Mario Alberto Tinoco Garcia

Expediente 648/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
648/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Mario Alberto Tinoco Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta procedente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********************, en contra del proveído de veintitrés de octubre del año en curso emitido por este órgano jurisdiccional, dicho recurso quedó registrado como recurso de queja 171/2018; de lo anterior, se toma nota para los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO Por otra parte, visto que en data de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo definitivo del presente expediente, devuélvase el mismo al referido lugar, para su guarda y custodia. Notifíquese.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. RECURSO DE QUEJA Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por el quejoso MARIO ALBERTO TINOCO GARCÍA, y en atención a su contenido téngasele interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del auto dictado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con apoyo en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, remítase el escrito de queja al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, para los efectos que se aprecian en las disposiciones invocadas. SE RINDE INFORME Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe con justificación en relación a la materia de la queja, y se manifiesta que sí es cierto el acto que se combate, toda vez que el veintitrés de octubre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa MARIO ALBERTO TINOCO GARCÍA, ello conforme a las razones y fundamentos que en el mismo auto se indicaron. Asimismo, infórmese a la Superioridad que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, causó estado el referido auto de veintitrés de octubre del presente año, ordenándose el archivo definitivo del expediente en que se actúa. En consecuencia, remítase el escrito original y copia del recurso de queja, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIÓN EN LIBRO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 1335, del Código de Comercio, sin que la parte actora hubiese recurrido el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio ejecutivo mercantil 648/2018-3C; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales, son susceptibles de depuración, al ser sentencias o proveídos que sin decidir el juicio lo dan por concluido. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Se hace la indicación que el presente juicio es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción V del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio se dio por concluido en el que existen documentos originales exhibidos por la parte actora. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ANOTACIÓN EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Tres de Juzgado, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. En ese orden, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta que presenta el quejoso MARIO ALBERTO TINOCO GARCÍA, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en autos. DESECHAMIENTO Vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por MARIO ALBERTO TINOCO GARCÍA, contra actos de las autoridades precisadas en la misma. Ahora bien, derivado del análisis integral del escrito de demanda de amparo, conforme al artículo 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Establecido ello, se considera que en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Del precepto reproducido se deriva que el juicio de amparo es improcedente en los siguientes supuestos, entre otros: I. Cuando la resolución reclamada provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sí y sólo sí; II. Que la ley ordinaria contra dicho acto conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en que se emitió la actuación combatida; III. En la inteligencia de que por virtud del referido medio de impugnación, la determinación judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Desde luego, respecto de lo anterior existen excepciones, cuando se trate de actos que importen: a) Peligro de privación de la vida; b) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación o expulsión; e) proscripción o destierro; f) extradición; g) desaparición forzada de personas; h) alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; i) incorporación forzada a la milicia; j) ordenes de aprehensión o reaprehensión; k) autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; l) resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; m) resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; n) orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; o) cuando se trate de persona extraña al procedimiento; p) auto de vinculación a proceso; q) cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así, el principio de definitividad consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establece y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, esto es, que sean factibles de provocar la insubsistencia de éste. Ello con la finalidad de que aquellas resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de garantías, con lo cual se da oportunidad a los gobernados que intervienen dentro de uno de esos procedimientos judiciales, administrativos o laborales, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se duelen en sus agravios. De esta suerte, en la especie se actualiza la causal de improcedencia en comento, porque en las leyes ordinarias que rigen el juicio natural de que se trata, se prevé el recurso de revocación, mismo que se encuentra regulado, entre otros, en el numeral 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, bajo el cual se rige el procedimiento natural, que señalan que la revocación procede contra los autos contra los cuales no se conceda por dicho Código el recurso de apelación. A efecto de evidenciar dicha circunstancia, conviene transcribir el citado artículo el cual dispone: "Artículo 361. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia." Resulta oportuno, precisar que en el caso, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en esencia, en contra del acto reclamado consistente en: "c) (sic) El auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la autoridad responsable, que al respecto, pretende iniciar en mi contra, un procedimiento económico coactivo [.]" En efecto, no debe pasar desapercibido que en uno de sus escritos aclaratorios la parte quejosa refiere que en el diverso auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, la responsable desechó de plano el recurso de apelación interpuesto contra el proveído reclamado de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dado que dicho acuerdo no es apelable; por lo cual, resulta procedente deducir que la resolución reclamada, puede ser combatida mediante el recurso de revocación previsto por la ley ordinaria, por así estar expresamente previsto. Ello se estima así, ya que el recurso de revocación, constituye el medio de defensa ordinario para combatir el acto reclamado, y dicho recurso debió agotarse previo a acudir al juicio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración, por las razones que la informan, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tal virtud, se colige que la determinación reclamada, debió ser atacada a través del recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo, ya que a través de la interposición de dicho recurso la parte quejosa pudo obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado, por lo que al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61. Asimismo, resulta conveniente precisar que la solicitante del amparo, no es tercera extraña ya que está plenamente demostrado que compareció a la causa penal 5/2016, del índice de la responsable, así como tampoco reclaman la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni este juzgador advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Derivado de lo anterior, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado por la quejosa, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Herzel Godínez Salas, que autoriza y da fe.

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