Mario Alexis Perez Arguelles
Expediente 686/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Mario Alexis Perez Arguelles
- A Z P B
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa no se encuentra debidamente integrado el presente juicio constitucional; así se estima, por lo siguiente: Tomando en cuenta que en el presente expediente se encuentran involucrados derechos una adolescente, y que la fracción III, del artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con los diversos 121 y 122, Título Quinto, Capitulo Segundo del citado ordenamiento1 1 Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: [.] V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles; [.]" Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección. Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan. En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos: a) Atención médica y psicológica; prevé que las autoridades federales, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley. Ahora, el artículo 121 del citado ordenamiento establece que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia; II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia; V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente; VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente; VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes; IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables; X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad; XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables; XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial; XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos, y XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. Procuraduría de Protección; en la inteligencia que dicha procuraduría, entre otras, deberá prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales. De ahí que proceda la representación procesal del procurador sobre el infante, pues ello daría a éste un mayor beneficio, sobre todo en asuntos en donde se requiere la especialización en menores de edad, lo que exige la representación oficial para asegurar los derechos fundamentales del niño. Máxime que al contar éste con una idónea representación en el juicio de amparo, podrá verse beneficiado con el litigio de un experto en la materia de derechos de la infancia, quien podrá aportar pruebas, formular alegatos e interponer los recursos respectivos, lo que llevará a una total defensa de sus intereses2 . Por tanto, gírese atento oficio por la vía correo electrónico al delegado y/o titular de la Procuraduría de Protección del 2 Para arribar a lo anterior, es aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: PROCURADOR DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES -FEDERAL O LOCAL-. PROCEDE DESIGNARLO PARA QUE REPRESENTE A UN MENOR DE EDAD EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA MINISTERIAL A DECRETAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DERIVADO DEL APARENTE CONFLICTO ENTRE SUS PADRES. Hechos: La madre de un menor de edad, por sí y en representación de éste, promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa del Ministerio Público de decretar las medidas de protección previstas en las fracciones I a III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Juez de Distrito, derivado del aparente conflicto de interés entre ambos progenitores, requirió un asesor jurídico de la Defensoría Pública Federal para que representara al niño y concedió la protección constitucional; inconforme, el procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el carácter de tercero interesado y en representación coadyuvante oficiosa del infante, interpuso recurso de revisión en el que alegó que éste debe ser representado por él y no por el asesor jurídico designado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que ante el aparente conflicto de interés entre los padres del niño (víctima), debe designarse como su representante al procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -federal o local-, a efecto de que actúe en su nombre y representación dentro del juicio de amparo, quien deberá garantizar de forma imparcial la protección de los intereses directos del infante. Justificación: Si bien es cierto que los padres tienen la guarda y custodia del niño y que la madre fue quien promovió el juicio de amparo, también lo es que en ninguno de ellos debe recaer su representación en el juicio constitucional, pues ante el aparente conflicto de intereses, se encuentran impedidos para llevarla a cabo, al no estar en posibilidad de proteger su interés superior; asimismo, tampoco debe recaer en el asesor jurídico designado por la Defensoría Pública Federal, pues tiene derecho a ser representado en términos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prevé en sus artículos 73, 86, 121 y 122 que éstos tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan en su ámbito jurídico, por lo que, entre otras cosas, deberán ser informados sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en éste, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable; igualmente, su participación en un procedimiento debe llevarse con asistencia de un profesional en derecho y, para una efectiva protección y restitución de sus derechos la Federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección; del mismo modo, las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, quienes garantizarán los derechos de niñas, niños y adolescentes, acorde con el ámbito de su competencia, establecida en la propia Constitución General, en los tratados internacionales y en la ley especial; además, les prestarán asesoría y representación cuando se encuentren involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen. De ahí que proceda la representación procesal del procurador recurrente sobre el infante, pues ello daría a éste un mayor beneficio, sobre todo en asuntos en donde se requiere la especialización en menores de edad, lo que exige la representación oficial para asegurar los derechos fundamentales del niño. Máxime que al contar éste con una idónea representación en el juicio de amparo, podrá verse beneficiado con el litigio de un experto en la materia de derechos de la infancia, quien podrá aportar pruebas, formular alegatos e interponer los recursos respectivos, lo que llevará a una total defensa de sus intereses. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en esta ciudad, con copia de la demanda, con la finalidad de establecer que la adolecente quejosa involucrada cuente con un representante especializado en derecho que la represente en el juicio constitucional, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para ella, quien con dicho carácter [que previamente se justifique] quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio constitucional en representación de la adolescente involucrada. Es aplicable la tesis II.3o.P.5 K (10a.), de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada."3 Sin que obste la circunstancia de que en este asunto se designó asesor jurídico por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún Quintana Roo, que representara los intereses de la adolescente involucrada; ello, porque la representación procesal del procurador sobre ella, pues ello daría un mayor beneficio, sobre todo en asuntos en donde se requiere la especialización en menores de edad, además que de contar con una idónea representación en el juicio de amparo, podrá verse beneficiado con el litigio de un experto en la materia de derechos de la infancia. Pues se destaca, que la representación coadyuvante que debe ejercerse por profesionales con conocimiento del amplio espectro de derechos fundamentales de los menores de edad en sus contenidos y alcances, conforme al entendimiento constitucional y convencional; exige ser especializada en infancia, esto es, conforme a su interés superior al margen de cualquier otro derecho. 3 Registro digital: 2007385, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: II.3o.P.5 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2450, Tipo: Aislada. Además, porque la fracción III, del artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, constriñe a las autoridades federales, que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional en los que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes, actuar conforme a lo antes determinado. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su desahogo las diez horas con treinta minutos del dos de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
I-Vista la certificación de cuenta, se advierte que los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, se suspendieron labores y se consideraron como inhábiles, mediante los oficios número 39/2023, 40/2023, 41/2023 y 42/2023; ello, conforme a los artículos 9, fracciones XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el que establece las disposiciones sobre el funcionamiento de las Coordinaciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ante el propio Consejo. Lo anterior, por causa de fuerza mayor derivado de la protesta y paro de labores por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales con sede en Chetumal, Quintana Roo, lo cual generó que litigantes, personas justiciables y servidores públicos no pudieran ingresar a los inmuebles; a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, por decisión de los titulares de los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Chetumal; por tal motivo, no fue posible acordar lo conducente en este expediente. Asimismo, la audiencia constitucional del presente juicio se señaló para las once horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, es decir, uno de los referidos días considerados como inhábiles. En consecuencia, se dispone fijar como nueva fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, las once horas con quince minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
I-Agréguese los escritos de cuenta, signados electrónicamente por ********************, asesora jurídica federal, del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designado para que funja como representante del niño involucrado en este asunto, mediante los cuales, con motivo de tal designación se le tiene aceptando el cargo y protestando su leal y fiel desempeño; asimismo, señala autorizados, solicita acceso al expediente electrónico, así como notificaciones electrónicas, y el uso de medios electrónicos. En tal virtud, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************,********************; toda vez, que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito, en tanto que en términos restringidos a ********************, por no contar con dicho registro, así como a las demás personas citadas en su oficio de cuenta por así solicitarlo expresamente. Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el usuario "********************", se encuentra debidamente registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, se autoriza a la asesora en cita, por medio del citado usuario consultar el presente expediente en línea y ser notificada por el mismo conducto. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Asimismo, como lo solicita el promovente de conformidad con lo determinado en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo, mediante el uso de aparatos, como son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
I-Agréguese el oficio de cuenta, enviado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, que remitió el titular de la Delegación Quintana Roo, del Instituto de Defensoría Pública, con residencia en Cancún, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, informa que designó a Brisa del Mar Villalobos García, como asesora jurídica federal adscrita a esa delegación, para que funja como representante especial la adolescente quejosa en el presente juicio de amparo, y al efecto proporciona el número telefónico y correo institucional como datos de contacto. Al respecto, se accede a su petición y queda autorizada con dicho carácter, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio de amparo, en representación del adolescente involucrado. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico perteneciente a la asesora jurídica Brisa del Mar Villalobos García, proporcionados por el titular en mención para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en la fracción I, del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
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