Mario Andrade Domínguez

Expediente 392/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
392/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2017

Partes del expediente

  • Mario Andrade Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo (fojas 24 a 28); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado estado para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIIA-P

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Andrade Domínguez, por propio derecho, contra actos del Delegado Regional de la Policía Vial de esta ciudad, que hace consistir en lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama de la citada Autoridad Responsable, la injustificada e ilegal omisión de su parte a dar una respuesta por escrito y conforme a sus atribuciones, en relación a la petición formulada por el suscrito, mediante escrito dirigido y recepcionado en tal Dependencia, con fecha dos de septiembre de este año de dos mil diecisiete. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se ordena formar expediente con el número 392/2017 y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORMES. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la única autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Además, se requiere a la autoridad responsable que manifieste si el quejoso ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Con el mismo fundamento referido, apercíbasele que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en congruencia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las diez horas con cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; en términos del precepto 115 primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dése la intervención que corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO A LOS TERCEROS INTERESADOS. Por el momento no existe certeza de la existencia del tercero interesado; sin embargo en el supuesto de advertirse dicha figura del informe recabado, este órgano jurisdiccional acordará lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo y como autorizado en términos del artículo 12 a Armando Chan Manzano, Guadalupe Vázquez Quiroz y Félix Isael Pérez García y únicamente para oír y recibir notificaciones a Fernando Tanny Chan Ramírez y Joaquín Gilberto Domínguez Jacinto, por no haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho; sin perjuicio de que una vez que acrediten tal circunstancia con prueba idónea, se le tenga autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables, sin ulterior acuerdo, se dejará de tenerla con tal carácter y cesará toda comunicación con ella, lo anterior, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional, de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A P

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