Mario Antonio González Dulche

Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
848/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Mario Antonio González Dulche

Actuaciones

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del primero de septiembre del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Citatorio. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el auto del uno de septiembre de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta al que se acompaña el diverso del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite por conocimiento previo el juicio de amparo 692/2021-VI de su índice, realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 848/2021-I. En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional acepta y se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ***************, por derecho propio y, en su carácter de curador provisional de **************, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Genero de Naucalpan, Estado de México; realícense las anotaciones correspondientes. En este asunto la parte quejosa reclama la diligencia (declaración) realizada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, atribuida a ****************, dentro de la carpeta de investigación TLA/FVG/VIJ/060/311875/20/12, actuación que tilda de falsa. Al respecto se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción III, inciso b), interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal. En efecto, concatenando el contenido de las citadas disposiciones legales se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, lo reclamado en la demanda, versa en la etapa correspondiente a la investigación en el procedimiento penal, lo que tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, siendo que, la declaración reclamada, únicamente tiene alcances que impactan en derechos de índole procesal, que no inciden en la configuración probatoria, ya que tal aspecto corresponderá valorar al órgano jurisdiccional en el momento procesal correspondiente. Ya que, si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una investigación para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable sobre derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste, en todo caso, se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la carpeta, determine en un momento dado si resulta procedente lo solicitado o no por la representación social. De igual forma, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado per sé, no causa a la parte quejosa una afectación real y actual en su esfera jurídica. Se afirma lo anterior, toda vez que la diligencia que se reclama dentro de la etapa de investigación no constituye un acto de molestia. En dicha etapa, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la diligencia reclamada en la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Lo anterior, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, entre otros, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Motivo por el cual, se afirma que el acto reclamado no trastoca de manera cierta, directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte impetrante, protegidos por la Constitución Federal, por lo que no se advierte que exista una situación actual que la deje en estado de indefensión o afecte derechos sustantivos, aspecto en el que descansa la calificativa de que no se está en presencia de un acto que cause un agravio directo a la parte peticionaria, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ilustra lo anterior, la tesis XIII.P.A.32 P (10a.), con registro digital 2017560, de la Décima Época, Materias(s): Común, Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2987, del rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular. En consecuencia, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en su escrito con registro 9361, en atención a que se encuentra dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Se tienen por autorizadas a las personas que se mencionan para los efectos que se precisan. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y de manera electrónica la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano