Mario Benítez Hernández

Expediente 1553/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1553/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Mario Benítez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, así como un tomo de pruebas que se acompaña; ello toda vez que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, declinó competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo 321/2023 de su índice. estos del Consejo de la Judicatura Federal. Determinación de competencia y acuse. Con fundamento en los artículos 16 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, comuníquese al órgano jurisdiccional declinante que este juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Solicitud de incidente de suspensión y acceso a expediente electrónico. Solicítese de la manera más atenta al juzgado declinante, que de no tener inconveniente alguno, remita los cuadernos incidentales derivados del juicio de referencia, a este órgano jurisdiccional. Asimismo, solicítese que de no existir inconveniente legal alguno, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autorice la consulta del expediente electrónico del expediente que se declina competencia, a fin de poder vincularlo al juicio de amparo en que se actúa y estar en condiciones de consultar la totalidad de sus actuaciones. Ministerio Público de la Federación. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de Distrito la intervención legal que le confiere el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga el permiso correspondiente a la representante social, a efecto de que pueda consultar el expediente electrónico con el usuario "*******", toda vez que es un hecho notorio para este juzgador que en diversos expedientes ha solicitado el acceso para consulta electrónica bajo el referido usuario, por lo que se instruye el alta correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se deja sin efectos audiencia celebrada y se da vista al quejoso para ampliar. Visto el estado procesal que guardan los autos, no obstante que se advierte que se llevó a cabo la audiencia constitucional, en términos del numeral 124 de la Ley de Amparo, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2008, determinó que, cuando un juez de Distrito celebra la audiencia constitucional en sus etapas de pruebas y alegatos, y a raíz de una incompetencia superveniente, declina el conocimiento del asunto, aquél que acepte la competencia deberá limitarse a reconocer la validez de las etapas celebradas y dictar la sentencia correspondiente. Ello, dijo la Sala, atendiendo al principio de unidad que rige la audiencia respectiva, además de prevalecer una justicia pronta y expedita. Sin embargo, de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento, se puede advertir que la excepción a la regla, se refiere cuando el juzgador que recibe el sumario advierta una irregularidad que deba ser subsanada. No obstante lo anterior, el nuevo Juez especializado al ser competente para resolver el asunto, puede también decidir si se reúnen todos los presupuestos procesales que le permitan dirimir la litis constitucional respectiva o si, en su caso, debe regularizar el procedimiento mediante la reposición de alguna actuación previa a la audiencia constitucional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que indica: Lo previsto en el precepto transcrito radica en que el beneficio que se busca a favor de las partes, consistente en dejar insubsistente la sentencia recurrida, sin que tal determinación alcance la audiencia constitucional, no puede llegar al extremo de que esta última conserve su validez aun cuando el expediente no se encuentre debidamente integrado a juicio del órgano jurisdiccional competente para resolverlo, en virtud de que tal situación sería, en todo caso, en detrimento de las partes, pues cabría la posibilidad de que, en revisión, se ordenara la reposición del procedimiento, siendo que tal situación puede evitarse si desde el momento en que reciba los autos el Juez de Distrito competente, revisa lo actuado en el juicio de garantías, a fin de que, en caso de que encuentre motivo que lo justifique, en alcance de la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito, deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes, con el propósito de que el juicio de amparo se integre adecuadamente. Esta facultad otorgada al Juez competente, no implica soslayar el principio jurídico de que ningún Juez puede revocar sus propias determinaciones, habida cuenta de que él no realizó la audiencia constitucional ni llevó a cabo las actuaciones que, en su caso, dependiendo de las constancias de autos, decida dejar insubsistentes en alcance de lo resuelto por el Tribunal Colegiado." [resaltado propio] En esas condiciones, es válido sostener que el juzgador que reciba un juicio de amparo por incompetencia donde se ha celebrado la audiencia constitucional, puede dejar insubsistente la misma, únicamente cuando advierta irregularidades cometidas en el procedimiento previo al dictado de la misma, ello privilegiando el principio de justicia pronta, pues de no actuar así se correría el riesgo de que sea hasta una instancia superior [revisión] cuando se detecte la irregularidad, lo que invariablemente conllevaría al mismo resultado (dejar insubsistente la audiencia constitucional) por lo que, si el juez advierte esa circunstancia está en condiciones de actuar en consecuencia. Hecha la acotación anterior, es preciso decir que de las constancias del juicio de amparo que se recibe, se advierte del informe justificado rendido por la autoridad responsable, que también pudiera recaer el carácter de autoridad responsable respecto del acto reclamado en el escrito inicial de demanda a la Actuaria adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos. Por tanto, con fundamento en el artículo 111, en relación con el 17, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, precise si desea señalarla como autoridad responsable; en el entendido que, de ampliar la demanda, deberá cumplir los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia y exhibir copias de su demanda de amparo, para su debido emplazamiento, asimismo, deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito de ampliación para cada una de las partes en este asunto; con el apercibimiento que de no hacer ninguna manifestación al respecto dentro del término concedido, se continuará con la secuela normal del presente procedimiento hasta su total resolución, respecto de los actos reclamados y autoridades que ya son parte de la tramitación del presente asunto. Audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se señalan las once horas con veintiún minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Infórmese a las partes que si es su deseo participar en la mencionada diligencia, ésta podrá llevarse a cabo a través del método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX", por lo que, de ser así, con la finalidad de preparar el desahogo y agendar en el programa respectivo su celebración a través del Coordinador Técnico Administrativo adscrito, deberán proporcionar, con al menos veinticuatro horas de anticipación, un correo electrónico al que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente; en la inteligencia de que si con ello se ve comprometido el desahogo de diversa diligencia agendada previamente para desahogarse por dicho medio, se le dará prioridad a ésta, asimismo, en caso de que las altas cargas de trabajo de este juzgado de Distrito no permitan el inicio de la audiencia mediante el sistema de video conferencia, de resultar procedente, se diferirá y señalará nueva fecha. Lo anterior, sin menoscabo de que la audiencia constitucional pueda llevarse a cabo con los escritos de alegatos presentados por las partes. Requerimientos y apercibimientos a la autoridad responsable. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, toda vez que ya obra agregado en autos, sin embargo, hágase del conocimiento de la misma la presente determinación, para los efectos legales conducentes. En otro aspecto, con fundamento en los artículos 1, 3, 8, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 34, 35, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características.

  2. Principal

    Cúmplase.

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