Mario Armando Cordova Rodríguez
Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Mario Armando Cordova Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 28 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Fiscal adscrito informa trámite. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio del Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante el cual informa que envió al Supervisor de Ventanilla Única de Atención en el Estado de Guanajuato de la Fiscalía General de la República, las copias certificadas del presente juicio de amparo, a fin de que inicie la carpeta de investigación correspondiente por los hechos constitutivos de posible delito de tortura o maltrato; en consecuencia, téngase por desahogada la vista que se le dio al Fiscal oficiante en la determinación de veintiocho de marzo y por cumplido el requerimiento que le fue formulado en dicha actuación. Fenece término para promover inconformidad. En razón de lo anterior y vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de veinticinco de marzo dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: En sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado sobreseyó en el juicio en que se actúa y negó el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al resolver el amparo en revisión 15/2021 de su índice confirmó el sobreseimiento decretado y modificó la negativa antes señalada para conceder amparo y la protección de la justicia federal solicitados, aunado a que se concedió la suspensión de plano. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y tomando en consideración lo manifestado por el representante social, se colige que dentro del presente asunto no existe diligencia pendiente por realizar o cumplimentar en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Requerimiento a las partes quejosa y tercero interesada. Se previene a las partes quejosa y tercera interesada para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidos que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa y tercera interesada que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
Fiscal adscrito informa trámite. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio del Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante el cual informa que envió al Supervisor de Ventanilla Única de Atención en el Estado de Guanajuato de la Fiscalía General de la República, las copias certificadas del presente juicio de amparo, a fin de que inicie la carpeta de investigación correspondiente por los hechos constitutivos de posible delito de tortura o maltrato; en consecuencia, téngase por desahogada la vista que se le dio al Fiscal oficiante en la determinación de veintiocho de marzo y por cumplido el requerimiento que le fue formulado en dicha actuación. Fenece término para promover inconformidad. En razón de lo anterior y vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de veinticinco de marzo dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: En sentencia de diez de febrero de dos mil veintiuno, este juzgado sobreseyó en el juicio en que se actúa y negó el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al resolver el amparo en revisión 15/2021 de su índice confirmó el sobreseimiento decretado y modificó la negativa antes señalada para conceder amparo y la protección de la justicia federal solicitados, aunado a que se concedió la suspensión de plano. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y tomando en consideración lo manifestado por el representante social, se colige que dentro del presente asunto no existe diligencia pendiente por realizar o cumplimentar en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Requerimiento a las partes quejosa y tercero interesada. Se previene a las partes quejosa y tercera interesada para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidos que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa y tercera interesada que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponible dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de veinticinco de febrero pasado, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, remitiendo testimonio relativo al amparo en revisión 15/2021, en el que resolvió: ".PRIMERO.- Queda firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero, en relación con los considerandos tercero y sexto de la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Queda intocado el resolutivo tercero de la sentencia recurrida en términos del considerando sexto de esta ejecutoria. TERCERO.- Es fundado el presente recurso de revisión. CUARTO.- En la materia del recurso, se modifica la sentencia pronunciada el diez de febrero de dos mil veintiuno, por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, al resolver el juicio de amparo 727/2020-II de su índice. QUINTO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Armando Córdova Rodríguez, contra el acto reclamado del Juez Cívico en Turno de la Delegación Poniente, en la ciudad de León, Guanajuato, consistente en el arresto administrativo decretado en la audiencia celebrada a la 1:46 horas del once de diciembre de dos mil veinte, en las actuaciones del procedimiento administrativo sancionador por virtud del cual, el presunto infractor fue sancionado en términos del numeral 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. El amparo se concede por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta ejecutoria y para los efectos precisados en el diverso octavo de la misma". En tal virtud, en el caso particular se tiene que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: ".el Juez Cívico en Turno de la Delegación Poniente en la ciudad de León, Guanajuato, deje insubsistente el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del quejoso, así como todas sus consecuencia jurídicas y materiales, entre ellas, el arresto por el lapso de veinte horas que le fue impuesto en términos del artículo 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, el cual no aparece que haya sido ejecutado en su totalidad pues de la hora de retención del ahora quejoso a la en que quedó en libertad, no transcurrió el término de veinte horas". Ahora, mediante oficios 3463 a 3470 de veinticinco de febrero del año en curso, dirigidos a las autoridades responsables, se les comunicó la recepción del testimonio del amparo en revisión antes reseñado y, por tal motivo, se les requirió su cumplimiento. Luego, el ocho de marzo de dos mil veintidós, se recibió en este Juzgado Federal el oficio suscrito por la autoridad responsable Juez Cívico en turno adscrito a la Delegación Poniente de esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y acompañó las constancias respectivas, por lo que en auto de diez siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera. La solicitante del amparo no hizo manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien, si la autoridad responsable incurrió en exceso, defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192174, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando las autoridades responsables dejan de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando las responsables se extralimitan en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando las responsables acatan todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que el Juez Cívico responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que se atendieron todos y cada uno de los aspectos definidos en el fallo protector, lo anterior, con base en lo siguiente: En la sentencia amparadora se precisó que la mencionada potestad debía dejar jurídicamente insubsistente el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del quejoso Mario Armando Córdova Rodríguez, así como todas sus consecuencia jurídicas y materiales, entre ellas, el arresto por el lapso de veinte horas que le fue impuesto en términos del artículo 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. Ahora, de las constancias remitidas por el Juez Cívico adscrito a la Delegación Poniente de esta ciudad, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, porque de la boleta de control 1317379, se obtiene que en acato a la ejecutoria de amparo se dejó insubsistente el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del aquí quejoso, así como todas sus consecuencias jurídicas y materiales, entre ellas, el arresto por el lapso de veinte horas que le fue impuesto en términos del artículo 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. En consecuencia, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observó que todos y cada uno de los efectos de la misma fueron cumplidos por las autoridades responsables. Del mismo modo, se aprecia que no se incurrió en defecto, puesto que no se omitió dar cumplimiento a alguna parte del fallo constitucional, pues como se dijo, se observaron todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se advierte extralimitación de funciones (exceso), porque el proceder de las responsables se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la impetrante en su derecho fundamental violado. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Asimismo, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza procesal, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Vista al Ministerio Público de la adscripción. Finalmente, toda vez que la superioridad dejó intocado el resolutivo tercero de la sentencia recurrida, con copia íntegra de las constancias que integran el presente juicio de amparo y con la obligación que impone a este Juzgado Federal el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (que establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato), así como la plena observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, específicamente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como los numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes de acuerdo al considerando cuarto de la mencionada sentencia, esto es, para que, a su vez, dé vista a las autoridades investigadoras correspondientes en el ámbito de su competencia sobre un posible hecho de tortura o maltrato en agravio del solicitante del amparo. Por lo anterior, requiérase a la autoridad de mérito, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que presente proveído, remita constancia fehaciente que acredite esa circunstancia, para el único efecto de verificar el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional antes aludida. Apercíbase a la autoridad requerida que de no remitir las copias solicitadas en el plazo concedido, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE MARZO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de veinticinco de febrero pasado, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, remitiendo testimonio relativo al amparo en revisión 15/2021, en el que resolvió: ".PRIMERO.- Queda firme el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero, en relación con los considerandos tercero y sexto de la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Queda intocado el resolutivo tercero de la sentencia recurrida en términos del considerando sexto de esta ejecutoria. TERCERO.- Es fundado el presente recurso de revisión. CUARTO.- En la materia del recurso, se modifica la sentencia pronunciada el diez de febrero de dos mil veintiuno, por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, al resolver el juicio de amparo 727/2020-II de su índice. QUINTO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Mario Armando Córdova Rodríguez, contra el acto reclamado del Juez Cívico en Turno de la Delegación Poniente, en la ciudad de León, Guanajuato, consistente en el arresto administrativo decretado en la audiencia celebrada a la 1:46 horas del once de diciembre de dos mil veinte, en las actuaciones del procedimiento administrativo sancionador por virtud del cual, el presunto infractor fue sancionado en términos del numeral 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. El amparo se concede por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta ejecutoria y para los efectos precisados en el diverso octavo de la misma". En tal virtud, en el caso particular se tiene que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por la otra, se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: ".el Juez Cívico en Turno de la Delegación Poniente en la ciudad de León, Guanajuato, deje insubsistente el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del quejoso, así como todas sus consecuencia jurídicas y materiales, entre ellas, el arresto por el lapso de veinte horas que le fue impuesto en términos del artículo 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, el cual no aparece que haya sido ejecutado en su totalidad pues de la hora de retención del ahora quejoso a la en que quedó en libertad, no transcurrió el término de veinte horas". Ahora, mediante oficios 3463 a 3470 de veinticinco de febrero del año en curso, dirigidos a las autoridades responsables, se les comunicó la recepción del testimonio del amparo en revisión antes reseñado y, por tal motivo, se les requirió su cumplimiento. Luego, el ocho de marzo de dos mil veintidós, se recibió en este Juzgado Federal el oficio suscrito por la autoridad responsable Juez Cívico en turno adscrito a la Delegación Poniente de esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y acompañó las constancias respectivas, por lo que en auto de diez siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera. La solicitante del amparo no hizo manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien, si la autoridad responsable incurrió en exceso, defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192174, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando las autoridades responsables dejan de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando las responsables se extralimitan en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando las responsables acatan todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que el Juez Cívico responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que se atendieron todos y cada uno de los aspectos definidos en el fallo protector, lo anterior, con base en lo siguiente: En la sentencia amparadora se precisó que la mencionada potestad debía dejar jurídicamente insubsistente el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del quejoso Mario Armando Córdova Rodríguez, así como todas sus consecuencia jurídicas y materiales, entre ellas, el arresto por el lapso de veinte horas que le fue impuesto en términos del artículo 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. Ahora, de las constancias remitidas por el Juez Cívico adscrito a la Delegación Poniente de esta ciudad, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, porque de la boleta de control 1317379, se obtiene que en acato a la ejecutoria de amparo se dejó insubsistente el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra del aquí quejoso, así como todas sus consecuencias jurídicas y materiales, entre ellas, el arresto por el lapso de veinte horas que le fue impuesto en términos del artículo 127 del Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato. En consecuencia, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observó que todos y cada uno de los efectos de la misma fueron cumplidos por las autoridades responsables. Del mismo modo, se aprecia que no se incurrió en defecto, puesto que no se omitió dar cumplimiento a alguna parte del fallo constitucional, pues como se dijo, se observaron todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se advierte extralimitación de funciones (exceso), porque el proceder de las responsables se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la impetrante en su derecho fundamental violado. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Asimismo, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza procesal, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Vista al Ministerio Público de la adscripción. Finalmente, toda vez que la superioridad dejó intocado el resolutivo tercero de la sentencia recurrida, con copia íntegra de las constancias que integran el presente juicio de amparo y con la obligación que impone a este Juzgado Federal el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (que establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato), así como la plena observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, específicamente el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como los numerales 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes de acuerdo al considerando cuarto de la mencionada sentencia, esto es, para que, a su vez, dé vista a las autoridades investigadoras correspondientes en el ámbito de su competencia sobre un posible hecho de tortura o maltrato en agravio del solicitante del amparo. Por lo anterior, requiérase a la autoridad de mérito, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que presente proveído, remita constancia fehaciente que acredite esa circunstancia, para el único efecto de verificar el cumplimiento de la obligación constitucional y convencional antes aludida. Apercíbase a la autoridad requerida que de no remitir las copias solicitadas en el plazo concedido, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo."
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