Mario Alonso Vazquez Cauich

Expediente 2608/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2608/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Mario Alonso Vazquez Cauich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.Mérida, Yucatán; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se agrega el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad; sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Ahora bien, del contenido del informe de la responsable se advierte que el dieciséis de noviembre de este año la autoridad responsable dictó un acuerdo dentro del juicio laboral 472/2015, en el que ordenó abrir el incidente de liquidación del laudo y señaló hora y fecha para la audiencia incidental; lo que hizo del conocimiento de la parte actora y demandada el veinticuatro de noviembre de esta anualidad. Circunstancias que acreditó la responsable con las copias certificadas que adjuntó a su informe, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso, la parte quejosa reclamó de la Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito presentado el siete de junio de dos mil veintidós, por el que solicitó la apertura del incidente de liquidación del laudo en el expediente laboral de origen. Sin embargo, de las constancias que remitió dicha responsable se advierte que el dieciséis de noviembre de este año, dio respuesta a su petición y lo notificó a las partes; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte peticionaria en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se señaló para las diez horas con cinco minutos del seis de diciembre de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual, por las razones que expone, solicita a este órgano jurisdiccional se decrete que la sentencia dictada en el presente asunto ha causado ejecutoria; al efecto, se acuerda: Al efecto, indíquese al ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que aún no obran en poder de este Juzgado los acuses postales correspondientes a los oficios girados a las autoridades foráneas Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los cuales se les notificó la sentencia definitiva dictada en el presente asunto. No obstante a lo anterior, a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de dictar que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, requiérase vía telegráfica a las autoridades responsables: Director en Jefe y Dirección General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban el oficio relativo a este proveído, tengan a bien informar por la misma vía a este Juzgado, la fecha en la que recibieron, respectivamente, el oficio en el que se les hizo de su conocimiento la sentencia definitiva, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de acordar lo conducente. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, se impondrá a la omisa, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, con lo informado por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se efectuó a la parte quejosa personalmente el once siguiente, sin que a la fecha se hubiese desahogado la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES Por sentencia dictada el trece de mayo de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jesús Armando Araiza Armenta en contra de los actos reclamados al Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, Director en Jefe, y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, para el efecto de que: ". las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo a la señalada solicitud, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo al promovente, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado.". Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo. Derivado de lo anterior, mediante oficio número RAN/YUC/SR/DJ/2802/2022, la encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede esta ciudad, informó que se encontraba llevando a cabo las gestiones encaminadas a cumplir con el fallo protector. Así, a través de la diversa misiva RAN/YUC/SR/DJ/4621/2022, informó que el título de propiedad número 1005875, relativo a la parcela 986, del ejido de Umán, Municipio de Umán, Yucatán, fue entregado a la parte quejosa, acreditándolo con las constancias respectivas. ANÁLISIS Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se encontraban obligadas a realizar dentro del ámbito de sus funciones y atribuciones, las gestiones necesarias, a fin de que de inmediato concluyeran el procedimiento relativo y en breve término fuera puesto a disposición del aquí quejoso el documento respectivo, de no existir inconveniente legal alguno justificado; lo que así aconteció y quedó acreditado con las constancias conducentes que remitió la responsable residente en esta ciudad. No se contrapone a lo anteriormente acordado el hecho de que no obren en autos los informes de las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, pues como se advierte de las constancias que obran en este juicio, ya fue entregado al amparista el título de propiedad de la parcela que constituyó el acto de molestia del que se quejó; pues para que dicho certificado pudiera se generado y entregado, obviamente tuvieron que cumplir aquellas con las funciones que les corresponden, analizadas y señaladas como directrices en el fallo constitucional. DETERMINACIÓN Por tanto, debe decirse que se ha respetado el derecho fundamental violentado, cumpliéndose con lo que el mismo exige, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. DEPURACIÓN Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en donde en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del último requerimiento: veintiséis de julio de dos mil veintidós. Fecha de recepción del oficio de cumplimiento: nueve de noviembre del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: siete de noviembre de dos mil veintidós. Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: diez de noviembre de dos mil veintidós. Data de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: once de noviembre del año en curso. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente coincide en su totalidad con el electrónico. Notifíquese personalmente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano