Mario Aslan Coss Olivares

Expediente 350/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
350/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Mario Aslan Coss Olivares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta población, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben (foja 2): "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Secretaría de Trabajo y Previsión Social con domicilio en . residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y Junta Especial Número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en la calle ********************, sector centro, en esta ciudad." "IV. ACTO RECLAMADO. El que las Autoridades señaladas como responsables sean omisas en acordar la demanda presentada ante la segunda el día . 26 de noviembre del 2019 y la primera en sustento a las normatividades correspondientes vinculativas con la segunda, contraviniendo la Ley Federal del Trabajo." La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en el artículo 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; y mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite quedando registrada con el número ********************; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, a la postre, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, puesto que las conductas reclamadas son de naturaleza omisiva, las cuales carecen de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados.". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito de demanda de amparo, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y en general de todas las constancias que obran en autos, se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas: La omisión de acordar el escrito de demanda laboral presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas: La omisión de conminar a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que cumpla con sus funciones y atribuciones los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Como la existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, procede analizar los informes justificados rendidos por las responsables, así como las documentales remitidas en justificación de sus actos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala del Tribunal Constitucional, visible en la página 95, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Materia Común, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Es inexistente el acto reclamado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al atribuirle el carácter de superior jerárquico de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad. En efecto, es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las Juntas y tribunales laborales de todo orden forman parte de una estructura orgánica administrativa, encargada de la aplicación de las normas de trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se encuentran involucrados el Poder Ejecutivo y el secretario de Trabajo, correspondiente, pero solo en una relación restringida únicamente a lo meramente administrativo. Por tanto, en el ámbito jurisdiccional, atendiendo a la autonomía de la que gozan las Juntas y los tribunales laborales de todo orden, éstas no se encuentran sometidos a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir. Tales argumentos dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materias Común y Laboral, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000099, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." En consecuencia, es inexistente la conducta atribuida a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en virtud que no tiene el carácter de superior jerárquico de la Junta responsable. En las narradas circunstancias, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo lo que procede es sobreseer en el presente juicio en relación a la conducta reclamada a la autoridad citada en el párrafo que antecede, que se hizo consistir en la omisión de conminar a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que cumpla con sus funciones y atribuciones los términos que establece l a Ley Federal del Trabajo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierta la conducta reclamada a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de demanda laboral presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, toda vez que así se desprende del informe justificado rendido por dicha autoridad y de las constancias que remitió en apoyo a éste, a las que se le da valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo el estudio de fondo del asunto, debe analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento además del fundamento citado en el párrafo que antecede, en la tesis jurisprudencial número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio este juzgado de Distrito estima que respecto a la conducta reclamada a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de demanda laboral presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo [cesación de efectos del acto reclamado], que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a su informe justificado, de la que destaca, en lo que aquí interesa, la siguiente: I. El proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda laboral presentada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y se ordenó su registro en el libro de gobierno bajo el expediente ********************, asimismo, se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones [fojas 15 y 16]. De las constancias reseñadas se colige que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se acordó lo conducente en torno a la promoción presentada el veintiséis del citado mes y año, por la parte actora aquí impetrante; circunstancia que hace evidente que la conducta reclamada -la omisión de acordar el escrito de demanda laboral presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve-, ha cesado en sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, esto es, con antelación a que se emitiera el acuerdo de admisión de la demanda laboral ********************, presentada por el quejoso el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos de la conducta omisiva reclamada, restituyéndose al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si la omisión reclamada no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos de la conducta materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud del sentido que rige la presente sentencia, no se analizarán los razonamientos tendentes a demostrar la violación de garantías que en sus conceptos de violación plantea la parte quejosa respecto de las conductas que reclama, y que constituye el problema de fondo, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio respecto del mismo. Lo antes dicho se encuentra sustentado en la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." SEXTO. Publicación de sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos y respecto de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por los motivos precisados en los diversos puntos considerativos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se agrega oficio. Cúmplase.

  3. Principal

    "...se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con un minuto del tres de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma..."-4

  4. Principal

    En virtud de que no obra en autos la tarjeta acuse de recibo en la que conste que la autoridad responsable foránea, haya sido notificada del proveído de veintinueve de noviembre del presente año, para que esté en aptitud de rendir su informe de ley, para dar lugar a que la autoridad responsable se imponga del acuerdo en mención, se difiere la audiencia constitucional programada para hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y un minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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