Mario Arturo González Hernández

Expediente 403/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
403/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2019

Partes del expediente

  • Mario Arturo González Hernández
  • José de Jesús Méndez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido el oficio 9532/2019, signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; a través del cual, en cumplimiento al proveído de nueve de mayo del año en curso, rinde el informe requerido en relación a la suspensión de plano concedida por este tribunal a los quejosos; ahora bien, toda vez que este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Mario Arturo González Hernández, José de Jesús Méndez Vargas y Moisés Chacón Vargas; previa copia simple que se deje en autos, remítase al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, para los efectos legales a que haya lugar, por ser este órgano el que aceptó la competencia planteada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos el oficio 32201/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, a través del cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en el presente asunto. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existe diligencia alguna por desahogar, mandato pendiente de cumplimentar, ni promoción alguna por acordar; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, dado que el presente asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto primero, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido el presente cuaderno a partir del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, previo el cumplimiento de los requisitos que prevé el punto vigésimo cuarto del propio acuerdo general. Finalmente, como está ordenado en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, previa copia que se deje en autos, remítase al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, el telegrama signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, a través del cual rinde el informe en relación a la suspensión de plano concedida por este tribunal a los quejosos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 27474/2019, signado el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 228/2019-III, librado a efecto de notificar al quejoso Mario Arturo González Hernández, en su carácter de representante común, el proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve; en tal razón, de conformidad con lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos; asimismo, se ordena dar de baja de la estadística de este juzgado federal la citada comunicación oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Mario Arturo González Hernández, José de Jesús Méndez Vargas y Moisés Chacón Vargas, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco y de otras autoridades, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 403/2019-III y fórmese expediente. Aquí, ha de precisarse que, en virtud de que la demanda de amparo que nos ocupa es promovida por varios quejosos, en términos del dispositivo 13 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional designa como representante común a Mario Arturo González Hernández; de ahí que, las notificaciones que ameriten notificarse de manera personal, deberán entenderse únicamente con éste. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión de los actos reclamados consistentes en la falta e inadecuada atención médica otorgada a los quejosos Mario Arturo González Hernández, José de Jesús Méndez Vargas y Moisés Chacón Vargas, respecto de los padecimientos que presentan, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar el servicio requerido de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello con la finalidad de preservar su derecho humano a la salud. Además, deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión; apercibidas que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras en forma individual a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro persona. Dada la urgencia del caso, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la legislación de la materia, se ordena que la notificación del presente acuerdo a las autoridades responsables, se realice por la vía fax. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, consultable en la página 1421 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo." En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este tribunal se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por los quejosos, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado la falta e inadecuada atención médica por parte del Director General, del Comité Técnico y del Director de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, lugar en que se encuentran recluidos, debido a que han estado solicitando atención médica para sus padecimientos y no les han dado una solución. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que los actos reclamados tienen ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este juzgado. En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentran privados de su libertad los quejosos Mario Arturo González Hernández, José de Jesús Méndez Vargas y Moisés Chacón Vargas (Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco), por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de reclusión de los agraviados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2º.P.16 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2016, tomo III, Libro 32, página 2093, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juzgado de Distrito en turno de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, lugar en el que se encuentran recluidos los peticionarios del amparo. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juzgado de Distrito en turno de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, con el propósito de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito en turno de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este tribunal, ordene a quien corresponda se constituya en el citado centro de reclusión y previa localización de Mario Arturo González Hernández, en su carácter de representante común de la parte quejosa, le notifique el presente acuerdo. Asimismo, se faculta al juez exhortado para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr la notificación ordenada y así conseguir el objeto para el que se libra el exhorto de mérito; hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.

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