Mario Antonio Bretón Madrigal

Expediente 37/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
37/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Mario Antonio Bretón Madrigal

Actuaciones

  1. Principal

    Correa Guízar da cuenta al Juez, con la promoción 3368, relativa al oficio que antecede. Conste. Colima, Colima, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el cual acusa recibo del oficio 2287/2018, constancia que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales consiguientes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase a la autoridad responsable el cuaderno de pruebas que al efecto remitió relativas al toca de apelación *********; lo anterior, por ser innecesaria su retención. Sírvase acusar el recibo de estilo correspondiente, por cualquier medio de comunicación permitido por la ley, verbigracia: vía correo certificado, fax (013123120131) o correo electrónico 1jdo32cto@correo.cjf.gob.mx, o alguna otra de su elección. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado Trigésimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad de Colima, al que anexa cinco tantos de demanda, el toca de apelación 1014/2017, así como el cuadernillo del juicio de amparo directo 11/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ***, del que se desprende que ese órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida, contra actos de la Sala Mixta, Civil Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Con el toca de apelación ***/20217 se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, debidamente identificado. Acúsese recibo de estilo. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 37/2018-II-AE, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis integral del libelo actio, es dable concluir que la parte quejosa reclama, esencialmente, la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca de apelación 1014/2017 por la Sala Mixta, Civil Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en la que confirmó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, por el cual el Juez Mixto de lo Civil y Mercantil del Tercer Partido Judicial, con residencia en Manzanillo, Colima, cerró el periodo de pruebas y abrió el diverso de alegatos, dentro del expediente 1207/2015, de su índice. Acto con el cual opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), debido a que no son actos de imposible reparación que puedan combatirse en esta vía constitucional. Por estos debe entenderse aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; así a guía de ejemplo, se tiene que el tiempo en que una persona permanezca privada de su libertad o de alguna de sus posesiones; piénsese el caso de una persona que se vea privada del uso de un vehículo que es su medio de trabajo, o de la convivencia que un padre pierda al no tener relación con su hijo en caso de una limitación de custodia, o aquel al que se irrumpe en su derecho a la privacidad al abrirle su correspondencia, son derechos que no podrán ser resarcidos, ni aún con que pudiera llegar a obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos de que todo ser humano goza, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; esta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, esa es la nota distintiva que el legislador toma en cuenta para orientar el criterio del juzgador para denotar qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención del juez federal para remediar el agravio padecido. Sobre ese tenor, los altos tribunales de la nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación, en principio debe tratarse de actos judiciales, luego, estos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio, en cambio existen otros, que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que desde luego desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. En ese contexto, como ya se dijo previamente, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de trece de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca de apelación 1014/2017 por la Sala Mixta, Civil Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, en la que confirmó el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, por el cual el Juez Mixto de lo Civil y Mercantil del Tercer Partido Judicial, con residencia en Manzanillo, Colima, cerró el periodo de pruebas y abrió el diverso de alegatos, dentro del expediente 1207/2015, de su índice; actuaciones que no revisten las características que deben contener los actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que en el caso, sus efectos son meramente procesales; pues sólo trae como consecuencia que continúe el juicio por las demás etapas legales y se dicte la resolución que ponga fin al juicio natural, circunstancia que no incide en los derechos sustantivos de la quejosa, tutelados por las garantías individuales, puesto que no se le priva de sus propiedades, posesiones o derechos, ni se le afecta en su patrimonio; de ahí que las violaciones que reclama pueden tener remedio si la sentencia definitiva que en su caso se dicte, es favorable a sus intereses, y de no ser así, podrá alegarla a través del amparo directo que se interponga en contra de esta última; lo anterior, con fundamento en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.].". De lo expuesto y transcrito, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, más aún porque dicha determinación no priva del derecho de defensa que en dicho procedimiento tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que tal resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y como se dijo, la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio, que no es el caso. En efecto, no se desatiende que la actuación subyacente motivo de la resolución que confirmó el auto apelado, lo es el cierre del periodo de pruebas y la apertura del diverso de alegatos en el juicio natural, respecto del cual, tampoco procede el amparo indirecto por no tratarse, en la especie, de un amparo promovido por quien se ostenta tercero extraño al juicio de origen, sino al contrario, el aquí quejoso es parte en el sumario natural; juicio en el que aún no se dicta sentencia definitiva. De ahí que se estime que no se actualiza dicho supuesto de procedencia. Más aun, tales actos no privan del derecho de defensa que en dicho procedimiento tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que únicamente pueden constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y como se dijo, la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado al tribunal, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de amparo, y en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tiene como autorizado de la parte quejosa a Jaime de Jesús Vargas Alcaraz, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cambio a Cesar Hernández García Miguel Oscar Gorrocino Sánchez en términos restringidos de dicho numeral; lo anterior, por no contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco". En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda.

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