Mario Carranza Pacheco

Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
295/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Mario Carranza Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte promovente no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veinticuatro de marzo del año en curso, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad envíese al archivo. .... se determina que el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción IV) del mismo ordenamiento, al haberse DESECHADO la solicitud de amparo, por lo que se considera sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. I. Tramitación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Carranza Pacheco, por su propio derecho, en contra del acto atribuido al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 295/2023-V-I. II. Desechamiento de demanda. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones en el expediente 749/18-I del índice del Juez responsable, interpuesto en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en el que la responsable tuvo por señalado el nuevo domicilio procesal del demandado aquí quejoso, pero también se indicó que por economía procesal se le tenía por notificado de la sentencia definitiva de trece de diciembre de dos mil diecinueve, para los efectos legales. Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo estudio se aborda de acuerdo a las siguientes consideraciones. La porción normativa invocada, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." El precepto legal transcrito, tutela el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo en materia jurisdiccional, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, principio que en el caso sometido a análisis no se acató. Efectivamente, debe recordarse que el quejoso reclama la resolución interlocutoria de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, que decide el incidente de nulidad de actuaciones, que interpuso contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, en autos del expediente 749/18-I, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Elva Rosa Salgado Castro, en contra de Mario Carranza Pacheco, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Antes de continuar, se asentarán de manera breve los antecedentes del asunto, teniéndose que: 1. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso fue emplazado por su cónyuge Elva Rosa Salgado Castro, en el expediente 749/18-I, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. 2. Seguido en sus etapas, de las actas levantadas por el fedatario del Juzgado responsable, ante la imposibilidad de notificar al demandado la sentencia definitiva de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se da vista para que el demandado señale nuevo domicilio. 3. Por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, la responsable tuvo al demandado señalando el nuevo domicilio procesal, pero a su vez dijo que por economía procesal se le tenía por notificado de la sentencia definitiva de trece de diciembre de dos mil diecinueve, para todos los efectos legales. 4. Por escrito de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el demandado aquí quejoso interpuso incidente de nulidad de actuaciones en contra del proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte. 5. El veinticuatro de febrero del año en curso, el Juez responsable dictó sentencia interlocutoria dentro del mencionado incidente de nulidad de actuaciones, resolución la cual constituye el acto reclamado. Con relación al precisado acto reclamado, es preciso transcribir en la parte que interesa los artículos 140, 375, 381, 386 y 409 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que establecen: "Artículo 140. Clasificación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales son decretos, autos, sentencias interlocutorias, o sentencias definitivas; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio; sentencias interlocutorias cuando decidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del negocio." "Artículo 375. Recursos admisibles. Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Reconsideración; II. Apelación; y III. Queja." "Artículo 381. Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." "Artículo 386. Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código; y III. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. No serán apelables las sentencias que declaren la disolución del vínculo matrimonial. Tampoco lo serán las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicio cuya cuantía no exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo." "Articulo 409.- Resolución del incidente.- Concluido el período del traslado o el probatorio, se pondrán los autos del incidente a la vista de las partes, por tres días comunes, para que aleguen y sin necesidad de citación, el Juez dictará sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes. La interlocutoria dictada antes de la sentencia definitiva no es apelable. Sin embargo, si algún interesado cree haber recibido algún agravio con la resolución deberá observar lo dispuesto en los artículos 126 y 167 de este Código." De los preceptos legales transcritos, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, se encuentra el recurso de apelación, el cual procede en contra de las resoluciones de primera instancia, entre ellas, las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; los autos, cuando expresamente lo disponga el citado código; y las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juzgador o se levante por éste. Asimismo se establece que la interlocutoria que decide un incidente, dictada antes de la sentencia definitiva no es apelable. Lo que significa que en el caso, no se está en esta última hipótesis, en tanto que la sentencia interlocutoria reclamada fue emitida después de dictado el fallo definitivo. Por otra parte, del contenido del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sigue que del sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, se puede establecer que subyace un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, al establecerse "si se trata de actos de ejecución de sentencia", lo que implica que existen otros que no tienen esa naturaleza. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr se materialice el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de una determinación emitida después de dictada la sentencia, como la aquí combatida, si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación como la que se analiza, no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad. Con base en lo anterior, deviene incuestionable que contra la resolución reclamada, que fue dictada después de la sentencia definitiva, en el incidente de nulidad de actuaciones, en particular contra la notificación ordenada en auto de dieciocho de febrero dos mil veinte, procede el recurso de apelación, por ser el medio idóneo mediante el cual puede ser impugnada tal determinación, previo a acudir a la instancia constitucional, dado que la segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación. Lo anterior, se advierte de los artículos 384 y 385 del código adjetivo civil invocado, mismos que estatuyen: "Artículo 384.- Iniciación del procedimiento de segunda instancia. La segunda instancia no puede abrirse sin que se interponga el recurso de apelación." "Artículo 385. Procedencia. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." De lo anterior se concluye, que antes de acudir al juicio de amparo, el acto reclamado era susceptible de ser controvertido a través del recurso de apelación a que se refieren los artículos 384, 385 y 386 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, a la luz de los agravios planteados, lo confirme, revoque o modifique; de ahí que, el impetrante previamente a promover el juicio de garantías, debió agotar el medio de impugnación aludido, en contra de la determinación reclamada y, al no hacerlo, no cumplió con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción XVIII, así como el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este supuesto, es aplicable la tesis XXI.4o.2 C, que sustentó el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1081 del Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 189811, que establece: "APELACIÓN EN EFECTO DEVOLUTIVO, PROCEDE EL RECURSO DE, CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, QUE RESUELVEN UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Por regla general y atento a la interpretación sistemática del artículo 126 del código de procedimientos civiles, las decisiones pronunciadas para resolver un incidente de nulidad de actuaciones, son susceptibles de combatirse mediante el recurso de apelación con efecto preventivo; y, en el supuesto de que la actuación pretendidamente nula haya sido dictada después de la sentencia definitiva o dentro del procedimiento de ejecución, entonces se debe acudir a la regla establecida en el artículo 431, donde se establece la procedencia del recurso de apelación con efecto devolutivo, contra las resoluciones dictadas después de pronunciada la sentencia, en concordancia con el invocado 126 del Código Procesal Civil del Estado, teniendo en cuenta el principio de congruencia que existe en todo sistema jurídico, pues si el legislador estableció para remediar las actuaciones nulas, el incidente de mérito, es evidente que tal medio de defensa es válido promoverlo tanto antes de dictarse la sentencia definitiva como después de ello, ya que sería contradictorio que el justiciable no contara con ningún medio para combatir las actuaciones nulas y que por ello quedaran subsanadas las deficiencias de las que adolecieran, por el sólo hecho de que se hubieren efectuado después de dictarse la sentencia de fondo o en ejecución de la misma; consecuentemente, una recta interpretación de lo dispuesto en los artículos 126 y 431 del código de procedimientos civiles vigente en el Estado, nos lleva a concluir que las actuaciones nulas practicadas después de pronunciada la sentencia de fondo o en ejecución de sentencia, son atacables mediante el incidente de nulidad de actuaciones y la resolución que lo decida es apelable en efecto devolutivo; estimar lo contrario implicaría dejar sin defensa al afectado con actuaciones defectuosas y permitir que las autoridades de instancia, en esa fase, no se ajustaran a las formalidades esenciales del procedimiento que debe revestir toda clase de actuaciones judiciales, de conformidad con lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Norma Primaria del país, ya que se carecería del medio idóneo de control de la legalidad de las interlocutorias dictadas en dicho incidente, después de pronunciada la sentencia definitiva o en su ejecución." También es aplicable la tesis XXI.3o.17 C, que integró el que fuera el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, editada en la página 1718 del Tomo XXI, Enero de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 179669, del tenor literal siguiente: "APELACIÓN. LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS EN MATERIA CIVIL POR REGLA GENERAL ADMITEN ESE RECURSO, SALVO QUE SE DICTEN ANTES DE FALLADO EL JUICIO EN LO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La regla establecida en el segundo párrafo del artículo 409 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, donde se indica que las sentencias dictadas en los incidentes no admitirán el recurso de apelación cuando se dicten antes de fallado el juicio en lo principal, contiene una limitante de tipo excepcional, de modo que aquellas otras resoluciones que no estén comprendidas en dicho supuesto, es decir, las que se resuelven de manera simultánea o eventualmente posterior a la sentencia definitiva, de ninguna manera estarán afectadas con tal taxativa, por lo que podrán ser apelables sin obstáculo alguno, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 386, fracción I, del propio ordenamiento adjetivo, en cuyo texto está consignado, precisamente, que pueden ser apelables cualesquiera sentencias en toda clase de juicios, a menos que en la ley haya disposición expresa en contrario." Aunado a lo anterior, resulta oportuno precisar que en el presente caso, no estamos en presencia de alguno de los supuestos de excepción para que la parte quejosa haya dejado de cumplir con el referido principio de definitividad, cuenta habida que en materia jurisdiccional aun tratándose de actos de imposible reparación o de aquellos que carezcan de fundamentación, existe la obligación de la parte interesada de recurrirlos a través de los medios ordinarios de defensa que la ley que los rige establezca para tal efecto. Efectivamente, la procedencia del juicio de garantías contra actos dictados dentro de un juicio o después de concluido cuya ejecución sea de imposible reparación, está condicionada a que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así se desprende de la jurisprudencia 44/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo I, página 729, registro 2001155, cuyo rubro y texto dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." También se invoca por tener aplicación la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en la página 350 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2005039, que en su literalidad impone: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En esa virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de garantías.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,409 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano