Mario Alejandro Ramírez Luna

Expediente 342/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
342/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Mario Alejandro Ramírez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por el cual acusa recibo de un disco DVD que contiene la videograbación de la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, celebrada dentro de la carpeta administrativa 2779/2019, que le fue devuelta en atención a lo ordenado en auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia, se toma conocimiento del contenido del oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento de multa que le fue decretado a dicha autoridad en el auto por el cual se le conminó. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, dictada por este órgano jurisdiccional, en la cual la Justicia de la Unión no Amparó ni Protegió en el presente juicio de amparo, a ------------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y glósese a los autos únicamente el original del cuaderno incidental correspondiente. Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, inciso b; 20, fracción II, inciso a, y 21, inciso c, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y . EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados;" En mérito de lo anteriormente expuesto, se estima que este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que la justicia de la unión no amparó ni protegió en el presente juicio de garantías a la parte quejosa, en tanto el original del incidente de suspensión, es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, por tanto, se deben dejar únicamente la demanda y determinaciones en las que fue concedida, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, consistente en el disco compacto DVD que contiene la videograbación relativa a la audiencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, celebrada dentro de la carpeta administrativa 2779/2019; devuélvase a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remiten. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de la autoridad requerida, el correo electrónico rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, siendo 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación personal ordenada, respecto de la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, se ordena al Actuario Judicial de la adscripción a efecto de que de manera inmediata realice la notificación personal ordenada en dicha resolución, para los efectos legales conducentes. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, con apoyo en lo previsto en el artículo 21 de la ley en comento, se faculta al funcionario judicial que habrá de realizar la diligencia encomendada, aún en días y horas inhábiles. En adición a lo anterior, se hace del conocimiento al actuario judicial que habrá de hacer la encomienda, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte, y por lista a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    VISTOS, para pronunciar sentencia los autos del juicio de amparo 342/2020-VI promovido por ---------------, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el diez de junio de dos mil veinte, por la Secretaria adscrita a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, autorizada para recibir demandas de amparo por incomunicación, las relativas a los artículos 15, 17 y 20 de la Ley de Amparo y todas aquellas promociones que requieran diligenciación urgente, ---------------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las siguientes autoridades y actos: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. C.JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLANEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, [.]." "IV.-ACTO RECLAMADO: La resolución, emitida por el C. Juez de Control Licenciado --------------- en fecha 29 de mayo de 2020 dentro de la audiencia señalada para revisión de medidas cautelares, solicitada por el hoy quejoso, por su indebida motivación y fundamentación, dejando de aplicar el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 4° del pacto federal y con los tratados Internacionales de los cuales nuestro país es parte." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estima vulnerados. El quejoso alegó que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 18, 20, fracción II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de diez de junio dos mil veinte, este juzgado de distrito admitió a trámite la demanda de amparo referida, la cual quedó registrada con el número 342/2020-VI; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y, con fundamento en el Acuerdo General 4/2020 del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal "relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", se reservó señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto fueran reanudadas las labores de este recinto judicial. Posteriormente, por auto de veintiuno de julio de dos mil veinte, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", este órgano jurisdiccional ordenó la reanudación del trámite en el presente sumario constitucional y, en consecuencia, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la fracción II de la Sección Cuarta del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación; ya que el acto reclamado tiene ejecución material en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (donde el quejoso continúa privado de su libertad), lugar en el que éste órgano jurisdiccional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo,19 a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y las diversas constancias que obran en el expediente,20 el acto reclamado en el presente juicio es: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, dentro de la carpeta administrativa 2779/2019, en la cual se determinó no modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es CIERTO el acto reclamado, toda vez que el Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado.21 Lo cual, además, se corrobora con la copia certificada de la carpeta digital de la causa de control 2779/2019, así como del disco de videograbación de la audiencia celebrada dentro del incidente de revisión de medidas cautelares de veintinueve de mayo de dos mil veinte, ambos remitidos en formato DVD.22 Constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, a las que se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, como lo establece en su artículo 2.23 19En observancia a la Jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, con número de registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. [.]" 20 En apoyo a lo considerado, al no contravenir lo dispuesto en la actual ley de la materia, se cita la tesis jurisprudencial P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, con número de registro 181810 que en su rubro prescribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 21 Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, Novena Época, con número de registro 917812 del título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 22 Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDADRESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. 23 Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Quinta Época, con registro 394182, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público, merece estudio preferente, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En esos términos, las partes no las hicieron valer ni el suscrito advierte de forma oficiosa la actualización de alguna causal de improcedencia, por lo tanto a continuación se procede al estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes. Antes de proceder al análisis de los conceptos de violación, se considera importante, para una mejor comprensión del asunto, hacer una breve relación de los antecedentes que dieron lugar al acto reclamado en el presente juicio: 6. En audiencia inicial de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se formuló imputación en contra de ---------------, por su presunta participación en el delito de violación equiparada en agravio del menor de identidad reservada de iniciales V.T.P.O., dentro de la carpeta administrativa 2779/2019, razón por la cual se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. 7. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve, dentro de la continuación de la audiencia inicial, se dictó auto de vinculación en contra del quejoso, por el hecho delictuoso de violación equiparada, previsto y sancionado por los artículos 273 párrafos primero, segundo y tercero, 274 fracción II, en relación con los diversos 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso c), todos del Código Penal vigente en la entidad, en agravio del menor de identidad reservada de iniciales V.T.P.O., por lo tanto, se determinó que la medida cautelar impuesta se prolongaría durante el tiempo que durara el procedimiento. 8. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se decretó el cierre de la investigación y por auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia intermedia, la cual fue suspendida debido a la contingencia sanitaria que se vive en el territorio nacional. 9. Mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil veinte, la defensora particular de ---------------, solicitó audiencia para revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el cual, en esencia, refirió: A partir de la declaración de emergencia a causa de la pandemia de COVID-19, decretada por las autoridades sanitarias, el quejoso ha visto vulnerado su derecho humano a la salud, ya que ha sido declarado "con ASMA BRONQUIAL DE LARGA EVOLUCIÓN, tratada con TX CON SALBUTAMOL AEROSOL PRN y DISCAPACIDAD PERMANENTE NEUROMOTORA, POR LA SECRETARÍA DE SALUD; lo que se acredita con el certificado de discapacidad y funcionalidad FOLIO 00143 SOAC, donde se diagnostica con SIRINGOMELIA/EN y CHARCOT/ATROFIA BILATERAL TENAR, calificando la discapacidad como MIXTA Y FUNCIONALIDAD BAJA." Las condiciones de salud del imputado han variado radicalmente por la declaración de la pandemia, ya que el virus SARS-CoV2 acentúa el peligro y el riesgo que corre su vida, lo cual se puede constatar con la nota médica emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre del quejoso, donde se advierte que éste padece "ASMA BRONQUIAL DE LARGA EVOLUCIÓN". El veinticuatro de mayo de dos mil veinte, el imputado comenzó a sentir sintomatología correspondiente al COVID-19, como cefalea, fatiga, temperatura, circunstancia que junto con su padecimiento asmático, pone en riesgo su vida, pues se tiene amplio conocimiento de que ese virus afecta directamente las vías respiratorias, especialmente los bronquios y pulmones, órganos que en una persona asmática ya están dañados de manera permanente. El Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, no es lugar adecuado, ni cuenta con la infraestructura necesaria y suficiente para proteger la salud del quejoso, por lo que se solicitó la modificación de la medida por cualquier otra de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual resultaría proporcional e idónea para proteger su salud y garantizar en todo momento la presencia de éste en el proceso instaurado en su contra. 10. Una vez recibida la solicitud por el juzgado de control responsable, se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, la cual se celebró el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en la cual se desahogó el interrogatorio del perito ---------------, experto en medicina legal, y después de escuchar el debate entre las partes, la autoridad responsable, declaró improcedente la petición de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, con base en las siguientes consideraciones: h) Los artículos 161, 162 y 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que para para poder revocar, sustituir o modificar una medida cautelar, resultaba preciso que hayan variado de manera objetiva las condiciones que determinaron su imposición. i) ¿Cuáles fueron esas condiciones en el caso concreto? La condición única que se tomó en consideración y por la que se fijó la medida cautelar, es que se vinculó al imputado a procesó por un delito que constitucional y procesalmente amerita prisión preventiva oficiosa, condición que evidentemente no ha variado desde entonces (minuto 01:13:55 de la videograbación de la audiencia). Al respecto, explicó que el artículo 19 constitucional segundo párrafo, al igual que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que el juez ordenará prisión preventiva oficiosa, entre otros caso, cuando se trate del delito de violación. j) Por otra parte, advirtió que si bien conforme al perito que fue interrogado durante la audiencia, el riesgo de que el imputado se contagie de COVID-19 repercutiría gravemente en su salud, refirió que ello no influye ni es una circunstancia objetiva que se haya tomado en consideración para fijar la medida cautelar. Es decir, que la medida cautelar no se le impuso porque no había pandemia, sino que se le impuso por el tipo de delito por el que fue vinculado a proceso. k) El hecho de que el imputado presente tres enfermedades crónico-degenerativas, no es una condición objetiva que haga cambiar las circunstancias para que se le pueda variar o fijar otra medida cautelar, ya que la prisión preventiva se impuso por disposición constitucional y por disposición procesal penal, de conformidad con el principio de legalidad. l) En su argumentación la defensa considera que se debe realizar una interpretación conforme, sin embargo, las disposiciones constitucionales y convencionales no se contraponen a la imposición de la medida, ya que el artículo 19 constitucional establece que el juez debe imponer prisión preventiva oficiosa, en tratándose de delitos de violación, lo cual además es conforme con el artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser privado de su libertado salvo por las disposiciones legales aplícales. m) La defensa también hizo alusión al principio pro persona, sin embargo no señaló ninguna norma que favorezca al imputado a fin de que se le fije una medida cautelar distinta, por ende ni aun atendiendo al principio pro persona se encuentra algún sustento legal para poder modificar la medida cautelara. Por su parte refirió que si bien los jueces tienen la facultad de ejercer un control difuso, es decir de inaplicar una disposición legal, en el caso, ello no es factible ya que no se encuentra alguna norma distinta a la señalada en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que pudiera permitir que se fije una medida cautelar distinta. n) Bajo ese contexto, evidentemente no es procedente la petición que ha realizado la defensa y el imputado, por lo tanto, se mantiene la medida cautelar que le fue impuesta a --------------- (minuto 01:27:55 de la videograbación de la audiencia). Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias;24 sin embargo es conveniente precisar que el quejoso, en síntesis, adujo lo siguiente: La resolución reclamada ignoró el derecho a la salud y la vida del quejoso, en contravención al artículo 1° constitucional, ya que de forma contraria al principio pro persona y a la interpretación conforme, la autoridad responsable afirma que no existe norma o tratado internacional que contraríe la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin embargo eso no estaba a debate, por lo que perdió de vista que lo que se solicitaba era la modificación de la misma, al ponderar el alto peligro en el que se encontraba por la pandemia de COVID-19, situación que no existía al momento de imposición de la medida de prisión preventiva. 24 Resultar aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, cuyo rubro establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. [.]" La responsable dejó de lado el contenido de los artículos 1° y 4 constitucionales, que atienden al principio pro persona y al derecho a la salud, pese a que fueron hechos valer como parte toral de la solicitud de modificación de la medida cautelar; porque señala que la defensa no ofreció ni mencionó disposición alguna que permitiera afirmar que existe una norma que se contrapusiera con el artículo 19 constitucional, y con base en ello negó cambiar la prisión preventiva por alguna de las que señala el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que con esas medidas de igual forma se garantizaban las finalidades de la prisión preventiva. Lo anterior contraviene el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Sociales Económicos y Culturales, que señala el alcance del concepto de salud desde una perspectiva amplia e integral, así como el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales no fueron aplicados en su justa dimensión, bajo el falso argumento de que no existía algún tratado que contraviniera el artículo 19 constitucional. La autoridad responsable omitió analizar sus argumentos y ponderar el derecho a la salud, ya que estaba plenamente acreditado en los registros de investigación que padece las enfermedades de "siringomielia", "Charcot-Marie-tooth" y "asma bronquial", que incluso lo convierten en una persona con capacidades diferentes, y combinadas con el COVID-19, pone en riesgo la salud e incluso su vida, ya que, el riesgo de contagio es muy alto pues es un hecho notorio que los centros penitenciarios del estado de México tienen sobrepoblación y hacinamiento, ineficiencias medidas de sanidad y atención hospitalaria deficiente, y en los cuales han surgido brotes de contagio COVID-19. Refiere que las pruebas ofrecidas fueron valoradas de forma ilógica, ya que el especialista en medicina que ofreció la defensa, acreditó la gravedad de la situación médica del quejoso y que requiere de especial cuidado, de medidas de seguridad e higiene, así como de equipo médico de reacción oportuna y continua, en caso de ser portador del virus en cita; sin embargo el juez responsable resolvió sin tomar en consideración que en el centro preventivo de Tlalnepantla no existen aparatos, medicamentos y especialistas para el tratamiento del COVID-19 y el personal médico no cuenta con las actualizaciones necesarias para el tratamiento del virus, además de que la población del centro rebasa la capacidad del personal médico. El juez afirma que debido a la oficiosidad del delito, él no puede cambiar la medida cautelar por mandato constitucional, sin embargo, debió llegar a la conclusión de que existe una situación de riesgo por la entrada de la pandemia de COVID-19, en la situación personal del quejoso, quien padece tres enfermedades crónico-degenerativas, especialmente asma bronquial, un posible contagio de coronavirus pondría en riesgo inminente su vida. En consecuencia al no hacer una interpretación conforme de los artículos referidos, alegó de forma errónea que las condiciones objetivas que justificaron la prisión preventiva no han cambiado para modificar tal medida, dejando de valorar la situación de riesgo existente. SÉPTIMO. Estudio de fondo. A continuación se procede a analizar los conceptos de violación en su conjunto,25 bajo el entendido de que en el presente caso aplica la suplencia de la queja deficiente, ya que el quejoso se ubica en el supuesto del artículo 79, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Ahora bien, de forma esencial la parte quejosa se duele de que en la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veinte, el juez de control vulneró su derecho a la salud y a la vida, pues a pesar de haber acreditado el inminente riesgo en el que se encuentra con motivo de la pandemia producida por el virus SARS-CoV2, la autoridad responsable contrariando el deber de fundamentación y motivación, negó la solicitud de cambiar de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por alguna otra de las establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, se considera pertinente hacer una breve referencia al marco normativo aplicable al presente caso, por lo que en principio se expondrán ciertas consideraciones en torno al derecho a la salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad, así como en torno a la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional; y a partir de ello, se procederá a efectuar el análisis de del acto reclamado en esta instancia constitucional. DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD 25 Lo que se sustenta en la jurisprudencia 5 (10ª), en Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, de rubro y contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En primer término es importante referir que el artículo 4 constitucional establece lo siguiente: "Artículo 4.- [.] Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. [.]" Por su parte, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. [.]" La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto reiteradamente que en relación con las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen control o dominio sobre quienes se encuentran sujetos a su custodia, lo cual da como resultado que por las circunstancias propias del encierro, las personas privadas de su libertad se encuentren impedidas para satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como la obtención de atención médica.26 Ello parte de la base de que, toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal,27 lo que a su vez, implica el deber del Estado de salvaguardar su salud y bienestar; y velar por que la forma en que se ejecuta la privación de libertad no exceda el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la esa situación.28 En términos similares, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estableció que en caso de que el Estado detenga a una persona y la mantenga privada de su libertad, éste asume una especial responsabilidad de su vida, por lo que le corresponde asegurar una protección de este derecho, incluyendo el proporcionar la atención médica adecuada de oficio, es decir, sin necesidad de que sea haga un requerimiento especial por parte de quien se encuentra recluido.29 De esa forma, los derechos a la vida, la salud y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana y requieren la existencia de una regulación de los servicios de salud en el ámbito penitenciario adecuada, que hacen necesaria la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Sobre esas bases, se considera pertinente retomar algunas de las consideraciones sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, resolución que versa precisamente en la obligación que tienen los jueces cuando alguna persona interna en un centro penitenciario solicite que se revise o modifique la medida cautelar o la pena privativa de libertad, con motivo de que su permanencia en el centro penitenciario implica un riesgo para su salud o integridad física o incluso para su vida. De manera específica la Corte Interamericana señaló ciertas ciertas premisas relevantes en relación con el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad que 26Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 272, párr. 128. 27Los Principios Básicos 1, 5 y 9 para el Tratamiento de Reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, señalan que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos, con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento. 28 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que: el artículo 3 del Convenio Europeo impone al Estado "asegurarse de que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la forma y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida. Cfr. TEDH, Kudla v. Polonia, No. 30210/96, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Reports 2000 XI, párr. 94. 29 Ver: Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lantsova v. Russian Federation, Comunicación No. 763/1997,U.N. Doc. CCPR/C/74/763/1997, de 26 de marzo de 2002, párr. 9.2; Fabrikant v. Canadá, Comunicación No. 970/2001, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/970/2001, de 11 de noviembre de 2003, párr. 9.3. padezcan enfermedades graves o alguna condición que implique un riesgo para su vida e integridad, en caso de que permanezcan recluidos en el centro carcelario:30 5. Las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado. Lo cual implica que en aquellos casos en que se haya impuesto una medida cautelar o una pena, privativa de libertad son las propias autoridades encargadas de su ejecución quienes deben velar porque existan las condiciones adecuadas para brindar atención médica. 6. Esta obligación puede verse acentuada o especificada según el tipo de enfermedad, particularmente si ésta tiene carácter terminal o si puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por las condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud del establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas; 7. Es una obligación que recae en las autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial sobre la actuación y las omisiones de las autoridades administrativas a fin de salvaguardar las garantías relacionadas con la salud y la vida de las personas privadas de libertad. 8. La falta y/o deficiencia en la provisión de una atención médica adecuada, o un tratamiento médico negligente o deficiente, resulta contraria a la obligación de proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad.31 En esos términos, el derecho a la salud de los internos se debe ver necesariamente complementado con un recurso judicial efectivo; el cual requiere que las autoridades judiciales actúen con diligencia, independencia y humanidad frente a casos en los que se haya 30 Caso de la Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, Sentencia de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. párr. 236 y CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, 31 de diciembre de 2011: "184. Según los estándares señalados en el apartado anterior y según se desarrolla más adelante, las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado (de medicina y enfermería). [.] En cualquier caso, y más aún si la persona está evidentemente enferma, los Estados tienen la obligación de asegurar que se mantenga un registro o expediente sobre el estado de salud y tratamiento de toda persona que ingresa en un centro de privación de libertad, ya sea en el propio lugar o en los hospitales o centros de atención donde vaya a recibir el tratamiento." "188. [.] como parte de la obligación del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se puede deteriorar de manera progresiva. Bajo el principio de no discriminación (artículo 1.1 de la Convención), esta obligación adquiere particular relevancia respecto de las personas privadas de libertad. Esta obligación puede verse condicionada, acentuada o especificada según el tipo de enfermedad, particularmente si ésta tiene carácter terminal o, aún si no lo tiene per se, si puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por las condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud del establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas. Esta obligación recae en las autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial de las garantías para las personas privadas de libertad. 189. Las autoridades deben asegurarse de que, cuando lo requiera la naturaleza de una condición médica, la supervisión sea periódica y sistemática dirigida a la curación de enfermedades del detenido o a prevenir su agravamiento, en lugar de tratarlos de forma meramente sintomática." 31 En el caso Chinchilla por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que: "si bien, el Estado manifestó que muchos de los tratamientos le fueron brindados en hospitales públicos y que el COF era principalmente un centro de cumplimiento de condena y de rehabilitación del reo, por lo cual es lógico que un hospital estuviera mejor adaptado para atender emergencias médicas, a pesar de lo cual en este caso el COF sí contaba con un área hospitalaria. La Corte hace notar que ante un franco deterioro progresivo de salud, y según una serie de informes de los médicos de turno del propio COF, de médicos forenses y del "equipo multidisciplinario" del COF (integrado por funcionarios del departamento jurídico, departamento laboral, departamento de psicología, trabajadora social, la sub-directora y la directora de ese centro), era evidente que dicho centro penitenciario no contaba con las capacidades suficientes (recursos necesarios, personal especializado, equipo e infraestructura) para atender adecuadamente tal deterioro o, en todo caso, tales capacidades no habían sido comprobadas, en particular en relación con la provisión del medicamento o tratamiento requeridos. Sin embargo, ciertamente ella podía ser evaluada y atendida en consulta externa en hospitales públicos. Además, era evidente que en algún momento podía sufrir alguna descompensación que requeriría de tratamiento hospitalario y que su vida podía ponerse en riesgo si el tratamiento médico no era adecuado y consistente, o si se le dejaban de administrar sus medicamentos de forma periódica y apropiada. Puesto que el COF no contaba con equipo necesario para brindar tratamiento de emergencia ante una cetoacidosis o coma diabético, complicaciones que sí podían ser fatales dependiendo del tiempo que tardara en ser trasladada a un centro de atención especializado, la presunta víctima tenía un riesgo latente de morir por su enfermedad estando recluida. Además, en los últimos informes se indicó que, además de su discapacidad, su salud mental y física estaba en franco deterioro, que tenía mal estado generalizado, desnutrición crónica del adulto y depresión severa con riesgo suicida, sin que conste que tales síntomas o padecimientos fueran tratados en algún momento." Y a pesar de que en la gran mayoría de ocasiones en que lo solicitó, fue autorizado que la víctima fuera atendida en hospitales, "sin embargo, es claro que los procedimientos establecidos para la consulta externa en hospitales no tenían la agilidad necesaria para permitir, de manera efectiva, un tratamiento médico oportuno, particularmente en caso de emergencia. Tampoco consta que existieran mecanismos de supervisión y monitoreo externo de los servicios de salud ofrecidos en el COF. Es decir, no consta que las autoridades se hayan asegurado de que, dada la naturaleza de su condición de salud, la supervisión médica fuera periódica y sistemática dirigida al tratamiento de sus enfermedades y de su discapacidad y a prevenir su agravamiento, en lugar de tratarlos de forma sintomática, lo cual debía incluir la provisión de dietas apropiadas, rehabilitación y otras facilidades necesarias especializadas en condiciones comparables con aquellas que deben recibir pacientes no privados de libertad." Por lo tanto "Si el Estado no podía garantizar tales atenciones y tratamientos en el centro penitenciario en que se encontraba, debió establecer un mecanismo o protocolo de atención ágil y efectivo para asegurar dicha supervisión médica, particularmente ante alguna situación de emergencia, lo cual no fue comprobado en este caso, particularmente en relación con los procedimientos establecidos para la consulta externa en hospitales". acreditado que existe un riesgo inminente para la vida de la persona debido al deterioro de su salud o a la presencia de enfermedad mortal. En relación a esa obligación, la Corte Interamericana, en el mismo caso, determinó que ante las solicitudes de libertad anticipada o modificación de medidas cautelares fundadas en la protección de la salud de las personas privadas de su libertad, "los jueces deben sopesar el interés del Estado en que se ejecute una condena penal válidamente impuesta con la necesidad de evaluar la viabilidad de continuar con el internamiento de personas condenadas que padecen determinadas enfermedades graves."32 Ya que, es a partir de ese ejercicio de ponderación, que puede determinarse si la salud del quejoso efectivamente está en riesgo; en caso de ser así, puede ser protegida con la remisión temporal del interno a un centro médico, si el centro penitenciario está debidamente equipado para atender el la enfermedad que padece; o si ésta es incompatible con las condiciones en las que se ejecuta la privación de la libertad. En estos casos, cuando la patología de salud sea incompatible con la privación de libertad, porque que el encierro carcelario no resulte ser un espacio apto para el ejercicio de derechos básicos, por no contar con el equipo, personal y/o instalaciones médicas suficiente para atender padecimientos específicos, se hace necesario reducir y mitigar los daños en la persona y que se brinde el trato más humano posible según los estándares internacionales, ya sea modificando las condiciones de internamiento o determinando que dicha persona cumpla el encierro en una instalación distinta. Es importante aclarar que la propia Corte Interamericana detalló que la obligación de ponderar los derechos a la salud e integridad de las personas privadas de su libertad no significa que los jueces de ejecución estén obligados a decidir en todos los casos por la libertad de la persona privada de ella; "sino que lo relevante es que [.] actúen con mayor vigilancia y debida diligencia en función de las particulares necesidades de protección de la persona privada de libertad y los derechos en cuestión, particularmente si la enfermedad puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender la situación o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas."33 Es decir, el hecho de que una persona interna en un centro penitenciario solicite la modificación de la medida cautelar o la pena privativa de la libertad por razones de salud, no necesariamente debe conducir a que se resuelva favorablemente su solicitud, pues como se ha explicado ello deriva de una ponderación tanto de los derechos de esa persona, de la existencia o no de elementos que acrediten la enfermedad y de las circunstancias en las que se encuentra, el riesgo en que se pone al resto de la población penitenciaria, la afectación los derechos de la víctima del delito y de la necesidad de salvaguardar la integridad del procedimiento penal.34 En resumen, cuando existan elementos que señalen que el reo ha sufrido o puede sufrir consecuencias graves por el precario estado de salud en que se encuentra, si no existen los medios materiales y humanos dentro del centro de reclusión para atender tal situación, ello provoca que la ejecución de una sanción penal o de una medida cautelar de prisión preventiva, atente gravemente contra su vida e integridad personal. Lo cual justifica considerar la el establecimiento de medidas especiales o incluso de una adaptación de la pena de privación de la libertad (ejecución en un centro médico, geriátrico, entre otros) como medida de carácter extraordinario. Finalmente, es relevante mencionar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es vinculante para todas las autoridades jurisdiccionales del país, al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; al respecto el más alto tribunal de nuestro país, explicó en la contradicción de tesis 293/2011, que a fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona.35 32 Caso Chinchilla, op cit, párrafo 244. 33 Ibid, párrafo 247. 34 Ibídem. 35 Criterio que se ve reflejado en la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Página 204, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos." PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA Por otra parte, la prisión preventiva es una medida correctiva personal, dictada por un mandato judicial, en la que se afecta directamente la libertad de la persona que cumple la función de asegurar la presencia del imputado al proceso penal bajo determinados presupuestos; figura jurídica prevista en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional: "El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." En ese sentido, ese precepto constitucional dispone el catálogo de delitos por los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, entre ellos, el atribuido al quejoso -violación-, a los cuales por su naturaleza, el constituyente, por razones de política criminal, asignó de manera indefectible la reclusión en un centro penitenciario mientras dure el procedimiento, lo cual tiene como finalidad: (iv) Asegurar la comparecencia del imputado en el juicio; (v) Garantizar el desarrollo de la investigación, evitando el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; al reducir el riesgo de que el imputado (a) pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba; (b) influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente; (c) intimidar, amenazar u obstaculizar la labor de los servidores públicos que participan en la investigación; y (vi) La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Lo cual se corrobora del contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: [.] III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; [.] El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." En esos términos, es indudable que el constituyente creó un régimen excepción para las personas procesadas por el catálogo de delitos previstos en el artículo 19 constitucional y desarrollado por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a los juzgadores a imponer la medida cautelar de prisión preventiva siempre que se trate de alguno de dichos delitos; y de manera lógica prohíbe la sustitución de esa medida por cualquier otra. En consecuencia, es dable concluir que a pesar de que el derecho a la salud de las personas internas en los centros penitenciarios, en ocasiones pudiera verse restringido por las condiciones de internamiento, éste no puede justificar desaplicar o contrariar un régimen excepcional establecido expresamente en la constitución; por ende, en ningún caso de los previstos resulta procedente sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por alguna otra, ni aún por cuestiones de salud. No obstante lo anterior, vale la pena referir que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 163/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí es posible interpretar estos regímenes excepcionales (restrictivos de derechos fundamentales) a partir del principio pro persona; criterio visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Página: 487, de rubro y texto: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES. Conforme a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 293/2011, las restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior; sin embargo, nada impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. En efecto, no porque el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deba prevalecer, su aplicación ha de realizarse de manera indiscriminada, lejos de ello, el compromiso derivado de lo resuelto en la aludida contradicción de tesis privilegia un ejercicio hermenéutico que lleve al operador jurídico competente a que, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, ésta sea leída de la forma más favorable posible, como producto de una interpretación sistemática de todos sus postulados." Así, vale la pena referir que el régimen de la prisión preventiva oficiosa, a pesar de impedir que ésta pueda ser sustituida por otra medida cautelar, lo cierto éste debe ser interpretado de una forma que no restrinja de manera absoluta el derecho a la salud de los internos, para lo cual es preciso transcribir el contenido de los artículos 161, 162, 163, 165 y 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud. Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Artículo 163. Medios de prueba para la imposición y revisión de la medida Las partes pueden invocar datos u ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque, según el caso, la medida cautelar. Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." Artículos de los cuales se desprende en primer lugar que dentro del procedimiento penal, es posible solicitar una revisión de la medida cautelar (independientemente de cuál medida, aun si se trata de la prisión preventiva oficiosa), a fin de que se revise si las condiciones y circunstancias que se tomaron en cuenta al momento de imponerla subsisten o han variado, con lo cual se garantiza el acceso a un recurso efectivo. Por su parte, los artículos 165 y 166 establecen las reglas generales para la prisión preventiva, de los que se advierte que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que en ciertos casos, tales como edad avanzada o enfermedad grave, los jueces de control tienen la facultad de ordenar que la prisión preventiva se ejecute en un lugar diverso al centro carcelario, siempre imponiendo las medidas cautelares que procedan para garantizar la integridad del procedimiento y la protección de la víctima. Lo cual, además resulta aplicable a los supuestos tanto de prisión preventiva justificada, como a los de prisión preventiva oficiosa; puesto que aun en los supuestos en que la medida cautelar mencionada no pueda ser sustituida por otra diversa (prisión preventiva oficiosa), ésta si puede ser adaptada en cuanto a las condiciones y el lugar en el cual se ha de llevar a cabo, sin que ello implique dejar en libertad al procesado en cuestión, preceptos que permiten armonizar el derecho a la salud e integridad física de las personas privadas de su libertad, con el régimen constitucional de la prisión preventiva oficiosa. En conclusión, si bien los artículos 161 a 163 antes transcritos permiten la revisión de las medidas cautelares, tanto el artículo 19 constitucional, como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son claros en establecer que en tratándose de los delitos ahí señalados (entre ellos el de violación) se debe imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual no puede ser sustituida por otras, en ninguna circunstancia; no obstante lo cual el juez de control sí puede adoptar medidas y adaptar la prisión preventiva para garantizar el derecho a la salud e integridad personal (desde ordenar que se brinde atención médica dentro del centro, hasta ordenar que la prisión preventiva se cumpla en un centro médico o geriátrico). Análisis de los conceptos de violación Sentado el marco normativo aplicable al presente caso, a continuación se procede al análisis de los conceptos de violación en los que la parte quejosa refirió que forma esencial, que el juez de control responsable omitió fundar y motivar adecuadamente su resolución, ya que no ponderó el derecho a la salud frente a la situación derivada de la pandemia e Coronavirus porque negó la solicitud de modificación de la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta por alguna otra de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales resultan INFUNDADOS, por las razones que se exponen a continuación. En principio se advierte que la defensora privada del quejoso solicitó la audiencia de revisión de medidas cautelares, con el objetivo de que se sustituyera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por alguna otra de las que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el argumento que de continuar recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla se pondría en un inminente riesgo la vida e integridad del imputado, ya que padece tres enfermedades crónico degenerativas, una de las cuales combinada con el virus SARS-CoV2 podría causarle la muerte en horas; aduciendo que el centro penitenciario en el que el quejoso se encuentra recluido no tiene la infraestructura ni los recursos necesarios para prevenir que éste se contagie de coronavirus. En respuesta, el juez de control refirió que para estar en aptitud de revocar, sustituir o modificar una medida cautelar, era preciso que hubieran variado de manera objetiva las condiciones que determinaron su imposición; siendo que en el caso concreto la única condición que se tomó en consideración para imponer la prisión preventiva oficiosa fue el hecho de que el imputado fue vinculado a procesó por un delito que constitucional y procesalmente amerita prisión preventiva oficiosa; circunstancia que evidentemente no había variado. Asimismo, el juez responsable determinó que si bien conforme al perito que fue interrogado durante la audiencia, el riesgo de que el imputado se contagie de COVID-19 repercutiría gravemente en su salud, afirmó que ello no influyó ni fue una circunstancia objetiva que se haya tomado en consideración para fijar la medida cautelar, es decir, que la medida cautelar no se le impuso porque no había pandemia, sino que se le impuso por el tipo de delito por el que fue vinculado a proceso, por su probable participación en la comisión de un hecho delictivo que amerita prisión preventiva oficiosa. Conclusión que resulta acertada, ya que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, obedeció a la naturaleza del delito por el cual el quejoso está sujeto a proceso, la cual da sustento constitucional y legal a la prisión preventiva, e impide al juez sustituir esa medida por ninguna otra, al imperar un régimen de excepción que impide favorecer a las pretensiones del promovente del amparo, pese a que las sustente en circunstancias sanitarias atípicas a nivel mundial. Es claro que el artículo 19 constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos en que se procese a una persona por el delito de violación, que en la especie es por el que se le decretó formal prisión al procesado, aquí quejoso; por lo tanto, ésta no puede ser sustituida por alguna otra medida cautelar de las previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales ya que ello iría en contra del mandato expreso de la Constitución. En consecuencia, a pesar de que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tema de los derechos humanos, acoge los principios pro persona y de interpretación conforme, cuyos postulados se establecen que se tiene que en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo cierto es que la regulación constitucional de la prisión preventiva oficiosa implica un régimen de excepción que establece ciertas restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas vinculadas a proceso por los delitos ahí previstos, el cual prevalece sobre las normas convencionales, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293/2011, cuyo criterio se vio plasmado en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Página: 202, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." De ese modo, contrario a lo referido en los conceptos de violación, el artículo 19 constitucional, establece una restricción que impide sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por alguna otra, por lo que no es dable la aplicación de tratado alguno, que implique la obligatoriedad de interpretar conforme y a lo más favorable para las personas; como lo pretende hacer valer el quejoso. En consecuencia, como bien lo consideró el juez responsable la contingencia nacional ni el estado salud del quejoso deben ser analizadas para la procedencia de la revisión, modificación o cese de medidas cautelares, pues la única condición que se tomó en cuenta para la imposición de la prisión preventiva oficiosa, fue por la naturaleza del delito por el que se le instruye el proceso al quejoso, la cual deriva del régimen de excepción constitucional, que obedece a la política criminal adoptada por nuestro país para el tratamiento de los delitos de alto impacto social. Ahora, si bien el quejoso es parte de la población penitenciaria y adujo estar en riesgo de perder la vida dada sus condiciones médicas, y ello podía justificar que el juez responsable ordene dar atención médica inmediata para respetar y garantizar su derecho a la salud; u ordene al centro penitenciario tomar las medidas sanitarias conducentes para evitar el contagio de la enfermedad Covid-19 y verificar que se le dé la atención médica para los padecimientos que presenta, ordenar que la prisión preventiva se ejecutara en un centro médico o geriátrico; lo cierto es que esto no fue lo que solicitó al momento de pedir la revisión de la medida cautelar impuesta, pues éste únicamente solicitó la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar distinta. En este sentido, el juez responsable de manera correcta consideró que en el caso aun cuando se acreditara el estado de salud del quejoso, ello era insuficiente para volver procedente su solicitud de modificación medidas cautelares, ya que el artículo 19 constitucional vetaba esa posibilidad. Por todo lo anteriormente expuesto, se imponen declarar INFUNDADOS, los conceptos de violación, y por lo tanto, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia de la Unión, solicitados por la parte quejosa. En consecuencia, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ------------, respecto del acto precisado en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando SÉPTIMO de la presente sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra interno y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 2136 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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