Mario Antonio Hernández Romero
Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
Partes del expediente
- titular Coordinador Estatal de Servicios de Salud
- Mario Antonio Hernández Romero
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de treinta de agosto del año en curso; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el treinta de septiembre de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el treinta de septiembre de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Mario Antonio Hernández Romero, de propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4°, 19 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 582/2021-B. Se decreta la suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como acto reclamado destacado la falta de atención médica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Para que las autoridades responsables, en el ámbito de sus funciones, bajo su más estricta responsabilidad brinden al quejoso Mario Antonio Hernández Romero, el tratamiento y la atención médica adecuados que requiere para que no se ponga en riesgo su salud e integridad física. Es así, porque el marco normativo que integran los artículos 1º, 4º y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano -a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público-, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Por ende, al manifestar el quejoso que no se le proporciona la atención médica que requiere ni se le suministra el medicamento que necesita, es imperativo que las autoridades responsables, dentro de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para brindarle el tratamiento médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar su calidad de vida. Así, con los informes correspondientes, las autoridades responsables deberán comunicar a este juzgado de distrito, con las constancias médicas respectivas, el estado de salud del impetrante, con precisión de los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la adecuada, de acuerdo con su particular condición de salud. Informe de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, rindan informe en acato a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables locales, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Requerimiento Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe a este tribunal si el quejoso Mario Antonio Hernández Romero, presentó controversia en relación con sus condiciones de internamiento -falta de atención médica-; en su caso, deberá comunicar el número de cuaderno de ejecución y el estado procesal que guarda. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Domicilio Con motivo de que el impetrante se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se ordena a los actuarios adscritos, que la notificación que derive de este auto se realice personalmente al quejoso en dicho centro penitenciario, expidiéndole fotocopia de este proveído. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.
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