Mario Armas Santana

Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
434/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • Mario Armas Santana

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. SE AGREGA ACUSE DE RECIBO Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, mediante el cual acusa de recibo del oficio con el cual este órgano jurisdiccional, le remitió vía incompetencia los autos del juicio de amparo 434/2019-1A, promovido por MARIO ARMAS SANTANA, del índice de este juzgado, avocándose dicha autoridad al conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. CALIFICACIÓN DEL CUADERNILLO Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la indicación que el cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual de referencia anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA FIJADA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCION I, INCISO C), A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. INCOMPETENCIA Vista la demanda de amparo promovida por MARIO ARMAS SANTANA, contra actos de los Magistrados de la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno, con el número 434/2019-1A. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo, es indispensable establecer en primer término que la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." SE DECLINA COMPETENCIA Como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para conocer de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente corresponde conocer al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal, señalando como autoridades responsables a los Magistrados de la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California con sede en esta ciudad -Autoridad Ordenadora- y Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, Baja California, quien conoce la causa penal 688/2018. -Autoridad Ejecutora-. El quejoso reclama en esencia, la confirmación del auto de vinculación a proceso de quince de mayo de dos mil diecinueve, dentro del toca penal 076/2019 emitida por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, respecto al auto de vinculación a proceso de veintitrés de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en su contra, por el delito de abuso sexual a menores de catorce años agravado por razón de parentesco, dentro de la causa penal 688/2018 del índice del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada, Baja California. Ahora bien, el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), estableció: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (Lo subrayado es propio). De los argumentos expuestos, se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquel en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca del proceso penal en el que se ejecuta el acto reclamado, pues si bien de la demanda de amparo, no se advierte que el directo quejoso se encuentre actualmente en prisión preventiva, lo cierto es, que la autoridad responsable ejecutora Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada, Baja California, es quien deberá realizar los actos en la causa penal 688/2018, que en su caso pudiesen ordenarse con motivo del dictado de la sentencia de amparo que en su momento se dicte. Por lo tanto, siguiendo lo establecido por la Jurisprudencia antes transcrita, se advierte que el Juez de Distrito competente para substanciar la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquél en cuya jurisdicción reside el juez natural, pues éste, es quien asume el carácter de ejecutora del acto reclamado al tener que acatar lo ordenado por su superior jerárquico (en este caso la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California). En tal virtud, en razón de que el proceso penal 688/2018, de donde deriva el acto reclamado, está radicado en el Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Ensenada, Baja California, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Con base en lo anterior, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, y el punto Cuarto, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente competente para conocer del asunto en cuestión, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, en turno, dado que los efectos de la resolución reclamada se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del Juez de la causa al que el procesado está sometido. En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. AUTORIZADO Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio que señala el quejoso para efectos de oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Confianza número 2193, de la Colonia Casa Digna de esta ciudad, y por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Alberto Rodríguez Rosales, así como para oír y recibir notificaciones a las personas citadas en el ocurso de cuenta. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.

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