Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros
Expediente 1151/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/10/2018
Partes del expediente
- Oficial Calificadora En Hechos de Transito Adscrita A Tercer Turno del Municipio de Toluca Estado de México
- Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros
Actuaciones
- Principal
I) Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de queja 190/2018, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el que se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Atento a lo anterior, realícese el acuse de recibo correspondiente y en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal de autos evidencia que el presente juicio se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por lo que, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto de referencia. En el entendido que en el presente cuaderno no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
i) Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado criptográficamente por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de catorce de agosto de dos mil dieciocho, de donde se advierte la admisión del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, medio de impugnación que fue registrado con el recurso de queja 190/2018. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, por lo que, estese en espera de la determinación que al respecto emita la autoridad oficiante. Notifíquese.V
- Principal
i)Toluca, Estado de México; treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, contra actos del Oficial Calificadora en Hechos de Tránsito adscrita al Tercer Turno del Municipio de Toluca, Estado de México; regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1151/2018-I. Desechamiento. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en: El acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitido por la Oficial Calificadora en Hechos de Tránsito adscrita al Tercer Turno del Municipio de Toluca, Estado de México, dentro del expediente TOL/OCHT/III/308/2018, en la que la responsable determinó, lo relativo al incidente de nulidad de notificaciones que promovió el quejoso el veinte de julio de dos mil dieciocho. Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.". Ahora, el principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En este contexto, como en el caso a estudio, el quejoso reclama en este juicio de amparo el acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitido por la Oficial Calificadora en Hechos de Tránsito adscrita al Tercer Turno del Municipio de Toluca, Estado de México, dentro del expediente TOL/OCHT/III/308/2018, en la que la responsable determinó, lo relativo al incidente de nulidad de notificaciones que promovió el quejoso el veinte de julio de dos mil dieciocho, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece la función mediadora-conciliadora y calificadora de los Ayuntamientos, y en su artículo 154, establece: "Artículo 154.- Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." En efecto, los artículos 187 y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, estatuyen: "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; ." En tal sentido, en los dispositivo legales transcritos se observa que el recurso administrativo de inconformidad y el Juicio Contencioso Administrativo, proceden contra el acto reclamado, esto es, contra los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral las autoridades carácter municipal. Se afirma lo anterior, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé en su artículo 229, como ya se dijo, el Juicio Contencioso Administrativo, el cual procede en el caso que nos ocupa de manera indistinta a elección del afectado con el acto de autoridad. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es un acto administrativo proveniente de la autoridad señalada como responsable Oficial Calificadora en Hechos de Tránsito adscrita al Tercer Turno del Municipio de Toluca, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el Juicio Contencioso Administrativo, establecido el código adjetivo administrativo de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. Consecuentemente, ante tal afectación procede como medio de defensa el juicio contencioso administrativo, previsto en los artículos 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 154 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Por otra parte, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, también precisa que los juicos o medios de defensa legal que establezcan las leyes respectivas, deben suspender los efectos de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder dicha suspensión. De conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la ley que regula el acto de afectación contempla la suspensión, sin mayores requisitos que los que exige la legislación de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 2936, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo III, Décima Época, sustentada por los Tribunales Colegiado de Circuito Tribunal Pleno, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL: De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Por consiguiente, si el promovente del amparo se duele del acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitido por la Oficial Calificadora en Hechos de Tránsito adscrita al Tercer Turno del Municipio de Toluca, Estado de México, dentro del expediente TOL/OCHT/lll/308/2018, en la que la responsable determinó, lo relativo al incidente de nulidad de notificaciones que promovió el quejoso el veinte de julio de dos mil dieciocho, procede el Juicio Contencioso Administrativo, previsto en el artículo 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mediante el cual, puede ser revocado o modificado el acto de afectación, y que además dicha legislación contempla la suspensión del acto reclamado sin mayores requisitos que los de la Ley de Amparo contempla, es indudable que el juicio de amparo deviene improcedente al no haberse agotado previamente los medios de impugnación señalados. Al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, por propio derecho, contra actos de la Oficial Calificadora en Hechos de Tránsito adscrita al Tercer Turno del Municipio de Toluca, Estado de México, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia de fondo que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso. Autorizados. Como lo solicita el quejoso, téngase como autorizado en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martha Ivón Mendoza Luna, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las demás partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese, personalmente al quejoso.
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