Mario Alejandro Babatz Álvarez Loyo

Expediente 891/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
891/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Mario Alejandro Babatz Álvarez Loyo

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por el que hace saber que se admitió el recurso de queja hecho valer en el presente juicio de amparo, al que le correspondió el recurso de queja penal 302/2023; por lo que este órgano jurisdiccional queda enterado de lo expuesto, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito recepcionado vía electrónica con evidencia criptográfica del abogado defensor de..., por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de agosto de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, expresa los agravios que en su concepto le causa esa determinación; por tanto, con sustento en los numerales 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la legislación de la materia, adhiérase al expediente una copia del ocurso que se provee, para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden de ideas, de conformidad en el numeral 101 de la precisada norma, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el ocurso a través del cual se interpone el aludido medio de impugnación; de igual manera, ríndase informe con justificación, en el sentido de que es cierto el auto recurrido, en virtud de que este órgano jurisdiccional emitió el proveído de veintinueve de agosto del año en curso, en el juicio de amparo 891/2022. Habilitación de expediente electrónico. En ese orden de ideas, atendiendo lo dispuesto en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual dispone que, en los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación; así como el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a fin de que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en Chilpancingo, provea lo conducente, de conformidad con la circular CAR 02/CCNO/2022, así como el oficio SECNO/TRAN/34/2022, de ocho de noviembre de dos mil veintidós, ambos de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico en que se actúa, a través del Sistema Integra de Seguimiento de Expedientes, mediante el uso de las herramientas denominadas "Vincular con otro órgano jurisdiccional" y "Relacionar con expediente de origen", para el efecto de que se substancie el medio de defensa referido. Atento a lo anterior, comisiónese a la oficial judicial "A" encargada de la captura de expedientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que proceda a hacer la vinculación respectiva. No se distribuyen traslados. Finalmente, no se establece distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes, en virtud de que la demanda de amparo se desechó. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Agréguese la razón actuarial suscrita por el actuario adscrito mediante el cual, comunica la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de veintinueve de agosto del año en curso. En consecuencia, dado de autos se advierte que el promovente del amparo señaló los usuarios "emucino" y "Mmeza" para oír y recibir notificaciones, y además atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2020082, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. En cambio, las demás notificaciones que se ordenen en sumario, que no ameriten realizarse de manera personal, se publicarán por medio de lista electrónica, conforme lo estipula el artículo 29 de la Ley de Amparo; medio de comunicación oficial, que también está en posibilidad de consultar de manera electrónica, a través del Portal Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, Dirección General de Estadística Judicial, con la página web: <www.dgepj.cjf.gob.mx>. Así pues, por dicho medio electrónico notifíquesele personalmente el acuerdo de veintinueve de agosto actual al solicitante de la tutela constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. ACUERDO QUE SE CUMPLIMENTA: "...En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. Así es, de acuerdo con el artículo 113 invocado, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la Jurisprudencia V.2o. J/75, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, Registro digital: 215188, página 77, cuyo rubro a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se insiste, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes un juicio que, desde su promoción, se aprecia infructuoso, con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materialice, de manera manifiesta e indudable, alguna de las causales previstas en el artículo 61 de la propia Ley de Amparo, que enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza y/o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio constitucional, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Actuación procesal que, por cierto, no está limitada a determinadas causales, sino que está prevista como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego, cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que, independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente, sea factible su desechamiento, es decir, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá pues, finalmente, no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. ? Fundamentos para desechar la demanda. Este Juzgado considera que en el caso materia de análisis, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. Los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, derivan necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las fracciones anteriores del artículo mencionado, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse para decretar la improcedencia del juicio de amparo, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, de manera analógica, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. TEXTO". Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Dicha ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, por lo que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho constitucional de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Apoya lo anterior, la tesis P. LVII/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la página nueve, tomo veinte, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TEXTO". Sin embargo, como ya se apuntó, con la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro de juicio sea de imposible reparación, definiéndolo como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable o de imposible reparación, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, como lo son las cuestiones de competencia en las cuales no existe firmeza definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VII.1o.A.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, consultable en la página 2105 del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de contenido siguiente. "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE INCOMPETENCIA, SI NO SE TRATA DE UNA QUE SEA FIRME Y DEFINITIVA, QUE CAUSE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. TEXTO." Precisado lo anterior, recordemos que en el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional es: - La resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en la causa penal 442/2020 de su índice, donde se declaró incompetente para conocer de la averiguación previa número TAB/JAR/01/0137/2016 y remitió los autos al Juez de Control y enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares. Sin embargo, para efectos del juicio de amparo, dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, con la cual se transgreda en su perjuicio de la parte quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ellos es así, toda vez que en la resolución reclamada aún no se decidía de manera definitiva si se aceptaba o no la competencia, lo cual origina que no exista una afectación a los derechos fundamentales del gobernado, siendo así el amparo biinstancial improcedente, al derivar el acto reclamado de una determinación de simple trámite, como lo es remitir los autos originales de la causa penal 442/2020, al Juez de Control y enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares. Apoya lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). TEXTO". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia PC.IV.L. J/2 K (10a.) emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1639 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. TEXTO." También, la jurisprudencia PC.I.C. J/7 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 992 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Décima Época, que establece: "COMPETENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). TEXTO." De igual manera, en apoyo a lo sustentado se cita la tesis (V Región)5o.20 L (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, consultable en la página 1663, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materias(s): Común, Laboral, registro digital: 2008820, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA UNA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA, AUN CUANDO ÉSTA INVOLUCRE A ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTO RÉGIMEN, POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (V REGIÓN)5o.18 L (10a.)]. TEXTO". ? Desechamiento. En consecuencia, si el acto que reclama el quejoso en sede judicial es la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en la causa penal 442/2020 de su índice, donde se declaró incompetente para conocer de la averiguación previa número TAB/JAR/01/0137/2016 y remitió los autos al Juez de Control y enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, queda demostrado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, todos de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente. ? Precisiones. Este Juzgado considera indispensable puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configura una denegación de justicia, tal como lo dispone la tesis III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. TEXTO". Asimismo, es necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digita 2006485, página 772, que a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. TEXTO". Así como la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. TEXTO". ? Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona los usuario: "emucino" y "Mmeza", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuarios que proporcionan. ? Consulta del expediente. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales...

  4. Principal

    ...si el acto que reclama el quejoso en sede judicial es la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, pronunciada por el Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en la causa penal ******************** de su índice, donde se declaró incompetente para conocer de la averiguación previa número ******************** y remitió los autos al Juez de Control y enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, queda demostrado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, todos de la Ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente...

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