Mario Alberto Salinas García y Otros.

Expediente 1020/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1020/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Mario Alberto Salinas García y Otros.
  • Mario Alberto Salinas García
  • Rogelio Ortiz Zuñiga
  • Armando Herrera Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México; a nueve de enero de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia dictada en este juicio, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria; por lo cual, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo antes mencionado el cuaderno original del incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, es DEPURABLE. Y conforme al ordinal 20, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Finalmente, se aprecia que la parte quejosa no exhibió documentos originales; no obstante, los exhibidos se dejan a su disposición hasta en tanto transcurra el plazo para la ejecución de la valoración de este asunto. Fundamento: Artículo 3, fracción XVIII del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capítulo 4, punto 4.3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de dictada en este juicio, en la que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa en el presente juicio, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria; por lo cual, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. Para dar cumplimiento al ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno original del incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el Capítulo 7, punto 7.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, del Acuerdo en mención. Y conforme al ordinal 20, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Finalmente, se aprecia que la parte quejosa no exhibió documentos originales; no obstante, los exhibidos por la parte quejosa, se dejan a su disposición hasta en tanto transcurra el plazo para la ejecución de la valoración de este asunto. Fundamento: Artículo 3, fracción XVIII1 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capítulo 4, punto 4.3.2 , del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México; veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual, comunica el contenido del acuerdo dictado el catorce de enero de dos mil veintidós, en autos del amparo en revisión 110/2022, de su índice; agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales a que haya lugar. A lo que se provee. Téngase a la oficiante informando la admisión del recurso de revisión en el toca reseñado en el párrafo que antecede, asimismo, solicita de la manera más atenta que este Juzgado de Distrito notifique el contenido de su proveído admisorio mediante oficio a las autoridades responsables. Atento a su requerimiento, mediante oficio que derive del presente acuerdo, notifíquese a las autoridades responsables con copia de la comunicación oficial 228 que se acuerda, una vez que este juzgado federal cuente con los acuses de dichas constancias, envíense sin ulterior acuerdo al aludido tribunal colegiado auxiliar para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México; diez de noviembre de dos mil veintiuno. Se atiende promoción: Se tiene a la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, devolviendo el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, así como remitiendo el testimonio de la resolución dictada en sesión de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 37/2021, en el que el citado Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. Se ordena reponer el procedimiento del juicio de amparo indirecto 912/2019 del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por las razones, fundamentos, motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Acúsese el recibo correspondiente. Glósese las actuaciones que obren en original en el cuaderno de antecedentes a los autos originales del presente juicio de amparo en que se actúa, asimismo se toma conocimiento de lo determinado por el Tribunal revisor para los efectos legales conducentes, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea1 . Ahora, el tribunal colegiado ordenó reponer el procedimiento para los efectos siguientes: a. Se deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el uno de agosto de dos mil diecinueve, así como la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil veinte; 1 El cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. b. Se emita un acuerdo en el que se precise que el Presidente de la República tiene la calidad de autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclame la promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y; por ende, es parte en esta clase de procesos. En concordancia con lo anterior, se requiera a la parte quejosa para que exhiba una copia adicional de la demanda para emplazar al Presidente de la República, apercibiéndola que de no hacerlo así, dentro del plazo legal, no se tendrá como acto reclamado el ordenamiento legal reclamado. c. Se dé vista en forma personal a la parte quejosa con el contenido de los informes justificados rendidos por la autoridad responsable: Banco de México, con motivo de la demanda y primera ampliación, así como con la manifestación que vertió la parte quejosa en su primera ampliación de demanda, respecto del acto que atribuyó a la Junta de Gobierno del Banco de México, y con las probanzas que ofreció tanto en dicha ampliación como posteriormente, relacionadas con el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México y los respectivos tabuladores, indicándole la existencia del acto de aplicación de la ley reclamada surgido con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, así como la existencia de la autoridad ya aludida. Para tal efecto, se le deberá dar el plazo que legalmente corresponda para que manifieste si desea ampliar o no la demanda respecto, a efecto de incorporar eficazmente a la controversia la ley aplicada, así como su acto concreto de aplicación, así como prevenir a la parte quejosa para que indique si desea formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto de aplicación y respecto de los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley, apercibiéndola en el sentido que de no atender el citado requerimiento, se resolverá el juicio respecto de los actos, autoridades y argumentos planteados en la demanda. d. Atendidos o no los requerimientos que se hagan a la parte quejosa, reanudar el procedimiento hasta su conclusión, emitiéndose la sentencia respectiva. Al respecto, se provee: Como lo ordena el Tribunal de Alzada, se deja insubsistente la audiencia celebrada el uno de agosto de dos mil diecinueve, así como la sentencia definitiva dictada en siete de febrero de dos mil veinte. Fijación de fecha de audiencia constitucional. A fin de completar el resto de los efectos de la reposición del procedimiento, se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo aquéllas, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Requerimientos a la parte quejosa. En acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, se realiza lo siguiente: Primero: De acuerdo con la jurisprudencia 11/20212 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la 2 Época: Undécima Época, Registro: 2023749, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Publicación: viernes 05 de noviembre de 2021 10:16 h, Materia(s): (Común), Tesis: 2a./J. 11/2021 (11a.), de este contenido: "LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. EL APERCIBIMIENTO QUE DEBE FORMULARSE A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO HAYA SEÑALADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, CONSISTIRÁ EN NO TENER COMO ACTO República tiene la calidad de parte en su calidad de autoridad responsable en los procedimientos en los que se cuestione la constitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la cual no podrá estar supeditada al señalamiento o no que haga la parte quejosa en la demanda. En ese sentido, tomando en cuenta que la parte quejosa combate esa Ley -y no fijó como acto reclamado la promulgación del Decreto por el que se expidió esa ley-, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, interpretado con el 114 (por cuanto hace al plazo), se requiere a la parte quejosa para en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, exhiba una copia adicional necesaria para emplazar al Presidente de la República, la cual es la encargada de la promulgación de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Segundo. Se advierte que en autos de diecisiete de enero y trece de marzo de dos mil diecinueve, respectivamente, el juez de origen tuvo por recibidos los informes justificados del Banco de México en representación de dicho Instituto Central y su Junta de Gobierno, respecto a los actos fijados en la demanda y en la primera ampliación; pero, se omitió dar vista a la parte quejosa, personalmente, con su contenido, a fin de que estuviera en posibilidad de ejercer los derechos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo. Véase porqué: Del contenido de ambos informes se advierte que dicha autoridad manifestó: a. Que la Junta de Gobierno del Banco de México, en función de la facultad prevista en el artículo 46, fracciones XI y XVII de la Ley del RECLAMADO DICHO ORDENAMIENTO, EN CASO DE QUE NO EXHIBA LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones distintas en torno al apercibimiento que debe formularse al quejoso cuando se le requiere para que precise si señala como autoridad responsable al presidente de la República, en aquellos juicios de amparo en los que se reclama la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 5 de noviembre de 2018. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en aquellos juicios de amparo en los que se haya reclamado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos vigente hasta el 19 de mayo de 2021, y la parte quejosa no haya señalado al presidente de la República como autoridad responsable, el Juez de Distrito deberá precisar que el titular del Ejecutivo Federal tiene esa calidad y, por ende, debe requerir al promovente para que exhiba copias de la demanda, a fin de correr traslado a esa autoridad y, en caso de no presentarlas, no se tendrá como acto reclamado ese ordenamiento. Justificación: En los juicios de amparo en los que se haya reclamado esa ley debe tenerse como autoridad responsable al presidente de la República, porque en la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.), esta Segunda Sala reconoció su participación en el procedimiento legislativo que culminó con su emisión; por ese motivo no queda a discreción del quejoso decidir si lo señala como autoridad responsable, ya que tiene ese carácter por virtud de la interpretación constitucional que quedó plasmada en esa jurisprudencia. En consecuencia, el Juez de Distrito no debe requerir para que el quejoso aclare si incluye a esa autoridad como responsable, sino reconocerle esa calidad, lo que provoca que sólo deberá requerir al promovente para que exhiba las copias de la demanda a fin de correr el traslado correspondiente y, en el supuesto de que no las exhiba, no tendrá como acto reclamado la ley, lo que se desprende de una interpretación relacionada de los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, con el fin de privilegiar el acceso a la justicia." Banco de México, aprobó el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve; y, b. Que no realizaron alguna disminución a las remuneraciones de la parte quejosa; pero sí indicó que observó el límite máximo de remuneraciones previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve para el Presidente de la República, razón por la cual la Junta de Gobierno de ese instituto, aprobó su presupuesto de gasto corriente e inversión física, ajustando los tabuladores de las remuneraciones de sus servidores públicos, tomando en cuenta el citado límite impuesto. Esto es, en ambos informes se advierte la existencia de un nuevo acto y la participación de una nueva autoridad responsable; razón por la cual, como lo sustentó el Tribunal de Alzada, debió darse vista personal con los autos en los que se tuvieron por recibidos esos informes. El órgano colegiado, además, fue enfático en que, incluso en la primera ampliación de demanda -y de las pruebas ahí ofrecidas-, así como las de las pruebas ofrecidas en los escritos registrados con los folios 7492 y 7954, se advertía la intención de la parte quejosa para señalar a la Junta de Gobierno como autoridad responsable en este asunto, así como el acto de aplicación relativo al ajuste de los tabuladores; pero, se omitió prevenir a la parte quejosa para, si era su deseo, ampliar la demanda por lo que hace al citado acto y autoridad. Con base en lo antes narrado, y en atención a los elementos expuestos, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 en relación con el artículo 111, ambos de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar su demanda respecto a la existencia del acto de aplicación de la ley reclamada3 , así como por lo que hace a la participación de 3 Véase el contenido de la jurisprudencia de Registro digital: 160116, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 136/2011 (9a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 801, Tipo: Jurisprudencia, del siguiente contenido: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." la nueva autoridad responsable4 (descritos en los incisos a y b antes fijados), los cuales se desprenden de los informes rendidos por las autoridades del Banco de México y recibidos, como ya se precisó, en los autos de diecisiete de enero y trece de marzo de dos mil diecinueve, así como de los datos arrojados en su escrito de ampliación y demás pruebas ofrecidas durante la substanciación del juicio. De igual manera, se le previene para que, en el mismo plazo, indique si es su deseo formular nuevos conceptos de violación en cuanto al acto de aplicación, así como los que atañen a la inconstitucionalidad de la ley. En caso de desahogar el presente requerimiento, deberá cumplir, además, con los requisitos a que se refieren los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo. Apercibimientos. Por cuanto hace al primer requerimiento: De no exhibir la copia adicional requerida para emplazar al Presidente de la República, de acuerdo con lo resuelto en la jurisprudencia 12/2021 del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se tendrá como acto reclamado el ordenamiento legal combatido, esto es, el decreto el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó el Código Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Por cuanto hace al segundo requerimiento, De no ampliarse la demanda, claro, dentro del plazo legal, en referencia al acto de aplicación, autoridad responsable y conceptos de violación, en los términos ya señalados, y con base en los informes y constancias de autos con que se le da vista en esta determinación judicial y en forma personal -tal como fue analizado y ordenado por el Tribunal de Alzada-, únicamente serán materia de estudio en la sentencia los actos y argumentos planteados inicialmente en la demanda, y las respectivas ampliaciones ya formuladas. 4 Jurisprudencia 2a./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página noventa y tres, Novena Época, cuyo rubro y texto refieren: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Invitación al trámite del Juicio en Línea Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: christian.solis.guzman@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese, vía electrónica al quejoso y Banco de México

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