Mario Alfonso Castellanos Coutiño

Expediente 609/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Mario Alfonso Castellanos Coutiño

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Mario Alfonso Castellanos Coutiño. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 21, fracción d) del invocado Acuerdo, en razón de que con el desechamiento de la demanda amparo, se dio por concluido el juicio sin haber decidido el mismo en lo principal. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D.REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no existen documentos para devolver a las partes, se deja de proveer al respecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Pedro Hernández Coyote, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto; el escrito signado por ***, por medio del cual aclara su escrito demanda. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguese a los autos el escrito de mérito para que obre como corresponda. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En ese tenor, se estima que en el caso concreto se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/20113, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: ? La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ? Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ? Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ? Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y el anexo que acompaña, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa al 1. Secretario de Salud del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en la retención o descuento parcial de su salario, a partir de la segunda quincena del mes de junio de este año. Cabe precisar, que el solicitante de amparo aduce que desde el uno de julio de dos mil quince, labora para la Secretaría de Salud del Estado, adscrito al Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, ubicado en esta ciudad, con la categoría de Médico Especialista A; sin embargo, que desde la segunda quincena del mes de junio y primera quincena del mes de julio de este año, dicha dependencia le ha estado reteniendo o descontando de su salario, la cantidad de $3,982.00 (tres mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100), sin que exista orden de autoridad judicial o administrativa que así lo haya ordenado, por lo que considera que dicha retención o descuento es injustificada y violatoria de sus derechos laborales reconocidos en los artículos 123, apartado A fracción VIII y apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 101, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia la autoridad precisada supralíneas, es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en la citada dependencia -Secretaría de Salud del Estado de Chiapas- y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivado de esa relación laboral que tiene con esta. En este orden de ideas, si el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, no tiene como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que deriva de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele la parte quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I4, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, se insiste, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituye una actuación entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación; lo cual se encuentra robustecido con la documental que anexó el promovente al escrito inicial de demanda, esto es, copia simple del talón de pago por el periodo comprendido del dieciséis al treinta de abril de dos mil veintiuno, con el que se acredita la relación laboral con la autoridad que indica como responsable, y a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 93, fracción VIII,5 en relación con el diverso 217,6 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues la misma se encuentra concatenada con los hechos vertidos por él mismo. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye una actuación de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues se insistente deviene de una relación patrón-trabajador; por ende, se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente ante la autoridad competente. Apoya a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.7 Sin que sea óbice para arribar a la anterior conclusión, su manifestación en el sentido de que ante el Juzgado Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, se encuentra tramitando un juicio de perdida de la patria potestad, guarda y custodia; sin embargo, también mencionó que en el referido juicio se decretó en su favor, entre otras medidas provisionales, la guarda y custodia de su menor hija, sin que se fijara el pago de alimentos en su contra; con lo que se robustece su manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no existe orden de autoridad judicial o administrativa que haya ordenado la retención o descuento de su salario y que por lo tanto dichas acciones son injustificadas. II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  3. Principal

    Visto; el escrito signado por ***, por medio del cual aclara su escrito demanda. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.°, agréguese a los autos el escrito de mérito para que obre como corresponda. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En ese tenor, se estima que en el caso concreto se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/20113, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: ? La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ? Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. ? Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. ? Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y el anexo que acompaña, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa al 1. Secretario de Salud del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en la retención o descuento parcial de su salario, a partir de la segunda quincena del mes de junio de este año. Cabe precisar, que el solicitante de amparo aduce que desde el uno de julio de dos mil quince, labora para la Secretaría de Salud del Estado, adscrito al Hospital Regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa, ubicado en esta ciudad, con la categoría de Médico Especialista A; sin embargo, que desde la segunda quincena del mes de junio y primera quincena del mes de julio de este año, dicha dependencia le ha estado reteniendo o descontando de su salario, la cantidad de $3,982.00 (tres mil novecientos ochenta y dos pesos 00/100), sin que exista orden de autoridad judicial o administrativa que así lo haya ordenado, por lo que considera que dicha retención o descuento es injustificada y violatoria de sus derechos laborales reconocidos en los artículos 123, apartado A fracción VIII y apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 101, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia la autoridad precisada supralíneas, es en su calidad de servidor subordinado que presta sus servicios en la citada dependencia -Secretaría de Salud del Estado de Chiapas- y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivado de esa relación laboral que tiene con esta. En este orden de ideas, si el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, no tiene como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que deriva de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele la parte quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I4, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, se insiste, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituye una actuación entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación; lo cual se encuentra robustecido con la documental que anexó el promovente al escrito inicial de demanda, esto es, copia simple del talón de pago por el periodo comprendido del dieciséis al treinta de abril de dos mil veintiuno, con el que se acredita la relación laboral con la autoridad que indica como responsable, y a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 93, fracción VIII,5 en relación con el diverso 217,6 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues la misma se encuentra concatenada con los hechos vertidos por él mismo. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye una actuación de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues se insistente deviene de una relación patrón-trabajador; por ende, se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente ante la autoridad competente. Apoya a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.7 Sin que sea óbice para arribar a la anterior conclusión, su manifestación en el sentido de que ante el Juzgado Primero del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, se encuentra tramitando un juicio de perdida de la patria potestad, guarda y custodia; sin embargo, también mencionó que en el referido juicio se decretó en su favor, entre otras medidas provisionales, la guarda y custodia de su menor hija, sin que se fijara el pago de alimentos en su contra; con lo que se robustece su manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no existe orden de autoridad judicial o administrativa que haya ordenado la retención o descuento de su salario y que por lo tanto dichas acciones son injustificadas. II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 609/2021-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo,1 dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, en el sentido de señalar con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo,2 REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia,3 por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Señale pormenorizadamente y de forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, esto es, los hechos o abstenciones que constituyen las circunstancias y particularidades que dieron origen al acto reclamado, particularmente, cuáles son los trámites que ha gestionado ante la autoridad que señala como responsable a fin de verificar el motivo del descuento a su salario, lo anterior, toda vez que es inconcuso que se encuentra en posibilidad de solicitar la información correspondiente ante ésta. SEGUNDO: Manifieste cuál es el motivo de la interposición del presente juicio de amparo, toda vez que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte la promoción de diversa demanda planteada en similares términos, misma que fue radicada bajo el número de juicio de amparo 588/2021, del índice de este juzgado. Asimismo, es dable precisar que en auto de quince de julio de los cursantes, se ordenó su prevención por los motivos ahí apuntados, de ahí que, tomando en consideración esa data, es irrefutable que aún se encuentra en posibilidad de desahogar la misma. III. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. Asimismo, comuníquesele que de advertirse que en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con los actos reclamados en esta instancia, cuyo propósito sea querer sorprender a este órgano de control constitucional para obtener una ventaja procesal indebida, se dará vista al Ministerio Público de la Federación, para que determine lo conducente, en relación con el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la materia4, porque en la especie no se reclaman actuaciones de excepción a la regla. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para recibir oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del referido artículo 12, párrafo primero, a Luis Roberto Hernández Ramírez y José Luis Martínez Álvarez, por así haberlo solicitado y por encontrarse inscritas sus cedulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Igualmente, de conformidad con el referido numeral -12-, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones, a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. VI. UTILIZACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Con sustento en la Circular número 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que mencionan para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."5 VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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