Mario Arturo Mata Zenteno

Expediente 1129/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1129/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Mario Arturo Mata Zenteno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Atento a lo anterior, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual, se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el veinticuatro de septiembre del año en cita, se dictó la audiencia constitucional correspondiente en que resolvió sobreseer el presente juicio de amparo. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de las constancias de notificación a la parte actora y una de las partes demandadas respecto del laudo emitido en el juicio laboral de origen. Se toma conocimiento de lo informado, y se ordena dar vista a las partes, por el plazo de tres días con las constancias de mérito, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos de lo dispuesto en los artículos 66 y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Pruebas Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Requerimiento. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la actuaria de su adscripción refirió encontrarse imposibilitada para notificar el laudo correspondiente a una de las demandadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla para que, en el plazo de tres días informe cuál fue la determinación que adoptó en atención a la razón de imposibilidad referida y remita copia certificada de la misma. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del plazo señalado, se le impondrá multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Autoridad informa. La Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, informa que en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en autos, una vez que se reanuden los plazos en la Junta en comento, serán realizadas las notificaciones requeridas y remitida a esta autoridad la copia certificada correspondiente. Se toma conocimiento de lo informado. Notifíquese.

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