Mario Alberto Segura Cortés

Expediente 801/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
801/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Mario Alberto Segura Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la totalidad de las actuaciones que obran en el presente juicio, es posible establecer que el quejoso reclama la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de pronunciarse en relación con las pruebas ofertadas por las partes, en los autos del expediente laboral 5186/2019/2. De igual forma, de la copia certificada de la determinación de dos de diciembre de dos mil veinte, que la responsable remitió como justificación de su acto, se advierte que se pronunció sobre las pruebas ofertadas por las partes, en los autos del expediente laboral 5186/2019/2. Causal de improcedencia Al respecto se estima ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. El numeral 61, fracción XIX, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Caso concreto Acorde con tal premisa, se estima que el acto reclamado consistente en la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de pronunciarse sobre las pruebas ofertadas por las partes, en los autos del expediente laboral 5186/2019/2, cesó en sus efectos de manera total que permite considerar como desaparecida la violación al principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de las constancias que la responsable remitió como justificación de su acto, se advierte que dictó determinación de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se pronuncio en relación con las pruebas ofertadas por las partes, en los autos del expediente laboral 5186/2019/2. Con base en la justipreciación de las indicadas constancias es posible concluir que la omisión de pronunciarse sobre las pruebas ofertadas por las partes, en los autos del expediente laboral 5186/2019/2, de la que se quejó la parte quejosa, cesó en sus consecuencias al haberse emitido el acuerdo correspondiente. De ahí que las cosas se restituyeron al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), del texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que la responsable no exhibió la constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, dictado en los autos del expediente laboral 5186/2019/2; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita, debe decirse que con el dictado de dicho auto se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna, y la solicitud planteada por la quejosa tuvo lugar en los autos del juicio laboral 5186/2019/2. Sobreseimiento fuera de audiencia Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, y se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se admitió el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, promovido por la parte quejosa. De igual manera, que en la referida determinación se admitieron las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa, por lo que se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computado ampliarán los puntos sobre los cuales habrían de versar las mismas; sin que a la fecha se hubiese notificado a la totalidad de las partes, ya que no obra el acuse de recibo del oficio 31098/2020 dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, que la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, no ha dado contestación al requerimiento formulado mediante oficio 31105/2020, a través del cual se le requirió para que dentro del término de tres días proporcionara el nombre y domicilio de un perito que realizara de forma gratuita el dictamen pericial en materia de ingeniería en los términos que fue ofrecida. Con motivo de lo anterior, a efecto de integrar debidamente la incidencia planteada y puedan ser desahogadas a la totalidad de las pruebas ofertadas por la parte quejosa, se difiere la celebración de la audiencia relativa al incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Requerimiento. En atención a lo expuesto, gírese nuevamente oficio a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, para el efecto de que dentro del término de tres días legalmente computado, en auxilio de este órgano jurisdiccional, proporcione el nombre y domicilio de un perito que realice de forma gratuita un dictamen pericial en materia de ingeniería en los términos que fue ofrecida; para lo cual se ordena remitírsele copia del cuestionario exhibido; lo anterior, para que este juzgado de distrito pueda hacer la designación correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Amparo. Por otro lado, agréguense los oficios registrados con los folios 46 y 78, remitidos por las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y la Junta Estatal de Caminos, a través de los cuales remiten las constancias e información requeridas por este órgano jurisdiccional con motivo de la prueba documental ofrecida por la parte quejosa en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo. En consecuencia, dado que dicha información vía informe fue ofrecida como prueba por la parte quejosa, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119 y 208 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia respectiva. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Se cumple requerimiento y se corre traslado. Finalmente, agréguese a los autos el oficio registrado con el folio 77 remitido por la autoridad responsable Junta Estatal de Caminos, mediante el cual, en atención al requerimiento que se le formuló mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, acompaña las copias necesarias para correr traslado a las partes respecto a los puntos que amplía sobre el desahogo de la prueba testimonial, inspección ocular y pericial ofertadas. Consecuentemente, con las aludidas copias, córrase traslado a las partes para que se impongan de su contenido, así como a los peritos designados una vez que acepten y protesten el cargo conferido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el proveído de trece de enero de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, estaban fijadas las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Audiencia constitucional. Ahora bien, no obstante que se encontraban señaladas las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y esa data ya transcurrió en el período de contingencia en el que estuvo suspendido el trámite del asunto conforme la certificación que antecede, en su lugar se señalan las once horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga su verificativo. Comuníquese esta decisión a las partes. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Envío de oficios. Envíense por correo certificado los oficios que deriven del presente acuerdo, a fin de que las autoridades responsables estén notificadas de esta determinación. Notifíquese; y personalmente.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que manifiesta que no es cierto el acto reclamado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se relacionen en la audiencia constitucional. Circular SECNO/12/2020. Dicho informe se encuentra disponible para consulta de las partes en el expediente físico y electrónico; sin embargo, comuníqueseles que en términos de la circular SECNO/12/2020, de veintiséis de junio del año en curso, en caso de no contar con la herramienta electrónica de acceso al mismo, deberán de comunicarlo oportunamente a este Juzgado, a efecto de que el órgano jurisdiccional acuerde lo conducente.

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