Mario Alejandro Camacho Carvajal
Expediente 725/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Mario Alejandro Camacho Carvajal
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta y certificación secretarial que antecede de la que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja en contra del auto por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, habiendo transcurrido el término que señala el artículo 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese este expediente como asunto concluido, declaratoria última que se realiza con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente con fundamento en el artículo 15 del mencionado Acuerdo General, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Asimismo, se destaca que el presente expediente se desechó la demanda de amparo, y no existen documentos originales; como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso d) del aludido Acuerdo. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 párrafo segundo, del mencionado Acuerdo General, hágase constar en la carátula del actual expediente la anterior valoración, lo relativo al archivo y de que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Ahora, en principio debe puntualizarse que el estudio de las causas de improcedencia son de análisis preferente, de tal modo que, previo a la admisión de una demanda de amparo, es obligación del juzgador analizar si la demanda de amparo es procedente o, en su caso, si se actualiza alguna causal que la haga improcedente, pues así lo señala el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. A mayor abundamiento, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, esto es, se tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, pues su existencia es real y probada. Ahora, en el caso particular, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto consistente en: La negativa de acceso a la carpeta de investigación 942/2020. La negativa por parte de la autoridad responsable para que la parte quejosa comparezca y aporte datos de prueba dentro de la carpeta de investigación 942/2020. La negativa por parte de la autoridad responsable de recibir escrito, en el que se solicita cita para comparecer y expedirle copias. Ahora bien, al respecto el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 1 fracción I, 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la interpretación sistemática de los aludidos preceptos se desprenden dos de los principios rectores del juicio de amparo denominados instancia de parte agraviada, así como agravio personal y directo. El primero corresponde a que el gobernado, por propio derecho o a través de quien lo represente o defienda, sea quien ejerza la acción constitucional que ataque el acto de autoridad lesivo de sus derechos fundamentales; y el segundo se refiere al menoscabo u ofensa que se concreta en una persona, ya sea física o jurídica determinada, así como que dicho menoscabo u ofensa se real y no subjetiva, esto es, que su realización sea pasada, presente o inminente, y no eventual, aleatoria o hipotética. Dicho de otra manera, para que proceda el juicio de amparo debe cumplir con el principio de instancia de parte agraviada, es decir, es necesaria la acción del agraviado ante el tribunal federal competente, en el que reclame el acto de autoridad que considere lesivo de sus derechos humanos o garantías; y con el principio de agravio personal y directo, esto es, que quien ejerza la acción constitucional tenga una lesión u ofensa de los derechos de una persona, que se encuentren consagrados en la Ley o en los Tratados Internacionales celebrados por México, por lo que efectivamente el agravio es personal por que debe recaer en la esfera jurídica de la quejosa, por lo que aquellos actos producidos por una autoridad a persona diversa al agraviado en el juicio de amparo, no pueden reputarse como agravios propios en el juicio de amparo indirecto. En consecuencia, es evidente que el primero de los principios antes citados es previo al segundo de éstos, es decir, que primero es la instancia de parte agraviada y, una vez ejercida la acción constitucional por el quejoso, por propio derecho, representante o defensor, se analiza si el agravio es personal y directo. Luego, a quien le corresponde integrar una carpeta de investigación en su fase inicial es al Ministerio Público, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. De manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico de la quejosa, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si el Agente del Ministerio Público responsable inició la integración de una carpeta de investigación y con motivo de ello puede o no citar a las partes, según lo considere necesario para el éxito de la integración de ésta, es evidente que no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, por lo que el juicio de amparo indirecto es improcedente. - "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión". Máxime, si se toma en consideración lo dispuesto por los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo, hipótesis en las cuáles no se encuentra el aquí quejoso. Ello sin perjuicio que el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que una carpeta de investigación se está integrando en su contra, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, por lo que él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación; por ende, aquella integración de la carpeta de investigación no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso. Sostiene lo anterior la tesis I.9o.P.172 P (10a.), sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015566, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Página: 1958, cuyo rubro y texto: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SI EL QUEJOSO NO HA SIDO CITADO A COMPARECER ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO COMO IMPUTADO NI SE HA OCASIONADO ALGÚN ACTO DE MOLESTIA EN SU PERJUICIO, ÉL O SU DEFENSA NO PUEDE TENER ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN, AUN CUANDO ADUZCA QUE TIENE CONOCIMIENTO DE QUE EXISTE UNA DENUNCIA EN SU CONTRA Y AQUÉLLA SE ESTÁ INTEGRANDO. Determinar que el inicio de una carpeta de investigación es un acto de molestia para el investigado, haría considerar letra muerta los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que taxativamente establecen que el imputado y su defensor tendrán acceso a la investigación cuando sea citado a efecto de pretender recibir su declaración, precisamente con el carácter de imputado, o sea sujeto a un acto de molestia, como sería entrevistarlo. Por tanto, aun cuando el quejoso aduzca que tiene conocimiento de que existe una denuncia en su contra y que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tiene el carácter de imputado, de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, él o su defensa no puede tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Por ende, aquella integración de la carpeta de investigación por la autoridad responsable, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la propia ley". No pasa desapercibido para el suscrito juzgador la jurisprudencia PC.I.P. J/50 P (10a.), sostenida por el Pleno en Materia Penal del Primer de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2019310, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Página 1594, con el siguiente rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENE EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO Y RECLAMA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIRLE EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN SU ETAPA INICIAL, PARA EJERCER SUS DERECHOS DE DEFENSA". Ello, pues en dicha jurisprudencia establece que la parte quejosa tiene interés jurídico cuando de lo que se controvierte es la determinación de la autoridad de que la parte quejosa no cuenta con la calidad de imputado, lo que en el caso no acontece, pues del capítulo de acto reclamado y del estudio integral de la demanda, se desprende que el quejoso reclama la negativa de citarlo a la carpeta de investigación y darle acceso. Aunado a que dicha jurisprudencia del Primer Circuito no es obligatoria para los Juzgados de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito, tal como lo dispone el segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo. Bajo este contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Mario Alejandro Camacho Carvajal, por propio derecho, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con los artículos 1 fracción I, 5 fracción I, y 6 todos de la Ley de Amparo, así como 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito inicial de demanda, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Elias Araujo Alvarado, Landy Mawcinitt Ramirez, en virtud de encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos a los demás mencionados. Dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se hará la publicación de su nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emitan en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, ante, Juan Pablo Flores Montiel, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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