Mario Calixto Bravo
Expediente 944/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 17/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Calixto Bravo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación de cuenta y toda vez que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veinticinco de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia, ha causado ejecutoria. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamente en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo. Por otro lado, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del Vigésimo Primero, fracción II, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido. Por último, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, acuérdese lo procedente en los mismos.
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el mismo; y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al ORIGINAL del incidente de suspensión, toda vez que en resolución de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, se concedió la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al DUPLICADO del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que el quejoso Mario Calixto Bravo, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (foja 332 a 333); es decir, no se presentó dentro del término de veinte días ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos a efecto de llevarse a cabo el emplazamiento de los terceros interesados Carlos Esteban Ortega, en su carácter padre del occiso Genaro Esteban Ortiz y Guadalupe Esteban Ortiz, con el carácter de esposa del occiso Adrián Leal Sierra. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, se llevaron a cabo las medidas de investigación correspondientes con la finalidad de conocer el domicilio cierto de los terceros interesados Carlos Esteban Ortega, en su carácter padre del occiso Genaro Esteban Ortiz y Guadalupe Esteban Ortiz, con el carácter de esposa del occiso Adrián Leal Sierra, a efecto de emplazarlos legalmente a juicio, tal y como se acordó en proveído de once de octubre de dos mil dieciséis (foja 238), sin que de dichas medidas de investigación fuese posible conocerlos; por lo que, en auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de la parte quejosa. En el mencionado proveído se le hizo saber al impetrante, que en caso de no comparecer a recoger dichos edictos; así como, que el no exhibir los pagos correspondientes dentro del término de veinte días hábiles, previa manifestación en su caso en el sentido de que no contaba con los recursos necesarios para sufragar el gasto de la publicación de los mismos, se decretaría el sobreseimiento del juicio de amparo en que se actúa por falta de interés jurídico y no obstante ello, a la fecha del dictado del presente auto, ha transcurrido en exceso el término concedido para cumplir con dicha carga procesal; sin que el peticionario de amparo haya dado cumplimiento a lo requerido. Estos aspectos, hacen patente que el quejoso Mario Calixto Bravo, dada la postura que ha tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carece de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), y 5o. fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. " Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la transcripción de los numerales antes referidos, se obtiene que no obstante de haberse agotado la investigación que alude el numeral 27 fracción III, de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento de los terceros interesados Carlos Esteban Ortega, en su carácter padre del occiso Genaro Esteban Ortiz y Guadalupe Esteban Ortiz, con el carácter de esposa del occiso Adrián Leal Sierra, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismo que no se presentó ante este Juzgado Federal a recoger aquellos a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación nacional, hace procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de haberse incumplido con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de amparo al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la jurisprudencia 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) Esto es, la anterior modificación de criterio no es suficiente para evitar el presente sobreseimiento, dado que de su contenido se advierte que solo fue modificada la jurisprudencia en comento en cuanto a la exigencia de analizar las particularidades del caso, respecto de si el quejoso compareció manifestando no tener capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercero interesada y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal. Además que no se advierte que la parte quejosa haya manifestado incapacidad económica para solventar ese costo, no hay indicios en autos que revelen que carezca de capacidad económica para ello, por tanto, analizando las particularidades del caso, no se dan los elementos que establece el criterio modificado (1. manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. la existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a los terceros perjudicados. Por ende, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación directa con los numerales 27, fracción III, inciso b), 5o. fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto, en términos de lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 63, de la Ley en aplicación. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO A LAS CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación que antecede, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo en virtud que le está transcurriendo el término que se le concedió al quejoso Mario Calixto Bravo, para que se presente a este juzgado federal a recoger los edictos a efecto de que sea emplazado el tercero interesado Carlos Esteban Ortega, en su carácter de padre del occiso Genaro Esteban Ortiz y Guadalupe Estaban Ortiz, con el carácter de esposa del occiso Adrián Leal Sierra. Para dar margen que se cumpla lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Por otra parte, de autos se advierte que mediante oficio 7794 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó a este Órgano de Control Constitucional que por acuerdo aprobado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sesión ordinaria de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, decretó la Supresión del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo. Ahora bien, y toda vez que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio, misma que negó el acto que se le reclama en el presente asunto; en consecuencia, no ha lugar a girarle oficio del diferimiento de mérito, así como los subsecuentes.
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