Mario Arjona Ruiz

Expediente 1277/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1277/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Mario Arjona Ruiz
  • Carlos Alberto Arjona Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: I.- Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y, que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el artículo séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    "Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz, que autoriza y da fe, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1277/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) la demanda de amparo, (ii) el acuerdo de veinticuatro de noviembre del año en curso, donde se admite a trámite el escrito inicial. Asimismo, da cuenta al Juez con el informe justificado que rinde la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro y con el escrito del tercero interesado *****, con registros 16809 y 16844. Enseguida, el Juez tiene por hecha la relación de las constancias que antecede; asimismo, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado con que da cuenta el secretario; se tiene como prueba de la secretaria de acuerdos encargada por ministerio de ley del despacho del Juzgado Séptimo Familiar y conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, la documental que remite como apoyo a su informe justificado. Por otra parte, agréguese el escrito del tercero interesado **************, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que hace valer. Etapa probatoria. En esta fase se hace relación de las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo y de las que acompañó la responsable como apoyo a su informe justificado. Etapa de alegatos. En este estadio de la audiencia se hace relación de los formulados por el tercero interesado ************; luego, al no existir diligencias pendientes por realizar se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1277/2021, promovido por ***********, en contra de la resolución de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada por la juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, dentro del expediente *****. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la determinación de seis de julio de dos mil veintiuno, dictada por la juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, dentro del expediente ********, resulta o no inconstitucional. ANTECEDENTES En el expediente *******2021, radicado en el Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, el seis de julio de dos mil veintiuno, le fue establecida al quejoso una pensión alimenticia provisional. Actuación que constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO El veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, **********, presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, por el acto reclamado que más adelantes se precisará. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este juzgado el veintitrés siguiente, quedó registrada con el número 1277/2021, se admitió la demanda, se solicitó el informe justificado y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se desahogó en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha reconocido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda. Bajo esa línea de pensamiento, tenemos que el quejoso reclama de la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, Oaxaca, el acuerdo en el que le fue establecida una pensión alimenticia provisional de seis de julio de dos mil dieciocho, en el expediente familiar *********. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, Oaxaca, quedó acreditada a partir de su informe justificado. En este informe, la secretaria de acuerdos encargada de despacho por ministerio de Ley, de dicho juzgado, aceptó la existencia del acto reclamado. La actuaria judicial adscrita al Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, Oaxaca, no rindió su informe justificado, pese haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo (Foja 84); por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presume cierto el acto a ella reclamado por el quejoso. Maxime que la citada autoridad, tiene el carácter de ejecutora, en relación con el acto reclamado a la ordenadora, el cual resultó cierto. LEGITIMACIÓN La parte quejosa está legitimada para promover el presente juicio de amparo indirecto, pues está probado que tiene el carácter de demandado en el juicio de origen *******. PROCEDENCIA De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados previamente al estudio de fondo. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este juzgador considera que el presente asunto no satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etc., no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocido tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza, porque el acto reclamado lo constituye el acuerdo en el que se requiere a la quejosa que cumpla con la pensión alimenticia provisional que le fue establecida en el auto de seis de julio de dos mil veintiuno, en el expediente familiar *****y contra ese acuerdo procede el recurso de revocación, en términos del artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece que Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En consecuencia, si en contra el auto acuerdo en el que se requiere a la quejosa que cumpla con la pensión alimenticia provisional que le fue establecida en el auto inicial de cinco de septiembre de dos mil dieciocho procede el recurso de revocación. Entonces, con base en el principio de definitividad, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica lo siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. Lo anterior, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el medio ordinario de impugnación está claramente establecido en la norma adjetiva de la materia, no requiere interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la tesis 2a-./J. 86/2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, visible a página 901, localizable con el registro 2017808, la cual expresa lo siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En síntesis, la parte aquí quejosa, previamente a la interposición del juicio de amparo, debió haber interpuesto en contra de la determinación dictada el seis de julio de dos mil veintiuno en el expediente *****por la secretaria de acuerdos encargada del despacho por ministerio de Ley del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, Oaxaca por el que establece la pensión alimenticia provisional establecida, el recurso de reclamación, previsto el normativo 666 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; de ahí que mediante dicho recurso podría obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que por esta vía reclama. En consecuencia, si en contra de la determinación reclamada procede el recurso de reclamación antes precisado, la promovente, como parte del juicio de origen está en posibilidad de interponerlo, previo a acudir en el juicio de amparo. Circunstancia esta última que se encuentra acreditada en autos, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, fue emplazado a dicho sumario el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. DECISIÓN En esas condiciones, ante la inobservancia del principio de definitividad, este juzgador determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la actuaria judicial del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, al no combatirlos por vicios propios. No es óbice a lo anterior, el hecho de que no se haya ordenado el emplazamiento del tercero interesado en este juicio, en razón que al estar acreditada de manera indubitable la causal de improcedencia invocada, en nada cambiaria del sentido del presente fallo. Se puntualiza que la presente determinación que es acorde a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población, en el amparo en revisión 71/2021, en donde la litis resultó similar a la aquí planteada. Finalmente, resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte quejosa, pues sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; de ahí que deba estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, en contra del acto reclamado a la secretaria de acuerdos encargada del despacho por Ministerio de Ley y actuaria judicial, ambas del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Centro, Oaxaca. Notifíquese."

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales conducentes. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1277/2021. Admisión. Con fundamento en lo establecido por los ordinales 1, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo se admite a trámite la demanda presentada por *****************, contra actos del Juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, y otra autoridad. Incidente de suspensión. Con dos copias fotostáticas simples de la demanda de amparo fórmese y tramítese el incidente de suspensión, de conformidad con lo que establece el dispositivo 128, antepenúltimo párrafo, de la ley de Amparo. Solicitud de informes justificados. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 117 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables para que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; asimismo, hágase de su conocimiento que para el caso de rendir su informe fuera del lapso establecido en el primer párrafo del referido precepto podrá ser tomado en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo y en el supuesto de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. En el entendido de que deberán exponer las razones y los fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá a la omisa una multa de cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta prevista por el ordinal 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rindan su informe justificado. Igualmente deberán informar si la parte quejosa ha tramitado otro juicio de amparo en contra del acto impugnado en este asunto o alguno diverso relacionado con el proceso de origen. A fin de evitar dilaciones se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado Federal 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23 874, a los cuales podrán enviar sus informes justificados, así como las constancias respectivas. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo dispuesto por el precepto 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el caso de no cumplir con esta obligación se le impondrá la multa a que se refiere el numeral 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Se señalan a las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Para ello, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las partes en este juicio para que, dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten si es su deseo estar presentes en el desahogo de la audiencia constitucional. Dicho requerimiento se hace con la finalidad de que este órgano jurisdiccional atienda lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 6°, relativo al modelo de atención presencial basado en citas, esto es que cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Apercíbaseles que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo estar presente físicamente en la misma, sin perjuicio de que puedan presentar sus alegatos o escritos pertinentes. Emplazamiento del representante social de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso K), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, por esta ocasión, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, este auto en forma personal, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, entregándole copia íntegra de este auto. Emplazamiento del tercero interesado. Toda vez que al menor *****************; en consecuencia, se comisiona al actuario de este juzgado, para que con copia simple de la demanda de amparo y de este proveído, emplace a juicio a dicho tercero interesado en el domicilio ubicado en la calle de **************, para que comparezca al procedimiento constitucional si a sus intereses conviene; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, siguientes a su notificación señale domicilio para recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana de este Juzgado, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales que surjan, se le harán por medio de lista. Debiendo en su caso, la persona encargada de realizar la diligencia cerciorarse que efectivamente en ese domicilio radica el tercero interesado, o ahí se reciben notificaciones a su nombre. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional para que tome las medidas necesarias a fin de que queden protegidos los datos personales del menor *****************; por lo que en las resoluciones judiciales que se publiquen deberán suprimirse esos datos. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, por autorizados con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************, quien cuenta con cédula profesional número 1894692. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo previsto por el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional notifiquen a las partes los acuerdos y las resoluciones que se dicten en este juicio constitucional en sus domicilios respectivos o en las oficinas que ocupa este Tribunal. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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