Mario Alberto Trinidad Hernández
Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2022
Partes del expediente
- Mario Alberto Trinidad Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós (fojas 128 a 131), por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que acuerdo ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.
- Principal
VII......De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesado AUTOLIV México EAST, S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 752/2022, por medio del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, residente en esta ciudad, remite copias certificadas derivadas del expediente administrativo laboral 00375/E06/2020, de su índice, ello como complemento a su diverso comunicado 691/2022, recibido el once de los actuales, en la oficialía de partes de este juzgado (foja 33). Ahora bien, visto el contenido de la documental que anexó la autoridad de mérito, a su oficio de cuenta, se advierte que en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, emitió el acuerdo en relación con las pruebas ofrecidas por las partes dentro del expediente administrativo laboral número 00375/E06/2020, de su índice. Por tanto, este juzgador Federal advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que al resultar manifiesta e indudable, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El citado precepto legal establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Ello es así, pues conforme al texto legal preinserto, el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es ilustrativa, sin oponerse a la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia número 2ª. /J.59/99 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho del Tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Luego, al haber reclamado Mario Alberto Trinidad Hernández, por conducto de su apoderada legal Claudia Arroyo Martínez, en esta vía constitucional, la omisión de acordar lo que en derecho corresponda en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, la Junta responsable en su libelo de cuenta refiere que por acuerdo de veinte del mes y año en curso, se pronunció al respecto dentro del expediente administrativo laboral número 00375/E06/2020, de su índice; documentales que dado su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. De lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que ha dejado de existir, reponiendo al quejoso en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si los actos jamás hubieran nacido. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud de que la emisión del proveído correspondiente a los medios de convicción ofrecidos por las partes actora y demandada en el expediente laboral de origen, restituyó al quejoso en el goce de sus garantías violadas, lo que imposibilita el examen constitucional de ordenar su emisión, precisamente porque ese acto ya no invade su esfera jurídica; de ahí que, con tal evento se surta una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el precitado numeral 64, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 103, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que resuelve la contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia número 23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 991, Tomo XXVI, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría desahogar dicha actuación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Sustenta a lo anterior, por las consideraciones que contiene, la tesis de jurisprudencia, I.7o.P. J/3, visible en la página 1600 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, septiembre de 2004, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." De igual forma, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo que, déjese sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con treinta y tres minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós (foja 118). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de garantías, se advierte que las documentales enviadas por la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, fueron agregadas mediante proveído de once del mes y año en curso, puestas a la vista de las partes el doce de los actuales; en consecuencia, a fin de que puedan imponerse del contenido de las constancias de mérito, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra señalada para el día de hoy, y tendrá verificativo a las diez horas con treinta y tres minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós. Es aplicable a lo expuesto la tesis aislada I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 594, tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario que actúa y da fe.
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