Mario Cabrera Hernández
Expediente 758/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Mario Cabrera Hernández
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que el término de cinco días hábiles que concede el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído dictado en el presente juicio de amparo el quince de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del veinte al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, con exclusión de los días veinticuatro y veinticinco de esos mismos mes y año, por ser inhábiles (sábado y domingo) de conformidad con lo que establece el artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo se interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que el auto de quince de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Por otra parte, toda vez que se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, el cual carece de relevancia documental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente, deberá ser DESTRUIDO una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de esta fecha, lo que deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes y remitir el acta y listado de destrucción, relativa a la baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa las anotaciones en los sistemas o libros de control correspondientes, tal como lo establece el numeral 23 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese. Lo proveyó y firma Perla Fabiola Estrada Ayala, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche, quien actúa asistida de José Abelardo Rodríguez Cantú, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, quince de junio de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se tiene por presentada, se tiene por presentado el escrito de demanda de amparo de cuenta promovido por ***. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 758/2023-II-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgado advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En el caso, tenemos que el acto reclamado consiste en la orden de traslado de celda, dormitorio, módulo u otro centro penitenciario. Ahora bien, como se dijo, en el caso concreto el juicio de amparo es improcedente toda vez que en contra de la orden de traslado reclamada, el solicitante de amparo debió promover los medios de defensa de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por consiguiente, el traslado reclamado por el quejoso se encuentra en fase administrativa y dicha determinación no constituye la resolución final, pues como se dijo, de acuerdo al procedimiento de traslado por excepción, establecido en el numera 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe ser revisado de oficio por el juez competente, para calificar si la determinación administrativa se ajustó a los supuestos que establece la citada Ley. Además, el numeral citado establece que, en el caso de que el juez sea omiso en pronunciarse sobre la legalidad del acto, la persona privada de la libertad puede interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, por virtud de la cual puede ser revocada, modificada o nulificada. De ahí que, si bien el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 Constitucional. Ahora bien, es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para -.otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en concordancia con los diversos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se procede a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente.
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