto de vinculación dictado contra los quejosos por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte del psicotrópico identificado como, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y les da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Toda vez que las partes no hicieron valer diversas causas de improcedencia del presente juicio, y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega, que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio de los actos reclamados se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 488/2020, por su probable responsabilidad en el hecho señalado en la ley como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de psicotrópico identificado como metanfetamina; ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba; es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, los peticionarios de amparo expresaron los conceptos de violación que a su juicio les ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formularon en su demanda, los accionantes del amparo señalan que en la audiencia de vinculación su defensor atendiendo al principio de contradicción manifestó lo siguiente: a) Que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos porque los elementos de la Policía Michoacán detuvieron su marcha cuando viajaban a bordo de un vehículo habilitado como taxi en el poblado de Antúnez y se dirigían a Uruapan, sin que en la causa penal 488/2020 exista documento expedido por autoridad judicial que justifique el puesto de control en donde fueron intervenidos; b) Que el vehículo en el que viajaban no tenía los vidrios polarizados y se basó para demostrarlo en el dictamen en la especialidad de fotografía forense; y, c) Que los actos que realizaron los elementos de la Policía Michoacán no son válidos constitucionalmente, porque se practican actos de investigación sin que hayan sido ordenados y supervisados por un agente del Ministerio Público, como lo establece el artículo 21 Constitucional, pero dichos argumentos fueron desechados por la autoridad responsable; d) Además, señalan que rindieron su declaración de forma similar, pero con sus propias palabras y explicaron por qué visitaron el Estado de Michoacán acompañando a Mario Cebada Domingo y éste último narró con toda precisión la mecánica de los hechos que se le atribuyen y que sin tener responsabilidad de forma injusta también se atribuyeron a sus acompañantes, sin embargo, el juez de control no tomó en consideración sus declaraciones, a pesar de que hay una confesión libre y espontánea por parte de Mario Cebada Domingo, en la que acepta los hechos y deslinda a sus acompañantes; e) Que al juez de control le parece sospechoso que tres hidalguenses transiten por las vías terrestres del Estado de Michoacan y comete una flagrante violación a su presunción de inocencia, porque la fiscalía no ha demostrado que Juan Carlos Rodríguez Romero y Pedro Gómez Martínez sabían de la conducta reprochable de Mario Cebada Domingo. Son infundados los motivos de disenso expresados por los quejosos, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que quien aquí resuelve, considera que lejos de beneficiar a los peticionarios de amparo les perjudica o no les es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 488/2020, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, no transgrede los derechos fundamentales de los amparistas, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarlos, les perjudica y no les reporta utilidad alguna. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, para advertir que la Agente del Ministerio Público, expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente (Min. 10:25 del registro de audio y video): Que aproximadamente a las quince horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veinte, elementos de la Policía Michoacán, Efraín Gerardo Ramírez, Rigoberto Hernández Hernández, Yeizon Romero Guillén, Luis Artemio Guido Hernández y Jonathan Zavala Contreras, se encontraban en un puesto de control para la vigilancia y prevención del delito sobre la carretera Uruapan-Lombardía, colonia Zumpimito, en Uruapan, Michoacán, esto debido al alto índice de robo de vehículos y fruta de aguacate. Que en ese momento, pasó un vehículo con la leyenda "Taxi Antúnez", marca Nissan, línea Tsuru, color blanco con verde, placas de circulación 6335LCX, del servicio público del Estado de Michoacán, con vidrios polarizados, el cual iba con dirección a Uruapan y a bordo del cual viajaban cuatro personas del sexo masculino. Los elementos le marcaron el alto y el policía Efraín Gerardo se acercó al conductor, de nombre Jesús Efraín Ávila García, se identificó y le preguntó de dónde iban y a dónde se dirigían, a lo que el conductor dijo que de Antúnez hacia Uruapan; simultáneamente, el elemento Luis Artemio se acercó a la puerta trasera por el lado del copiloto, cuya ventanilla estaba abajo, con la finalidad de entrevistarse con los sujetos que viajaban en la parte trasera, observando a simple vista que en el piso, frente a los pies del sujeto que viajaba en la parte de atrás del copiloto, había una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia color blanco, al parecer de la droga conocida como cristal. Por lo anterior, indicó a los tripulantes que descendieran para realizarles una inspección, a lo que accedieron voluntariamente, y al inspeccionar el vehículo, localizó en el piso del asiento trasero del copiloto, una bolsa de plástico que contenía una sustancia granulosa cristalina que resultó ser psicotrópico identificado como metanfetamina, con un peso de 469.740 gramos. Asimismo, los elementos practicaron una inspección a los sujetos que viajaban en el vehículo, sin encontrarles algún objeto prohibido; por tanto, a las quince horas con cuarenta minutos, les indicaron que quedaban formalmente detenidos. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1. Informe policial homologado de veintidós de septiembre de dos mil veinte, suscrito por los elementos aprehensores (Min. 50:08). 2. Entrevistas elaboradas el veintidós de septiembre de dos mil veinte, a los elementos aprehensores de la policía Michoacán, por parte de la Policía Federal Ministerial (Min. 50:33). 3. Evidencia material consistente en el psicotrópico afecto a la indagatoria (Min. 51:04). 4. Dictamen en materia de química de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, suscrito por la perito Mirna Melissa Servín Rodríguez, quien concluyó que la sustancia granulosa de color blanco, corresponde a metanfetamina considerada como psicotrópico por la Ley General de Salud, con un peso neto de cuatrocientos sesenta y nueve gramos, setecientos cuarenta miligramos (469.740) (Min. 51:20). 5. Inspección de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, practicada por una elemento de la policía federal ministerial, quien tuvo a la vista el psicotrópico afecto y describió sus características externas (Min. 51:48). 6. Inspección de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, practicada por una elemento de la policía federal ministerial, quien tuvo a la vista el lugar de los hechos y describió sus características (Min. 51:04). 7. Dictamen en materia de tránsito terrestre de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el perito José Luis González Gómez, quien llevó a cabo el análisis de vehículo afecto a la indagatoria y determinó sus aspectos técnicos y característicos (Min. 52:25). 8. Inspección de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, practicada por una elemento de la policía federal ministerial, quien tuvo a la vista el vehículo afecto y describió sus características externas (Min. 52:02). 9. Dictamen en materia de fotografía de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, signado por el perito Bernardo Camacho Parra, quien llevó a cabo la fijación del indicio y del vehículo afectos, mediante dieciocho tomas fotográficas (Min. 53:16). 10. Declaraciones ministeriales de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, a los imputados Juan Carlos Rodríguez Romero, Pedro Gómez Martínez, y Mario Cebada Domingo (Min. 53:34). Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior, el juez responsable determinó la existencia de un hecho que reviste el carácter de delito, el cual objetivamente pudo ser ejecutado por las personas a quienes se imputó, además en forma acertada señaló que respecto a la controversia generada por la defensa, en el sentido de que el tiempo que medió desde la detención de los imputados hasta el momento en que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal competente, contrario a lo que refiere la defensa, es legal, es razonable y se ajusta a los parámetros que al respecto ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la detención ocurrió formalmente a las quince horas con cuarenta minutos del veintidós de septiembre de dos mil veinte, en un puesto de control donde en general se detenía la marcha de todos los vehículos, mientras que la puesta a disposición fue a las diecinueve horas con veintidós minutos de esa misma data, de ahí que medió el tiempo mínimo indispensable para el traslado de los imputados a las instalaciones de la fiscalía, donde se practicaron una serie de actos como el registro nacional de detención, certificación médica, puesta a disposición de la bolsa que contenía el psicotrópico, actuaciones mínimas que deben realizarse para generar el acuerdo inicial de la carpeta de investigación; máxime que la defensa no señaló que se hubiere practicado alguna actuación que los pudiera perjudicar o bien, que se hubiere recabado su aceptación de los hechos; de igual forma se respetó el término de cuarenta y ocho horas para iniciar el ejercicio de la acción penal ante el centro de justicia (Min. 20:26). En relación con lo alegado por la defensa, relativo a que el vehículo en el que fueron detenidos los imputados no tiene vidrios polarizados y por tanto no existía razón para que los elementos de la Policía Michoacán los detuvieran y revisaran, el juez responsable determinó que si en el vehículo tipo taxi, se advierte cualquier tipo de polarizado, a simple vista, ello era motivo suficiente para que los elementos detuvieran la marcha del vehículo, pues esto ya es anómalo y el derecho de transitar a bordo de un vehículo no es absoluto, sino que todos estamos sujetos a que se nos practique algún interrogatorio o revisión del vehículo para permitir la función de los elementos y con ello evitar una conducta ilícita, máxime que, de la revisión ocular externa, en la parte trasera del vehículo, del lado del copiloto, uno de los elementos observó a simple vista una bolsa de plástico con una sustancia, lo cual es irregular de suyo, y por ello es legal que solicitaran llevar a cabo la revisión del citado automotor (Min. 27:25). Esto es, -en forma correcta- el juez oral estableció que en el caso, se cuenta con los elementos para acreditar el hecho verificado en sus características, porque el tipo exige la existencia de un narcótico, que éste sea transportado y que no haya autorización para ello; de modo que los datos de prueba arrojan que hay un psicotrópico con peso de 469.740 miligramos de metanfetamina, puesto que los policías afirman en principio que lo aseguraron en el vehículo en el que viajaban los imputados el día de los hechos; el cual fue asegurado por el ministerio público y existe el dictamen que dio fe de su existencia y clasificación; asimismo, el dictamen de fotografía (Min. 12:50). De igual manera, -precisó la autoridad responsable- que en cuanto a la modalidad de transporte, se toma en cuenta que existe criterio jurisprudencial en el sentido de que cuando una persona se traslada o se encuentra en movimiento en un tramo carretero con un narcótico, se presume una conducta de transporte de narcótico, y en el caso objetivo se tiene que la detención ocurrió en el tramo carretero Uruapan-Lombardía, en el arco carretero C5I, en la colonia Zumpimito de Uruapan, Michoacán, por lo que si el taxi es un vehículo que se utiliza para traslados y se encontraba en un tramo carretero, lo que implica necesariamente que hubo un traslado porque ahí no reside la persona que lo conducía, además de que el chofer del taxi expresamente dijo que venían de Antúnez y se dirigían a Uruapan, lo cual corroboraron los tres imputados, de modo que existe información suficiente para tener por encuadrada la conducta de transporte del narcótico ya mencionado (Min. 13:45). Probable participación. De igual forma, con los mismos datos de prueba y en específico las imputaciones realizadas por los elementos de prueba, corroboradas a su vez con los restantes medios de prueba, el juez responsable estimó que permiten hasta este momento establecer que Mario Cebada Domingo, Juan Carlos Rodríguez Romero y Pedro Gómez Martínez, probablemente fueron las personas que el día veintidós de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las quince horas con treinta minutos, en la carretera Uruapan-Lombardía, a la altura del arco carretero C5I, en la colonia Zumpimito de Uruapan, Michoacán, transportaron el psicotrópico identificado como metanfetamina en un peso de 469.740 gramos, sin la autorización de la Secretaría de Salud (Min. 13:45). De ahí que -puntualizó la responsable- como lo estableció el ministerio público, la forma de participación de los imputados es a título de coautores, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, básicamente porque existe información suficiente para poder establecer que el narcótico relacionado se encontraba a la vista de los tripulantes del vehículo tipo taxi, en tanto que los policías indicaron que el narcótico se encontraba en la parte trasera del automotor donde iba una persona, esto es, atrás del copiloto, en una bolsa de plástico que advirtieron a simple vista desde el exterior, cuando detuvieron momentáneamente su marcha por una cuestión de rutina, simplemente para practicar un interrogatorio e indicar que el vehículo presentaba algún tipo de polarizado, por lo que en ese sentido es dable establecer que los tripulantes del vehículo también podían corroborar que ahí se localizaba el envoltorio con narcótico (Min. 20:10). De igual forma, puntualizó que no es óbice a lo anterior, que el chofer del taxi y dos de los imputados manifestaran que no advirtieron la presencia del narcótico, pues lo cierto es que al momento en que los policías intervinieron, a simple vista pudieron corroborar su existencia en el interior del vehículo, aunado a que en relación con dicho hallazgo, el propio imputado Mario Cebada Domingo, manifestó que tomaron un taxi en la población de Antúnez, que iban los tres imputados a bordo y en un determinado momento él bajó a la altura de un Banco Azteca donde a dos cuadras una persona le entregó el narcótico, el cual guardó entre su ropa; que nunca supieron sus coimputados que él tenía consigo este narcótico; que después abordaron otro taxi que es en el que los detuvieron los policías, y viajaron juntos para dirigirse a Uruapan; que en la parte trasera atrás del copiloto Mario, como copiloto iba Pedro y Juan Carlos al lado del chofer y que al momento de la revisión no pudo ocultar la bolsa que se encontraba en el piso del vehículo (Min. 21:45). Finalmente, destacó el juzgador que, en relación con la anterior versión, existen claras contradicciones en las declaraciones de los imputados que generan suspicacia en cuanto a su verosimilitud, pues pareciera que están ocultando cierto tipo de información que les pudiera perjudicar, dado que Juan Carlos Rodríguez Romero y Pedro Gómez Martínez, no mencionaron el evento característico consistente en que Mario se bajó del vehículo a la altura de un Banco Azteca, para realizar las diligencias que éste indicó y que después regresó para continuar el viaje, sino que hablan de que realizaron un viaje los tres juntos, pero sólo Mario es el que brinda mayor información acerca del mismo, por lo que de acuerdo a las máximas de la experiencia y de la lógica, resulta inverosímil y poco creíble, que sus coimputados no tuvieran conocimiento de que él tenía consigo 469.740 miligramos de metanfetamina, de modo que lo anterior no es óbice para determinar que los tres participaron en la conducta, dado que estaban trasladando y por tanto transportando el narcótico y en esa medida es suficiente establecer que el narcótico estaba a la vista para determinar que también son susceptibles de continuar con una investigación, hasta en tanto se deslinden las responsabilidades de manera definitiva (Min. 24:55). Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo que sostienen los quejosos, existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para vincularlos a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito contra la salud, en la modalidad de transporte de psicotrópico, así como su probable intervención en su comisión. Por otro lado, también es infundado el argumento relativo a que en el acto reclamado el juez responsable vulneró sus derechos humanos previstos en los numerales 11, 16, 20 y 21 Constitucionales, porque no hay dentro de la causa penal documento expedido por autoridad judicial que justifique el establecimiento del puesto de control donde fueron intervenidos y retenidos, de manera que se restringió su libertad de tránsito. Al efecto, se comparte el criterio adoptado por el juez responsable en el sentido de que el derecho de libertad de tránsito, en este caso a bordo de un vehículo, no es irrestricto, pues el establecimiento del puesto de control donde ocurrió la detención de los imputados tenía la finalidad de combatir los frecuentes robos de vehículos y aguacate, y en dicho lugar todos los vehículos eran retenidos momentáneamente; sin embargo, esa circunstancia no resulta suficiente para desvirtuar lo informado por los policías aprehensores en el parte homologado relativo al hallazgo del psicotrópico denominado metanfetamina dentro del vehículo y al alcance de los tres imputados. Lo anterior, concatenado con los restantes datos de prueba que fueron recabados en la etapa de investigación, de tal suerte que, como acertadamente lo expuso el juez en la audiencia que se analiza, la teoría del caso de la defensa no puede subsistir, esto es, el hecho de que el imputado Mario Cebada Domingo, asumiera la responsabilidad por la posesión de dicho narcótico y se excluyera a los otros dos imputados bajo el contexto de que únicamente lo acompañaron desde Antúnez, pero no se dieron cuenta que tenía oculta la sustancia, pues dichos argumentos son derrotados por los planteamientos de la fiscalía y el contenido de los datos de prueba, básicamente porque existen contradicciones en sus declaraciones y al margen de ello, porque el narcótico se encontraba a la vista, de lo que se concluye un conocimiento previo, aunado a la cantidad elevada de psicotrópico, de manera que la investigación debe seguir hasta verificar si todos los justiciables tenían conocimiento de la existencia del narcótico. Criterio que comparte este juzgador, ya que el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en el nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.80 P (10a.), publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2019450, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." En ese estado de cosas, el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente. Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, se justipreciaron los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público y los cuales, en oposición a lo manifestado por la defensa, fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, como acertadamente lo señaló el juez responsable, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características, y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. De modo que, en el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, es inconcuso que el juez responsable -en oposición a lo que señalan los quejosos- tuteló en todo momento a favor de los quejosos el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; máxime que en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia1 de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron sesenta días en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que dio contestación a los argumentos y objeciones hechas valer por la defensa y fundó y motivó su determinación. Se sostiene lo anterior porque, -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada la responsabilidad del quejoso en los hechos que se le imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, aunado a que todavía tiene seis meses para presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mario Cebada Domingo, Juan Carlos Rodríguez Romero y Pedro Gómez Martínez, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por la autoridad responsable en la causa 488/2020, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de transporte del psicotrópico identificado como metanfetamina, por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA********************INCIDENTAL****************************************En********************Morelia,********************Michoacán,********************a********************las****************************************,********************el********************Maestro********************en********************Derecho********************Procesal********************Constitucional********************Armando********************Díaz********************López,********************Juez********************Séptimo********************de********************Distrito********************en********************el********************Estado********************de********************Michoacán,********************ante********************el********************licenciado********************Oscar********************Hernández********************García,********************secretario********************adscrito********************a********************este********************órgano********************jurisdiccional,********************que********************autoriza********************y********************da********************fe,********************declara********************abierta********************la********************audiencia********************incidental********************correspondiente********************al********************juicio********************de********************amparo********************726/2020,********************sin********************la********************comparecencia********************de********************las********************partes.****************************************Enseguida,********************el********************secretario********************da********************cuenta********************y********************hace********************constar********************que********************el********************presente********************incidente********************se********************encuentra********************integrado********************para********************ser********************resuelto********************en********************definitiva,********************en********************términos********************del********************artículo********************141********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo.****************************************El********************juez********************acuerda:********************Vista********************la********************cuenta********************precedente,********************con********************apoyo********************en********************el********************artículo********************140********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo********************se********************tiene********************por********************hecha********************la********************relación********************anterior********************para********************los********************efectos********************legales********************correspondientes.****************************************Dentro********************del********************periodo********************probatorio********************el********************secretario********************hace********************constar********************que********************no********************obran********************medios********************de********************convicción********************pendientes********************por********************admitir********************ni********************por********************desahogar.****************************************El********************juez********************acuerda:********************Dado********************que********************no********************hay********************pruebas********************pendientes********************por********************admitir********************ni********************por********************desahogar********************se********************declara********************cerrado********************el********************periodo********************probatorio.****************************************En********************el********************periodo********************de********************alegatos********************se********************hace********************constar********************que********************las********************partes********************no********************los********************formularon.************************************************************El********************Juez********************acuerda:********************Ya********************que********************las********************partes********************no********************formularon********************alegatos********************precluye********************su********************derecho********************para********************hacerlo********************y********************se********************declara********************cerrado********************dicho********************periodo.****************************************Con********************lo********************anterior,********************se********************da********************por********************terminada********************la********************audiencia********************y********************se********************pasan********************los********************autos********************a********************la********************vista********************del********************juez********************quien********************resolverá********************en********************definitiva********************este********************incidente.************************************************************C********************O********************N********************S********************I********************D********************E********************R********************A********************C********************I********************O********************N********************E********************S:****************************************PRIMERA.********************Mario********************Cebada********************Domingo,********************Juan********************Carlos********************Rodríguez********************Romero********************y********************Pedro********************Gómez********************Martínez,********************en********************su********************escrito********************de********************demanda********************señaló********************como********************autoridades********************responsables********************y********************actos********************reclamados********************los********************siguientes:****************************************Autoridades********************responsables:****************************************1.-********************Juez********************de********************Control********************adscrito********************al********************Centro********************de********************Justicia********************Penal********************Federal********************del********************Estado********************de********************Michoacán,********************con********************sede********************en********************esta********************ciudad.****************************************2.-********************Director********************del********************Centro********************de********************Reinserción********************Social********************para********************Adultos********************Lic.********************David********************Franco********************Rodríguez,********************con********************sede********************en********************esta********************ciudad.************************************************************Actos********************reclamados:****************************************La********************audiencia********************de********************control********************de********************detención,********************auto********************de********************vinculación********************a********************proceso********************y********************la********************medida********************cautelar********************de********************prisión********************preventiva********************oficiosa,********************dentro********************de********************la********************causa********************penal********************488/2018********************del********************Juzgado********************de********************Control********************adscrito********************al********************Centro********************de********************Justicia********************Penal********************Federal********************de********************la********************Ciudad********************de********************Morelia,********************Michoacán,********************por********************el********************delito********************de********************prisión********************preventiva********************oficiosa.************************************************************SEGUNDA.********************Las********************autoridades********************responsables********************al********************momento********************de********************rendir********************sus********************informes********************previos,********************manifestaron********************que********************son********************ciertos********************los********************actos********************que********************la********************parte********************quejosa********************les********************reclama.****************************************Ahora********************bien,********************los********************quejosos********************Mario********************Cebada********************Domingo,********************Juan********************Carlos********************Rodríguez********************Romero********************y********************Pedro********************Gómez********************Martínez********************solicitan********************la********************suspensión********************definitiva********************del********************acto********************reclamado********************y********************en********************su********************escrito********************inicial********************de********************demanda********************refieren********************que********************se********************encuentra********************recluidos********************en********************el********************CENTRO********************DE********************REINSERCIÓN********************SOCIAL********************PARA********************ADULTOS********************LICENCIADO********************DAVID********************FRANCO********************RODRÍGUEZ.****************************************Por********************tanto,********************por********************lo********************que********************respecta********************al********************auto********************de********************vinculación********************a********************proceso********************dictado********************en********************contra********************de********************los********************quejosos********************a********************Mario********************Cebada********************Domingo,********************Juan********************Carlos********************Rodríguez********************Romero********************y********************Pedro********************Gómez********************Martínez,********************se********************les********************concede********************la********************suspensión********************definitiva********************para********************el********************único********************efecto********************de********************que********************queden********************a********************disposición********************de********************este********************juzgado********************por********************lo********************que********************ve********************a********************su********************libertad********************personal********************y********************a********************disposición********************de********************la********************autoridad********************ante********************la********************cual********************se********************le********************sigue********************el********************proceso********************penal********************para********************la********************continuación********************de********************éste,********************de********************conformidad********************con********************el********************artículo********************163********************y********************166********************fracción********************I,********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo.****************************************Apoya********************a********************lo********************anterior,********************la********************tesis********************II.2o.P.282********************P********************(10a.),********************emitida********************por********************el********************Segundo********************Tribunal********************Colegiado********************en********************Materia********************Penal********************del********************Segundo********************Circuito,********************publicada********************en********************el********************Libro********************IV,********************Enero********************de********************2012,********************Tomo********************5,********************de********************la********************Gaceta********************del********************Semanario********************Judicial********************de********************la********************Federación,********************con********************registro********************160454,********************de********************rubro********************y********************texto:****************************************"AUTO********************DE********************VINCULACIÓN********************A********************PROCESO********************EN********************EL********************NUEVO********************SISTEMA********************PENAL********************ACUSATORIO.********************SU********************NATURALEZA********************PARA********************EFECTOS********************DEL********************AMPARO.********************La********************exigencia********************de********************resolver********************sobre********************el********************auto********************de********************vinculación********************a********************proceso********************se********************refiere********************a********************un********************derecho********************constitucional********************del********************debido********************proceso********************penal********************propio********************de********************este********************país,********************que********************garantiza********************de********************manera********************más********************amplia********************la********************libertad********************personal********************no********************sólo********************respecto********************de********************la********************restricción********************material********************en********************sentido********************estricto,********************como********************ocurre********************con********************la********************prisión********************preventiva,********************sino********************como********************certeza********************jurídica********************constitucionalmente********************protegida********************de********************que********************al********************fenecer********************el********************término********************respectivo********************ninguna********************persona********************puede********************ser********************sujeta********************o********************vinculada********************a********************proceso********************penal********************(con********************o********************sin********************medida********************cautelar********************adicional),********************a********************menos********************de********************que********************se********************cumplan********************los********************requisitos********************del********************artículo********************19********************de********************la********************Constitución********************Política********************de********************los********************Estados********************Unidos********************Mexicanos,********************esto********************es,********************que********************se********************acredite********************la********************existencia********************de********************un********************verdadero********************hecho********************delictuoso********************y********************existan********************datos********************de********************intervención********************reprochable********************del********************imputado,********************es********************decir,********************la********************demostración********************de********************un********************hecho********************que********************amerite********************justificadamente********************la********************intervención********************del********************derecho********************punitivo********************y********************los********************datos********************que********************razonablemente********************conduzcan********************a********************estimar********************al********************imputado********************con********************algún********************tipo********************de********************intervención********************en********************la********************comisión********************de********************dicho********************hecho,********************pues********************sólo********************así********************se********************cumple********************con********************los********************principios********************de********************fragmentariedad********************e********************intervención********************necesaria********************del********************derecho********************penal,********************y********************el********************de********************la********************función********************garantizadora********************del********************tipo********************penal,********************que********************se********************traduce********************en********************el********************apotegma********************de********************exacta********************aplicación********************de********************la********************ley********************penal********************recogido********************en********************el********************principio********************de********************legalidad********************que********************rige********************dicha********************materia********************de********************manera********************estricta********************y********************que********************se********************consagra********************también********************en********************el********************artículo********************14********************de********************la********************propia********************Constitución.********************Por********************tanto,********************en********************atención********************a********************los********************efectos********************de********************sujeción********************que********************éste********************produce,********************de********************manera********************formal********************y********************de********************perturbación********************indirecta,********************al********************menos********************a********************la********************libertad********************del********************imputado,********************debe********************estimarse********************como********************un********************acto********************reclamable********************en********************el********************amparo********************y********************susceptible********************del********************otorgamiento,********************en********************su********************caso,********************de********************la********************suspensión********************pero********************en********************términos********************de********************sus********************peculiaridades********************actuales."****************************************TERCERA.********************Por********************otro********************lado,********************por********************lo********************que********************corresponde********************a********************la********************medida********************cautelar********************consistente********************en********************prisión********************preventiva********************oficiosa,********************lo********************procedente********************es********************negar********************la********************suspensión********************solicitada,********************lo********************anterior********************en********************virtud********************de********************que********************existe********************prohibición********************expresa********************para********************concederla,********************en********************términos********************del********************artículo********************128********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo.****************************************Tiene********************aplicación********************la********************jurisprudencia********************número********************PC.I.C.J/81********************C,********************del********************Pleno********************en********************Materia********************Civil********************del********************Primer********************Circuito,********************visible********************en********************la********************página********************1842,********************del********************Libro********************60,********************noviembre********************de********************2018,********************Tomo********************II,********************de********************la********************Gaceta********************del********************Semanario********************Judicial********************de********************la********************Federación,********************Décima********************Época,********************número********************de********************registro********************2018474,********************de********************rubro********************y********************texto********************siguiente:****************************************"SUSPENSIÓN********************EN********************EL********************AMPARO********************CONTRA********************UNA********************MEDIDA********************CAUTELAR********************CONCEDIDA********************POR********************AUTORIDAD********************JUDICIAL.********************LA********************PROHIBICIÓN********************PARA********************DECRETARLA,********************PREVISTA********************EN********************EL********************PENÚLTIMO********************PÁRRAFO********************DEL********************ARTÍCULO********************128********************DE********************LA********************LEY********************DE********************AMPARO,********************SÓLO********************ESTÁ********************REFERIDA********************A********************DETERMINACIONES********************EMITIDAS********************EN********************EL********************PROCEDIMIENTO********************PENAL********************ACUSATORIO********************(INTERPRETACIÓN********************TELEOLÓGICA).********************El********************párrafo********************citado********************establece********************que********************no********************serán********************objeto********************de********************suspensión********************las********************órdenes********************o********************medidas********************de********************protección********************dictadas********************en********************términos********************de********************la********************legislación********************aplicable********************por********************alguna********************autoridad********************administrativa********************o********************jurisdiccional********************para********************salvaguardar********************la********************seguridad********************o********************integridad********************de********************una********************persona********************y********************la********************ejecución********************de********************una********************técnica********************de********************investigación********************o********************medida********************cautelar********************concedida********************por********************autoridad********************judicial.********************Ahora********************bien,********************de********************una********************interpretación********************teleológica,********************se********************advierte********************que********************la********************adición********************de********************esa********************porción********************normativa********************obedeció********************a********************la********************necesidad********************de********************atender********************a********************la********************reforma********************constitucional********************publicada********************en********************el********************Diario********************Oficial********************de********************la********************Federación********************el********************18********************de********************junio********************de********************2008********************que********************instauró********************un********************nuevo********************sistema********************de********************justicia********************penal;********************por********************ello,********************considerar********************que********************dicho********************párrafo********************rige********************también********************para********************medidas********************cautelares********************dictadas********************en********************procesos********************civiles********************o********************mercantiles,********************sería********************contrario********************a********************la********************intención********************que********************se********************infiere********************de********************la********************exposición********************de********************motivos********************del********************decreto********************que********************reformó,********************adicionó********************y********************derogó********************diversas********************disposiciones********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo********************y********************de********************otros********************ordenamientos********************legales,********************publicado********************en********************el********************medio********************de********************difusión********************oficial********************indicado********************el********************17********************de********************junio********************de********************2016,********************en********************cuanto********************a********************adecuarlos********************para********************coadyuvar********************a********************la********************mejor********************operación********************y********************funcionamiento********************del********************sistema********************penal,********************máxime********************que********************uno********************de********************sus********************fundamentos********************es********************el********************decimocuarto********************párrafo********************del********************artículo********************16********************de********************la********************Constitución********************Política********************de********************los********************Estados********************Unidos********************Mexicanos,********************del********************que********************deriva********************que********************los********************Jueces********************de********************Control********************resolverán,********************en********************forma********************inmediata,********************y********************por********************cualquier********************medio,********************las********************solicitudes********************de********************medidas********************cautelares,********************providencias********************precautorias********************y********************técnicas********************de********************investigación********************de********************la********************autoridad.********************De********************acuerdo********************con********************lo********************anterior,********************la********************prohibición********************para********************decretar********************la********************suspensión********************en********************el********************amparo********************contra********************una********************medida********************cautelar********************concedida********************por********************autoridad********************judicial,********************contenida********************en********************el********************penúltimo********************párrafo********************del********************artículo********************128********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************se********************refiere********************a********************determinaciones********************emitidas********************en********************procedimientos********************penales********************de********************corte********************acusatorio********************y********************no********************en********************procesos********************civiles,********************lato********************sensu,********************que********************merecen********************un********************tratamiento********************jurídico********************diverso,********************conforme********************a********************la********************jurisprudencia********************1a./J.********************53/2017********************(10a.),********************emitida********************por********************la********************Primera********************Sala********************de********************la********************Suprema********************Corte********************de********************Justicia********************de********************la********************Nación,********************de********************título********************y********************subtítulo:********************"SUSPENSIÓN********************DEFINITIVA.********************HAY********************CASOS********************EN********************LOS********************QUE********************ES********************POSIBLE********************OTORGARLA********************CONTRA********************MEDIDAS********************CAUTELARES********************DICTADAS********************EN********************PROCESOS********************CIVILES********************O********************MERCANTILES."****************************************De********************igual********************forma,********************se********************requiere********************al********************juez********************responsable********************para********************que********************de********************conformidad********************con********************el********************artículo********************61,********************fracción********************XVII,********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************una********************vez********************que********************concluya********************la********************etapa********************intermedia********************dentro********************del********************proceso********************penal********************del********************que********************deriva********************el********************acto********************reclamado,********************suspenda********************el********************procedimiento********************únicamente********************por********************lo********************que********************hace********************a********************los********************referidos********************quejosos,********************hasta********************que********************reciba********************notificación********************de********************la********************sentencia********************ejecutoriada********************que********************en********************su********************caso********************se********************dicte********************en********************el********************sumario********************en********************que********************se********************actúa.********************Por********************lo********************anteriormente********************expuesto********************y********************fundado,********************se********************resuelve:****************************************PRIMERO.********************Se********************concede********************a********************Mario********************Cebada********************Domingo,********************Juan********************Carlos********************Rodríguez********************Romero********************y********************Pedro********************Gómez********************Martínez,********************la********************suspensión********************definitiva********************de********************los********************actos********************reclamados********************en********************los********************términos********************de********************la********************consideración********************segunda********************de********************esta********************interlocutoria.****************************************SEGUNDO.********************Se********************niega********************a********************Mario********************Cebada********************Domingo,********************Juan********************Carlos********************Rodríguez********************Romero********************y********************Pedro********************Gómez********************Martínez,********************la********************suspensión********************definitiva********************de********************los********************actos********************reclamados********************en********************los********************términos********************de********************la********************consideración********************tercera********************de********************esta********************interlocutoria.************************************************************Notifíquese********************por********************lista********************y********************mediante********************oficio********************a********************las********************autoridades********************responsables.****************************************Así********************lo********************resolvió********************y********************firma********************el********************Maestro********************en********************Derecho********************Procesal********************Constitucional********************Armando********************Díaz********************López,********************Juez********************Séptimo********************de********************Distrito********************en********************el********************Estado********************de********************Michoacán,********************quien********************actúa********************asistido********************del********************licenciado********************Oscar********************Hernández********************García,********************secretario********************que********************autoriza********************y********************da********************fe.********************
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