Mario Berra Bortoloti

Expediente 1319/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1319/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Mario Berra Bortoloti

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito del quejoso **********, mediante el que interpone recurso de revisión contra el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo; atento a ello, se provee: II. Se interpone revisión. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene a la parte quejosa por interpuesto recurso de revisión contra el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés. III. Envío de recurso. Al no existir partes a las que deba notificarse sobre la interposición del citado medio de impugnación, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, el original y copia del escrito de agravios para la substanciación del citado medio de impugnación, así como los autos que integran el presente sumario. En la inteligencia que, los autos indicados se remitirán únicamente con los documentos recibidos de manera física por medios impresos, el auto recurrido y su respectiva notificación, en tanto las demás constancias están disponibles y debidamente digitalizadas en el expediente electrónico al que se dará acceso a la superioridad, por lo que tienen el mismo valor que la versión impresa, tal como lo dispone la normativa aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con fundamento en los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, mismo que en términos del párrafo séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, rige la integración del expediente físico y electrónico que se llevan en este órgano jurisdiccional; y, conforme a dicha normativa, los expedientes físicos como en el que se actúa, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, se integraran únicamente con los documentos recibidos por medios impresos, debiéndose encontrar las actuaciones judiciales disponibles para su consulta en versión electrónica a través del expediente electrónico. En el entendido de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso. IV. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con la carátula correspondiente y las actuaciones que se generen a partir del presente auto, sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues las mismas se encuentran capturadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1319/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Desechamiento. Como se advierte del análisis integral de la demanda, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado en la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, según se advierte de la demanda de amparo, en el caso, se señala como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, de quien se reclama: "ACUERDO, RESOLUTIVO DICTADO POR EL JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL QUERÉTARO CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023, RECAÍDO EN RESPUESTA A MI ESCRITO DE INCIDENTE DE CESAR OBLIGACIÓN DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, ACUERDO QUE VIOLA EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD Y AUDIENCIA CONSAGRADO POR LOS ARTICULO 14 Y 16, LO QUE VIOLA MI DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AGRAVADO DADO ME ENCUADRO EN UN GRUPO VULNERABLE DE LA SOCIEDAD, DADO QUE SOY UN ADULTO MAYOR, 75 AÑOS CUMPLIDOS, A ELLO CORRESPONDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA Y EN EL MOMENTO PROCESAL SE OTORGUE LA DEFINITIVA AL SERME OTORGADO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." Asimismo, según se advierte del capítulo de antecedentes de la demanda, el impetrante narró los siguientes: "En Términos De Lo Dispuesto En La Fracción V Del Artículo 108 De La Ley De Amparo, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Los Hechos Y Abstenciones Que Constituyen Los Antecedentes De Los Actos Reclamados Y Que Sirven De Fundamento A Los Conceptos De Violación, Son Los Siguientes: Que Desde El Año De 2006, En El Expediente De La Causa ********************, Se Entabló Demanda En Mi Contra Por El Pago De Pensión Alimenticia En Favor De Mi Hijo, En El Año De 2021 Vía Demanda Incidental A La Que Le Recayó Una Sentencia Interlocutoria Por La Cantidad, La Que Sentenció El 7 De Abril De 2021, Que Pagara Una Pensión Alimenticia De $******************** mensuales, de la que He Pagado Un Total De $******************** Cantidad Que Se Acumuló Y Que Solo He Podido Cubrir Con Apoyo De Préstamos De Familiares Cercanos Y Amigos, Prestamos De Los Que Aún Adeudo Cantidades Fuertes, Soy Un Hombre Que Vive De Ayuda De Familiares Y Amigos, Pues No Tengo Actividad Laboral Con Ingreso Ciertos Y Fijos, Por Razón De Mi Edad, Me Encuentro En Situación De Impedimento E Incapacidad De Cubrir Los Importes Sentenciados, Aun Tengo Un Adeudo Por Un Saldo De $********************), Es El Caso Que Me Es De Hecho Muy Complicado Obtener Lo Suficiente Para La Propia Manutención Y Medicinas Para Tender Padecimientos Propios De Mi Avanzada Edad, Debería Ser Beneficiario De Pago De Una Pensión Alimentaria A Mi Favor, No Como Es El Caso En Que Estoy Obligado A Pagar Pensión Alimenticia, La Que Cubrí Con Todas Las Dificultades Pero Puede Cumplir Hasta Donde Refiero En Estos Antecedentes Ahora Estoy Imposibilitado Material Y Económicamente, Pero Además Imposibilitado Por Padecimientos De Salud, Vivo De Manera Precaria Y Sobrevivo Con El Apoyo De Familiares Y Amigos. Consta En Autos Que He Pedido Atentamente Ser Relevado O Eximido De La Obligación Por Cuestiones De Salud Y Para Mayor Abundar Mi Hijo Ya Es Mayor De Edad, Aunque Quisiera De Mi Parte Apoyarlo Hasta Lo Conclusión De Sus Estudios, Estoy Impedido De Hacerlo, Nadie Está Obligado A Lo Imposible. Todavía Pese A Todo Estoy Aportando Una Pensión Alimenticia de $********************Mensuales Y Adicional A Ese Importe $********************Para Abonar Al Importe Adeudado De $********************)." De lo antes reproducido se obtiene que, respecto del acto de autoridad señalado, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a. Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]." En el citado precepto, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone al quejoso la carga procesal de agotar previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, el promovente incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa es procedente el recurso de apelación previsto en los artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro. Al respecto, los artículos 728, 729 y 736 del ordenamiento legal indicado, a la letra, disponen: "Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas." "Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también." "Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, podemos concluir que el recurso de apelación tiene por objeto modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Así mismo, dicho medio de impugnación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados para concluir que el quejoso estaba obligado a agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente en el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en los autos del expediente ********************, de su índice, en el que determinó, dejar a salvo los derechos del quejoso a efecto de que el quejoso los ejercite en la vía que corresponda; lo anterior, debido a la solicitud formulada por el quejoso, en el sentido de que se realice la modificación a la sentencia dictada en el procedimiento de origen. Determinación que se encuentra comprendida en el supuesto hipotético que prevé el numeral 728 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues de éste se obtiene que el órgano superior revisará las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. También se actualiza en virtud de que el auto que se combate, es susceptible de recurrir por apelación, debido a que tiene la fuerza de definitivos, esto es, que se traduce en que lo decidido en el auto correspondiente no podría ser analizado posteriormente el expediente de origen. Por ende, era necesario que previo a acudir al presente juicio constitucional agotara el medio de defensa recurso de apelación que es que la legislación en consulta contempla, porque lo decidido en el auto reclamado de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable, pues se insiste, ya no sería susceptible de analizarse o repararse en dicho juicio; ello es así, porque a través de dicho medio de ordinario de defensa, es dable lograr la modificación, revocación o anulación del acto reclamado, máxime que al ser parte formal en el procedimiento de donde deriva la materia de reclamo, estaban en la aptitud legal de hacerlo. Tampoco obsta para exigir el cumplimiento a ese requisito de procedencia del amparo, el que se combata transgresión a derechos sustantivos, ni que el juicio verse sobre los derechos de un adulto mayor, porque aún bajo ese supuesto, quedan obligados a acatar el principio de definitividad, dado que lo determinado por el juez responsable en el sentido de dejar a salvo los derechos del quejoso a efecto de que el quejoso los ejercite en la vía que corresponda, no vulnera el principio de acceso a la justicia. Además, se puntualiza que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza la procedencia del juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez federal suplantaría las facultades de aquél. Asimismo, precisa destacar que si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante el recurso de que se ha hablado, no pueden ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Sin que importe en contrario la naturaleza del acto combatido, porque al tenor de las últimas decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso tratándose de un auto de imposible reparación, ello no constituye una excepción a la observancia del principio de definitividad. Robustece a lo explicado, la Jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017117, de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual manera, por identidad de razones, es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De esta suerte, si la parte promovente del amparo, instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa ordinario la legislación procesal civil del Estado le concede (recurso de apelación), es decir, le asistía la carga procesal de observar el principio de definitividad previamente al ejercicio de su acción constitucional, es inconcuso que al no haberlo hecho, deviene notoriamente improcedente el presente juicio constitucional. Apoya la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página setecientos cincuenta y dos, tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Si contra la resolución reclamada en amparo procedía un recurso ordinario, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva, sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el quejoso haya hecho valer ese recurso y el mismo le haya sido desechado, porque el consentimiento tácito de esta repulsa, no puede revestirla de legalidad." Al respecto, tampoco resulta trascendente el hecho de que el recurso de apelación de que se ha hablado, como medio ordinario de defensa que la parte quejosa debió agotar antes de acudir a este juicio, no suspenda el procedimiento de origen, dado que esa sola circunstancia tampoco da lugar a que se exceptúe agotar tal medio ordinario de defensa, porque tal evento no se encuentra contemplado como una excepción al principio de definitividad en materia jurisdiccional. Tampoco puede estimarse que por el hecho de que la ley establezca un medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, se deje en estado de indefensión a la parte quejosa y que se le prive de un derecho sustantivo durante el proceso, pues válidamente podría haber agotado tal medio de defensa haciendo valer los argumentos que estimara pertinentes y con posterioridad, de ser el caso, promover el juicio de amparo indirecto. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por tanto, si el quejoso, omitió agotar dicho principio que rige en el juicio de amparo, consistente en hacer valer contra la materia de reclamo a través del recurso de apelación previsto en el artículo 736 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, previo a la promoción de esta instancia constitucional, lo que procede con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza las hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. VI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se tiene como su domicilio procesal el ubicado en "********************"; asimismo, se tienen como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Respecto del correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente se tienen como medios de contacto, para los efectos legales conducentes. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.

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