Mario Anguiano Quiroz
Expediente 531/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Anguiano Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el promovente precisado en supra líneas; asimismo, como lo solicita, hágasele devolución de los documentos que adjuntó como complemento a su demanda de garantías, toda vez que resulta innecesaria su permanencia a disposición de esta autoridad, dado que el veinticuatro de junio del año en curso, causó estado el auto que desechó la demanda de garantías en comento y en la propia fecha, se ordenó el archivo del cuaderno en que se actúa. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Adriana Galván Chávez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA uno de junio de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Agréguese a los autos el ocurso aclaratorio de cuenta suscrito por el promovente precisado en supra líneas, a través del cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de veintitrés de mayo anterior, al indicar que compareció ante la autoridad señalada como responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 con sede en esta Ciudad, a efecto de requerir de manera verbal que se llame al juicio de origen a ********************, en cuanto tercera con interés, ser supuesta sucesora preferente de la extinta -; en tal virtud, vista la demanda de amparo promovida por el citado -; contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 con sede en esta Ciudad, a quien reclama esencialmente: La celebración -desahogo- de la audiencia de diecinueve de abril del presente año, en el expediente agrario -, a efecto de que se llame a quien considera le asiste el carácter de tercera con interés ********************. En atención a al acto reclamado el suscrito advierte un motivo manifiesto e indubitable de improcedencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En efecto, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción XII; todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. De lo que es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio natural, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica los actos que se reclaman, podrían constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; en el caso concreto, se estima es impugnable en amparo indirecto el acto como el que aquí se reclama, siempre que tenga una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecte a la parte de forma considerable, además necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; aunado a esto, dicho acto debería rebasar los puramente procesales; lo que para el suscrito, no se consigue acreditar tal circunstancia. Por tanto, atendiendo a que en el caso, no existe una negativa por parte de la autoridad señalada como responsable, de llamar a juicio a la citada tercera, lo que de ser así, implicaría una violación adjetiva de tal trascendencia y magnitud, que justificaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues esa violación procesal le causaría al quejoso un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación; no obstante, lo anterior no acontece, ya que según la constancia que adjunta el impetrante a su demanda de garantías, relativa a la celebración de la audiencia que reclama, se desprende que hasta ahora no se ha cerrado la etapa de instrucción del juicio de origen, por tanto los interesados en llamar a juicio a los terceros, como estos últimos, podrán hacer valer sus derechos con posterioridad, además de que el propio tribunal podrá hasta antes de la emisión de la sentencia, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, proveer la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados; tan es así, que el propio quejoso adjunta a su líbelo aclaratorio, escrito presentado el treinta de mayo del presente año, ante la autoridad señalada como responsable, solicitando se reponga el procedimiento y se llame a juicio a ********************; por tanto, se determina que los actos impugnados en esta vía tienen una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerados como de imposible reparación. Al respecto, se estima oportuno transcribir el contenido de los numerales 186 y 187 de la Ley Agraria, que dicen: "Artículo 186.- En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad." "Artículo 187.- Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos." Por las razones que la informa, se aplica al caso la tesis 26 A, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia Administrativa, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, página 2485, que a la letra dice: "PRINCIPIO DE VERDAD EN MATERIA AGRARIA. MIENTRAS NO SE DICTE SENTENCIA EN EL JUICIO RELATIVO, JUSTIFICA LA ADMISIBILIDAD Y EL DESAHOGO DE PRUEBAS, ASÍ COMO EL IMPULSO OFICIOSO DEL TRIBUNAL PARA ESE FIN. Conforme a los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, en el juicio en la materia son admisibles toda clase de pruebas no contrarias a la ley, y el tribunal respectivo tiene la facultad de ordenar, en todo tiempo, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia para fines probatorios, con miras a conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. Acorde con estas directrices, si se atiende a que el conocimiento de la verdad es uno de los principios rectores en las resoluciones en la materia, cuyo propósito es alcanzar lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria, en aras de que efectivamente los tribunales agrarios resuelvan a verdad sabida y en conciencia, sin duda que como la operatividad de ese principio de verdad no está sujeta a formulismos, reglas procesales, ni a la etapa del juicio agrario, se justifica razonablemente que mientras no se dicte sentencia están jurídicamente autorizados la admisibilidad y el desahogo de pruebas, así como el impulso oficioso del tribunal agrario para esa encomienda, cuando el propósito demostrativo tenga conexión con la litis y, desde luego, sea trascendente para la solución debida de la contienda agraria." Asimismo, la diversa tesis 185 A, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias Administrativa, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 1579, que a la letra dice: "TERCEROS INTERESADOS. NEGATIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PARA LLAMARLOS A JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ADJETIVA RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO SÓLO SI YA SE REALIZÓ LA AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY AGRARIA. El Pleno del más Alto Tribunal del país ha sostenido que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, afectación que debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, como sucede tratándose de la negativa de llamar a juicio a terceros; de conformidad con el criterio sustentado por éste en la jurisprudencia número P./J. 147/2000, visible en la página 17, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". En estas condiciones, debe decirse que aunque la negativa de llamar a juicio a terceros, implica una violación adjetiva de tal trascendencia y magnitud, que justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, lo cierto es que para ello se debe atender a que esa violación procesal cause un perjuicio inmediato y directo que sea de imposible reparación a la parte solicitante, como sería el caso de que el Tribunal Unitario Agrario responsable, en la audiencia de ley prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, se negase a llamar a juicio a los terceros interesados, ya que el solicitante no tendría con posterioridad otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos, lo que sí le depararía un perjuicio inmediato y directo de dicha naturaleza; sin embargo, lo anterior no acontece si esta negativa se configura antes de llevarse a cabo la referida audiencia, o aun en ella si ésta se difiere por diversos motivos legales para celebrarse en fecha distinta, ya que en esta hipótesis, tanto los interesados en llamar a juicio a los terceros, como estos últimos, podrán hacer valer sus derechos con posterioridad en la audiencia de ley que llegue a celebrarse, además de que el propio tribunal podrá hasta antes de la emisión de la sentencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 186 del propio ordenamiento legal, proveer la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados." De igual forma, es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia número 24/92, que de Octava Época, ha emitido el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su Gaceta, visible en la página 11, que es del texto y rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Resulta aplicable al caso concreto por identidad jurídica, la jurisprudencia que por contradicción aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 942 del libro XIII, Tomo 2 de Octubre 2012, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN O VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NO LO CONSTITUYE LA DETERMINACIÓN QUE ADMITE A TRÁMITE UNA DEMANDA DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. La admisión de una demanda de nulidad de juicio concluido, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a los demandados, puesto que únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. No pasa inadvertido que la institución procesal que está en juego con la admisión a trámite de este tipo de procedimientos, es la de la "cosa juzgada" del juicio concluido; sin embargo, ello no constituye un elemento válido para establecer la procedencia del amparo indirecto pues, en todo caso, será la sentencia que recaiga a dicho procedimiento, la que pudiera repercutir en la cosa juzgada del juicio que concluyó." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia analizada, procede desecharse por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Como se desprende de la constancia secretarial que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de la Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintidós de abril pasado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada número 316096, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo CXXX, Página: 676, del rubro: "REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, vista la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURACION, dado que se NEGO el amparo y protección en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, como resulta innecesario que en este Juzgado obren las constancias remitidas por el Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se ordena la devolución, solicitándole acusar el recibo correspondiente; en el entendido que, de no remitirlo dentro del término de tres días, legalmente computados, se dará por hecho que recibió a entera satisfacción la documental que se le envía. Notifíquese.
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