Mario Alberto Sanchez Arenas

Expediente 1279/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1279/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
10/11/2016

Partes del expediente

  • Mario Alberto Sanchez Arenas
  • Juez Primero Penal De Primera Instancia De Del Distrito Judicial De Ecatepec Estado De México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1279/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Mario Alberto Sánchez Arenas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de recibir el escrito presentado por Rosalía Sánchez Arenas el quince de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los establecidos en los artículos 1, 8 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió su conocimiento, se registró con el número 1279/2016-III; por auto de treinta y uno de agosto dos mil dieciséis, se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete; y, se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento de veintinueve de septiembre de este año, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud que se reclama una omisión a unas autoridades dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: - la omisión de recibir el escrito presentado por Rosalía Sánchez Arenas el quince de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Secretario Judicial Interino en funciones de Juez de Ejecución de Sentencias de Toluca; Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez; Jueza y Técnico Judicial adscritas al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, todos del Estado de México (foja 44, 63, 65 y 67), al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso hubiese aportado prueba fehaciente para desvirtuar dicha negativa. En tal virtud, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que a dicha autoridad se refiere. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." No pasa por alto para este órgano jurisdiccional que el agraviado, mediante escrito de veinte de septiembre de dos mil dieciséis (foja 47), haya formulado alegatos. Sin embargo, como éstos constituyen opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, no pueden tener la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda o al informe justificado, por ende, no existe obligación para entrar al estudio de los razonamientos expresados en sus alegatos. Corrobora lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P./J. 27/94, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 80, Octava Época, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página catorce, que reza: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Asimismo, que haya ofertado como prueba de su parte el escrito con acuse de recibo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, pues el acto reclamado en esta vía es la omisión de recibir el escrito presentado por Rosalía Sánchez Arenas el quince de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, diverso escrito del cual ofrece como prueba. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Mario Alberto Sánchez Arenas, en contra de las autoridades y por los actos precisados en la parte considerativa de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, remite los autos originales del juicio 764/2015-VI, testimonio certificado de la ejecutoria dictada por el órgano colegiado de su adscripción, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, con motivo del recurso de revisión 90/2016 interpuesto por el quejoso Arturo Rodríguez Azueta, en contra de la sentencia emitida en el presente sumario constitucional, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia que se revisa. SEGUNDO. La SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto respecto de los actos, autoridades y por los motivos establecidos en las consideraciones cuarta, quinta y sexta de esta sentencia. TERCERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ARTURO RODRÍGUEZ AZUETA, respecto de los actos, autoridades y para los efectos precisados en la parte considerativa séptima de esta ejecutoria. CUARTO. Se declara sin materia la revisión adhesiva interpuesta por ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA, delegado del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal." Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexo para que surtan los efectos legales procedentes; declarándose que el juicio en que se actúa ha quedado firme por ministerio de ley; acúsese el recibo de estilo correspondiente; glósese el cuadernillo de antecedentes en la inteligencia que deberán desglosarse las copias simples que integran el mismo, debiendo quedar integrado con las actuaciones originales que lo conforman. Consecuentemente, en cumplimiento a lo establecido por el Tribunal de Alzada y en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Cámara de Senadores, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la concesión del amparo. Se apercibe al Presidente de la Cámara de Senadores, que de no demostrar el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, de acuerdo a la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, se hace del conocimiento del Presidente de la Cámara de Senadores, que si la sentencia de amparo no queda cumplida dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito para que acuerde lo conducente, no sin antes imponerle la multa precisada en párrafos que anteceden. Es pertinente precisar que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal, pues acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento de las sentencias de amparo es ineludible. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número P./J. 54/2014 (10a.), en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    III. V I S T O, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1279/2016-III promovido por Mario Alberto Sánchez Arenas, contra actos del Juez Primero Penal de Primeras Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia de este órgano jurisdiccional, Mario Alberto Sánchez Arenas, promovió juicio de amparo contra la omisión de recibir el escrito presentado por Rosalía Sánchez Arenas el quince de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, así como su ejecución. SEGUNDO. Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se formó por duplicado el presente incidente de suspensión; se solicitó informe previo a las autoridades responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento e interlocutoria de siete y veinte de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables Jueza y Técnico Judicial adscritas al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos reclamados a ellas. En consecuencia, toda vez que la parte agraviada no aportó al presente procedimiento incidental, prueba alguna en contrario para desvirtuar la negativa de referencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva al no haber materia a que aplicarla. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 286, publicada en la página 237 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se niega a Mario Alberto Sánchez Arenas, la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos y las autoridades referidas en la parte considerativa de la presente determinación. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

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