Mario Alberto Villaseñor Sánchez
Expediente 35/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 35/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2021
Partes del expediente
- Mario Alberto Villaseñor Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 35/2021 y remite testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 46/2021, de su estadística, de cuyo contenido se advierte que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte promovente en contra del auto en el que se desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo de los instrumentos indicados y agréguese el testimonio de la referida ejecutoria. Archivo. Con apoyo en lo previsto por el numeral 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Valoración de expediente. En cumplimiento a lo señalado en los numerales 21 y 35 del Acuerdo General aludido, como la demanda de amparo se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es destruible. Se considera que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. De igual forma, se indica que -de acuerdo a la certificación de cuenta- en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del dispositivo 3°, fracción XVIII, del Acuerdo General invocado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al ordinal 21 del Acuerdo General referido, este órgano jurisdiccional conservará el presente expediente por el término de tres años, contados a partir del presente auto en que se ordenó su archivo como asunto concluido. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo, este órgano jurisdiccional -dentro de los treinta días siguientes- procederá a su destrucción y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En el entendido, que no serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el Acuerdo General. Anotaciones en libro de gobierno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-.
- Principal
Se difiere dicha audiencia constitucional y, en su lugar, se señalan las diez horas con nueve minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración.
- Principal
Por interpuesto el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte promovente MARIO ALBERTO VILLASEÑOR SÁNCHEZ, la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en la que en sus puntos resolutivos se instruyó para notificar a la parte quejosa la resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, se recibió el escrito presentado por la persona mencionad y por lo que ve a sus solicitudes, se le indicó que debe estarse al proveído de diecinueve de febrero del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo. La resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, es del tenor literal siguiente: "Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que con motivo de la emisión de las circulares SECNO/4/2021, 6/2021, 8/2021 y 9/2021 emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en las que se informaron las propuestas de medidas que debían adoptarse, en suma, de diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, se determinó que durante dicho período, se suspendían los plazos y términos procesales, entre otros Estados, en Jalisco (Tercer Circuito), con las salvedades que ahí se mencionaron. De igual forma, se desprende que mediante la circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de dos mil veintiuno en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" donde se determinó que, en relación con el Tercer Circuito (Jalisco), el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se aplicaría un breve régimen de transición, cuyas medidas se describieron en la propia Circular, con la finalidad de que la reanudación de plazos y términos procesales venga precedida por dos días durante los cuales las personas justiciables puedan acudir única y exclusivamente a presentar demandas y promociones. De modo que el primer día de reanudación de actividades conforme al esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, no genere una aglomeración que pueda poner en riesgo la salud e integridad de la propia ciudadanía ni la del personal jurisdiccional. Al respecto, la citada Secretaría recordó que: (i) la alerta sanitaria sigue siendo alta, de modo que las medidas preventivas deben cumplirse con el más alto rigor posible; y (ii) para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Se acordó que el dieciséis y diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020, período durante el cual se suspenden plazos y términos. También, se consideró que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que el día de hoy se reanudó la función jurisdiccional, con fundamento en los artículos 20, 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 1 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se procede a proveer la demanda y anexos señalados en la cuenta, en los términos siguientes. Vista la demanda de amparo que promueve Mario Alberto Villaseñor Sánchez, por su propio derecho, en contra del acto reclamado al Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por considerarlo violatorio de los derechos humanos que señala en su demanda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado deriva del juicio civil ordinario 1365/2018, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y se hace consistir, en síntesis, en el siguiente: Retención salarial derivada de la ejecución material ordenada en auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio 1365/2018, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se ordenó girar un oficio a la fuente de trabajo WOS, asociación civil, a efecto de que se le descuente de manera quincenal $8,272.00 (ocho mil doscientos setenta y dos pesos, moneda nacional) de su salario, para cubrir la pensión alimenticia que se estableció en el convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo2 una vez presentada la demanda, debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa, esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Precisa destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende de la demanda y su anexo se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Mario Alberto Villaseñor Sánchez, toda vez que opera la causa de improcedencia en estudio prevista por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción IX, y con apoyo en numeral 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. En tales condiciones, por lo que ve al acto descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. El precepto invocado de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia que se analiza, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) Ahora, en términos de lo preceptuado por el numeral antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas En ese orden de ideas, resulta pertinente en primer término, dejar asentado que para un Juez de Distrito, constituyen hechos notorios, los diversos juicios de amparo que ante él se tramitan; lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, el cual señala: "Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo contra la autoridad responsable: Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Contra el acto reclamado siguiente: 1. Retención salarial derivada de la ejecución material ordenada en auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio 1365/2018, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se ordenó girar un oficio a la fuente de trabajo WOS, asociación civil, a efecto de que se le descuente de manera quincenal $8,272.00 (ocho mil doscientos setenta y dos pesos, moneda nacional) de su salario, para cubrir la pensión alimenticia que se estableció en el convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada. Ahora bien, de los autos del diverso juicio de amparo 2009/2019, del índice de este órgano jurisdiccional -lo cual constituye un hecho notorio4 para este Juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- se advierte que aquél fue promovido por el mismo quejoso Mario Alberto Villaseñor Sánchez, por derecho propio, en contra de la autoridad responsable: Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Contra los actos reclamados siguientes: 1. El acuerdo de veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el que se ordenó girar un oficio a la fuente de trabajo WOS, asociación civil, a efecto de que se le descuente de manera quincenal $8,272.00 (ocho mil doscientos setenta y dos pesos, moneda nacional) de su salario, para cubrir la pensión alimenticia que se estableció en el convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada. 2. Las consecuencias del acuerdo mencionado. Conforme a lo expuesto, se puede válidamente arribar a la conclusión de que en la demanda de amparo de cuenta, el quejoso combate el mismo acto que hizo valer en el diverso juicio de amparo 2009/2019. Apuntado lo anterior, es pertinente destacar que la demanda de amparo promovida en primer término por el peticionario de amparo, por su propio derecho, se celebró la audiencia constitucional el veinte de octubre de dos mil veinte y el quince de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se negó el amparo solicitado. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo existía un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de la misma autoridad y por los mismos actos reclamados, y que este último se encuentre en trámite, en razón de que la determinación asumida por este órgano de control constitucional aún no se encuentra firme. Consecuentemente, ante la identidad de las demandas de amparo aludidas, en razón de que coexisten los mismos elementos, igual promovente, misma autoridad responsable y acto reclamado; además de que en el juicio de amparo 2009/2019, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, la cual se encuentra pendiente de que causé ejecutoria, este juzgado federal se encuentra impedido para admitir la presente demanda de amparo. Para llegar a esta conclusión, debe tenerse en cuenta que una de las finalidades de la causal de improcedencia por litispendencia es impedir que los jueces se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico. Por tanto, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; de ahí que, con apoyo en el dispositivo 113, transcrito, se desecha la demanda en estudio, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Cuaderno auxiliar de copias y diversos. Fórmese un cuaderno auxiliar de copias y diversos, con las reproducciones de la demanda recibidas. Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene al promovente señalando como su domicilio procesal el que indica en su demanda y designando como su autorizada, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Judith Gaeta Cisneros y, en términos restringidos del numeral invocado, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas personas que propone, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las demás partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Para no retardar el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente expediente. Ampliación de términos. Finalmente, atendiendo a lo establecido por el arábigo 17, del punto de acuerdo número II, contenido en la circular SECNO/10/2021 se hace del conocimiento de las personas justiciables, la ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/20205 , para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno." Lo anterior, para su conocimiento y efectos correspondientes.
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