Mario Alberto Sanchez Cruz

Expediente 881/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
881/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Aquilino Zamorano Perez
  • Mario Alberto Sanchez Cruz
  • AQUILINO ZAMORANO PEREZ y Otros.
  • MARIO ALBERTO SANCHEZ CRUZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 881/2021-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la autoridad responsable 1. Fiscalía General del Estado de Veracruz, y otras autoridades. Los quejosos narraron bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por los quejosos Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, con el número de juicio de amparo indirecto 881/2021-D; la cual, se admitió a trámite respecto los actos reclamados consistentes en: las órdenes de búsqueda, presentación y aprehensión, emitidas en su contra, así como su ejecución; formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 22). TERCERO. Cita para audiencia. En auto de catorce de octubre del año en curso (foja 59), se difirió anticipadamente, la audiencia constitucional y en su lugar se señalaron las nueve horas con veintidós minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que los quejosos Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, reclaman: 1. Las órdenes de búsqueda, presentación y aprehensión, emitidas en su contra; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, los quejosos atribuyen los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Fiscal General del Estado de Veracruz, por conducto de su representante. Niega (fojas 42 y 43) 2 Fiscal General de la República, por conducto de su representante. Niega (fojas 33 y 34) 3 Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVIII Cosamaloapan, Veracruz (denominación correcta). Niega (foja 53) 4 Titular de la Agencia Primera de la Unidad de Investigación y Litigación, con residencia en Cosamaloapan, Veracruz (denominación correcta). Niega (foja 52) 5 Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro, Cosamaloapan, Veracruz (denominación correcta). Niega (foja 44) 6 Coordinador de la Policía Municipal Acreditable en Tuxtilla Veracruz (denominación correcta). Niega (foja 51) 7 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega (foja 29) Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía a la parte quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por los quejosos Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, así como a las demás partes; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo promovida por Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, así como el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), e informes previos de las autoridades responsables que así lo hicieron. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez acuerda: Se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 881/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - Las órdenes de búsqueda, presentación y aprehensión libradas en contra de los aquí quejosos; y, - Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: No. Oficio Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ NIEGA 2. FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE. NIEGA 3. FISCAL SEGUNDA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL XVIII, DISTRITO JUDICIAL EN COSAMALOAPAN, VERACRUZ (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA) NIEGA 4. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA PRIMERA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN, CON RESIDENCIA EN COSAMALOAPAN, VERACRUZ NIEGA 5. COORDINADOR DE DIVISIÓN DE DETECTIVES DE LA POLICÍA MINISTERIAL ZONA CENTRO, COSAMALOAPAN, VERACRUZ (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA) NIEGA 6. COORDINADOR, ENCARGADO Y/O COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUXTILLA, VERACRUZ. OMISA 7. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Del cuadro precedente se advierte que las autoridades responsables identificadas con los numerales 1 a 5 y 7, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Asimismo, debe decirse que la autoridad responsable ejecutora 6. COORDINADOR, ENCARGADO Y/O COMANDANTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TUXTILLA, VERACRUZ, no ha rendido su respectivo informe previo; sin embargo, atento a que de los informes rendidos por las autoridades responsables ordenadoras se advierte que negaron los actos reclamados, resulta inconcuso que dichas autoridades, en su calidad de ejecutora, se encuentra imposibilitada para cumplimentar una orden de captura inexistente, de ahí que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto en términos de los párrafos precedentes. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintiuno. I. SIN EFECTOS APERCIBIMIENTO AUTORIDAD INEXISTENTE. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte, que a la data en que se emite este proveído, feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, en relación a la información proporcionada respecto de la denominación de la autoridad que señalaron como: "3. Agente del Ministerio Publico Investigador de Cosamaloapan, Veracruz"; sin que al efecto lo hubiera realizado. Sin embargo, tomando en consideración que en proveído de primero de octubre del año en curso, se tuvo a la 3. Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVIII Cosamaloapan, Veracruz (en su denominación correcta), rindiendo el informe justificado que se requirió mediante oficio P-881-3, a la potestad señalada bajo la denominación anotada en el párrafo que precede; y se dio vista a las partes con el mismo, en términos de ley; se deja sin efectos el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en auto de treinta de septiembre del año en curso, y se tiene a la mencionada autoridad responsable, como parte en el presente juicio de amparo. II. DIFERIMIENTO ANTICIPADO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En otro tópico, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de lo que se desprende, que mediante proveído de primero de octubre del presente año, se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables: 3. Fiscal Segunda de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVIII Cosamaloapan, Veracruz (denominación correcta), 4. Titular de la Agencia Primera de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Cosamaloapan, Veracruz (denominación correcta), y 6. Coordinador de la Policía Municipal Acreditable en Tuxtilla, Veracruz (denominación correcta), con los que se dio la vista de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese orden, como se aprecia de la certificación secretarial de cuenta, se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y dos minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que es evidente que entre la fecha de notificación a los quejosos Mario Alberto Sánchez Cruz y Aquilino Zamorano Pérez de los informes justificados de referencia y la de la celebración de la audiencia constitucional, no median los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente dicha audiencia y, en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE PRÓXIMO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191995; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese por lista a las partes.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a los presentes autos el informe previo de la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, por conducto de quien legalmente lo representa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. Asimismo, en términos del artículo 9 del indicado dispositivo legal, téngase a la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Veracruz, por conducto de quien legalmente lo representa, designando como delegados a las personas que indica en su informe de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no ha lugar a tener el correo electrónico y número telefónico proporcionados por la aludida autoridad responsable, como medios para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomarán en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.

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