Mario Alberto Valdovinos Guerra
Expediente 104/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- Mario Alberto Valdovinos Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en contra del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por no existir promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Bertha Patricia Olguín Martínez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/BPOM/cehc
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que envía el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual manifiesta que remitirá de manera física las constancias requeridas en acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno. En ese tenor, una vez que obren las constancias solicitadas, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Incidental
R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Mario Alberto Valdovinos Guerra, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Control Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en Tecate. Actos reclamados ".la Bonificación del Quantum Prisión Preventiva y o omiso en resolver mi petición." Segundo. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a la autoridad responsable y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La omisión de resolver la solicitud formulada mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte ante el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, con el cual solicitó el beneficio de remisión parcial de la pena. Tercero. La autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, no rindió su informe previo no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado a las precitadas autoridades responsables. En principio, es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que la suspensión del acto reclamado, es considerada como una medida cautelar, que tiene por objeto primordial mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela. Asimismo, la mencionada Primera Sala refirió que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando del derecho fundamental que pretendía arrebatarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo; no solamente mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado; siempre y cuando se demuestre la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho; pues la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, pero provisoriamente. En ese contexto, en el caso se reúnen los requisitos previstos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, ya que la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Además, se demuestra la apariencia del buen derecho, en términos de la fracción X del artículo 107 constitucional, pues del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que no se trata de una pretensión infundada o temeraria, sino que existe una credibilidad objetiva sobre la afectación que sufriría el quejoso en caso de perpetuarse la omisión respecto de la cual solicita la medida cautelar, toda vez que el promovente se encuentra privado de su libertad y -según afirma bajo protesta de decir verdad- que solicitó el beneficio de remisión parcial de la pena; de ahí que se tenga por acreditado el derecho invocado. Por tanto, con fundamento en los artículos 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable provea lo conducente a fin de que se resuelva la solicitud formulada por el quejoso en escrito de veintiocho de agosto de dos mil veinte; ello, en atención que la naturaleza del acto lo permite, ya que es jurídica y materialmente posible; además, la medida cautelar no dejaría sin materia el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. En el entendido de que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, no estará obligada a emitir pronunciamiento alguno si no existe la solicitud que aduce la parte quejosa. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, sin necesidad de fijar garantía alguna, al no advertirse que con su concesión puedan causarse daños y perjuicios a terceros. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial pendiente de publicar, número 70/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Mario Alberto Valdovinos Guerra, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado remitido por la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, al que anexa copia certificada del cuaderno de ejecución 64/2021, de su índice; asimismo, manifiesta que se señaló las once horas con treinta minutos del once de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia pública en donde resolverá la petición del beneficio de la remisión parcial de la pena formulado por el quejoso. En ese tenor, se le tiene anunciando como pruebas de su parte la documental que anexa, la cual será tomada en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Ahora bien, toda vez que de las constancias que remite la autoridad responsable, no se acompañó la notificación efectuada al quejoso respecto del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se radicó la petición formulada por el impetrante, y se señaló fecha para resolver su solicitud. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tecate, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de la notificación efectuada al quejoso respecto del acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se radicó su solicitud del beneficio de remisión parcial de la pena, en el cuaderno de ejecución 64/2021, de su índice. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Hágase de su conocimiento que podrá desahogar el presente requerimiento vía correo electrónico institucional de este Juzgado 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Tania Lizbeth Ventura Pelayo, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/TLVP/Isaac
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