Mario Andrés Razo Vázquez

Expediente 579/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
579/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2016

Partes del expediente

  • Mario Andrés Razo Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguense a los autos las constancias de notificación de cuenta. REVISIÓN INTEGRADA CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, los autos originales de este juicio, así como el original y una copia simple del escrito de agravios exhibido por las autoridades responsables en el presente juicio. Infórmese a la superioridad que el recurso se envía en esta fecha en que se recepcionó la constancia de notificación de la autoridad responsable Jefe de Seguridad y Custodia del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, Encargado de la Banderilla de la Policía Municipal de Atlixco, Puebla.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA MARIO ANDRÉS RAZO VÁZQUEZ, EL ACUERDO DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciséis. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con lo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Ahora bien, ante todo conviene destacar que en el auto inicial de la demanda de amparo resulta oportuno analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, así lo sostuvo en jurisprudencia por contradicción de tesis 2/2014, sustentada por los Tribunales de Circuito, publicada en la página mil doscientos veinticuatro, Tomo II, de octubre de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Vista la demanda de amparo promovida por Mario Andrés Razo Vázquez por propio derecho, contra actos del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla ISSSTEP, consistente en la omisión de acordar el escrito de dos de marzo de dos mil dieciséis, recibido por la autoridad responsable el tres del mismo mes y año, por el cual solicitó se le informara el estado de la solicitud de jubilación con clave de trámite T-JD-187/2015; se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 5o., fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. En el juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a dichos artículos, el juicio de amparo es improcedente, entre otros, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley y que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección; además, que las autoridades responsables son partes en el juicio de amparo. Esto es, acorde a la nueva legislación, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable. Lo anterior pone de manifiesto entonces que no todos los actos de las autoridades o de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino generalmente, solo los de autoridad que exigen requisitos indispensables que dependen básicamente del tipo de relación en la que se generen, de supra a subordinación. Asimismo, como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, el quejoso reclama la omisión de acordar el escrito de dos de marzo de dos mil dieciséis, recibido por la autoridad responsable el tres del mismo mes y año, por el cual solicitó se le informara el estado de la solicitud de jubilación con clave de trámite T-JD-187/2015, prestaciones de seguridad social consignadas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla ISSSTEP, que atribuye al Departamento de Pensiones y Jubilaciones de ese Instituto, quien no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el acto de omisión que se le imputa lo lleva a cabo en su calidad de ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades, prescindiendo de su imperio. Máxime que el quejoso manifestó que el acto reclamado deriva de la solicitud de jubilación que presentó ante dicho Instituto, al que le correspondió el número de clave de trámite T-JD-187/2015, situación que se rige por el derecho privado; por lo que la autoridad actúa como simple particular, en su carácter de ente asegurador y en sustitución del patrón del aquí quejoso, es decir, se trata de un acto eminentemente de carácter laboral derivado de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, por lo que no puede estimarse que existe entre ésta y el promovente una relación de supra a subordinación, sino de coordinación y bilateralidad entre las partes. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis PC.XV. J/10 K (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, publicada en la página 1931, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE RECLAMA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, QUE DEBE RESPONDERSE EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 211/2009). Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 54/2012 (10a.), el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; sin embargo, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos en los que sí se actualice, por determinadas circunstancias, la consideración de que los actos reclamados no son de autoridad para efectos del juicio constitucional, ya que, de existir elementos de juicio indubitables de que se actualiza la causal de improcedencia; verbigracia, en los casos de que la actuación y sujeto (autoridad) a quien se les atribuya, subsumen en alguna hipótesis definida por el Alto Tribunal en el que se precise que determinado tipo de actuación u omisión no puede atribuirse a los emisores como autoridades para efectos del juicio de amparo, no sería posible arribar a una convicción diversa, de modo que, con independencia de los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, son innecesarios para configurar de manera notoria y manifiesta una improcedencia; dicho de otra forma, no se está en un supuesto de interpretación por parte del juzgador, sino de aplicación exacta de un criterio jurisprudencial por encuadrar en el caso concreto definido, pues denota que la causal se encuentre plenamente probada y no requiere inferirse con base en presunciones. En concordancia con ello, si la Sala referida, en la jurisprudencia 2a./J. 211/2009, precisó que contra la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de ente asegurador, es improcedente el juicio constitucional, al no estar en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación que existe entre el asegurado y el Instituto en dicho supuesto es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano (de igualdad), es indudable que si en una demanda inicial de amparo, el Juez de Distrito advierte de su lectura que se actualizan de manera patente las hipótesis indicadas en el criterio jurisprudencial aludido, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues sólo tendrá que aplicar los supuestos del caso concreto al criterio jurisprudencial reseñado. Ahora bien, el contenido de dicha jurisprudencia continúa vigente en el régimen jurídico de la actual Ley de Amparo, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo abrogada y de las contenidas en la vigente, no ha cambiado su naturaleza jurídica y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, tratándose de la omisión de dar respuesta, en su carácter de ente asegurador, a una solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del mismo modo, lo anterior encuentra apoyo, en las tesis emitida por el Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 329, Volumen 217-228, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTUAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACION OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En tal consideración, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. 1. Téngase por autorizados en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo a **** , toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte, tienen registrada, respectivamente, su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. 2. Téngase por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a *****, en virtud, de que no tienen registrada su cédula profesional, respectivamente, en el referido sistema. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada del lugar de residencia de este Juzgado, cuando así se requiera. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE DICHA LEY. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 13, 14 y 18 de la ley en cita, y 8 del mencionado reglamento, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8 de la ley de referencia. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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