Mario Alberto Vilchis Santillán
Expediente 631/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Mario Alberto Vilchis Santillán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informa emplazamiento de terceros. Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Hidalgo, Michoacán, a través el cual remite las constancias de notificación de los oficios 20301/2021 y 20302/2021, relativos al acuerdo de quince de octubre del presente año, en el que se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Delegada de la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad Hidalgo, Michoacán y agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Hidalgo, Michoacán, de lo que se toma conocimiento.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con once minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, en el juicio de amparo 631/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo, informe justificado y emplazamiento de los terceros interesados. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas documentales de la tercera interesada Annaly Suárez Marín y autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por la tercera interesada Annaly Suárez Marín; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA: Visto, para resolver, el juicio de amparo 631/2021, promovido por Mario Alberto Vilchis Santillán, por alegada violación de los artículos 1o., 4o. 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Hidalgo, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Hidalgo, Michoacán: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario oral familiar 834/2020, sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por Annaly Suarez Marín frente a Mario Alberto Vilchis Santillán, en el que se le negó la modificación de los alimentos provisionales determinados en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los efectos del acto reclamado son susceptibles de ejecutarse dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. El Juez Segundo de Primera Instancia en materia Civil de Hidalgo, Michoacán, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene como cierto. Lo que se corrobora con las constancias allegadas con su informe, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, poseen valor probatorio pleno, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La tercera interesada refiere que en este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado puede ser nulificado a través del incidente de reducción alimentos. Lo anterior es infundado, en virtud de que el quejoso reclama en este juicio el auto por el cual el juez responsable determinó sería en el desahogo de la audiencia preliminar cuando se revisaría la medida cautelar de alimentos provisionales decretada en el juicio de origen y le indicó que estuviera a lo acordado en el diverso en el que se determinó el monto por dicho concepto conforme a la legislación aplicable al no contar con elementos para su imposición. De ello, se advierte que el reclamo en esta instancia no constituye el auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el que se impuso la medida cautelar de alimentos provisionales, el cual, únicamente respecto de su monto, podría ser variado mediante el citado procedimiento incidental, pues incluso, dicha determinación no admite recurso alguno, por disposición expresa de la ley; por tanto, la negativa de modificar el monto (acto reclamado) no podría impugnarse a través del referido incidente de reducción de éstos, al no constituir la determinación judicial en la que se impuso. Por ello, no advirtiéndose alguna causa de improcedencia diversa que analizar, se procede al fondo de este asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso. I. Antecedentes 1. En el juicio ordinario oral familiar 834/2020, relativo a la solicitud de divorcio sin expresión de causa promovida por Annaly Suárez Marín frente a Mario Alberto Vilchis Santillán, el once de noviembre del dos mil veinte, el Juez responsable decretó la medida provisional de alimentos provisionales en favor de las menores de iniciales R.V.S y R.V.S, por la cantidad mensual de cinco mil doscientos ochenta y dos pesos con treinta centavos, para ambas. Cantidad que se obtuvo de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización correspondiente por treinta punto, que es el número de días promedio en cada mes, y a su vez, multiplicar dicha cantidad por dos (al tratarse de dos menores acreedoras); asimismo, en el citado auto se ordenó el emplazamiento del demandado. 2. El once de enero de dos mil veintiuno, se tuvo al demandado contestando la demanda instaurada. 3. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso manifestando que se encontraba desempleado, razón por la cual, solicitaba alimentos por parte de la accionante natural; pretensión a la que ésta se opuso. 4. Debido al incumplimiento de las obligaciones alimentarias, el diecinueve de abril, diecinueve de mayo y dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Juez responsable ordenó requerir su pago, y en caso de no hacerlo, autorizó el embargo de bienes propiedad de demandado. 5. El veinticuatro de junio de este año, el demandado solicitó al juez que se apegara a la legalidad observando el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 444, fracción III del Código Familiar aplicable, ello con motivo de la situación de desempleo en que se encuentra, así como la circunstancia de que los alimentos se encuentran garantizados por los ingresos dela progenitora de sus menores hijas. 6. El veintinueve de junio de este año, la autoridad judicial responsable dictó el auto que ahora se combate en los siguientes términos: "Visto el escrito de cuenta que suscribe el licenciado Edgar Pérez Espinoza, se le tiene realizando sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno y en atención a las mismas, dígasele en primer lugar que este no es el momento procesal oportuno para reclamar la medida cautelar sobre alimentos decretada en autos; por lo que deberá ceñirse a los tiempos procesales que para hacer valer sus derechos establece la ley de la materia; y en segundo lugar, dígasele que se esté al proveído de data once de noviembre del año pasado, en el cual se fijaron los alimentos con que se inconforma, observándose, para ello, además del principio de proporcionalidad que indica, todos los demás que deben ponderarse para resolver ese derecho alimenticio, el cual es de orden público e interés social y tiene su origen en la ley; de ahí que la cantidad fijada para alimentos se estableció conforme a la fracción I del numeral 464 del Código Familiar Vigente para el Estado, sin que obste para ello la situación actual de desempleo por la que dice el obligado que atraviesa, pues esa circunstancia no lo exime de cumplir con su deber alimenticio, y la suma fijada fue con base en lo que la propia ley del ramo establece, debido a que hasta el momento en que se decretó, no se contaba con pruebas suficientes para conocer la capacidad económica del deudor alimentista." II. Estudio de los conceptos de violación. Primer concepto. El quejoso aduce que le causa perjuicio el acto reclamado el auto en el cual el juez responsable niega modificar la obligación alimentaria con sus hijas, en virtud de la situación de desempleo en la que se encuentra; Asimismo, que, en dicho auto, el juez reconoce que al momento de dictar la medida no contaba con pruebas suficientes para conocer la capacidad económica del suscrito; sin embargo, que tiene conocimiento que existe fecha autorizada para embargarle bienes de su propiedad. Dicho concepto es infundado en una parte, e inoperante, en otra. Para evidenciar lo anterior, resulta pertinente destacar que la fracción I, del artículo 464, del Código Familiar del Estado de Michoacán, impone la obligación al juez de instrucción para que una vez recibida la demanda, fije de manera inmediata una pensión provisional en favor de sus acreedores; además que dicha medida no admitirá recurso alguno. Por su parte, el artículo 996 de la legislación invocada establece que las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, serán revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, modificadas en la audiencia preliminar, y que las resoluciones que recaigan en la revisión y la concesión de medidas en la audiencia preliminar serán irrecurribles. Por otra parte, el artículo 1062 del Código Familiar de la entidad refiere que las resoluciones provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva y que las resoluciones firmes dictadas en negocios de alimentos, entre otros, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias. De lo anteriormente expuesto, se advierte que en las disposiciones que rigen la materia del asunto de origen, se encuentra determinado los momentos y las formas en que pueden establecerse y modificarse las medidas cautelares, entre la que se encuentra la de alimentos provisionales dictada en el juicio de origen; por ello, resulta acertada la determinación reclamada, en la que el juez de origen indicó al aquí quejoso que debía sujetarse al momento oportuno para reclamar la medida cautelar, que de conformidad con destacado con antelación, por disposición legal es en la audiencia preliminar, en la que, de oficio o a petición de parte, la autoridad judicial debe verificarla y en caso de no estar ajustado a los parámetros legales, derivado de las pruebas que para ese momento existan en autos, modificarla. Asimismo, existe otra vía contemplada en la legislación de la materia para variar las determinaciones provisionales tomadas en los juicios, que en el caso, lo constituye el incidente de reducción de alimentos provisionales, dentro del cual, la persona que se estime afectada con el monto de los determinados, puede allegar pruebas al juez a fin de que modifique la cantidad impuesta, no así controvertirla en cuanto a su imposición. No obstante, el escrito que originó el acuerdo combatido no constituye una demanda incidental, sino que con él, el ahora quejoso pretende variar el monto de la medida impuesta el once de noviembre de dos mil veinte, sin tramitar el incidente correspondiente, ni esperar al desahogo de la audiencia preliminar en la que podrá hacer valer el derecho que estime pertinente. De ahí lo infundado del argumento contenido en el inciso a) que sintetizó. Ahora, en cuanto al contenido en el inciso b) que antecede, resulta inoperante el argumento referente a que el juez reconoció que al momento de dictar la medida no contaba con pruebas suficientes para conocer la capacidad económica del suscrito; sin embargo, que tiene conocimiento que existe fecha autorizada para embargarle bienes de su propiedad. Ello en virtud de que los elementos y bases de las que partió el juez para imponer la medida cautelar de once de noviembre de dos mil veinte, no constituyen la materia de este juicio ni del acto reclamado y el juez responsable tocó ese tema, únicamente como referencia a que el quejoso debía estarse a dicho auto, en el que se estableció la cantidad fijada al no contar con más elementos para su imposición, esto es, para evidenciar que derivado de la falta de mayores elementos, fijó el monto mínimo que estable el cuerpo de leyes aplicable; además, lo relativo a la posible autorización de embargo de bienes de su propiedad, tampoco fue abordado ni determinado en el auto combatido, por tanto, este juzgador no puede pronunciarse sobre cuestiones ajenas a la litis constitucional. Segundo concepto. El quejoso refiere que la determinación de la responsable afecta derechos sustantivos como lo son los bienes de su propiedad; asimismo, que el artículo 1062 del código de la materia establece que las resoluciones firmes pueden modificarse, y que con mayor razón cuando es una medida cautelar, sin embargo, el juez sigue soslayando que se encuentra desempleado y se niega a modificarla. Es inoperante la primera parte del concepto de violación, porque el quejoso es omiso en indicar de manera congruente y objetiva la manera en qué a través del auto combatido se violan sus derechos sustantivos, ello en virtud de que del análisis de tal determinación, no se aprecia que el Juez responsable constituyera alguna obligación a su cargo, pues se insiste, la del monto de los alimentos provisionales se determinó en diverso proveído que no fue motivo de impugnación en este juicio. Asimismo, es infundada la segunda parte de su argumento en el que pretende evidenciar que el Juez responsable inobservó el artículo 1062 citado previamente, porque si las resoluciones firmes en materia de alimentos, con mayor razón las que derivan de una medida cautelar. Ello al omitir hacer referencia a la primera parte de dicho artículo, en la que como se destacó al estudiar el concepto de violación previo, establece que las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en sentencia interlocutoria o en la definitiva, de lo que se colige que era necesaria intentar la vía incidental para obtener la reducción que pretende, vía sentencia interlocutoria, no a través de un escrito que no puede considerarse una demanda incidental. Tercer concepto. El quejoso sostiene que se vulnera el derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional, derivado de la negativa del juez de señalar fecha para la audiencia preliminar so pretexto de que faltan informes de las instituciones bancarias y gubernamentales. Lo anterior es inoperante porque la negativa de señalar fecha para audiencia preliminar no fue señalada como acto reclamado, ni del contenido del auto de veintinueve de junio actual, que se impugna, se aprecia que se hubiera solicitado la referida fecha, ni que se hubiera negado. Finalmente, el argumento marcado con el número cuatro, no constituye concepto de violación, pues se refiere a la justificación que hace el quejoso sobre la procedencia del juicio, por tanto, al haberse realizado el estudio de fondo del asunto, y desestimarse la causa de improcedencia hecha valer por la tercera interesada, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento. En consecuencia y ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR al quejoso la protección constitucional solicitada Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Mario Alberto Vilchis Santillán, contra los actos reclamados a la autoridad precisadas en el considerando primero, por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Devuelve despacho. Visto el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el uno de octubre pasado, devuelve diligenciado el despacho 278/2021 (número de orden 630/2021), que le fue enviado para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Annaly Suárez Martín. No obstante ello, ya que en proveído de quince de octubre siguiente, se tuvo por devuelta dicha comunicación, agréguese a los autos sin mayor proveído.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Pruebas. Agréguese el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Annaly Suárez Marín, en atención a su contenido, se tiene por ofrecida la prueba documental a que se refiere, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarla con posterioridad. 2. Alegatos. De igual manera, se tienen hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, sin perjuicio de relacionarlos en el momento procesal oportuno, en atención a lo dispuesto en el artículo 124 de la ley de la materia.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Mario Abrego Huazano1173/2014
- Mario Abrego Huazano y Otros.1110/2014
- Mario alberto Arce González445/2021
- Mario Alberto Avalos Jiménez973/2018
- Mario Alberto Espinoza Orozco195/2020
- Mario Alberto Rangel Martínez840/2018
- Mario Alberto Zamora Valdez228/2017
- Mario Alberto Zamora Valdez883/2019
- Mario Alejandro Elizondo Sánchez144/2016
- Mario Arturo Fuentes Guevara96/2013
- Mario Cardenas Guillen981/2018
- Mario Eduardo Carreón Medina882/2021