Mario Alberto Vallarta Sosa

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Mario Alberto Vallarta Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución dictada por este Juzgado Federal el catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívese el presente cuaderno de suspensión por cuerda separada. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos informes justificados del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos en suplencia del Fiscal General del Estado y Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que exista un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de Amparo, en virtud de haber ocurrido un cambio de situación jurídica. El invocado numeral en lo conducente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ".XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior es así, en razón que si bien es cierto que el directo quejoso efectivamente se encontraba detenido por hechos posiblemente delictuosos dentro de la carpeta de investigación N1-080/2023, también es cierto que de las constancias que adjunto a su informe justificado el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que mediante acuerdo de trece de abril del presente año, emitido dentro de la carpeta de investigación N1-080/2023, se dejó en inmediata libertad al directo quejoso Mario Alberto Vallarta Sosa toda vez que por el momento la Fiscalía no pretende ejercer laccion penal. Por tanto, es incuestionable que las autoridades responsables han dejado de intervenir en la detención que se les imputa desde el momento en que el directo quejoso fue puesto a disposición de la señalada autoridad judicial; por lo que no existe materia sobre la que pueda versar este juicio. En tal virtud, es evidente que no puede hacerse pronunciamiento alguno respecto del citado acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, por lo que en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la propia ley. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 95, Volumen 133-138, Tercera Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237921, de rubro y texto siguientes: "SITUACIÓN JURÍDICA, CAMBIO DE, EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ACARREA IMPROCEDENCIA DE AMPARO. De advertirse en el juicio de garantías que ha habido un cambio de situación jurídica que origina que no pueda decidirse en éste sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, procede revocar, en la materia del recurso, el fallo del a quo y sobreseer el juicio de garantías por la causa de improcedencia que señala el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, aplicable por analogía, ya que en el procedimiento administrativo existen las mismas razones jurídicas que en el judicial a que se refiere la susodicha fracción X, cuando en uno o en otro de esos procedimientos la declaración de fondo afecta, necesariamente, no obstante que no se encuentra a debate, la nueva situación jurídica." Máxime que la causa de improcedencia que se advierte es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. En consecuencia de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo 2529/2021-VI, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria dictada en este juicio; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, se concedió el amparo al quejoso Antonino Almazán Arteaga, respecto de los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán y otras autoridades. Segundo. Por oficio número RAN/YUC/SR/DJ/1554/2023 suscrito por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho, se informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Tercero. Mediante proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el mencionado oficio y anexo para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a sus intereses conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestaciones respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro y texto siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la ejecutoria de que se trata, se concedió el amparo a favor de la parte quejosa menor quejoso de iniciales Antonino Almazán Arteaga, para el efecto de que Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, realicen lo siguiente: ( Dentro del ámbito de sus facultades, una vez que cause ejecutoria esta resolución, de inmediato, dado el tiempo transcurrido, libere la clave correspondiente en el sistema informático del Registro Agrario Nacional, realicen la inscripción de adopción de dominio pleno y expida el título de propiedad de origen parcelario correspondiente, relativo a la solicitud 31190005026, respecto de la parcela número 706, del Ejido de Progreso, Municipio de Progreso, Estado de Yucatán, y se le entregue a la parte quejosa. Del examen del oficio número RAN/YUC/SR/DJ/1554/2023 suscrito por el Jefe del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, en ausencia de la Encargada del Despacho, se advierte que se fijaron las trece horas del veintisiete de marzo del presente año para la entrega del título de propiedad 1005679 que ampara la parcela número 706, del Ejido de Progreso, Municipio de Progreso, Estado de Yucatán en favor del quejoso, sin que este se presentara a recibirlo. De lo anterior, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia en vigor, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento. Lo anterior aun cuando no obre constancia de la entrega del título de propiedad 1005679 al quejoso, toda vez que la autoridad responsable indicó que se encuentra a su disposición en el Centro de Atención al Público de la Delegación y que hasta la fecha no se ha presentado a recogerlo. Hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifieste ante este Juzgado Federal su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretaria que autoriza y da fe.

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