Mario Carmona Aguilera
Expediente 383/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 383/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Mario Carmona Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA II "... Agréguese el escrito del quejoso Mario Carmona Aguilera, visto su contenido, dígasele al promovente que se tiene por hechas sus manifestaciones, sin embargo no ha lugar a proveer de conformidad sus peticiones, toda vez que en proveído de veintinueve de junio pasado (fojas 50 a 54), este Juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo del presente asunto, y se declinó dicha competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, es por ello, que este Órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para seguir actuando en este expediente, de conformidad con el articulo 42 de la Ley de Amparo..."
- Principal
MESA II "... Agréguese el oficio del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el cual devuelve el despacho 436/2016 sin diligenciar; en consecuencia, se reserva su acuerdo, hasta en tanto, el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente Salina Cruz en turno, informe sí aceptó la competencia o no del presente asunto, declinada por este Juzgado en proveído de fecha veintinueve de junio del presente año..."
- Principal
"...Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra señalado el día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional (foja 80 vuelta); asimismo, se advierte que los actos reclamados en este juicio de amparo son: 1. La omisión de acordar su escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciséis en el expediente 65/1999 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca. 2. La omisión de dictar sentencia en el expediente 65/1999 del índice de la autoridad responsable. 3. El acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictado en el expediente 65/1999 del índice de la autoridad responsable, donde se ordenó girar oficio al Jefe del Departamento de Prestaciones de la Oficina de la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, a efecto de que proceda ordenar a quien corresponda realice el descuento del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe semanal, quincenal o mensualmente el quejoso MARIO CARMONA AGUILERA, como jubilado de dicha institución, como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Zizintli, Mario de Jesús e Iztzel de apellidos Carmona Ruiz. En principio, se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" (.)". El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere emitido esa resolución. En el caso, de las constancias de autos, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se desprende que el tercer acto reclamado en la demanda de este juicio de amparo, consiste en la orden librada por la autoridad responsable ordenadora Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, al Jefe del Departamento de Prestaciones de la Oficina de la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, a efecto de que proceda ordenar a quien corresponda realice el descuento del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe semanal, quincenal o mensualmente el quejoso MARIO CARMONA AGUILERA, como jubilado de dicha institución, como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Zizintli, Mario de Jesús e Iztzel de apellidos Carmona Ruiz. Dichas constancias, que ya fueron del conocimiento de las partes, revelan que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, no es legalmente competente, por razón de TERRITORIO, para resolver la litis constitucional. En efecto, si bien inicialmente este órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda en razón a que se señaló como autoridad responsable al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad; también lo es que a dicha autoridad se le reclama la omisión de acodar el escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciséis en el expediente 65/1999 del índice de la responsable, sin embargo, dada la naturaleza de dicho acto, no constituye ni surte competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Así las cosas, como el quejoso reclama un acto que por su naturaleza, es de aquéllos actos que requieren ejecución material (orden de descuento); ello patentiza que debe considerarse competente para conocer del juicio, al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca. Lo anterior es así, ya que la autoridad que ordenó el descuento de las prestaciones que percibe el quejoso MARIO CARMONA AGUILERA, como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Zizintli, Mario de Jesús e Iztzel de apellidos Carmona Ruiz, fue el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien se encuentra en el territorio donde el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, ejerce jurisdicción. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Página: 145, Décima Época. AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. De donde se desprende que, para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer la constitucionalidad del acto reclamado, se deben considerar los siguientes supuestos: 1. Que el Juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución. 2. Que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal. 3. Que el Juez de la causa remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquél en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. En el primer supuesto, será competente el juez de Distrito del lugar en que dicho exhorto se ejecute; en el segundo y tercer supuesto, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que giró el citado oficio, quien reúne tanto el carácter de ordenadora y ejecutora del acto reclamado. En el caso, se actualiza el tercer supuesto planteado en dicha jurisprudencia, ya que las constancias de autos ponen de manifiesto que fue la propia interesada Joaquina Magdalena Ruiz, quien hizo llegar el oficio de descuento respectivo al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad. Ello es así, ya que obra que el diecinueve de noviembre de dos mil quince (foja 182 cuaderno de pruebas), recibió el oficio número 596/2015. Además, consta que tal oficio fue recibido por la autoridad destinataria, con sede en esta ciudad, el veintitrés de noviembre siguiente (foja 184 ibídem). Lo anterior, demuestra que se actualiza el segundo supuesto antes mencionado, esto es, que fue la parte interesada quien se ocupó de hacer entrega del oficio respectivo; sin que se hubiera girado ningún exhorto para ello. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37 párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo donde los actos reclamados tengan ejecución en San Pedro Mixtepec. Con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir el presente juicio de amparo 383/2016 y anexos (original y duplicado del incidente de suspensión relativo a dicho juicio de amparo así como copia certificada del expediente familiar 65/1999 del índice del Juzgado Primero de Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que, por su conducto, se turne al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esa ciudad, en turno, a quien corresponde resolver la litis planteada. Se solicita acuse de recibo y se informe si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuadernos de antecedentes. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis)..." NOT. PREVIO AVISO
- Principal
"...Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra señalado el día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional (foja 80 vuelta); asimismo, se advierte que los actos reclamados en este juicio de amparo son: 1. La omisión de acordar su escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciséis en el expediente 65/1999 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Juquila, Oaxaca. 2. La omisión de dictar sentencia en el expediente 65/1999 del índice de la autoridad responsable. 3. El acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dictado en el expediente 65/1999 del índice de la autoridad responsable, donde se ordenó girar oficio al Jefe del Departamento de Prestaciones de la Oficina de la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, a efecto de que proceda ordenar a quien corresponda realice el descuento del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe semanal, quincenal o mensualmente el quejoso MARIO CARMONA AGUILERA, como jubilado de dicha institución, como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Zizintli, Mario de Jesús e Iztzel de apellidos Carmona Ruiz. En principio, se procede a examinar si, en el caso, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" (.)". El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere emitido esa resolución. En el caso, de las constancias de autos, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se desprende que el tercer acto reclamado en la demanda de este juicio de amparo, consiste en la orden librada por la autoridad responsable ordenadora Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, al Jefe del Departamento de Prestaciones de la Oficina de la Secretaría de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, a efecto de que proceda ordenar a quien corresponda realice el descuento del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe semanal, quincenal o mensualmente el quejoso MARIO CARMONA AGUILERA, como jubilado de dicha institución, como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Zizintli, Mario de Jesús e Iztzel de apellidos Carmona Ruiz. Dichas constancias, que ya fueron del conocimiento de las partes, revelan que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, no es legalmente competente, por razón de TERRITORIO, para resolver la litis constitucional. En efecto, si bien inicialmente este órgano Jurisdiccional admitió a trámite la demanda en razón a que se señaló como autoridad responsable al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad; también lo es que a dicha autoridad se le reclama la omisión de acodar el escrito presentado el dos de marzo de dos mil dieciséis en el expediente 65/1999 del índice de la responsable, sin embargo, dada la naturaleza de dicho acto, no constituye ni surte competencia a favor de este órgano jurisdiccional. Así las cosas, como el quejoso reclama un acto que por su naturaleza, es de aquéllos actos que requieren ejecución material (orden de descuento); ello patentiza que debe considerarse competente para conocer del juicio, al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en Salina Cruz, Oaxaca. Lo anterior es así, ya que la autoridad que ordenó el descuento de las prestaciones que percibe el quejoso MARIO CARMONA AGUILERA, como pensión alimenticia provisional a favor de los menores Zizintli, Mario de Jesús e Iztzel de apellidos Carmona Ruiz, fue el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien se encuentra en el territorio donde el Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, ejerce jurisdicción. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Página: 145, Décima Época. AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. De donde se desprende que, para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer la constitucionalidad del acto reclamado, se deben considerar los siguientes supuestos: 1. Que el Juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución. 2. Que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal. 3. Que el Juez de la causa remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquél en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. En el primer supuesto, será competente el juez de Distrito del lugar en que dicho exhorto se ejecute; en el segundo y tercer supuesto, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que giró el citado oficio, quien reúne tanto el carácter de ordenadora y ejecutora del acto reclamado. En el caso, se actualiza el tercer supuesto planteado en dicha jurisprudencia, ya que las constancias de autos ponen de manifiesto que fue la propia interesada Joaquina Magdalena Ruiz, quien hizo llegar el oficio de descuento respectivo al Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el trabajo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad. Ello es así, ya que obra que el diecinueve de noviembre de dos mil quince (foja 182 cuaderno de pruebas), recibió el oficio número 596/2015. Además, consta que tal oficio fue recibido por la autoridad destinataria, con sede en esta ciudad, el veintitrés de noviembre siguiente (foja 184 ibídem). Lo anterior, demuestra que se actualiza el segundo supuesto antes mencionado, esto es, que fue la parte interesada quien se ocupó de hacer entrega del oficio respectivo; sin que se hubiera girado ningún exhorto para ello. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37 párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo donde los actos reclamados tengan ejecución en San Pedro Mixtepec. Con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir el presente juicio de amparo 383/2016 y anexos (original y duplicado del incidente de suspensión relativo a dicho juicio de amparo así como copia certificada del expediente familiar 65/1999 del índice del Juzgado Primero de Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, para que, por su conducto, se turne al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esa ciudad, en turno, a quien corresponde resolver la litis planteada. Se solicita acuse de recibo y se informe si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuadernos de antecedentes. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (trece horas cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil dieciséis). MESA 2
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