Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros
Expediente 1239/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/03/2017
Partes del expediente
- Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1239/2016, tres anexos y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 26/2017, en la cual se determinó: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Marco Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución. Por ende, acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa, que fue formado por motivo del recurso de revisión interpuesto, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse a la responsable nos anexos que exhibió en el presente juicio, sin que sea necesario el acuse de recibo.
- Principal
Agréguese el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto e informa que se admitió con el número 26/2017. Cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1239/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de veintidós de agosto siguiente, este Juzgado de Distrito admitió y registró la demanda bajo el número 1239/2016; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que previos diferimientos, se desahogó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque la autoridad que emitió el acto reclamado tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México, a quien se le reclama: - El auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ordinario mercantil 378/2010. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario mercantil 378/2010, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario.". CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la facción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." En dicho precepto se contempla el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que regula al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el promovente, el amparo es improcedente. Como se adelantó, el juicio de amparo no resulta procedente, porque en contra del acto reclamado procedía un medio de defensa que pudo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. A efecto de constatar lo anterior, resulta pertinente destacar que de las constancias de autos, se desprenden los datos relevantes siguientes: 1. En un juicio ordinario mercantil uniinstancial, Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros demandó de Fernando Mondragón Arriaga el pago de pesos, por incumplimiento de un contrato de mediación. 2. Fernando Mondragón Arriaga dio contestación a la demanda y negó la procedencia de las prestaciones; reconvino el cumplimiento a la cláusula penal establecida en el contrato base de la acción. 3. Seguida la secuela procesal, el veintiuno de febrero de dos mil once, se dictó sentencia en la que se determinó que el demandado carecía de legitimación en la causa. 4. En desacuerdo con lo anterior, Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (A.D. 307/2011), quien mediante ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil once, concedió el amparo solicitado. 5. En cumplimiento al fallo protector, el once de mayo de dos mil once, la autoridad responsable dictó nuevamente sentencia, en la que condenó a Fernando Mondragón Arriaga, respecto de algunas prestaciones, y lo absolvió respecto de otra. 6. Inconforme con lo anterior, Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (A.D. 536/2011), quien mediante ejecutoria de seis de julio de dos mil once, concedió el amparo solicitado. 7. En cumplimiento a la ejecutoria anterior, el Juez responsable el once de julio de dos mil once, dictó sentencia nuevamente en la que decretó improcedente la reconvención planteada, condenando a Fernando Mondragón Arriaga; sentencia que fue aclarada en auto de dos de agosto siguiente. 8. El veintisiete de septiembre de dos mil once, se declaró firme la sentencia anterior. 9. Durante la etapa de ejecución de sentencia, mediante escrito de catorce de julio de dos mil dieciséis, Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, solicitó se llevara a cabo el remate del bien embargado, para lo cual pidió se señalara día y hora para la celebración de la primera almoneda de remate; escrito que no fue acordado de conformidad en auto de la misma fecha. Resolución que constituye el acto reclamado. De la reseña anterior se sigue que, previo a ejercer la acción constitucional, la parte quejosa, como parte actora en el procedimiento de origen, tenía la obligación de agotar el recurso de revocación previsto en el numeral 1,334 del Código de Comercio; medio ordinario de defensa, a través del cual válidamente pudo haber obtenido la modificación, revocación o anulación del auto de catorce de julio de dos mil dieciséis y así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es de sostener lo anterior, dado que de conformidad con los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio, (anteriores a la reforma de nueve de enero de dos mil doce), sólo son recurribles en apelación las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda; lo que significa que no puedan impugnarse a través de ese recurso (apelación), pero pues sí pueden serlo, a través del de revocación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 59/2010, estableció que en los juicios de cuantía menor son inapelables los autos que en ellos se dicten en términos del artículo 1339 del Código de Comercio, pero que las determinaciones de trámite resultan impugnables a través del recurso de revocación, criterio consultable en la página 157, tomo XXXII, Septiembre de 2010; Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es como sigue: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". En tal contexto, el legislador estableció dos elementos para la procedencia del recurso de apelación, a saber: 1) Tratándose de controversias mercantiles de cuantía determinada; y, 2) Que el monto excediera de la cantidad de doscientos mil pesos, para lo cual se debe tomar en cuenta únicamente la suerte principal. Por tanto, tratándose de juicios mercantiles de cuantía indeterminada o inferiores a doscientos mil pesos, como suerte principal, procede el recurso de revocación contra autos y decretos. De consiguiente, teniendo en cuenta que en el juicio natural se inició el nueve de julio de dos mil diez, reclamándose como prestación principal el incumplimiento del contrato de mediación, y como consecuencia el pago de diversas cantidades en dólares, el asunto debe considerarse de cuantía indeterminada. A efecto de destacar la procedencia del recurso de revocación, destaca que mediante resolución de veintisiete de septiembre de dos mil once (foja 176 del tomo de pruebas), se resolvió el recurso de revocación promovido por el propio quejoso, contra el auto de fecha seis de septiembre de dos mil once. Ahora, en diversa jurisprudencia 1ª./J. 44/2012 (10ª), sustentada también por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó, que si bien el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos que tengan efectos de imposible reparación, ello es siempre que con anterioridad se agoten los recursos ordinarios que sean idóneos para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora, no es inadvertido el contenido de la Jurisprudencia 1a./J. 47/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo establece que sólo pueden impugnarse en amparo indirecto las últimas resoluciones que se dicten en los procedimientos de ejecución de sentencia y que tratándose de remates, sólo la que los apruebe o desapruebe puede impugnarse, también es verdad que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo una interpretación meramente literal el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo. Precisamente tomando en cuenta ese fin, el no permitir que sea impugnable la negativa de continuar con los procedimientos de remate, específicamente, el no señalar fecha para la audiencia correspondiente, lo que puede provocarse es el efecto contrario, porque se deja fuera del control constitucional cualquier auto que podría ilegalmente no seguir con la ejecución de la sentencia. Así, debe concluirse que atendiendo al propio fin de la norma, cuando el Juez se niega a señalar fecha para la audiencia de remate, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin que sea necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, pues si no se permite el control constitucional sobre esas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución. Esta interpretación es la que más se apega a los fines a los que obliga el artículo 17 constitucional en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la ejecución de esas resoluciones, y si no se permite la procedencia del amparo, se permitiría que nunca se llegara a la ejecución." Sin embargo, en dicho criterio en el que se estableció que si el acto impugnado es aquel que representa una negativa a continuar con el procedimiento de ejecución, puede impugnarse en el amparo indirecto sin que sea necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate; no obstante ello, del propio texto del criterio jurisprudencial en cita se advierte que dicha procedencia del juicio de amparo está sujeta a que esa resolución (que niega a señalar fecha para la audiencia de remate), tenga el carácter de definitiva para que pueda impugnarse en el amparo indirecto, es decir, que previamente se agoten los recursos o medios de defensa, a efecto de cumplir con el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros, contra el acto y autoridad especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario José Jiménez Sarmiento, que da fe, hasta el día de hoy veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. EL JUEZ EL SECRETARIO
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Vista la certificación de cuenta, se advierte que los autos originales del presente asunto se encuentran turnados para dictar la sentencia correspondiente; por tanto, fórmese el cuadernillo respectivo; y una vez que se emita la sentencia correspondiente glósese al principal, sin necesidad de ulterior acuerdo.Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/1277/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal al suscrito Juez Alberto Roldán Olvera, quien a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente:"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312)Notifíquese; personalmente como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Mario Alejandro Mondragón Carbajal47/2021
- Mario Alejandro Mondragón Carbajal452/2019
- Mario Alfredo De la Cruz Ortiz390/2022
- Mario Alfredo Quintana Chimal913/2019
- Mario Ángel Pineda Pedroza921/2016
- Mario Antonio Martínez Tovar136/2020
- Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros547/2019
- Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros759/2017
- Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros1344/2017
- Mario Antonio Rodrigo Bautista Cuadros321/2017
- Mario Armando Ramírez Treviño1217/2015
- Mario Armando Ramírez Treviño1241/2015