Mario Arturo Osalde Manzanero
Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Mario Arturo Osalde Manzanero
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por *****, contra los actos que reclama de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el cuarto. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por ****, contra los actos que reclama de las autoridades precisadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el QUINTO. Notifíquese y líbrense los oficios correspondientes.
- Incidental
Vista la copia de la demanda de amparo que obra en autos; como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1007/2023-I-B, promovido por ********************, contra los actos que atribuye al Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Requerimiento de informes previos y señalamiento de audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda, a la autoridad señalada como responsable y pídasele el informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, los informes previos de las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Ahora, toda vez que el nueve de mayo del año en curso, se publicó el Decreto por el que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se concluye con el esquema establecido en relación a los medios electrónicos -correo institucional-; por tanto, los informes previos deberán ser remitidos de forma física ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal, o bien, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como por interconexión -con FIREL- o correspondencia, para que surtan sus efectos legales. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les hagan surtirán todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, para el caso de diferimiento de la audiencia incidental, resulta innecesario notificarle, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/expedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Precisión del acto reclamado para resolver sobre la suspensión provisional. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la peticionaria de amparo hace consistir el acto reclamado en: La falta de notificación y emplazamiento al juicio hipotecario ********************y como consecuencia la orden de entrega y desocupación del bien inmueble ubicado en ********************. Petición de parte respecto a la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados y, en su momento, la definitiva; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado. Toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia del acto reclamado, deberá atenderse, en forma preliminar, únicamente a lo expuesto por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo, así como las pruebas que en su caso hubiese aportado. De ahí que, bajo ese argumento, es suficiente para tener demostrada la existencia de los actos reclamados en esta vía. Efecto para el que se pretende la suspensión solicitada. Cabe señalar que, en el capítulo de suspensión del acto reclamado inmerso en el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión en los términos siguientes: "Es procedente y así lo solicito se me conceda la SUSPENSION PROVISIONAL y en su caso la DEFINTIVA DEL ACTO RECLAMADO en los términos de los artículos 125, 127, 128, 130, 136 y 139 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, ya que existe peligro inminente de que dicha resolución se ejecute y se me desposea del inmueble que Arrendo, pues de lo contrario me causaría un acto de difícil reparación, en el entendido de que con el otorgamiento de la suspensión solicitada no se afecta al interés social ni se transgreden normas de orden público, por lo que es procedente su concesión." Como se ve, la parte promovente solicita suspensión de los actos reclamados. Resulta pertinente destacar que la parte quejosa acreditó el interés suspensional que tiene para obtener la medida cautelar, al menos de manera indiciaria, de acuerdo con el original del contrato de arrendamiento celebrado el siete de septiembre del dos mil veintidós. Lo anterior, encuentra sustento con la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo LXXXII, Quinta Época, pagina 1881, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO, PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. Cuando se trata de acreditar el interés jurídico que al quejoso le asiste para solicitar la suspensión, la jurisprudencia relativa sólo exige que se acredite presuntivamente, con un principio de prueba ese interés, y si la autoridad responsable afirma que la copia simple del documento corresponde al original que presentó el interesado con su demanda de amparo, basta este elemento de convicción para presumir el interés que tiene el quejoso al solicitar la medida, sin que sea necesario presentar copia certificada del original." Suspensión provisional respecto a la falta de emplazamiento al juicio de origen. En ese tenor, respecto a la falta de notificación y emplazamiento al juicio de origen, se obtiene que reviste la naturaleza de omisivo, entendiéndose por tal aquella abstención de la autoridad que se produce al no realizar el acto que la ley le ordena. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada, en virtud de que el acto reclamado tiene la naturaleza de omisivo, mismo que no puede ser materia de la medida cautelar prevista por la ley reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquélla tiene por objeto paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio y, en el caso concreto, lo que se reclama es un no hacer de la autoridad, traducido en que no emplazó al quejoso al juicio de origen, por ello no se actualizan los extremos previstos en la ley para la concesión de la suspensión que se solicita, pues de concederse se estaría otorgando efectos restitutorios mismos que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, tal como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1912, octubre de 2013, libro XXV, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio.". Igualmente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada a página 214, Tomo V, Abril de 1997, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada.". Suspensión provisional respecto a la orden de desocupación y entrega de la posesión del predio ubicado en ********************. Como la medida suspensional solicitada, por cuanto a las consecuencias derivadas del procedimiento en donde se decretó la orden de desocupación del bien inmueble referido, no contraviene ninguna disposición de orden público ni puede causar una afectación al interés social con la misma; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138, 150 y 151 de la referida ley de la materia, procede conceder la suspensión provisional, para el efecto de que la parte quejosa no sea privada de la posesión del predio ubicado en ********************; ni sea puesto a disposición de tercera persona, ni autoridad distinta de las señaladas como responsables, lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva en el presente incidente sobre la suspensión definitiva. Garantía para que pueda seguir surtiendo efectos la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 132 y 139 de la Ley de Amparo, la medida cautelar habrá de surtir sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el quejoso no exhibe dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas previstas por la Ley, preferentemente en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, en el cual deberá aparecer como depositante el quejoso, lo anterior, para garantizar los posibles daños y perjuicios que con la concesión de esta medida suspensional, se pudiera ocasionar a los terceros interesados. Asimismo, dicho billete de depósito deberá contener los requisitos siguientes: 1] Nombre del quejoso. 2] Número de expediente dentro de que se gestiona la garantía. 3] Juzgado ante el que se otorga la garantía. 4] Concepto para el cual se exhibe la garantía. 5] Importe por el cuál se expidió el certificado para otorgar la garantía. 6] Fecha de expedición del certificado. Para el caso de que la parte quejosa exhiba ante este órgano de control constitucional la garantía anteriormente impuesta en efectivo, es necesario que señale los siguientes datos solicitados por el Banco del Bienestar para su canje: 1] Nombre completo del quejoso. 2] Sexo. 3] Relación con titular. 4] Constancia Única de Registro de Población (CURP). 5] Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC). 6] Estado Civil. 7] Ocupación o Profesión. 8] Actividad o giro del negocio. 9] Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa). 10] Lugar de Nacimiento (localidad) 11] Estado, País, Nacionalidad. 12] Domicilio actual (Número exterior, número interior, Colonia, Localidad, Municipio, Estado, Código Postal). 13] Teléfono. Lo anterior, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la ley de la materia, cantidad que se fija de manera discrecional, por no contar con la información para decretarla en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, misma que podrá variar si con posterioridad aparecen las circunstancias que así lo ameriten. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis jurisprudencial VI.2º .C. J/274, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1182, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS DICHA MEDIDA CAUTELAR DEBE SUSTENTARSE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, EN LAS PRESTACIONES EXIGIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO, PUES DE LO CONTRARIO INFRINGE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE LA MATERIA. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 125 de la Ley de Amparo queda al prudente arbitrio del Juez de Distrito establecer el monto de la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva solicitada, también lo es que ello no implica que pueda actuar de manera caprichosa, sino que debe sujetarse a ciertas reglas, entre otras, la de motivar su determinación, ponderar la naturaleza de los actos reclamados, tomar en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emane el acto reclamado, así como los datos que arrojen las pruebas rendidas, y aquellas que las partes suministren para calcular aproximadamente los daños y perjuicios que con la suspensión del acto reclamado y sus efectos pudiera resentir el tercero perjudicado. Consecuentemente, si el Juez de Distrito a quo establece una fianza desproporcionada y excesiva respecto de las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana el acto reclamado, es inconcuso que infringe la disposición legal citada." Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba la siguiente: Original del contrato de arrendamiento celebrado entre ********************y ********************, el siete de septiembre de dos mil veintidós. Misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia incidental. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no contar con cedula registrada en el sistema. Habilitación de días y horas hábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones en el expediente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que las actuarias de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En acatamiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y líbrense los oficios correspondientes.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** por la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Electrónico bajo el número 1007/2023-I-B, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, con copia de la demanda de amparo, apertúrese por separado únicamente en original el incidente de suspensión, sin que haya lugar a ordenar la apertura de su duplicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Dése la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. En consecuencia, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Ahora, toda vez que el nueve de mayo del año en curso, se publicó el Decreto por el que se declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se concluye con el esquema establecido en relación a los medios electrónicos -correo institucional-; por tanto, los informes justificados deberán ser remitidos de forma física ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal, o bien, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como por interconexión -con FIREL- o correspondencia, para que surtan sus efectos legales. Asimismo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes justificados manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa, o bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II y 28, fracción I y II, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su superior jerárquico, representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a la parte quejosa que, en caso de que cesen los efectos de los actos reclamados o tenga conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; apercibida la parte quejosa que, de no hacerlo, se le impondrá multa por $3,112.20 (tres mil cientos doce pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa aportando como medio de convicción la documental consistente en: Original del contrato de arrendamiento celebrado entre ********************y ******************** el siete de septiembre de dos mil veintidós. Misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y será tomada en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Respecto al emplazamiento de quien o quienes les pudiera resultar el carácter de tercero interesado, se reserva acordar lo que en derecho corresponda, hasta en tanto obren los informes justificados y constancias que así lo acrediten. Por otra parte, se tiene como domicilio para oir y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no contar con cedula registrada en el sistema. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y líbrense los oficios correspondientes
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