Mario Alberto Rosas Garzón
Expediente 435/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Mario Alberto Rosas Garzón
- Juez de Control Y Enjuiciamiento, Con Jurisdicción Y Competencia En los Distritos Judiciales de Abasolo, Allende Y Altamirano, Con Sede En Ometepec, Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA VICTIMA DE IDENTIDAD RESERVADA A TRAVÉS DE SU SEÑORA MADRE VICENTA SALAZAR GALLARDO, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 435/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Mario Alberto Rosas Garzón, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con sede en Ometepec, Guerrero. Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero. Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla de Los Libres, Guerrero. Ejecutora Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado encargado de la Coordinación de Zona, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "La ilegal orden de aprehensión dictada en mi contra por la supuesta comisión de hechos delictivos" SEGUNDO. Preceptos Constitucionales reclamados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por auto de veintitrés de mayo siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno correspondiente con el número 435/2018; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en varias ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35 y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de método y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado; en ese contexto, el quejoso Mario Alberto Rosas Garzón, reclama por esta instancia la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la carpeta judicial C-27/2018, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Allende y el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Allende, residentes en Ayutla de Los Libres, Guerrero, al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye consistente en la emisión de una orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Mario Alberto Rosas Garzón. Tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que, el quejoso, no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia del acto reclamado y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las citadas autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo. Así las cosas, no habiéndose acreditado la existencia del acto atribuido a las autoridades mencionadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, con sede en Ometepec, Guerrero, y el Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Coordinación de Zona, residente en Ayutla de Los Libres, Guerrero, al rendir sus informes con justificación (el segundo en atención a los oficios 9124/2018 y 9125/2018) aceptaron el acto que se les atribuye, consistente respectivamente en la emisión y eventual ejecución en contra del quejoso de la orden de aprehensión de doce de mayo de dos mil dieciocho, por el delito de pornografía de personas menores de edad, en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales C.E.B.S, dentro de la carpeta judicial C-27/2018. Lo que se robustece con la copia certificada de las constancias que integran la referida carpeta judicial que el juez responsable anexó en apoyo a su informe con justificación y que gozan de valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 a del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Como las partes legitimadas en el presente juicio no alegaron causas de improcedencia, ni se advierte que se actualice alguna, se procede a analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada. Así tenemos que son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, sin que la obligación de suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, conduzca a una conclusión distinta, como se expone a continuación. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que a solicitud presentada por escrito vía correo electrónico por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Allende, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende, por auto de once de mayo de dos mil dieciocho, ordenó la apertura de la carpeta judicial C-27/2018 y ordenó resolver dentro del término de veinticuatro horas a través del sistema informático con la debida secrecía la orden de aprehensión solicitada en contra del aquí quejoso, a quien se le atribuía el hecho que la ley califica como delito de pornografía de personas menores de edad, en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales C.E.B.S, derivada de la carpeta de investigación 12181740100005190118. El doce de mayo de dos mil dieciocho, el juez responsable libró por escrito orden de aprehensión en contra del quejoso Mario Alberto Rosas Garzón, por su probable participación en la comisión del hecho delictivo que la ley señala como delito de pornografía de personas menores de edad, cometido en agravio de la menor de identidad reservada. Ahora bien, conviene precisar que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad. Razón por la cual, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el libramiento de una orden de aprehensión, porción normativa que ya no exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a los antecedentes y datos expuestos por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión y los que fueron ponderados por el Juez responsable, en razón de que el Ministerio Público puede solicitar el libramiento de la orden de aprehensión del imputado, por cualquier medio que garantice su autenticidad, en el que expondrá ante la autoridad judicial las razones que sustenten su pretensión y, en el caso, esto último fue en forma escrita vía correo electrónico. Así, tenemos que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, señala: "Artículo. 16. (.) (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.)." Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que se considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión se deben cumplir con los requisitos siguientes: Que sea librada por autoridad judicial competente. Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad; Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; La necesidad de cautela. El grado de ejecución del hecho, forma de intervención y naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). Exigencias que en la resolución reclamada se advierten colmadas. Es así, pues el requisito señalado en el inciso a), se satisface plenamente, en la medida en que el mandato de captura de doce de mayo de dos mil dieciocho emana del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Abasolo, Altamirano y Allende. Asimismo, su competencia se surte en términos de los artículos 20, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, 32, 35 Bis fracción II, 40 Bis y 40 Quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que los hechos ocurrieron en la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero, en donde dicho resolutor ejerce jurisdicción. Continuando con el análisis del acto combatido acorde con los lineamientos reseñados, el requisito señalado en el inciso b) también se encuentra satisfecho, dado que al mandato de captura reclamado precede la denuncia que ante la autoridad ministerial realizó Vicenta Salazar Gallardo, en su carácter de madre de la menor víctima de identidad reservada con iniciales C.E.B.S, iniciándose con ello la carpeta de investigación 12181740100005190118. Asimismo, se cumple el requisito señalado en el inciso c), pues el hecho que se atribuye al aquí quejoso, se encuentra tipificado como delito de pornografía de personas menores de edad, el cual se sanciona con pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 173, fracciones I y III del Código Penal de esta entidad federativa, que a la letra dice: "Artículo 173. Pornografía de personas menores de edad. Comete el delito de pornografía de personas menores de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho: I. Quien induzca, procure, facilite o permita por cualquier medio a persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar actos de índole sexual o de exhibicionismo corporal, reales o simulados, con el fin de grabarlos, audiograbarlos, videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, medios electrónicos o de cualquier otra naturaleza, independientemente de que se logre la finalidad; II. Quien fije, grabe, audiograbe, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal, reales o simulados, de índole sexual, en los que participe una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho; III. Quien posea, reproduzca, ofrezca, almacene, distribuya, venda, compre, rente, exponga, publique, publicite, transmita, importe, o exporte por cualquier medio las grabaciones, audiograbaciones, videograbaciones, fotografías, filmes o descripciones a que se refieren las conductas descritas en la fracción II de este artículo, y IV. Quien financie cualquiera de las actividades descritas en las fracciones anteriores. Se impondrá pena de seis a diez años de prisión y de seiscientos a mil días multa, al sujeto activo de los delitos previstos en las fracciones I y II. Se impondrá pena de ocho a doce años de prisión y de ochocientos a mil doscientos mil días multa, al autor de los delitos previstos en las fracciones III y IV. En todos los casos se decomisarán los instrumentos del delito." Por lo que se refiere al requisito señalado en el inciso d), consistente en que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión se encuentra acreditado, pues en la carpeta judicial obran los siguientes datos de prueba: 1. La entrevista de la denunciante Vicenta Salazar Gallardo, madre de la menor víctima. 2. La denuncia de la menor víctima de identidad reservada con iniciales C.E.B.S. 3. La entrevista del testigo Noé Bibiano Carrillo. 4. La entrevista de la testigo Yamel Elena Bibiano Carillo. 5. El dictamen médico ginecológico, proctológico y de integridad física de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, emitido por María Coral Soto Villanueva, perito médico legista de la Fiscalía General del Estado, dependiente de la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la Costa Chica, adscrita al Distrito Judicial de Allende. 6. El dictamen en materia de psicología de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido por la perito adscrita a la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la Costa Chica del Distrito Judicial de Allende, Daria Grisselle Hernández Gallegos. 7. El dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense de treinta de enero de dos mil dieciocho, emitido por Benito Roberto de La Cruz Peláez, perito de la Coordinación Regional de Servicios Periciales de la Costa Chica del Distrito Judicial de Allende. 8. El acta de nacimiento de la menor víctima de identidad reservada con iniciales C.E.B.S. 9. La fotografía donde aparece desnuda la menor víctima de identidad reservada con iniciales C.E.B.S. Luego, los elementos del hecho que la ley considera como delito de pornografía de personas menores de edad, precisó se conforman de la siguiente manera: 1. La acción consistente en inducir por cualquier medio a persona menor de edad a realizar actos de exhibicionismo corporal con el fin de fotografiarlos; 2. Que se posea o transmita fotografías de un menor de edad donde se realicen actos de exhibicionismo corporal. Ahora bien, la definición de pornografía infantil, comprende toda representación de un niño, niña y/o adolescente realizando actividades sexuales explícitas, toda representación de las partes genitales de un niño con fines predominantemente sexuales, toda organización de espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en el que participaren niños, niñas y adolescentes; en la inteligencia de que la pornografía puede transmitirse por cualquier medio. En relación a tal concepto, es de resaltar que la expresión "exhibicionismo corporal" a que alude el mencionado precepto debe entenderse, como la representación del cuerpo del menor, con fines predominantemente sexuales (lascivos), por lo que debe entenderse a la pornografía de menores como aprovecharse de la apreciación del cuerpo humano de un menor, al verlo como un objeto de placer. Así, el primer elemento, el juez responsable indicó se establecía con la entrevista realizada por el Ministerio Público a la menor agraviada de identidad reservada con iniciales C.E.B.S, quien en relación a los hechos manifestó que como a las ocho de la noche del nueve de enero de dos mil dieciocho, el aquí quejoso le dijo que se tomara una foto desnuda y se la mandará por whats a su número 55-19-37-79-14, y que si no lo hacía iba a matar a su papá, ya que él tenía muchos amigos malos que podían desaparecerlo en cualquier momento, por lo que como se asustó mucho se la tomó y la mandó al numeró indicado, dato de prueba que resulta eficaz debido a que fue la ofendida quien resintió directamente la conducta del sujeto activo, por lo que es evidente que conoció los hechos por sí misma y no por inducciones ni referencias de terceras personas, lo que indudablemente arrojaba un indicio imputativo al inculpado sobre la realización del acto delictivo. Lo que concatenó con el dictamen en materia de psicología de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, emitido por la perito Daria Grisselle Hernández Gallegos, quien concluyó que la menor agraviada presentaba un daño psicoemocional que afectaba su desarrollo personal, pues padecía ansiedad leve, ligera preocupación, inseguridad, sensación de inquietud, apetito, cefalea, tristeza, angustia y desconfianza, de lo que se infería que la víctima realizó la conducta por el temor que tenía del investigado. Así como con el dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense emitido por el perito Benito Roberto De la Cruz Peláez, en el que se concluyó, que el domicilio de la víctima colinda con el taller de hojalatería y pintura del quejoso, dato de prueba que como indicó el juez responsable generaba convicción para establecer que existía un contacto cercano entre la víctima y el quejoso y que sirvió para que éste mediante la violencia moral indujera a aquélla a tomarse la foto y enviársela. Ahora bien, la minoría de edad de la agraviada como señaló el juez responsable se obtiene de su acta de nacimiento, en la que se asentó que nació el veinte de noviembre de dos mil tres, por lo que cuando ocurrieron los hechos (veinticinco de enero de dos mil dieciocho) era menor pues contaba con la edad de catorce años, dos meses y cinco días. Con los anteriores datos de prueba el juez responsable tuvo por concatenado una serie de indicios que demostraban sin lugar a dudas la existencia del primer elemento del hecho considerado como delito, dado que existió una conducta por parte de un sujeto activo, consistente en inducir a través de la violencia moral a la menor víctima que se tomara una fotografía desnuda y se la enviara a su celular, lo que se traduce a una conducta de exhibicionismo corporal, accediendo la agraviada por el temor que sentía, ya que el investigado le indicó que iba a privar de la vida a su padre si no lo hacía. Por otro lado, en relación al segundo elemento el juez consideró que se establecía con las entrevistas de los padres de la menor agraviada de nombres Vicenta Salazar Gallardo y Noé Bibiano Carrillo, así como de su tía de nombre Yamel Elena Bibiano Carrillo, pues el segundo y la tercera señalaron de manera coincidente que el diez de enero del año en curso, recibieron ambos en sus teléfonos celulares por whats un mensaje del número 55-19-37-79-14, propiedad del activo, donde les mandaba una fotografía de la menor ofendida desnuda, con los siguientes textos "mira tu hija la putita" y "mira las chingaderas que me manda tu sobrina", de lo que se advertía que el investigado tenía en su posesión en su celular la fotografía que bajo amenazas obtuvo de la menor agraviada, misma que transmitió vía whatsapp al padre y a la tía de ésta. Mientras que la primera refirió que al reprocharle su esposo si para eso le había comprado un celular a su hija, la menor les dijo que lo había hecho por que el investigado la había amenazado con matar a su papá sino se tomaba la fotografía desnuda y se la enviaba a su celular vía whatsapp. Lo que concatenó con la fotografía que tenía el representante social, quien hizo constar que fue la que recibieron los testigos, de la que se evidenciaba a la menor agraviada desnuda. De los datos de prueba referidos, el juez responsable apreció que la finalidad que tuvo el investigado consistió en obtener la fotografía desnuda de la menor agraviada para poseerla en su celular y posteriormente trasmitirla a los familiares de aquélla en forma de humillación dado el mensaje que recibieron los testigos junto con la fotografía. En efecto, este juzgador federal comparte las consideraciones expuestas por el juez responsable ya que del material probatorio existente, se aprecia que una persona indujo a otra menor de edad a realizar actos de exhibicionismo corporal, en el caso que se tomara una fotografía desnuda y se la enviara a su celular, además que poseía la misma al tenerla en su celular, la cual trasmitió, pues se la envió por mensaje al padre y tía de la menor agraviada, lo que conlleva a determinar que en autos sí se encuentren colmadas las exigencias para tener por demostrado el hecho considerado como delito de pornografía de personas menores de edad, tal y como lo sostuvo el juez responsable en la resolución reclamada. Por otro lado, el juez responsable estimó con base en los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, la probable participación del aquí quejoso Mario Alberto Rosas Garzón, en el hecho que la ley señala como delito de pornografía de personas menores de edad, principalmente con el señalamiento directo que le hizo la menor ofendida y los testigos, como la persona que mediante violencia moral obligó a aquélla a tomarse un foto desnuda y enviársela a su celular, donde la almacenó para después transmitirla al padre y tía de la menor, quienes recibieron del mismo número de teléfono registrado por ellos como del quejoso, una fotografía donde aparece desnuda la menor agraviada. En consecuencia, dada la mecánica de cómo sucedieron los hechos se advierte que Mario Alberto Rosas Garzón, probablemente ha desplegado una conducta de hechos señalados por la ley como delito de pornografía de personas menores de edad en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales C.E.B.S. Conviene señalar que los datos de prueba mencionados por el juez natural en la resolución reclamada son los únicos que tomó en cuenta el ministerio público para solicitar por escrito la orden de captura en contra del aquí quejoso, en términos de lo previsto por el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al requisito señalado en el inciso e) para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, el juez responsable precisó que de conformidad con el artículo 167, fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 202 del Código Penal Federal amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que al ser el delito de pornografía de personas menores de edad previsto en el Código Penal del Estado de Guerrero, similar a aquél al establecer las mismas conductas, tiene aparejada una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al existir omisión legislativa por no contarse con un Código Penal Nacional, por tanto, existía la presunción razonable de que si se citara al investigado en libertad por la consecuencia de la medida cautelar no comparecencia de manera voluntaria, de ahí que resultaba evidente la necesidad de cautela, por haber evidencia de la posibilidad de que el quejoso se evada de la acción de la justicia. En atención a lo anterior, el juez responsable a petición de la fiscalía dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de pornografía de personas menores de edad, previsto y sancionado por el artículo 173, fracciones I y III del Código Penal del Estado de Guerrero, cometido en agravio de la menor de identidad reservada con iniciales C.E.B.S. Por último respecto del requisito precisado en el inciso f), también se encuentra colmado ya que se observa que el juez responsable en la resolución reclamada estableció que en el caso la naturaleza de la conducta fue dolosa (artículo 22, fracción I del Código Penal para el Estado de Guerrero), dado que el investigado conocía el hecho y los alcances de su conducta, pues a través de los medios de comunicación es de conocimiento popular que la pornografía infantil es un delito, asimismo que la forma de intervención del quejoso en el hecho es de autor material de conformidad con el artículo 26, inciso a), fracción I, de la ley penal estatal, y que el grado de ejecución del hecho es instantáneo, ya que la consumación del resultado típico se agota en el momento en que se cumple con todos los elementos del hecho que la ley señala como delito para su actualización, en términos del artículo 21, del código sustantivo en cita; además, cabe precisar que no se encuentra demostrada, como lo refirió el juez responsable, alguna causa excluyente de incriminación prevista en el artículo 31 del Código Penal del Estado. Por lo expuesto, como se indicó resulta infundado el concepto de violación consistente en que la orden de aprehensión reclamada vulnera lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, por no estar debidamente fundada ni motivada, en razón de que no existen datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, en el caso el de pornografía de personas menores de edad y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues en criterio de quien ahora resuelve son adecuados los fundamentos y razones que invocó el juez responsable en la orden de captura combatida, en virtud de que así lo evidencian los datos de pruebas integrantes de la carpeta judicial C-27/2018, a los cuales se refirió en la resolución reclamada. Ello es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando, como en el caso, se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Así, en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, se expusieron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una apreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñados por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. Del mismo modo, contrario a lo que alega el quejoso la orden de aprehensión reclama no transgrede en su perjuicio la garantía contemplada en el artículo 14 Constitucional, esto es así porque la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento a las que alude dicho precepto, solo son aplicables para actos privativos y no para actos de molestia, ya que cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, como en el particular acontece, debe tenerse en cuenta el artículo 16 Constitucional, que establece los requisitos que se deben satisfacer para la emisión de un mandamiento de esa naturaleza y que como se indicó en el caso sí se cumplen. Aunado a ello debe decirse que en el nuevo sistema de justicia penal, de conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar no sólo la emisión de una orden de aprehensión, sino también de citación o de comparecencia. En efecto, una vez que el Ministerio Público recabe los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, para el caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al Juez de control que lo cite para la audiencia inicial, en la cual, conforme a lo dispuesto por el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado será informado de sus derechos constitucionales y legales, y se resolverá sobre la legalidad de su detención -de ser el caso-; se le formulará la imputación, se le dará oportunidad de declarar; asimismo, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Sobre esto último, es importante destacar que hasta antes de la audiencia inicial, no existe precepto constitucional o legal alguno que imponga al Ministerio Público la obligación de citar al imputado para hacerle de su conocimiento sobre el inicio o integración de una investigación efectuada a su persona, ya que ello acontecerá precisamente con motivo de la citación a la diligencia a la que se refiere el invocado artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, para el caso de que el imputado no comparezca a dicha audiencia inicial, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el Juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública, cuya evasión podrá derivar en el dictado de una orden de aprehensión. Así, de la redacción del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se destacan las dos hipótesis señaladas en líneas precedentes en las que el Juez de control está facultado para librar orden de aprehensión en contra del imputado: a) El primer supuesto deriva de la exposición que haga el Ministerio Público sobre la necesidad de cautela; es decir, que no sea viable ordenar la citación o comparecencia por medio de la fuerza pública del imputado, deduciéndose que ello pende de las características o circunstancias del hecho punible o del imputado. b) El segundo supuesto deriva de la resistencia o evasión de la orden de comparecencia judicial, siempre que el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Esto es, cuando a pesar de haberse ordenado la comparecencia del imputado a través de la fuerza pública, el Juez de control determine que se ha evadido o resistido a dicho mandamiento, entonces podrá girar orden de aprehensión. Y en el caso, como se advirtió se actualizó el primer supuesto, al haberse justificado que existía necesidad de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que el quejoso se evada a la acción de la justicia, de ahí que resultaba innecesario la existencia de cita previa u orden de comparecencia, lo que no contraviene los principios de oralidad e inmediación que rigen el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral. En consecuencia al no haberse desvirtuado la eficacia de los medios de prueba habidos en la carpeta judicial C-27/2018 y al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso Mario Alberto Rosas Garzón, lo procedente es negarle el amparo y protección que de la Justicia de la Unión solicitó. Dicha negativa se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial del Estado Encargado de la Coordinación de Zona, residente en Ayutla de Los Libres, Guerrero, al no reclamarse por vicios propios. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por el acto y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Alberto Rosas Garzón, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADAS PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA INDICADAS, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIECISEIS DE MAYO Y VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, RESPECTIVAMENTE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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NOTIFICACION PERSONAL
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VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 435/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO...se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, por el acto y autoridades precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Mario Alberto Rosas Garzón, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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Acapulco, Guerrero, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que mediante oficio SEADS/809/2018, de cuatro de julio del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se designó al Titular de este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de julio de dos mil dieciocho; consecuentemente para que las partes se impongan de lo anterior, y no se actualice una violación procesal que amerite reponer el procedimiento, la audiencia programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.
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