Mario Ariel Juárez Rodríguez
Expediente 665/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Todas las Partes
- Mario Ariel Juárez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta que antecede, se advierte que en cumplimiento a las circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Estado de México (Segundo Circuito), el dieciséis y diecisiete de febrero actual, se aplicó un breve régimen de transición de conformidad con el Acuerdo General 13/2020, y a partir del dieciocho de febrero de la presente anualidad, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el diverso 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, en consecuencia, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos procesales. Causa ejecutoria. En virtud de lo anterior, vista la última certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Ariel Juárez Rodríguez, en el presente juicio de amparo, ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Glósese a los presente autos, únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y, por lo que hace al duplicado, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído procédase a su destrucción, de conformidad con lo establecido en el capítulo octavo, artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, punto cuarto, en relación con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es depurable y el incidente de suspensión relativo es destruible al negarse la suspensión provisional y definitiva, por lo que se ubican en las hipótesis previstas en los artículos 18, fracción I), inciso b) y 21 inciso c), del Acuerdo General citado. Notifíquese....mesa 5
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo indirecto 665/2020, promovido por Mario Ariel Juárez Rodríguez, contra actos del Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en el buzón judicial el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez el treinta siguiente, y recibido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México el siguiente día hábil, Mario Ariel Juárez Rodríguez, acudió en demanda del amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que hizo consistir en: "1.- La imposición ilegal de la multa, impuesta al suscrito en mi calidad de Presidente Municipal de Cuautitlán, México consistente en el importe de diez días de salario diario que percibe el suscrito, contenida en el acuerdo de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, la cual fue notificada el día 27 de agosto del año en curso." SEGUNDO. Prevención. El uno de octubre del año en curso, se radicó la demanda de amparo con el expediente 665/2020, de igual forma se previno a la parte quejosa para que a manera de antecedentes manifestara el acto reclamado. TERCERO. Admisión. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; a la autoridad responsable se le solicitó rindiera su informe justificado, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales, 33, 35 de la Ley de Amparo vigente, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados pueden tener ejecución material en la jurisdicción de este juzgado federal. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia número P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, registro 192,097, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia número 132, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II, primera parte, segunda sección, página 156, registro 239,099, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama: El auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, dictado en el juicio SAT292/2011 del índice de la responsable, mediante el cual se le impuso una multa de diez días de salario diario que percibe el quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, manifestación que resulta suficiente para acreditar la certeza de aquél que se le reclama, en términos de la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011, tomo II Procesal Constitucional, submateria 1 Común, primera parte, sexta sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, registro 1,002,815; del rubro y texto que establecen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, lo anterior se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas de los requerimientos que se le realizaron a la demandada en el juicio de origen; medios de convicción que constituyen documentos públicos y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, registro 394,182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualizan diversas causas de improcedencia diversas a la analizada anteriormente, ni se advierte alguna distinta de manera oficiosa, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Antecedentes. Son antecedentes del acto reclamado que derivan de las constancias que integran el presente juicio de amparo, los siguientes: 1. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, las partes en el juicio SAT292/2011 del índice de la responsable manifestaron llegar a un convenio en su modalidad de pago de laudo mismo que fue aprobado. 2. El uno de junio de dos mil dieciocho, la parte demandada Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, exhibió ante la autoridad un pago parcial del convenio, mismo que fue recibido por la parte actora. 3. De igual forma el siete de agosto de dos mil dieciocho, el apoderado legal de la demandada, exhibió de nueva cuenta un cheque para realizar un pago para dar cumplimiento parcial al convenio. 4. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, el apoderado de la parte actora, solicitó a la responsable para que requiriera a la parte demandada Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México. 5. De igual forma, el uno de abril de dos mil diecinueve, el apoderado de la actora, solicitó de nueva cuenta se requiriera el pago completo a la demandada y mediante, mismos que fueron acordados en proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, en el que se realizó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, apercibiéndolo que de no dar cumplimiento se haría efectivo una multa por diez salarios base. 6. El ocho de agosto de dos mil diecinueve, se le hizo efectivo el apercibimiento a la demandada consistente en la multa de diez días de salario base, requiriendo los datos para imponer dicha medida de apremio. 7. Luego, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, se dictó el auto reclamado en el que se advierte la multa impuesta, así como sus acciones encaminadas al cumplimiento. SEXTO Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010, Registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante lo anterior, se precisa que el disconforme Mario Ariel Juárez Rodríguez, sustancialmente aduce que la resolución reclamada vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en la medida que: ? Manifiesta que el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable fue omisa en seguir los lineamientos que establece el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. ? De igual forma manifiesta que la responsable no valoró que dicha multa transgrede su capacidad económica, máxime que manifiesta debido a la pandemia, se encuentra percibiendo el cincuenta por ciento de su salario. SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación que hace valer el quejoso, resultan infundados por las siguientes consideraciones. En primer término es importante establecer que el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra vinculado a los principios de fundamentación y motivación previstos en el 16 constitucional, que deben imperar en toda resolución o acto de autoridad. Asimismo, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los principios de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, po escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. En efecto, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Lo anterior, por no contraponerse a la Ley de Amparo, encuentra sustento en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 46, correspondiente a la Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. D Formalidades que en el caso, como se advierte del auto que constituye el acto reclamado fueron observadas en su dictado por la autoridad responsable ordenadora, pues el artículo en que se fundamentó para dictar el auto que se combate entre otros es el 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que disponen: "Artículo 253. Los medios de apremio que podrán ser empleados por el Tribunal o la Sala, para el cumplimiento de un laudo o convenio son: I. Multa que podrá ser de uno hasta quince días del salario base que perciba el servidor público; II. Multa que podrá ser, de cincuenta a cien días del salario base que perciba el servidor público; y III. En caso de reincidencia, la suspensión temporal del cargo del servidor público hasta de uno a quince días sin goce de sueldo, así sucesivamente hasta su cumplimiento; y El Tribunal o la Sala respetarán estrictamente el orden, de los medios de apremio establecidos en este artículo. Las Salas en un término de cinco días, remitirán el expediente al Tribunal para que acuerde sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. El Tribunal al recibir los autos resolverá de plano, notificando al superior jerárquico para que proceda a cumplir sobre la suspensión temporal del cargo del servidor público. Se autoriza al Tribunal la creación del Fondo Auxiliar para la Justicia Laboral Burocrática cuyo objeto e integración y manejo lo regulará el Reglamento Interno del mismo." El artículo 209 del Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece los medios de apremio de los cuales la autoridad puede hacer uso para asegurar el cumplimiento a sus determinaciones. Por su parte, el artículo 253 del ordenamiento citado, establece el orden que deberá de seguir la responsable para establecer las medidas de apremio. En razón de lo expuesto, es que se tiene como infundado el argumento del quejoso, relativo a que el acuerdo reclamado no está fundado, ni motivado, toda vez que el artículo 253, que citó la autoridad responsable para fundamentar concretamente la multa impuesta, establece que la responsable podrá imponer cuantas veces sea necesario una multa hasta por la cantidad equivalente de quince días de salario base, a efecto de lograr el cumplimiento de la sentencia Así, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado al haber atendido la autoridad responsable al contenido del artículo 253 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por lo tanto, es evidente que el Presidente de la Sala de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, motivó la imposición de la multa, pues consideró que con la actitud renuente de la autoridad demandada ante el cumplimiento a la ejecutoria de que hablamos, obstaculiza la impartición de justicia; además de que es grave y por ello, al ser reincidente, ello toda vez que si bien ha dado cumplimiento parcial lo cierto es que desde dos de julio de dos mil diecinueve se ha solicitado de cumplimiento total al convenio elevado a laudo, persistiendo la negativa de la demandada, ante ello, debe imponerse una sanción ejemplar para conminar a su cumplimiento a la autoridad que debe hacerlo; ello, en forma alguna amerita la concesión del amparo por violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De todo lo aquí expuesto, válidamente se concluye que el auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, del que se duele el quejoso se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que como se ha visto, la autoridad responsable citó en el caso, los fundamentos legales aplicables, y expuso los motivos por los que consideró pertinente imponerle la multa de diez días de salario base, siendo acordes sus argumentos con los numerales invocados, de ahí lo infundado de sus conceptos de violación. Sin que pase desapercibido que el quejoso tomó el cargo de la administración del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México en enero de dos mil diecinueve, sin embargo para las datas en que se requirió el cumplimiento, este ya se encontraba sabedor del expediente de origen. Bajo ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Mario Ariel Juárez Rodríguez, por los actos reclamados a la Presidente de la Sala de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. OCTAVO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Toda vez que las partes no formularon manifestación alguna para hacer pública la información confidencial en la sentencia que se emite, en consecuencia elabórese la misma en la versión pública donde deben suprimirse la información señalada y proporcionada por ellas, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Ariel Juárez Rodríguez contra los actos atribuidos a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expresados en el considerando séptimo de la presente resolución. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Informe Justificado Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado; dese vista con el mismo a las partes y hágase relación de este al celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es factible llevarla a cabo, en virtud de que está transcurriendo el término otorgado en auto de dieciséis de octubre pasado, para que la autoridad responsable Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con Residencia en Tlalnepantla, Estado de México, rinda su informe justificado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las trece horas con un minuto, del nueve de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.
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