Mario Alberto Tamayo Garcia

Expediente 1324/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1324/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Mario Alberto Tamayo Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.CHANT*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio, mediante el cual se advierte que la autoridad responsable no se encuentra realizando actos tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, en razón de que la autoridad remite copia certificada del acuerdo de devolución provisional de vehículo de diecisiete de octubre del presente año; sin embargo, es omisa en acreditar haber dado respuesta a la petición presentada por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil diecinueve, tal como se ordenó en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ROBO DE VEHICULOS DE LA FISCALIA REGIONAL ORIENTE DEL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de cinco días, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Dé respuesta en forma fundada, motivada y congruente a la petición presentada por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil diecinueve y le notifique en la forma que proceda." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de seis de noviembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE ROBO DE VEHICULOS DE LA FISCALIA REGIONAL ORIENTE DEL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Dé respuesta en forma fundada, motivada y congruente a la petición presentada por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil diecinueve y le notifique en la forma que proceda." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1324/2019-II-B, promovido por Mario Alberto Tamayo García en representación de CRISTINA CLEMENCIA MEJÍA; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, Mario Alberto Tamayo García en representación de CRISTINA CLEMENCIA MEJÍA, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Oriente del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público Federal adscrito (fojas 7 a 10). La personalidad de Mario Alberto Tamayo García, como Asesor Jurídico de la parte quejosa, se acreditó con las copias certificadas de las diversas constancias allegadas por la autoridad responsable (fojas 18 a 24). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Oriente del Estado de Morelos en dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. De conformidad en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional Oriente del Estado de Morelos, toda vez que fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue notificado del auto por el que se le requirió (foja 28); además, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda exhibió el acuse del escrito presentado ante la autoridad responsable el trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 5 y 6); constancia que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. . CUARTO. Estudio del concepto de violación. Los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la justicia de la unión por los motivos que se explicarán más adelante. En ese sentido, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho humano que consagra en su favor el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no ha dado respuesta a su escrito de trece de septiembre de dos mil diecinueve, mucho menos notificado la decisión correspondiente; lo que se traduce en una transgresión al derecho de petición que consagra el dispositivo constitucional referido. En primer lugar, es preciso señalar que el derecho de petición es uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra constitución consagra a favor de los gobernados, siendo el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Ahora bien, el artículo 8º Constitucional a la letra menciona: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República." A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Así, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna anteriormente transcrito, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Bajo ese contexto, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve, aunado a que la respuesta que recaiga debe darse a conocer en breve término al solicitante. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las garantías individuales. Es aplicable la jurisprudencia 81, de la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, Primera Parte, página 91, que prescribe: "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8o. constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones.". Así, es dable también precisar que el derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías o subderechos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber, las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada; 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo; y, 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de amparo en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Por su puntual aplicación, es de invocarse la Jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, VI.1o.A. J/54 (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia Constitucional, Página 931, correspondiente a la actual Décima Época, del rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO. La garantía del derecho de petición contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas subgarantías derivadas del derecho de petición son las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso de obligar a que la responsable emita una nueva contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido.". En ese sentido, de autos se desprende que la parte quejosa presentó un escrito el trece de septiembre de dos mil diecinueve, ante la autoridad responsable, sin que hasta la fecha haya dado respuesta y notificado su decisión. Bajo este escenario, se comprueba la violación a la garantía del derecho de petición consagrada por el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que la parte quejosa formuló su petición en los términos indicados por el mencionado precepto, es decir, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, circunstancia que obliga a las autoridades responsables a dar una respuesta congruente y en breve término, además de hacérselas saber de manera indubitable al gobernado. En ese orden de ideas, está comprobado que el promovente del amparo, presentó ante la autoridad responsable el escrito de trece de septiembre de dos mil diecinueve, del cual a la presente data a la parte quejosa no se le ha dado a conocer la respuesta correspondiente, ni mucho menos notificado; omisión que contraviene con lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que dicho precepto establece la obligación de contestar por escrito la citada petición, así como darle a conocer al solicitante su respuesta, todo lo cual debe hacerse en los plazos y términos que señalan las leyes. Por tanto, se constata la violación de los derechos humanos y garantías que a favor de la parte quejosa incurrió la autoridad responsable, motivo por el cual se impone concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. EFECTOS DEL AMPARO. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal a CRISTINA CLEMENCIA MEJÍA, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable: Dé respuesta en forma fundada, motivada y congruente a la petición presentada por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil diecinueve y le notifique en la forma que proceda. En el entendido que, atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia, no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a la responsable; de ahí que atendiendo a la garantía violada, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, hasta en tanto la autoridad responsable dé contestación al referido escrito, sin que haya imperativo de que la respuesta sea favorable a los intereses del solicitante. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a CRISTINA CLEMENCIA MEJÍA, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en el considerando cuarto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1324/2019-II-B. Conste.

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