Mario Alfredo Espinoza Dominguez

Expediente 660/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
660/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Mario Alfredo Espinoza Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó y negó en el presente juicio de amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). ? Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional y no se formó el incidente de suspensión respectivo.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto de la resolución de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, en contra de la orden de aprehensión, precisada en el inciso a) del considerando segundo; por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ***** en contra del auto de vinculación a proceso, precisado en el inciso b) del considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 660/2020; y, Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, ***** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso dictado por el juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, con sede en esta ciudad. En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esta potestad admitió la demanda propuesta; formó el expediente y lo registró bajo el número 660/2020; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró como consta anteriormente; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse resoluciones emitidas por autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción, la cual, tiene efectos de ejecución en esta localidad que ocupa este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: a) La orden de aprehensión de veinticuatro de octubre de dos mil veinte, la cual fue cumplimentada el veintisiete del mismo mes y año. b) El auto de vinculación a proceso de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en contra del quejoso, en la causa penal *****. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, residente en esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al juez de Control del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictaron los actos reclamados y los archivos digitales con los que cuenta la causa penal; a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que son diligencias encomendadas por disposición de la ley y por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese tenor, respecto del acto reclamado con el inciso a), consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos derivados de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio, si se dicta una resolución que cambie la situación jurídica que operaba anteriormente, de modo que sea imposible analizar y resolver, respecto de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones combatidas, deben considerarse consumadas de manera irreparable. Cabe precisar que, para que se actualice la causal de improcedencia aludida, generalmente, es necesario que concurran los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) El dictado "posterior" a la presentación de la demanda de una resolución que modifique la situación jurídica que se generó anteriormente con la emisión del acto reclamado. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto combatido en amparo, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; y, d) La existencia de autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento respectivo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 51 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." De manera que, al concurrir los supuestos enunciados, debe considerarse que se actualiza la causal de improcedencia destacada, pues en asuntos como el de la especie no es jurídicamente correcto permitir la destrucción de actos posteriores al acto reclamado que escapan a la litis planteada en este juicio, actos que son autónomos o independientes del impugnado, pues constituiría una extralimitación de la sentencia, al invalidar actos cuya legalidad o constitucionalidad no se ha controvertido, de modo que las violaciones alegadas en vía de amparo han de considerarse irreparables, por no poder resolverse el juicio sin afectar la nueva situación. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia mencionada, pues se reclama una orden de aprehensión, sin embargo, posteriormente se dictó un auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. De ahí que, es evidente que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas, virtud al cambio de situación jurídica que no permite decidir sobre la constitucionalidad del mandamiento de captura sin afectar el nuevo escenario legal. Consecuentemente, con el auto de vinculación a proceso emitido en contra del accionante del amparo, ocurrió un cambio de situación jurídica, que no permite el análisis de las violaciones reclamadas sin afectar el nuevo escenario, las cuales se tienen como irreparablemente consumadas, y el juicio deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del dispositivo 63 de la ley de la materia, es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto la orden de aprehensión reclamada. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor del quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal 1P0620-1275 del índice del Juzgado de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región, donde se dictó auto de vinculación a proceso. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que las determinaciones asumidas por el juez responsable se encuentran ajustadas a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que, si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que, si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla, en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por los quejosos, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano de los peticionarios de amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a los quejosos, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos del quejoso, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Precisado lo anterior, en sus conceptos de violación el peticionario esgrime lo siguiente: a) La parte quejosa aduce que el auto de vinculación a proceso es inconstitucional e ilegal, dado que no se emitió también una versión escrita del mismo. Afirma que se vulneró el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que nunca le fue notificado al quejoso, ni a sus defensores, la emisión por escrito del auto de vinculación al proceso, lo que a su parecer vulneran las formalidades esenciales del procedimiento. Cita como apoyo la jurisprudencia II.2o.P. J/14 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA OMISIÓN DE HACERLO CONSTAR POR ESCRITO, DESPUÉS DE SU EMISIÓN ORAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.)]". Los planteamientos a análisis son infundados, pues el hecho de no haberse emitido la versión escrita del auto de vinculación a proceso no vulnera en modo alguno los derechos fundamentales del quejoso, ni las formalidades esenciales del procedimiento, como enseguida se verá: El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". Por su parte, el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Nacionales Penales: "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario". Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 168/2015, determinó que en el nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito. De la anterior ejecutoria derivó la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel". Por tanto, es evidente que no asiste razón jurídica a la parte quejosa, pues para considerar colmado el requisito de que debe constar por escrito el auto de vinculación a proceso, según lo prevé el artículo 16 constitucional y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bastará que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. Lo que en el caso sucedió, pues de la audiencia a vinculación a proceso, se desprende que además de estar presente el imputado y sus defensores, estos últimos le solicitaron al juez copia del audio y video de la diligencia, lo que se acordó de manera favorable, por ende, es evidente que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. Aunado a que, el sistema penal acusatorio y oral se rige por el artículo 20 constitucional, por lo que puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 Constitucional y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Finalmente, cabe señalar que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que cita la parte quejosa, no es obligatoria para el suscrito, dado que fue emitida por un tribunal colegiado de un diverso circuito (segundo) al que este juzgado se encuentra ubicado (decimosexto). Por tanto, es inconcuso, que no asiste razón jurídica a la parte quejosa y por ende sus conceptos planteados son infundados. b) En diversa línea argumentativa, aduce que no se acreditó de manera indiciaria que el quejoso hubiera realizado hecho alguno que la ley considere como delito, dado que nunca realizó la conducta que se le reprocha, por lo que, a su parecer el acto reclamado viola los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución. Afirma que no se le debió vincular a proceso, pues la única causa por la que se le vincula es por poseer un vehículo similar a un automóvil captado por cámaras en fecha diversa a la que ocurrió la desaparición de Luis Salvador Valenzuela Avalos. Refiere que, en el acto reclamado, se realiza una inexacta valoración de los datos de prueba, ya que todos lo recabados por el fiscal carecen del principio constitucional de procedibilidad presuntamente satisfecho por la representación social. Que del cúmulo probatorio no existe dato alguno, con el que se le pueda reprochar el hecho con apariencia de delito, pues por el contrario, las entrevistas vertidas por *****, ***** y *****, se puede apreciar que el imputado se encontraba en un diverso lugar al que señala el órgano persecutor. Señala que la autoridad responsable no se apegó a los principios de valoración de la prueba, y exacta aplicación de la ley penal, ya que no valoró adecuadamente el material de convicción que obra en la carpeta de investigación. La parte quejosa dice que en el auto de vinculación a proceso no se expresó en forma clara y precisa cuales fueron sus fundamentos legales, aunado a que los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 establecen en favor del imputado los principios de presunción de inocencia, defensa y acusatorio, así como la carga del ministerio público de demostrar la culpabilidad de los hechos atribuidos al inculpado, por lo que, la inobservancia de lo anterior se traduciría en una no vinculación a proceso. Cita como apoyo, la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE". b) Afirma que el informe pericial *****, suscrito por *****, no aporta datos o elemento algunos para el esclarecimiento de los hechos, ni mucho menos para que se le impute hecho alguno. c) Refiere que, de la carpeta de investigación, se desprende que la víctima *****, se le inició la diversa carpeta de investigación *****, por el delito de violencia intrafamiliar, y la diversa *****, por alterar o trasplantar los números originales de identificación de vehículos, por lo que, a su parecer, se puede apreciar que el ofendido tiene varias investigaciones en su contra. d) Que la entrevista de ***** es inverosímil, pues por una parte refiere que no pudo observar le media filiación de las personas presentes en el lugar de los hechos, solo del quejoso. Aunado a que el domicilio donde se encontraba el ateste se encuentra a más de noventa metros, al estar el inmueble en un circuito en forma de T, por lo que, considera inverosímil su declaración ya que no pudo haber observado al imputado. e) Señala que el diverso testigo *****, al momento en que se desarrollaron los supuestos hechos se encontraba totalmente drogado, y que declaró que de las personas que ingresaron al domicilio, sólo pudo identificar al quejoso, por lo que a su parecer es inverosímil, aunado a que la entrevista únicamente se encuentra firmada en la última hoja. f) Respecto del oficio ***** de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se inspecciona un video de la ubicación del domicilio *****, perteneciendo a unas cámaras de video en la fecha de doce de octubre de dos mil veinte, a las cuatro horas con dieciocho minutos y treinta segundos, es decir, diversa fecha a la que ocurrieron los hechos, once de octubre a las 14:20 horas, en la cual se observa un vehículo de la marca Chrysler ***** color totalmente gris, de la cual si bien concuerda con la marca y tipo de su concubina *****, es totalmente distinto ya que el que se observa en las capturas de pantalla es completamente gris y el que es propiedad de su concubina cuenta con el toldo parrilla y rines de color negro, y que tal situación se puede comprobar con la entrevista de *****. g) Afirma que no se cuenta con cadena de custodia alguna, respecto del vehículo propiedad de *****, pues aunado a que la llave para abrir y encender el automóvil se encuentra descompuesta, se puede observar que fue manipulado sin llamar a su defensor. h) Que obra la entrevista de *****, quien declaró que siempre ha tenido un automóvil 300, pero que el que es propiedad de su esposa es totalmente diverso al que se señala en la carpeta de investigación, al ser de otro color. i) Que en la carpeta de investigación se realizaron diversas entrevistas a *****, ***** y *****, de las que se desprende que el quejoso se encontraba desde las once de la mañana a las ocho de la noche en un domicilio diverso al que ocurrieron los hechos. Los planteamientos a análisis son infundados. El artículo 19 párrafo primero constitucional establece literalmente lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Del texto legal transcrito se advierte que para el dictado del auto de vinculación a proceso, se deben cumplir con determinados requisitos, los cuales para el adecuado estudio de control constitucional deben dividirse en dos rubros, a saber: a) forma y b) fondo. Los requisitos de fondo son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y, b) que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Cabe señalar, que solamente será analizado el requisito de fondo reseñado en el inciso b) referente a la probabilidad de participación del imputado, pues es de lo único que se inconforma, aunado a que este órgano de amparo no advierte que haya deficiencia que suplir. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De los anteriores preceptos se desprende, que para que se dicte un auto de vinculación a proceso, será necesario: a) que se hubiere formulado la imputación; b) que se hubiere otorgado al imputado la oportunidad de declarar; c) que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; se entenderá que obran datos que establecen lo anterior, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y d) que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe señalar, que únicamente se analizará el requisito reseñado en el inciso c), en especifico, en lo que se refiere a la probabilidad de que el imputado realizó el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7 fracción II, 8, 9 y 13 fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de Luis Salvador Valenzuela Ávalos. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016 determinó lo siguiente: Que el nuevo sistema de justicia penal cambia las exigencias para la legal apertura del periodo de investigación, ya que no exige la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado; ahora, el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación, evitando la presentación de pruebas formalizadas durante la primera etapa de investigación del procedimiento, buscando con ello que se mantenga la objetividad e imparcialidad dentro de la etapa de investigación. -Destacó que la diferencia entre la conformación del artículo 19 constitucional antes y después de la reforma (de dos mil ocho) estriba en que, en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal. En contraposición, en el nuevo sistema, para vincular a una persona y someterlo a una investigación formalizada, se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público (de acuerdo con el Código Nacional serán datos de prueba) que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. -Señaló que anteriormente, para el dictado del auto de formal prisión se requería el "acreditamiento" del cuerpo del delito, ello implicaba, por un lado identificar el ilícito o ilícitos (desde luego precisando los elementos típicos que la conforman) por los que se seguiría el proceso, así como su plena acreditación. En cambio, en el nuevo sistema, la disposición constitucional contempla un ejercicio distinto, a partir del cual se deberá "establecer", a partir de los datos, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito. -Precisó que en el sistema penal acusatorio oral, se busca un sistema de justicia de corte garantista, que fomente, entre otras cosas, el acceso a la justicia penal de los imputados, quienes durante las distintas fases del procedimiento deberán ser considerados como inocentes, hasta que se dicte sentencia firme en su contra; así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación, se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí, -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". En efecto, contrario a lo que afirma la parte quejosa en sus conceptos de violación, el acto reclamado no infringe las garantías de legalidad, seguridad jurídica, ni las formalidades esenciales del auto de vinculación a proceso previstas en los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues el auto de vinculación que se reclama, se encuentra apegado a derecho, dado que el juez de control correctamente expuso que los datos de prueba, que reseñó el Ministerio Público, permiten establecer que existe la probabilidad de que el imputado, participó en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7 fracción II, 8, 9 y 13 fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de Luis Salvador Valenzuela Ávalos. Lo anterior, encuentra sustento, medularmente con los datos de prueba consistentes en la entrevista de *****, a quien se le considera testigo presencial, claro, preciso y con conocimiento previo para identificar al imputado. Ello, pues el ateste señaló que conoce a ***** pues le vende droga, siendo este último en compañía de cinco sujetos que arribaron a bordo de un vehículo *****, portando todos armas de fuego, al lugar donde se encontraba el declarante con la víctima; y, que el imputado le dijo al ofendido que "ya había valido verga", que "se lo iban a llevar por que ya le habían dado mucha chance para pagarle", "que lo iba a desparecer para que no lo encontraran", acto seguido, el testigo refiere que subieron a la fuerza a Luis Salvador Valenzuela Ávalos al vehículo y se lo llevaron. Asimismo, se encuentra corroborado con lo expuesto por *****, quien manifestó que conoce al hoy quejoso, y que el día de los hechos se encontraba en su domicilio que está frente a la casa abandonada donde la víctima suele consumir drogas. Dijo que escuchó llegar a un vehículo y a una motocicleta, por lo que se asomó por la venta, y observó al imputado *****, en compañía de mas sujetos, quienes se llevaron a la fuerza a *****. Lo que fue concatenado con el informe emitido por el agente de Investigación Criminal, quien realizó la inspección de unos videos de una cámara de seguridad instalada cerca del lugar de los hechos, en la que se pudo observar que aproximadamente a la hora de los hechos circularon un vehículo ***** y una motocicleta roja. Asimismo, se enlazó con el dictamen respecto de un vehículo de motor, el cual fue asegurado, de características similares con el que apareció en el video. También, con lo declarado por *****, novia del imputado, quien manifestó que este es propietario de un vehículo 300 y que le pintó el toldo y parrilla de color negro. De ahí que este juzgador considera legal la resolución del juez de control, pues como se vio en el preámbulo del presente inciso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, determinó que para el dictado de la vinculación al proceso, solo es necesario que obren datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la posibilidad de que el imputado lo cometió, asimismo, destacó que se entenderá que obran datos para establecer lo anterior, cuando existan indicios razonables que así lo permitan suponerlo. Y en el caso, el juez de control expuso que los datos de prueba expuestos, por la fiscalía antes reseñados, permiten establecer que existe la probabilidad de que el día once de octubre de dos mil veinte a las catorce horas con veinte minutos, *****, en compañía de diversas personas, portando todos armas de fuego, arribaron al domicilio ubicado en *****, Guanajuato, donde se encontraba ***** en compañía de *****. Que posteriormente al ingresar al domicilio, el imputado le dijo a la víctima que lo iba a desaparecer, por lo que a la fuerza lo subió a un vehículo y que a la fecha de la emisión del acto reclamado se desconoce del paradero de *****. Por tanto, si en el caso, el juez de control consideró que los datos de prueba de la fiscalía constituyen indicios razonables, que permiten suponer que el hoy quejoso cometió el ilícito imputado, es evidente que su actuar es apegado a derecho y a las formalidades previstas para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Así las cosas, cabe precisar que el estándar de prueba para la etapa procesal en la que se emitió el acto reclamado, no requiere de prueba plena, sino solamente que existan indicios que permitan establecer la probabilidad de que el imputado lo cometió en coautoría con las diversas personas que participaron en ese hecho. Aunado a que los datos de prueba sólo fueron considerados para fijar los hechos sobre los que se seguirá el procedimiento; lo cual es objeto del auto de vinculación a proceso. De modo que, en el estadio procesal de su emisión, no se prejuzga sobre la acreditación del delito ni la responsabilidad del imputado, porque los datos en mención sólo son la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado, que hasta ese momento, han resultado idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado. En ese orden de ideas, previo a dar respuesta a los restantes planteamientos del quejoso, cabe señalar que, la Suprema Corte de Justicia de la nación, determinó que, a los jueces de amparo, les está vedado sustituirse en el juez de control en la ponderación de los datos de prueba, sin embargo, sí está permitido analizar la legalidad de su ejercicio de ponderación. Corrobora lo expuesto, la jurisprudencia 28/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia". En ese orden, este juez de amparo considera ajustado a derecho, el ejercicio de ponderación que realizó el juez de control, respecto a los tópicos controvertidos en los conceptos de violación reseñados con los incisos del b) al i). Los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". "Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios". De lo transcrito, se aprecia en lo que aquí interesa, que dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Asimismo, que el juez asignará el valor que le correspondan a cada dato, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos de prueba. Ahora bien, respecto a los tópicos controvertidos por el quejoso, el juez determinó lo siguiente: Respecto del dictamen que emitió ***** consideró que no aportaba ningún dato útil para el asunto. Que si el ofendido tenía problemas con las drogas o investigaciones en su contra, no era materia del hecho que se trata. Señaló que la defensa del imputado, no es perito para determinar si la cantidad de droga que consumió José Fernando Ortega García, es suficiente para estimar que no podía reconocer al imputado. Respecto lo que alega en relación a lo declarado por ***** son meras suposiciones, pues el afirma lo que vio, que no está desvirtuado por otro medio de prueba. En torno al dictamen del agente de investigación criminal de las cámaras de seguridad de una vivienda cerca al lugar de los hechos, desde un inicio el propietario de las mismas hizo del conocimiento a la autoridad ministerial que sus cámaras presentan un desfase de algunas horas, lo que así constar también la persona quien hizo el dictamen, por lo que tal cuestión es irrelevante. En relación a que la llave del vehículo no funciona, no se tiene certeza desde cuando ocurre tal situación. Respecto a los testigos de descargo, consideró que estos no son suficientes para desvirtuar los hechos que se estimaron acreditados en la causa penal, dado el estándar probatorio mínimo de la etapa inicial del procedimiento penal. Finalmente, dijo que en relación a que el vehículo que se aseguró tiene características diversas al de las cámaras, ello es irrelevante, pues lo cierto es que se encuentra demostrado que el imputado en compañía de diversas personas se llevó a la fuerza al ofendido en un vehículo, sin que importen las características de este. En ese tenor, este órgano de control constitucional considera que el juez de control se ajustó a los principios que rigen el debido proceso legal, esto es a los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además, no se alteraron los hechos fácticos presentados por la fiscalía, no existe infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Ello es así, pues como se precisó al inicio de este considerando, en la etapa inicial del procedimiento penal, únicamente se requiere que existan datos de prueba que permitan suponer que existe la probabilidad que el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito. Sin que se óbice a lo expuesto, lo manifestado por la defensa, en el sentido de que: Algunas entrevistas solo cuentan con la firma en la última hoja. Que al realizar el dictamen en la llave del vehículo no se respetó la cadena de custodia. Que hay discrepancia entre la hora que aparece en las cámaras de vigilancia y en la que supuestamente ocurrieron los hechos narrados por la fiscalía. Que el vehículo en el que se utilizó supuestamente para la comisión del delito imputado, es distinto al que es propiedad del hoy quejoso, dado que tiene diferentes características. Lo anterior, pues no es necesario que en la etapa inicial del procedimiento penal acusatorio obre una prueba formalizada, pues lo único que se necesitan son datos de prueba, que permitan suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito, lo que en el caso ocurrió. Por tanto, es evidente, que es ajustado a derecho el ejercicio de ponderación que realizó el juez de control, dado que se ajustó a lo que establecen los numerales 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues realizó apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos de prueba y justificó adecuadamente el valor otorgado. De ahí que, el juez de control no infringió los principios constitucionales que prevé el artículo 20, pues en todo momento, la resolución se encuentra apegada a lo que se desarrolló en la audiencia de vinculación y a lo expuesto por las partes en esta. Finalmente cabe señalar, que contrario a lo que aduce el quejoso, no se vulneró el principio de presunción de inocencia, dado que los datos de prueba aportados por la fiscalía, hasta este momento son útiles para demostrar que existe la probabilidad de que el imputado cometió el hecho que la ley señala como delito de delito de desaparición forzada cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en relación con los artículos 7 fracción II, 8, 9 y 13 fracción III, del Código Penal Federal, cometido en agravio de *****. Máxime, que en la siguiente etapa del proceso penal, el quejoso estará en aptitud de ofrecer las pruebas pertinentes, con la finalidad de que pueda desvirtuar la acusación que le hizo el ministerio público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 28/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora". En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, en contra de la orden de aprehensión, precisada en el inciso a) del considerando segundo; por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. La justicia federal no ampara ni protege a ***** en contra del auto de vinculación a proceso, precisado en el inciso b) del considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el último considerando.

  4. Principal

    Reanudación de los plazos. En atención a lo dispuesto por la circular SECNO/13/2021 y el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al tres de marzo de dos mil veintiuno. Consecuentemente, se fijan las trece horas con treinta y siete minutos del veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente asunto.

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