Mario Antonio Morales Baqueriza

Expediente 704/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 42 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
704/2019
Año
2019
Actuaciones
42
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Mario Antonio Morales Baqueriza
  • Alejandro Morales Flores
  • MARIO ANTONIO MORALES BAQUERIZA y Otros.
  • ALEJANDRO MORALES FLORES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte que los quejosos (a quienes desfavoreció el acuerdo de sobreseimiento) no recurrieron el proveído de quince de noviembre del año en curso, donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado. Por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y, a consideración de esta juzgadora, carece de relevancia documental. Además, se instruye al secretario encargado de este expediente que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente, una vez que se cuente con la notificación de este proveído. Por consiguiente, se ordena devolver la copia certificada del proceso ********, y el expedientillo de actuaciones derivado del mismo, al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Se descarta requerirle acuse de recibo de las constancias remitidas porque son copias. Asimismo, se deja establecido que ningún otro documento original se tiene en el juicio para devolver a las demás partes. Por último, glósese copia autorizada de este proveído al cuaderno incidental, para los efectos legales conducentes.

  2. Incidental

    De la copia autorizada de cuenta se advierte que en esta data causó estado el acuerdo donde se sobreseyó fuera de audiencia el juicio del cual deriva el presente incidente; por lo cual se ordenó su archivo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para la suscrita. En consecuencia, también se ordena el archivo de este incidente. Además, se hace notar que no fue recibido billete de depósito ni otra garantía de los quejosos. Por otra parte, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, porque se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas. Lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria relativa al incidente de suspensión derivado de este juicio. Por último, se instruye al secretario encargado de este expediente que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico de este incidente de suspensión, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente, una vez que se cuente con la notificación de este proveído.

  3. Principal

    Agrego al expediente el oficio signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, al cual anexa copia de la notificación efectuada a los quejosos de la resolución de veinte de junio del año en curso, que calificó de legal su traslado al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Lo anterior en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de once de noviembre del año actual. En ese sentido, dejo insubsistente el apercibimiento efectuado en el aludido acuerdo. Ahora, la constancia de notificación recibida me obliga a analizar en este momento la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, porque representa un tema de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, hago notar que la revisión integral de la demanda conduciría a visualizar como acto reclamado por los quejosos, la resolución de diecisiete de junio del año en curso, que ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (fojas 660 a 666 del cuaderno auxiliar I). Sin embargo, las copias del proceso *** (y su acumulado), así como del expedientillo de actuaciones recibidas en este juicio, me permiten conocer los siguientes antecedentes: 1.- A petición de los agraviados ***, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, emitió el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, donde ordenó el traslado de los quejosos al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; 2.- Por oficio 3354/2019, del catorce de junio de dos mil diecinueve, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla solicitó a la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla gestionara el traslado con carácter de urgente de los aquí quejosos, a fin de salvaguardad su seguridad e integridad física; 3.- Por oficio ****, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla solicitó al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la autorización para efectuar el traslado de los quejosos; 4.- En atención a dicha petición, se autorizó el traslado urgente de los quejosos al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; mismo que se ejecutó a las cero horas con treinta y siete minutos del dieciocho de junio del año en curso; 5.- El dieciocho de junio siguiente, el encargado de despacho de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla solicitó al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, calificar de legal el traslado administrativo de los quejosos; y, 6.- En interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el expedientillo derivado del proceso *** (y su acumulado), el referido juez calificó de legal el traslado de los aquí quejosos (fojas 96 a 106 del cuaderno auxiliar II). Bajo este contexto, declaro que el acto materia de este juicio, en realidad, está circunscrito a la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, que calificó de legal el traslado de los quejosos al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. Bajo ese escenario considero improcedente la acción de protección constitucional, pues los quejosos omitieron agotar el recurso ordinario existente contra el acuerdo que calificó su traslado, motivo por el cual se actualiza la causa de improcedencia relativa al principio de definitividad, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo hago notar que el acuerdo judicial donde se califica legal un traslado, conforme al procedimiento establecido en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene una vía ordinaria de impugnación: el recurso de apelación previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo 52. Así se desprende del citado párrafo que dice: ".En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley.". Recurso que debieron agotar los quejosos antes de ejercer la acción de protección constitucional, pues la interlocutoria de veinte de junio del año en curso, emitida en el expedientillo relativo al proceso **** (y sus acumulados) es la resolución judicial donde se calificó de legal la determinación administrativa de traslado. Entonces, los quejosos debieron interponer el recurso de apelación contra esa resolución, antes de ejercer la acción de derechos fundamentales, pues dicho recurso está previsto en el mismo artículo conforme al cual se examinó el traslado de las autoridades penitenciarias. Máxime que el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla ordenó notificarles la interlocutoria de referencia, para darles oportunidad a inconformarse con el recurso de apelación. Lo cual se encuentra en el resolutivo cuarto de dicha interlocutoria (la que calificó legal el traslado) pues el juez estableció: ".CUARTO. Notifíquese en forma personal a los procesados ***, el contenido íntegro de la presente resolución, y a virtud que se encuentra recluido en Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, gírese atento oficio al juez Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio a las labores de este juzgado ordene a quien corresponda les notifique en forma personal esta resolución, asimismo deberá hacer de su conocimiento que cuentan con el término de 3 tres días, posteriores de estar debidamente notificado para interponer el Recurso de Apelación correspondiente en términos de lo establecido por el artículo 277 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal." Notificación que fue realizada a los quejosos el tres de julio dos mil diecinueve, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, como lo revela el acta realizada por la diligenciaria del Juzgado de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tepexi, quien hizo constar haber informado a aquéllos sobre el plazo de tres días para inconformarse con la resolución judicial que calificó el traslado (foja 240). Sin embargo, los quejosos omitieron interponer el recurso de apelación contra la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, aun cuando ese medio de impugnación les fue informado con el plazo para interponerlo. Incluso desatendieron el recurso aunque está previsto en la misma ley que se utilizó para examinar el traslado realizado por las autoridades penitenciarias, y les ofrecía la posibilidad de modificar o revocar la calificación dada por el mencionado juez, como se desprende del artículo 131 de la invocada ley de ejecución. En resumen, los quejosos promovieron este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de apelación contra la resolución judicial que calificó el traslado, aun cuando pudieron interponer ese medio ordinario de impugnación en el momento de la notificación, o dentro del plazo de tres días otorgado por el invocado artículo 52 . De modo que si ejercieron la acción de derechos fundamentales contra interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, sin haber agotado en forma previa la apelación dispuesta en el citado numeral -dentro del expedientillo relativo al proceso **** (y su acumulado)- debo imponer en este juicio la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la legislación, por la desatención al principio de definitividad. Máxime que las copias certificadas recabadas en el trámite de este juicio, reflejan la notificación hecha a los quejosos respecto de la interlocutoria combatida, lo cual refuerza la oportunidad y el derecho para haber interpuesto la apelación. Luego, es válido afirmar que la omisión de impugnar la interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, a través del recurso de apelación, carece de alguna circunstancia extraordinaria para justificar la desatención al principio de definitividad. Contexto que robustece la aplicación de la improcedencia relativa al principio de definitividad pues los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad permiten validar los requisitos de procedencia, al extremo de considerar la obligación de agotar los medios de defensa existentes en los procedimientos de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". De ahí que las violaciones a los derechos previstos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la constitución -invocados en la demanda de protección- sean insuficientes para considerar una excepción al principio de definitividad. La afirmación previa atiende a un elemento trascendental: la notificación efectuada a los quejosos en el centro donde fueron recluidos -debido al traslado- porque a través de esta se les hizo saber el derecho y plazo existente para inconformarse con la resolución judicial, al punto de quedar sujetos a la obligación de interponer la apelación para cuestionar la interlocutoria que calificó la determinación administrativa -el traslado ejecutado-. Aunado a que ningún dato existe para considerar las excepciones dispuestas al principio de definitividad: actos de peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada, actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución, entre otros de similar impacto a los derechos de libertad e integridad personal. Incluso descarto la excepción genérica establecida en el artículo 61 fracción XVIII inciso b) de la Ley de Amparo, en particular la que exenta del principio de definitividad por cualquier acto ".que afecte la libertad personal del quejoso.". Descarto en este asunto la referida excepción genérica, porque la libertad personal de los quejosos está restringida de momento, debido a los efectos del auto de formal prisión dictado en el proceso *** (y su acumulado), motivo por el cual es válido afirmar que la resolución judicial (la interlocutoria que calificó legal el traslado) resulta insuficiente para considerar un impacto directo a la libertad de aquél . Por tanto, declaro que el acto reclamado, interlocutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, emitida en el expedientillo relativo al proceso *** (y su acumulado), encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la legislación, porque los quejosos desatendieron la obligación de agotar el recurso ordinario existente -en forma previa a la acción de derechos fundamentales- aun cuando ello resultaba indispensable para generar un acto definitivo y susceptible de analizar en el terreno de control constitucional. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia relatada (definitividad) de forma manifiesta e indudable, decreto el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, dejo sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que hubieran sido las once horas del veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Por último, dispongo informar a las partes emplazadas el contenido de este proveído; anótese lo procedente tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad.

  4. Principal

    Del estado procesal que guarda el presente juicio, advierto que en proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, requerí al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, que en el plazo de tres días me remita copia certificada de la notificación realizada a los quejosos ++ de la resolución de veinte de junio del año en curso (el principal acto combatido). Ese plazo a la fecha transcurre, como lo asentó el secretario en la certificación previa. Por ello, difiero la audiencia señalada para este día, y en su lugar fijo las ONCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

Quedan 38 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano