Mario Alejandro Salomón Pineda
Expediente 104/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Mario Alejandro Salomón Pineda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, provenientes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 104/2018, y un anexo, asimismo, remite testimonio de la resolución dictada en el toca R.P. 123/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, agréguense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "Primero. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. Segundo. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 104/2018, promovido por MARIO ALEJANDRO SALOMÓN PINEDA, en contra del acto que reclamó de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria". En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III, de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el catorce de mayo de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Ahora bien, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, respecto del cuaderno de antecedentes, previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, del que se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acusa recibo del oficio 12491 de dos de mayo del año en curso, e informa a este órgano de control constitucional que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado con el orden R.P. 123/2018.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; al respecto, agréguese copia de dicho ocurso al expediente y con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original del escrito de agravios y los presentes autos, para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese cuaderno de antecedentes. En la inteligencia de que a quien promueve se tuvo únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones, al no haber acreditado ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 104/2018, promovido por Mario Alejandro Salomón Pineda, contra acto de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el catorce de febrero pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1°, 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente se admitió a trámite la demanda, registrada con el orden 104/2018; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito a la sala responsable; finalmente, se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintinueve de enero de este año, emitida por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el incidente de recusación hecho valer en el toca 344/2017. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexó a dicha comunicación, entre las que se encuentra la determinación reclamada; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXII, de la ley reglamentaria citada, dado que el acto reclamado no puede surtir efecto legal alguno, porque dejó de existir la materia del mismo. Así es, de la interpretación relacionada del precitado precepto, con el diverso 77, fracción I, de la ley de la materia, se obtiene que para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia debe tenerse presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, si se toma en consideración que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado que inste la acción constitucional, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido, y la jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan que la concesión del amparo pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del quejoso. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la previamente invocada, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese contexto, en el caso se reitera, este juzgado considera la actualización de dicha causal de improcedencia, porque dejó de existir la materia de la determinación reclamada. Esto es así, porque del oficio recibido en este juzgado el tres del mes en curso, se advierte que la sala responsable, de manera unitaria, a través del magistrado recusado, el trece de marzo del año en curso (fecha posterior a la presentación de la demanda) resolvió el Toca Unitario 344/2017, relativo al recurso de apelación interpuesto, entre otro, por Luis Arturo Trigos Hernández, contra la resolución de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en la causa 191/2013, del registro del Juzgado Quincuagésimo Penal de esta ciudad, en que se modificaron las medidas cautelares impuestas a aquél. En efecto, dejó de existir la materia de la determinación reclamada, ya que el quejoso planteó recusación contra el Magistrado Rafael Guerra Álvarez para que no conociera y resolviera el Toca Unitario 344/2017; sin embargo, como se estableció, el recurso fue resuelto con posterioridad a la presentación de la demanda, de ahí que dejó de existir la materia de la determinación reclamada. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". También es orientadora la tesis identificada con el número 52, que aparece publicada en la página 39, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Precedentes Relevantes, Materia Común, sustentada por la citada Segunda Sala, cuyo título y contenido son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Mario Alejandro Salomón Pineda contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de enero de este año, emitida por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el incidente de recusación hecho valer en el toca 344/2017.
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