Mario Augusto Martínez Uribe
Expediente 648/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Mario Augusto Martínez Uribe
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve sin diligenciar la comunicación oficial 285/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por las razones que expone. En tales condiciones notifíquese mediante la lista fijada en los estrados de este órgano federal el auto de seis de junio de dos mil veintidós a la parte quejosa; asimismo, las subsiguientes notificaciones, aun las de carácter personal, le deberán surtir efectos por el mismo medio, hasta en tanto señale diverso domicilio dentro de la residencia de este órgano de control constitucional (Naucalpan de Juárez). Notifíquese. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mario Augusto Martínez Uribe, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico con el número 648/2022-I que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO El acto reclamado por el impetrante en esta instancia constitucional consiste en: La orden de aprehensión girada en su contra así como su ejecución. Así, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las documentales aportadas, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por haber sido consentido tácitamente el acto combatido. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en la demanda de amparo, particularmente de los antecedentes específicamente del marcado con el numeral 1, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, le hicieron de su conocimiento supuestos policías municipales que contaba con una orden de aprehensión en cumplimiento a un exhorto de la Ciudad de México; aseveración que se traduce en confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio. Por tanto, es aplicable, el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo que, tomando en consideración que la fecha en que tuvo conocimiento del acto que combate (treinta y uno de marzo del presente año), resulta evidente que transcurrió en exceso el término genérico de quince días que prevé la Ley de Amparo para presentar su demanda, pues el plazo transcurrió del uno al veintiséis de abril de dos mil veintidós y el ocurso constitucional fue depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta el uno de junio de dos mil veintidós, por lo que ha consentido tácitamente el acto que reclama. Ante tal situación, es evidente que si la quejosa asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es preciso destacar que el acto aquí combatido no está comprendido en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que hace alusión el artículo 17 de la normatividad de la materia, pues no se impugnan normas generales autoaplicativas ni el procedimiento de extradición, tampoco es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. Sin que en la especie proceda requerir al impetrante para que manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que lo describió al narrar los antecedentes de éste; por tanto, no se soslaya el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la foja 2886 del Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número 2007769, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)] En las relatadas condiciones, al ser esta causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle de Dallas, número 85, piso tres, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03810, en consecuencia, con fundamento en los artículos 24, 26, 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa por conducto de quien tenga injerencia en el presente asunto en el domicilio antes mencionado y le corra traslado con copia simple del presente proveído. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. AUTORIZADOS Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mario Augusto Martínez Uribe, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico con el número 648/2022-I que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional. DESECHAMIENTO El acto reclamado por el impetrante en esta instancia constitucional consiste en: La orden de aprehensión girada en su contra así como su ejecución. Así, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las documentales aportadas, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por haber sido consentido tácitamente el acto combatido. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, en la demanda de amparo, particularmente de los antecedentes específicamente del marcado con el numeral 1, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, le hicieron de su conocimiento supuestos policías municipales que contaba con una orden de aprehensión en cumplimiento a un exhorto de la Ciudad de México; aseveración que se traduce en confesión expresa en términos del numeral 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuyo valor probatorio es pleno, conforme lo dispuesto por el numeral 200 de ese ordenamiento legal, por tratarse de un hecho que le es propio. Por tanto, es aplicable, el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Por lo que, tomando en consideración que la fecha en que tuvo conocimiento del acto que combate (treinta y uno de marzo del presente año), resulta evidente que transcurrió en exceso el término genérico de quince días que prevé la Ley de Amparo para presentar su demanda, pues el plazo transcurrió del uno al veintiséis de abril de dos mil veintidós y el ocurso constitucional fue depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta el uno de junio de dos mil veintidós, por lo que ha consentido tácitamente el acto que reclama. Ante tal situación, es evidente que si la quejosa asumió una actitud pasiva y dejó pasar el tiempo sin ejercer la acción constitucional, con su actuar consintió tácitamente el acto reclamado; de ahí la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es preciso destacar que el acto aquí combatido no está comprendido en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo a que hace alusión el artículo 17 de la normatividad de la materia, pues no se impugnan normas generales autoaplicativas ni el procedimiento de extradición, tampoco es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. Sin que en la especie proceda requerir al impetrante para que manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, toda vez que lo describió al narrar los antecedentes de éste; por tanto, no se soslaya el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la foja 2886 del Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número 2007769, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)] En las relatadas condiciones, al ser esta causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 113 de la normatividad de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: calle de Dallas, número 85, piso tres, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03810, en consecuencia, con fundamento en los artículos 24, 26, 27, fracción II y III de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa por conducto de quien tenga injerencia en el presente asunto en el domicilio antes mencionado y le corra traslado con copia simple del presente proveído. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Asimismo, se faculta al juez que reciba la presente comunicación oficial para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la antes señalada. AUTORIZADOS Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Mario Ángeles Barreto178/2019
- Mario Ángeles Barreto574/2022
- Mario Antonio González Dulche962/2023
- Mario Ariel Juarez Rodriguez595/2019
- Mario Arturo Martínez Gómez354/2018
- Mario Augusto Martinez Uribe1261/2018
- Mario Casas Soto20/2022
- Mario Casas Soto19/2022
- Mario Daniel Hernández Vázquez885/2022
- Mario Dimas Valdez151/2023
- Mario Eduardo Mendoza Vazquez159/2023
- Mario Enrique Olvera Berber1362/2023